José de Jesús Valadez Espinoza

Expediente 1045/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1045/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús Valadez Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Incompetencia. De la lectura íntegra del ocurso de demanda, se advierte que el promovente reclama en esta instancia constitucional: La negativa de facto de recibir y darle el valor que en derecho corresponde al certificado de incapacidad temporal para el trabajo con número de folio y serie VR899818, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, por enfermedad general que ampara de fecha trece al veintisiete de noviembre del presente año. El probable despido injustificado que genere la negativa a recibir y darle el valor que en derecho corresponde a la incapacidad señalada en el punto anterior. La suspensión de pago correspondiente del salario que se genere por la negativa de recibir y darle el valor que en derecho corresponde a la incapacidad. La solicitud realizada al quejoso con el oficio FGE/FIM/EA/3104/2023, de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. En razón de lo expuesto, es procedente analizar la cuestión relativa a la competencia del órgano jurisdiccional que, en su caso, debe conocer de la demanda de amparo, para lo cual es pertinente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: [A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del artículo de referencia se desprenden los supuestos para determinar la competencia de los juzgados de distrito, a saber: a) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Excepcionalmente, cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; así, la competencia la determina el lugar de presentación de la demanda y; c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda respectiva. Con respecto de los supuestos de competencia señalados en el inciso a), cabe hacer la aclaración siguiente: a) En relación con aquellos del lugar donde el acto deba tener ejecución, debe considerarse como tales los que no han sido ejecutados y en virtud de sus circunstancias particulares se llegue a la conclusión de que tales actos reclamados habrán de tener efectos y llevarse a cabo en lugar de su ejecución. b) Que los actos que traten de ejecutarse en determinado lugar son aquellos donde dicha ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud de que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad; pero estos tendrán ejecución en la jurisdicción de otro juzgado de Distrito. c) El lugar en donde se haya ejecutado es aquel en donde tal ejecución ya fue consumada y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada la competencia al juzgador dentro de la jurisdicción en la que se llevó a cabo el acto reclamado; empero, el supuesto en comento puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos. 1) Actos de tracto sucesivo: son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados se consuman en una sola ocasión y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. Con base en lo anterior, es inconcuso que el acto que se reclama en este juicio de amparo encuadra en el primer supuesto antes señalado, ya que comenzó a ejecutarse y continuará en la residencia de las autoridades señaladas como responsables, esto es, Xalapa, Veracruz. Resulta importante destacar que el impetrante de amparo ocupa el cargo de Fiscal Especializado en Atención de Denuncias para Personas Desaparecidas, con residencia en Xalapa, Veracruz, pues así lo refirió bajo protesta de decir verdad. En efecto, la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pudiera acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distintos distritos, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquéllos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia, intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito donde se presente la demanda. Conforme a lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, bajo el rubro y texto siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Entonces, el acto que reclama el ahora promovente comenzó a ejecutarse y continuará ejecutándose fuera de la jurisdicción de este juzgado, y con lo cual, es evidente que será legalmente competente para conocer de este asunto, el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado por el acuerdo general 21/2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve establece: [V]II. SÉPTIMO CIRCUITO: REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 21/2019, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 18/10/2019. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en los asuntos de amparo en materia penal, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acajete, Acatlán, Actopan, Alamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Calcahualco, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Perote, Rafael Lucio, San Rafael, Sochiapa, Tatatila, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tonayán, Totutla, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yecuatla y Zentla. Ello es así, ya que se observa del ocurso de demanda que el acto reclamado lo constituye la negativa de las autoridades responsable en recibir el certificado de incapacidad expedido a favor del quejoso, el probable despido laboral en razón de dicha negativa, la suspensión del pago del salario y el contenido de la misiva FGE/FIM/EA/3104/2023 de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, con el que le requieren la entrega del referido certificado de incapacidad. Bajo ese contexto, se considera que la ejecución de tal acto comenzó en aquel sitio y continuará ejecutándose ahí [en el sitio donde labora el promovente], esto es, Xalapa, Veracruz, el cual no pertenece a la jurisdicción que ejerce este órgano de control constitucional. Además, no existe elemento objetivo que permita suponer que el acto ahora reclamado tendrá ejecución en este distrito judicial, pues al efecto, el promovente no señaló autoridad responsable en el lugar en que este órgano de amparo ejerce jurisdicción, por lo que, es inconcuso que las consecuencias de la negativa de recibirle el certificado de incapacidad, tuvo ejecución como bien se estableció en Xalapa, Veracruz, y las consecuencias jurídicas de dicha negativa también tendrán ejecución en dicha localidad, a más que la autoridad que efectuará dicho trámite tiene residencia en aquélla ciudad. Se acota, que si bien el acto reclamado se trata de la negativa por parte de la autoridad responsable de recibir el certificado de incapacidad y las consecuencias de esto, dicho acto tildado de inconstitucional, trae consigo un acto de naturaleza positiva, ya que la autoridad se rehúsa a obrar en favor de la pretensión de la parte quejosa, lo cual se traduce en la decisión o ejecución de un hacer por parte de la responsable, por tanto, se insiste, tendrá sus consecuencias en el lugar en que las autoridades responsables ejercen jurisdicción. De modo que, este juzgado carece de competencia legal por razón del territorio para conocer de la demanda de amparo planteada por la parte promovente, ya que el acto reclamado comenzó a ejecutarse en diversa jurisdicción, a saber, en Xalapa, Veracruz, ya que en dicho sitio tienen su residencia las autoridades responsables, de ahí que la regla general de competencia invocada anteriormente, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Esa finalidad ha quedado plasmada en la tesis sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, tomo 217-228 Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, del contenido siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. De igual manera, es aplicable la tesis de jurisprudencia: 2a./J. 68/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 916. COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado. De tal manera, en la especie se surte la hipótesis contenida en el párrafo primero del ordinal 37, de la ley reglamentaria en consulta, en cuanto a que en los casos de competencia de los Jueces de Distrito, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, se insiste, atendiendo a dicha regla, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ya que no ejerce jurisdicción en la circunscripción territorial donde ejercen las autoridades responsables, donde comenzó la ejecución de los actos que en esta vía constitucional se combaten y, por virtud de ello, los efectos del acto tildado de inconstitucional trascenderán en aquel lugar, por lo que se estima que el trámite y resolución del juicio de amparo corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa. Por ilustrativa se cita la 1.15°.A41, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXXIII, marzo de 2011, materia común, página 2288, que a la letra dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, deberá remitirse el juicio de amparo formado con la demanda original y copias al juez de Distrito en el Estado, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese cuaderno de antecedentes, significándole al juez competente que una vez obre lo anterior en su poder, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la legal competencia a él declinada. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Domicilio procesal. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del lugar de residencia de este juzgado federal, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la contradicción de tesis de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, junio de 2002, página 152, número 2a./J. 47/2002, del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR, NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA. El artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en el que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, lo cual no implica que el promovente del juicio de garantías tenga que señalar, en lo que respecta a su domicilio, uno de carácter particular, sino que el legislador únicamente le impuso el deber de indicar un lugar donde le resulte más práctico, cómodo o conveniente recibir las notificaciones que tengan que hacérsele de manera personal. Este criterio es congruente con el adoptado por el legislador en otros ordenamientos como, por ejemplo, en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 739 de la Ley Federal del Trabajo, de los que se desprende que lo que la ley exige al interesado, en su primera comparecencia, no es el señalamiento de su domicilio particular, sino el de un lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude, para que puedan efectuarse todas las notificaciones personales que fueren necesarias dentro del juicio. Lo antes expuesto se robustece con la circunstancia de que cuando el peticionario de garantías se abstiene de señalar un domicilio, la ley de la materia prevé, en su artículo 30, fracción II, una solución tendiente a garantizar el desarrollo expedito del proceso, consistente en que cuando el agraviado no cumpla con la carga de designar domicilio ubicado en el lugar del juicio ni la casa o despacho para oír notificaciones, éstas se harán mediante lista, medida que es acertada, pues la garantía dispuesta en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a aquélla, principios que evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se halla instituido en los artículos 103 y 107 del Ordenamiento Fundamental, como el medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que el señalamiento del domicilio del quejoso no es inexcusable sino sólo conveniente para éste, pues aun si falta, es subsanable para la marcha del procedimiento. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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