José de Jesús Trejo Piliado
Expediente 89/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José de Jesús Trejo Piliado
Actuaciones
- Principal
Vista la razón de cuenta de la Secretaria, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado electrónicamente por Gabriel Tapia Chiguil, quien se ostenta como representante del tercero interesado Adrián García García, mediante el cual solicita copias de la sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno; lo anterior, en virtud que el promovente no tiene acreditada su personalidad en el juicio de amparo en que se actúa, aunado a que el nombre del quejoso que cita y la fecha de la sentencia, no corresponden a este expediente...NOTIFIQUESE.
- Principal
... se declara que dicha resolución, HA CAUSADO EJECUTORIA. ... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido,
- Principal
Abierta la audiencia de ley, la secretaria procede a hacer una relación oral de las constancias que integran el juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mil novecientos ochenta y nueve de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". El secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. A lo que el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las que podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Cerrado el periodo probatorio y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos y que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional no presentó pedimento. A lo anterior el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en lo establecido en el dispositivo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y el del representante social adscrito para presentar pedimento. Al no existir escrito pendiente por acordar, ni diligencia que practicar, se procede al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O para resolver en el juicio de amparo 89/2020, promovido por ********************, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ******************** mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, remitido a este Juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los siguientes actos: Autoridad responsable: "EL JUEZ QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC, CON RESIDENCIA EN TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, en su carácter de autoridad ordenadora, quien tiene su domicilio en calle Lázaro Cárdenas, número 27, 10 de Junio, Santo Tomás Chiconautla, municipio de Tecamac, Estado de México, Código Postal 55765, Autoridad Responsable, quien dictó la sentencia del Recurso de Revocación en fecha 16 de diciembre del año 2019, donde confirma el auto de fecha 22 de noviembre del año 2019, dentro del juicio Ordinario Civil USUCAPION el cual se radico bajo el número de Expediente: ********************" Acto reclamado: "Consiste en la Sentencia Interlocutoria de fecha 16 de diciembre del año 2019, recaída en el expediente ********************, emitida por la ahora responsable, expediente, relativo al juicio Ordinario Civil USUCAPION, en el que el de la voz fue actor y la ahora tercero con interés fue la autoridad demandada, por lo que se considera violatorio de los derechos humanos y garantías individuales del suscrito el contenido del SEGUNDO considerandos, así como de los resolutivos I y II del cuerpo de la resolución en comento, y que en líneas posteriores se precisarán y transcribirán las partes que se consideran violatorias a nuestra Constitución, en virtud que dictó la sentencia del Recurso de Revocación en fecha 16 de diciembre del año 2019, que a la letra reza." SEGUNDO. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional radicó la demanda de amparo con el expediente 89/2020; y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al representante social adscrito a este juzgado federal; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Federal es competente para resolver en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se promovió un juicio de amparo contra una determinación atribuida a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, analizando en forma integral la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, de donde se advierte que la parte quejosa ******************** reclama: La resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en ********************, en el recurso de revocación derivado del juicio ordinario civil usucapion ********************, que promovió ******************** contra ********************. Tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI, de abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. En primer lugar, debe analizarse y resolverse respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así ya que al no ser ciertos los actos reclamados es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la Ley de la Materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien, del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos y así estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 76, abril de 1994, página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". La autoridad responsable Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec con residencia en ********************, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuye. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Circunstancia que se robustece con las copias certificadas del expediente ********************; constancias remitidas por la autoridad responsable a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, toda vez que éstas son de orden público y su estudio es preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en los artículos 62 y 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y atento al contenido de la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1985, quinta época, tomo parte VIII, página 262, que señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al no advertir de oficio que se actualice alguna causa de improcedencia o que las partes la hubieran hecho valer, procede el estudio de los conceptos de violación que señala la parte quejosa en su escrito de demanda. QUINTO. Estudio de los actos reclamados. Se estima innecesario transcribir los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que ello implique que se transgreda alguna disposición de la Ley de Amparo; además, esta circunstancia no lo deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la transcripción de los mismos no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, a página 830, con el rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El impetrante de amparo, ********************, en sus conceptos de violación expresa que: El acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales, en virtud de que la autoridad responsable no fundó ni motivó la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. La autoridad responsable no atendió los agravios señalados en su recurso de revocación interpuesto. No debió haber suspendido el juicio de usucapión, violando su derecho a un adecuado juicio y adecuado procedimiento. Ahora bien, antes de entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, es conveniente precisar que la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada señaló esencialmente lo siguiente: ". Los principios del proceso aludido están encaminados a procurar la tutela jurisdiccional, que es considerada como el derecho público subjetivo del que goza cualquier individuo, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para que sin obstáculo alguno tenga acceso a los tribunales jurisdiccionales a ejercer el derecho de acción para la salvaguarda de un derecho o la defensas de sus intereses, con el propósito de que se decida sobre la controversia suscitada entre partes determinadas, respetándose en todo momento las formalidades del proceso: consecuentemente, la afectación al derecho de tutela judicial, solo podría conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos resulten innecesarias, excesivas o que no tengan razón de ser. Al respecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos" que fijen las leyes", como respuesta al reclamo razonable inherente a la necesidad de ejercer acción en lapso determinado; sin embargo, existen situaciones procesales (validas) que tienen injerencia dentro del proceso y, que en un momento dado, pudieran obstaculizar el curso normal del proceso, tales como: la caducidad, la preclusión, la prescripción, la interrupción y la suspensión del mismo proceso, cuestiones que desde luego al surgir no implica que con ello se haya violentado la garantía a una justicia pronta y expedita, como lo señala la parte recurrente; en cuyo caso, si en el presente juicio de usucapión se ha decretado la suspensión del proceso, esta circunstancia de manera alguna trastoca la garantía de administración de justicia en perjuicio de la parte recurrente. En este contexto, es cierto que en la demandada de nulidad de asamblea que se encuentra radicada en este mismo juzgado, bajo el expediente ********************, no se está solicitando directamente cuestión alguna sobre inmueble alguno, como tampoco se solicitó la anulación de algún acto traslativo de dominio, como bien lo señala la parte recurrente; empero, también es cierto que en el auto materia de revocación, no se dijo que el objeto del juicio de nulidad fuera el mismo objeto de la usucapión en que se actúa, pues simplemente se señaló ". en el presente asunto se trata de usucapir una fracción de un inmueble que se encuentra relacionado con el patrimonio de la asociación demandada"; complementando esa consideración con el hecho de que la persona jurídica colectiva demandada, Sociedad Civil, se encontraba en litigio por la celebración de los actos jurídicos traslativos de dominio, que daban lugar al presente asunto debiéndose entender como tal el juicio de usucapión, ya que en éste se alegó como causa generadora de la posesión el contrato de compraventa que la actora (recurrente) celebró con la UNIÓN DE COMERCIANTES DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO S.C. Luego entonces, de manera alguna se dijo que en el juicio de nulidad de asamblea (expediente ********************) se estuvieran litigando cuestiones inherentes a la nulidad de actos traslativos de dominio, pues para ello basta ver el capítulo de prestaciones del juicio en comento, y que para mayor ilustración de insertan a continuación: (transcripción) Ahora bien, para tener una mayor concepción sobre la causa en que se fundó la nulidad de la asamblea celebrada por la UNIÓN DE COMERCIANTES DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO S.C., se cita la causa de pedir que indicó la parte actora en el expediente ********************, en el hecho cuatro (4): (transcripción) De esta guisa, resulta concluyente que la nulidad absoluta pretendida en diverso juicio, se sostiene por el hecho de haberse aprobado el punto cuatro (4) del Orden del Día, en la Asamblea General Extraordinaria de la UNIÓN DE COMERCIANTES DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO S.C., celebrada el ******************** (18) de septiembre de dos mil ******************** (2018), por el hecho de que la aceptación y adhesión a la "Campaña de regularización patrimonial y ordenamiento urbano" implementada por la autoridad municipal contraviene los estatutos de la referida sociedad y la legislación civil. En la litis en que se actúa, se está substanciando una acción real; en cuyo caso, cabe indicar que la usucapión es una importante figura jurídica a través de la cual se transforma al poseedor en propietario, por haber ejercido la posesión durante el plazo prescrito por la ley, y con las condiciones que esta previene para ese efecto, precisando los derechos del poseedor frente a los del propietario con el propósito de que los bienes no permanezcan ociosos y por lago tiempo inciertos; luego entonces, si en el juicio que nos ocupa se pretende usucapir una fracción de terreno, que está instruida en una superficie mayor, la cual aparece inscrita en el Instituto de la Función Registral a nombre de la UNIÓN DE COMERCIANTES DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO S.C.; por ello, es incuestionable que se está controvirtiendo el patrimonio de la citada sociedad. De esta manera, si en el juicio de usucapión se pretende usucapir un parte del patrimonio social de la UNIÓN DE COMERCIANTES DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO S.C., sociedad a quien se le ha demandado en diverso litigio de la nulidad de asamblea, en lo referente a la autorización de los socios para poder participar en el programa municipal de "regularización patrimonial y ordenamiento urbano", lo que a simple vista no podría tener vinculación alguna; sin embargo, la finalidad de participar en el programa de regularización, es la de individualizar el derecho de propiedad para cada socio, respecto de los locales que detentan, lo que se robustece aún más, cuando se planteó la posibilidad de escriturar o usucapir ese derecho, en un segunda proceso (dentro de la misma asamblea materia de nulidad). (.) En este contexto, con la finalidad de proporcionar certeza jurídica con la sentencia que se llegue a pronunciar en el presente juicio de usucapión, cuya siguiente etapa es la inscripción de la sentencia ante el Instituto de la Función Registral, resulta incuestionable que deberá resolverse en primer término lo relativo a la nulidad de asamblea general extraordinaria que celebró la , UNIÓN DE COMERCIANTES DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO S.C. UNIÓN DE COMERCIANTES DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO S.C. -demandada en este juicio de usucapión - para tener certeza de que la inscripción que se orden en su caso, no tenga obstáculo alguno en su cumplimiento, actualizándose la hipótesis normativa contenida en el artículo 1.231, fracción III del Código Adjetivo Civil. --- (.)." Los motivos de disenso resultan infundados por las consideraciones siguientes: En principio, no existe violación a los derechos que consagran los artículos 1, 5, 14 y 16 constitucionales. Respecto de las violaciones que hace valer el quejoso en el concepto de violación señalado con el inciso A), no le asiste razón, porque de autos se advierte que la responsable respetó los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1, pues del análisis de las constancias que conforman el procedimiento del que deriva el acto reclamado se observa que no se infringen sus derechos humanos ni las prerrogativas que lo protegen reconocidas por la ley suprema y los instrumentos internacionales de que el Estado mexicano forma parte. En efecto, la fundamentación consiste en que la autoridad responsable señale con precisión, en el cuerpo del acto reclamado, el precepto legal aplicable al caso sujeto a estudio; mientras que la motivación versa sobre el deber de dicha autoridad de expresar con precisión las causas especiales, razones particulares o circunstancias inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión de dicho acto, cuyo propósito primordial radica en que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por lo que no debe llegarse al extremo de exigir una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para llegar a lo determinado. En el caso, se tiene que la autoridad responsable fundó su determinación de once de abril de dos mil diecinueve en el artículo 1.231, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues dicho precepto, entre otros aspectos, dispone: "Un proceso civil se suspende cuando. No pueda pronunciarse la decisión sino hasta que se pronuncie resolución en otro juicio.". Con base en este precepto la decisión de la autoridad responsable se estima legal, porque ********************, por propio derecho y en su carácter de integrantes de la "********************", promovieron el juicio de nulidad de la asamblea general extraordinaria de ******************** de dos mil ********************, en contra de la "********************", por conducto de su consejo de administración 2016-2018, representado por los señores ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, dando origen al expediente ******************** de la estadística del Juzgado Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en ********************. El objeto de dicha nulidad de la asamblea general extraordinaria de ******************** de dos mil ********************, consistió en que como consecuencia de la mismas se realizará a su vez la nulidad del instrumento notarial número ******************** ********************, donde se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de socios de la "********************", pasada ante la fe de la Notaría Pública número ******************** del Distrito Judicial de ********************, Estado de ********************; asimismo para la cancelación de los trámites administrativos ante el Ayuntamiento del Municipio de Tecámac, que gestionó el Consejo de Administración 2016-2018 de la "********************", donde se obtuvo la clave catastral y valor catastral, no adeudo del predio, aportaciones de mejoras y traslado de dominio de los locales comerciales de los cuales se realizó la regulación administrativa, derivado de la Asamblea General Extraordinaria de ******************** de dos mil ******************** en el punto cuatro, lo anterior para que en el caso de proceder la nulidad absoluta de la asamblea referida, las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la celebración de la multicitada asamblea, locales de los cuales uno fue motivo del juicio de usucapión promovido por el quejoso ********************, recayéndole el número de juicio ********************, del índice del juzgado mencionado en el párrafo que antecede. De ahí la relación que existe entre ambos juicios, toda vez que la superficie del citado local que demandó ******************** a la "********************", tiene relación con el juicio de nulidad de la asamblea general extraordinaria de ******************** de dos mil ********************, en el que aún no se determina la legalidad de la traslación de dominio de la totalidad del local ubicado en el predio denominado "********************" ubicado en el municipio de ********************. Es así que se justifica el carácter de tercero interesado de "********************", por conducto de quien legalmente la represente, tal como lo dispone el artículo 1.232 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues lo que se resuelva en el juicio de nulidad, podría influir en el diverso de usucapión, pues en ambos procesos se dilucida la titularidad del bien inmueble antes identificado; en consecuencia el concepto de violación indicado en el inciso A) es infundado. Por otro lado, el concepto de violación sintetizado en el inciso B) también es infundado, porque, contrario a lo que alega el quejoso, se aprecia que la autoridad atendió el agravio expuesto en el recurso de revocación, ya que en esencia se hizo consistir en que: -El juicio de nulidad ********************, jamás forma parte en la Litis del juicio de usucapión ********************, toda vez que en el primero de los mencionados lo que pretende la parte actora es que se nulifique el acta de la asamblea general extraordinaria de ******************** de dos mil ********************, celebrada por la "********************", donde se autorizó a sus integrantes para que puedan gozar del plan de regularización del Ayuntamiento, con contratos de compraventa que años antes se habían celebrado, por lo que se sostiene que el juicio de nulidad de asamblea extraordinaria no tiene ninguna injerencia con el juicio de usucapión promovido por el ahora quejoso. Precisado lo anterior, se advierte que el juez responsable dio solución a dichos agravios en las fojas cinco a once de la resolución combatida (fojas 4 a 12 del tomo de pruebas), específicamente en la forma siguiente: -Señaló que en el auto materia de revocación de ********************, no se dijo que el objeto de la nulidad fuera el mismo objeto de la usucapión; sin embargo se mencionó que la persona jurídica colectiva demandada, se encontraba en litigio para la celebración de los actos jurídicos traslativos de dominio, que daban lugar al juicio de usucapión promovido por la parte quejosa, ya que en el mismo se alegó como causa generadora de la posesión el contrato de compraventa que la parte actora celebró con la "********************". - Indicó que de manera alguna se dijo que en el juicio de nulidad de asamblea del expediente ********************, se estuvieran litigando cuestiones inherentes a la nulidad de actos traslativos de dominio, pues para ello bastaba ver el capítulo de prestaciones del juicio mencionado; asimismo para tener mayor concepción sobre la causa en que se fundó la nulidad de la asamblea celebrada por la "********************", citó la causa de pedir que indicó la parte actora en el expediente ********************. -Concluyó que la nulidad absoluta pretendida en el juicio referido en el párrafo que antecede, se sostuvo por el hecho de haberse aprobado el punto cuatro del Orden del Día en la asamblea general extraordinaria de la "********************", celebrada el ******************** de dos mil ******************** por el hecho de que la aceptación y adhesión a la "campaña de regularización patrimonial y ordenamiento urbano" implementada por la autoridad municipal contraviene los estatutos de la referida sociedad y la legislación civil. -Manifestó que la usucapión es una importante figura jurídica a través de la cual se transforma al poseedor en propietario, por haber ejercido la posesión durante el plazo prescrito en por la ley; precisó los derechos del poseedor frente a los del propietario con el propósito de que los bienes no permanezcan ociosos y por largo tiempo inciertos, por lo que si en el juicio de usucapión promovido se pretende usucapir una fracción de terreno, que está incluida en una superficie mayor, la cual aparece inscrita en el Instituto de la Función Registral a nombre de "********************", es incuestionable que se estaba controvirtiendo el patrimonio de dicha sociedad. -Adujo qué si bien ambos juicios a simple vista no podrían tener vinculación alguna, la finalidad de participar en el programa de regularización, es la individualizar el derecho de propiedad para cada socio, respecto de los locales que detentan, lo que se robusteció aun más, cuando se planteo la posibilidad de escriturar o usucapir ese derecho, en un segundo proceso dentro de la misma asamblea materia de la nulidad; en consecuencia, resultaba incuestionable que debería resolverse en primer término lo relativo a la nulidad de asamblea general extraordinaria que celebró la "********************", para tener certeza de que la inscripción que se ordenara en su casa, no tenga obstáculo alguno en su cumplimiento, actualizándose la hipótesis normativa contenida en el artículo 1.231, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Es por lo que el suscrito arriba a la conclusión de que la autoridad responsable sí contestó el agravio hecho valer en el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de ********************, dictado dentro del juicio ******************** del índice del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en ********************. En otro orden de ideas, el motivo de disenso sintetizado en el inciso C), también es infundado, pues, contrario a lo que aduce el quejoso, fue correcta la determinación de la autoridad responsable de suspender el juicio materia de la litis, en virtud de que como bien lo indicó y justificó el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en ******************** en la resolución reclamada, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previene que la impartición de justicia debe darse en los plazos y términos que fijen las leyes, pueden existir situaciones procesales que tienen injerencia dentro del proceso y, que en un momento dado, pudieran obstaculizar el curso normal del proceso, tales como la caducidad, la preclusión, la prescripción, la interrupción y la suspensión del mismo proceso, cuestiones que desde luego al surgir no implica que con ella se haya violado la garantía de justicia pronta y expedita, así como a un juicio adecuado, por lo que esta circunstancia de manera alguna trastoca la garantía de administración de justicia en perjuicio de la parte quejosa. En conclusión, esta autoridad de amparo estima que el acto reclamado es constitucional, ya que la responsable fundó y motivó en forma adecuada la resolución combatida, debido a que de conformidad con el artículo 1.231 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, como lo sostuvo la responsable, un proceso civil se suspende entre otros supuestos, cuando no pueda pronunciarse la decisión sino hasta que se pronuncie una resolución en otro juicio. En el caso, el juez responsable determinó que el agravio en el recurso de revocación resultó infundado y, por ende, declaró firme el acuerdo recurrido. Determinación que se ajusta a la legalidad, toda vez que el numeral 1.232 de la citada legislación dispone que respecto de la declaración de suspensión, cuando en autos aparezca una causa de suspensión, o se denuncie y pruebe por parte interesada, el juez decretará tal suspensión expresando el día desde el que deberá contarse y el en que deba terminar. Máxime que de conformidad con lo establecido en el numeral 1.238 de la citada legislación, durante la interrupción o suspensión del procedimiento no pueden realizarse actos procesales y no se computará ningún plazo. Sólo son válidas las medidas urgentes y de aseguramiento realizadas. Como se puede advertir, en la especie no se actualiza ninguna medida urgente ni de aseguramiento que impida la suspensión del procedimiento, del que se duele el ahora quejoso. Asimismo, la responsable dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1.232 que señala: "Articulo 1.232. Cuando en autos aparezca una causa de suspensión, o se denuncie y pruebe por parte interesada el juez decretará tal suspensión, expresando el día desde en que deberá contarse y en que deba terminar" Supuesto que fue atendido por el juez responsable, al precisar: "sin que sea dable dar una temporalidad específica dada la naturaleza del juicio de referencia", por lo que al señalar en el auto recurrido "se suspende el presente hasta en tanto se dicte sentencia en el expediente ********************, se comprende la temporalidad de dicha suspensión. En las condiciones anotadas, al resultar los conceptos de violación infundados lo que procede es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO: La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto reclamado al Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en ********************, consistente en la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ********************. Notifíquese.
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