José de Jesús Villanueva Torres

Expediente 388/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
388/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • José de Jesús Villanueva Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. *Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa personalmente el veintiuno de abril del año en curso, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de título: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA".1 Ahora bien, toda vez que los motivos que llevaron a este juzgador a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, que establece el monto de la tarifa de $5,382.00 (cinco mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), para registrar testimonios procedentes de otras entidades de la República; al respecto, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Tomando en cuenta, la inconstitucionalidad declarada del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, deberá aplicarle en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar, en el entendido de que la restitución en el goce del derecho humano violado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo al quejoso la cantidad que se haya pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial *, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, para así respetar el derecho fundamental transgredido en los términos aquí apuntados." Al respecto, por oficio *, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, del que se advierte que desincorporó de la esfera jurídica al quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte; asimismo, por oficio *, la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del cheque 1975990, a nombre de la parte quejosa. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otro se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, a través el cual remite copia certificada del acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, del que se advierta que desincorporó de la esfera jurídica al quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, constancia con la que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Téngase por recibido el oficio firmado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, a través del cual remite copia certificada de una constancia, de la que se advierte que José ****, quien se ostentó como apoderado del aquí quejoso, acudió a la autoridad mencionada en líneas que anteceden y recogió el cheque ***, constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: a) "Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de título: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA".1 Ahora bien, toda vez que los motivos que llevaron a este juzgador a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, que establece el monto de la tarifa de $5,382.00 (cinco mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), para registrar testimonios procedentes de otras entidades de la República; al respecto, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Tomando en cuenta, la inconstitucionalidad declarada del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, deberá aplicarle en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar, en el entendido de que la restitución en el goce del derecho humano violado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo al quejoso la cantidad que se haya pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial A 037459434, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, para así respetar el derecho fundamental transgredido en los términos aquí apuntados." Ahora bien, de un análisis realizado a los presentes autos, se advierte que si bien la autoridad responsable ya cumplió con el efecto b), de la sentencia de amparo, no ha demostrado ante este órgano jurisdiccional haber cumplido con el efecto a), precisado en líneas que anteceden. En consecuencia a lo anterior, con fundamento en el artículo el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, se requiere nuevamente a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, previo a proceder como corresponda, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, cumpla con el efecto precisado en el inciso a) de la sentencia de amparo, esto es, para que remita fotocopia certificada legible (debidamente foliada, rubricada, entresellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo), de la constancias de la que se advierta que desincorporó de la esfera jurídica al quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción,1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de 1 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil emitido en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a efecto de que este juzgado federal pudiera emitir pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el once de marzo de dos mil veintiuno, lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara la vista contenida en ese proveído. Ahora bien, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: a) "Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de título: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA".1 Ahora bien, toda vez que los motivos que llevaron a este juzgador a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, que establece el monto de la tarifa de $5,382.00 (cinco mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), para registrar testimonios procedentes de otras entidades de la República; al respecto, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Tomando en cuenta, la inconstitucionalidad declarada del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, deberá aplicarle en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar, en el entendido de que la restitución en el goce del derecho humano violado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo al quejoso la cantidad que se haya pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial A ++, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, para así respetar el derecho fundamental transgredido en los términos aquí apuntados." Ahora bien, de un análisis realizado a los presentes autos, se advierte que si bien la autoridad responsable ya cumplió con el efecto b), de la sentencia de amparo, no ha demostrado ante este órgano jurisdiccional haber cumplido con el efecto a), precisado en líneas que anteceden. En consecuencia a lo anterior, con fundamento en el artículo el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, se requiere a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, cumpla con el efecto precisado en el inciso a) de la sentencia de amparo, esto es, para que remita fotocopia certificada legible (debidamente foliada, rubricada, entresellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo), de la constancias de la que se advierta que desincorporó de la esfera jurídica al quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción,1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo 1 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese.

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