Jose de Jesus Valadez Castro
Expediente 71/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose de Jesus Valadez Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia... Archívese el presente asunto como definitivamente concluido.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Admisión, trámite e integración. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el trece de septiembre de dos mil dieciocho, ********************presentó demanda de amparo, de la cual correspondió conocer a este Juzgado Federal, registrándose con el expediente 754/2018; sumario constitucional en el que se ordenó la separación de autos el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, con la finalidad de que en el presente se resolviera respecto de la siguiente autoridad y acto reclamado: AUTORIDAD RESPONSABLE: Titular del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. ACTOS RECLAMADOS: La totalidad de las actuaciones practicadas en el juicio ordinario civil 301/2017, del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, en particular, la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se condenó a la demandada al otorgamiento de la escritura en favor de la parte actora. Actos que el quejoso estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Así, en proveído de uno de febrero de la presente anualidad, se radicó la demanda respecto de los actos derivados del juicio 301/2017, del índice del titular del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato la cual se registró con el número de expediente 71/2019; se tuvo por emplazadas a las terceras interesadas ********************y ********************, ambas de apellidos ********************; se ordenó notificar a las partes el auto de admisión así como dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señalaron hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, desahogada al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías. En razón de territorio, acorde a lo establecido por el Acuerdo General número 7/2014 que modificó el 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En razón de la materia, porque este Juzgado Federal, al no tener jurisdicción especial, la tiene para conocer de todas ellas, entre las que se encuentra la civil, que es sobre la que versa el presente asunto, según lo establece el artículo 48 en relación con el diverso 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en razón del grado, porque en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Nacional y 54, fracción I, de la Ley Orgánica antes referida, corresponde a los Juzgados de Distrito conocer en primera instancia de los amparos que se presenten en la vía indirecta, siendo que en ella es en la que se está substanciando este asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a establecer lo relativo a la certeza de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse en qué consisten los mismos, por lo que, de la lectura integral de la demanda, así como de las constancias que integran los autos, se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, lo siguiente: La totalidad de lo actuado en el juicio de origen, incluyendo la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el juicio ordinario civil 301/2017, del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, promovido por ********************de la Rosa Rodríguez contra la sucesión a bienes de ********************, por conducto de su albacea ******************** de la Rosa Rodríguez, en la que se condenó a la demandada al otorgamiento de la escritura, en la que conste la formalización del contrato de compraventa entre ******************** -por conducto de su apoderado legal- y ****************************************, celebrado el trece de julio de dos mil doce, respecto del bien inmueble ubicado en calle ********************, colonia ********************de esta ciudad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación; lo que se corrobora con las constancias que del procedimiento de origen remitió el juzgador responsable como sustento a su informe de ley (tomo de prueba). CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Las partes no alegaron la existencia de alguna causa de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el entendido que, en el presente asunto quedó acreditado el interés jurídico del quejoso con la copia certificada del contrato privado de compraventa que exhibió, celebrado ante el notario público 34, con legal ejercicio en San Luis Potosí, San Luis Potosí, pues con él demuestra que el once de septiembre de dos mil once, celebró dicho acto jurídico con ********************, entre otros, en relación con el inmueble ubicado en calle ********************, colonia ********************de esta ciudad. Ahora, dado que de los antecedentes narrados por el quejoso se advierte que tuvo conocimiento del acto reclamado una vez que demandó la acción de cumplimiento de contrato y otorgamiento de escritura (respecto del acuerdo de voluntades exhibido en copia certificada), se concluye que el documento referido es idóneo para acreditar su interés jurídico como adquirente del bien inmueble materia de la litis. Sin embargo, aun cuando se considere que el documento exhibido por el quejoso sea suficiente para acreditar su interés jurídico, ello no significa que sea útil para conceder el amparo solicitado, como se explicará más adelante. QUINTO. Análisis de fondo. En el caso, se considera que el agravio planteado por el quejoso es infundado, razón por la cual resulta inviable conceder el amparo y protección constitucional. En el presente asunto, la parte quejosa asevera que el juzgador responsable violentó sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, en razón de que sin haber sido oído previamente en el juicio de origen, se le pretende privar de las prerrogativas patrimoniales que a él le asisten respecto del inmueble que en esta vía defiende; lo cual, según sus manifestaciones, viola en su perjuicio los derechos humanos señalados en artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Opinión que no se comparte como a continuación se explicará. Es preciso recordar, para efectos de la demanda en estudio, que la acción pro forma o también conocida como de otorgamiento de escrituras, es una acción de carácter personal, en la que no está en juicio el derecho de propiedad del vendedor respecto del objeto materia del contrato informal de compraventa en cuestión, pues los hechos constitutivos del mismo son la celebración de dicho acto jurídico y el cumplimiento de las obligaciones pactadas, de tal manera que, con su acreditamiento, el actor demuestra la existencia de los deberes impuestos y su exigibilidad, circunstancias por las que le corresponde el ejercicio de la acción mencionada. Sobre esa base, la propiedad del inmueble objeto del referido contrato no es un hecho constitutivo de la acción de otorgamiento de escrituras. Entonces, al actor no se le exige acreditar la propiedad de dicho bien, razón por la cual no es necesario incorporar a la litis a terceros que aduzcan mejores derechos que el vendedor en el contrato privado; pues, de otra forma, generaría una variación en la esencia de ese tipo de juicios, en los cuales la única finalidad es dotar al contrato base de la acción de la forma exigida por la ley. Luego, al ser el único propósito de la acción pro forma obligar a la parte demandada a otorgar un contrato que, aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley, ésta no tiene mayores efectos que los propiamente enunciados y sólo entre las partes involucradas en el contradictorio y la sentencia que en ese procedimiento se emita solamente se ocupará de ordenar la sustitución del documento que los contratantes pudiesen haber obtenido de haberse celebrado ante notario público, por lo cual ésta se extingue al firmarse la escritura correspondiente. Resulta ilustrativo a lo anterior, por las razones que lo integran, el criterio de rubro y texto: "ACCIÓN PROFORMA U OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE FUNDA EN UN CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA. En términos generales, las formas de adquirir la propiedad son por virtud de un contrato (compraventa o donación), por herencia, por prescripción o por ley. La propiedad se adquiere por virtud de un contrato, cuando se celebra un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades entre dos o más personas cuya finalidad es transmitirla, ya que existe un bien que se transmite, un propietario que manifiesta su voluntad de transmitirla y un tercero que igualmente externa su voluntad de adquirirla. Ese acuerdo de voluntades puede ser oneroso o gratuito; en el primer supuesto, se tratará de una compraventa y, en el segundo, de una donación, por tal motivo, la acción de otorgamiento y firma de escritura o proforma, tiene como materia un derecho personal que faculta al comprador a exigir la formalidad legal del contrato privado de compraventa en una escritura pública, incluso, previo apercibimiento al vendedor, la firmará el Juez en su rebeldía. Asimismo, la acción de otorgamiento y firma de escritura o proforma, en principio, no busca indagar sobre quién es el propietario, ya que tiene por base la existencia de un contrato privado de compraventa al que le falta la forma prescrita por la ley, en la inteligencia de que el contrato de compraventa tiene como objetivo principal transmitir el dominio de las cosas o derechos, con las características de ser principal, bilateral, oneroso, conmutativo, consensual y formal; sin embargo, para la procedencia de la acción de otorgamiento y firma de escritura o proforma, es requisito indispensable que exista un contrato de compraventa sobre un derecho de propiedad y que sus obligaciones estén cumplidas por ambas partes, para que sea susceptible de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. En tales condiciones, es improcedente la acción que no tiene como sustento el acto jurídico de compraventa, sino uno diverso como lo es un contrato de mutuo con garantía, pues si bien es cierto que en dicho contrato consta la voluntad de las partes en el sentido de que el incumplimiento de las obligaciones de pago por el deudor, tiene como consecuencia que la garantía establecida en dicho acuerdo de voluntades pasa a ser propiedad del acreedor, también lo es que no confiere al acreedor, legitimación activa en calidad de comprador para reclamar el otorgamiento y firma de escritura mediante la cual pueda constituirse formalmente el derecho de propiedad en su favor sobre la garantía establecida en un contrato de mutuo, dado que no es el objeto principal del convenio transmitir la propiedad." Sobre esa base, se estima que la causa de pedir de la parte quejosa resulta errónea, pues la sustanciación y resolución del juicio ordinario civil 301/2017, del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, no afecta sus derechos fundamentales, ya que en dicho procedimiento no se dirimió la existencia de una prerrogativa de propiedad respecto del multicitado inmueble, sino que, su naturaleza estriba únicamente en subsanar un vicio de forma del contrato en el que se basa la acción pro forma. Entonces, aun cuando el quejoso se ostente como propietario del inmueble ubicado en calle ********************, colonia ********************de esta ciudad, la sentencia dictada en el contradictorio de origen, no tiene como consecuencia que sea privado de las prerrogativas de propiedad o posesión, pues, se reitera, su única finalidad es lograr que se obligue al demandado a otorgar un contrato que adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley, sin prejuzgar sobre un mejor derecho de propiedad del vendedor (demandado en el juicio natural) o del algún tercero ajeno, como lo es el quejoso; en todo caso, el quejoso podrá hacer valer el derecho de propiedad que considera le asiste, vía jurisdicción ordinaria, en contra de quienes considere deban reconocerle que cuenta con un mejor derecho. En razón de lo antes precisado, en el presente asunto lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I y 73 a 79, y 119 a 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en atención a las consideraciones expuestas en el último considerando de la presente resolución.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE tercera interesada ROSA ORTENCIA DE LA ROSA RODRÍGUEZ LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: único. la justicia de la unión no ampara ni protege a...
- Principal
Tercera interesada se apersona a juicio, asimismo señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa autorizados.
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