José de Jesús Silva Guerrero

Expediente 898/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
898/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • José de Jesús Silva Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordenó desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Atento a lo ordenado en los artículo 6, fracciones I y III, 8, 9, 12 y 18 del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Finalmente, vista la certificación de cuenta, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que en original exhibió junto con su demanda inicial, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    En catorce de julio de dos mil veintiuno, la Secretaria Mónica Montero Uscanga CERTIFICA que: 1. Que a partir de la búsqueda realizada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho se encontraron registradas las cédulas profesionales de: María Antonina Cervantes Porcayo y Ana Beatriz Silva Cervantes, autorizadas en términos amplios; 2. De la revisión efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para efectos de autorizar la consulta del expediente electrónico, el nombre de usuario: "anabetsilva", pertenece a Ana Beatriz Silva Cervantes, autorizada en amplios términos; y, 3. Que el presente expediente se encuentra debidamente digitalizado en el sistema de expediente electrónico. Secretaria En la misma fecha la Secretaria Mónica Montero Uscanga da cuenta al Secretario de Juzgado en funciones de Juez de Distrito, Carlos Alberto García López, con la demanda de amparo promovida por José de Jesús Silva Guerrero, por su propio derecho, registrada en el libro de correspondencia con el folio 11394. Conste. Secretaria Ciudad de México, catorce de julio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por José de Jesús Silva Guerrero, contra actos de la Jefa de Servicios de Operaciones de Pagos y Presupuesto de la Subdirección de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de otra autoridad. Integración del expediente Fórmese el expediente 898/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Antecedentes relevantes. 1. José de Jesús Silva Guerrero manifiesta contar con una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Señala que mediante oficio SP/02/2721/2021 de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en respuesta al escrito de petición de cinco de octubre de dos mil veinte, se le informó que los descuentos por pensión alimenticia, se dejarán de aplicar en agosto del presente año, sin que la responsable acredite su dicho. 3. Inconforme con esa determinación, José de Jesús Silva Guerrero promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Precisión del acto reclamado. En el caso, la quejosa busca que a través del juicio de amparo, este órgano jurisdiccional ejerza control de constitucionalidad sobre los actos siguientes: Oficio SP/02/2721/2021 de veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Omisión de las responsables en materia de pensiones, para mantener actualizada la nómina pensionaria. Restitución al quejoso de la cantidad de $182,154.16 (ciento ochenta y dos mil ciento cincuenta y cuatro pesos 16/100 M.N.), por concepto de descuentos "051 PENSIÓN ALIMENTICIA", desde el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis a la fecha de presentación de la demanda. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". Inclusive, en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en materia administrativa, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: "En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley". Razones y motivos de la improcedencia. En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; En la tesis 2a. X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. En efecto, este Juzgado de Distrito advierte que el oficio reclamado fue emitido en respuesta a un escrito presentado por el quejoso, por lo que es claro que la respuesta que le recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que le pone fin a esa instancia, precisamente en la medida en que refleja la última voluntad oficial sobre lo pedido. Por estas razones, el oficio reclamado constituye una resolución definitiva para efectos del juicio contencioso administrativo. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación de los actos reclamados; máxime que éstos afectan de manera directa el monto de la pensión que recibe el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXI.1o.P.A.5 A (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta por el Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, visible en la página 891, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN CON CARGO AL ERARIO FEDERAL O AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. ES SUFICIENTE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA AFECTE DE MANERA DIRECTA SU MONTO, PARA QUE SE ACTUALICE EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El citado dispositivo establece: "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: ... VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sean con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.". Por ende, es suficiente que la resolución impugnada afecte de manera directa el monto de una pensión que esté recibiendo el pensionista con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se actualice el supuesto de procedencia del juicio contencioso administrativo previsto en dicha hipótesis, sin que sea necesario que la resolución se dicte (o se actualice en negativa ficta), con motivo de alguna solicitud directa de incremento o modificación a la mencionada pensión, porque tal interpretación sería restrictiva y/o rigorista, en demérito del espíritu que orienta a la garantía de acceso a una administración de justicia pronta, completa e imparcial, que a favor de los particulares tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. Como se advierte del artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales siempre que ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: Que se suspendan los efectos del acto reclamado [con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido conforme a la Ley de Amparo]. Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple con dichas condiciones tal y como se advierte de las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Del análisis de la demanda este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: 1. El oficio que contiene la orden reclamada no carece de fundamentación. De los anexos de la demanda de amparo se desprende que el oficio fue emitido en atención a diversos ordenamientos y fundamentos, por lo que no se trata de actos que carezcan de forma total de fundamentación. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la simple lectura de la demanda se advierte que el problema jurídico planteado se circunscribe a cuestiones de legalidad y seguridad jurídica vinculadas con la procedencia del pago completo de pensión que reclama el promovente. En ese sentido, si bien es cierto que esos derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución, también lo es que para considerar que un argumento se trata de una violación directa a la constitución, no basta simplemente con alegar que se afecta un derecho fundamental, sino que se requiere que el eventual análisis de constitucionalidad que se haga, el acto reclamado sea comparado única y exclusivamente con el texto constitucional, sin acudir a una norma o legislación secundaria, pues en ese caso, se estaría frente a una violación indirecta. En ese sentido, se reitera que los argumentos expuestos en la demanda son violaciones indirectas a la constitución, pues para resolver los problemas jurídicos propuestos por la quejosa, no basta con comparar el acto reclamado con el texto constitucional, sino que es indispensable acudir a las normas secundarias que rigen el acto reclamado, en este caso, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, en su caso, su reglamento. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. 3. El juicio no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. La irreparabilidad del acto no es una excepción al principio de definitividad. Finalmente, es importante destacar que aun cuando se considerara que el acto reclamado es de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe hacerse hincapié en que actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pero que este medio de defensa extraordinario es procedente, una vez que los quejosos han agotado los medios ordinarios de defensa que se establecen en la ley que rige al acto reclamado; es decir, que la irreparabilidad y la definitividad son dos supuestos distintos, independientes entre sí. Así se estableció en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), que lleva por rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados son claros; (ii) hay pruebas documentales [original de los actos reclamados] que demuestra su naturaleza jurídica; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos]; y, (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiaría. Por tanto, este Juez de Distrito considera que analizar si se cumplió con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo requiere un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial [no minucioso ni profundo], pues verificar la procedencia de un medio ordinario de defensa y si se está en alguno de los supuestos de excepción no depende de prueba alguna, pues las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios. Por esa razón, no resulta aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA". Como se advierte esa tesis alude a "la posibilidad de la existencia de un recurso"; sin embargo, en el caso que nos ocupa, la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada, esto es, no hay duda sobre la existencia del juicio contencioso administrativo como un medio ordinario de defensa contra actos de autoridades dependientes de la administración pública de la Ciudad de México. Aunado a ello, como ya se ha demostrado, ese medio ordinario de defensa no solo es posible, sino que es idóneo y eficaz para lograr la anulación, revocación o modificación del acto aquí reclamado. Finalmente, es importante hacer énfasis en que la presente determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Aunado a ello, el hecho de que desde este momento procesal se determine que el quejoso debe promover, previamente al juicio de amparo, los medios ordinarios de defensa idóneos para combatir el acto reclamado, en atención al principio de definitividad, constituye una circunstancia que le permite promoverlos dentro de los plazos y conforme a las formalidades previstas para ello. De lo contrario, esto es, de admitir a trámite una demanda de amparo en la que se reclaman actos que previamente se deben combatir mediante medios ordinarios de defensa, se dejaría en estado de indefensión al promovente, pues en el supuesto de que en sentencia se sobresea en el juicio por inobservancia al principio de definitividad, el quejoso ya no tendría a su alcance medios para combatir los actos que le agravien, por encontrarse fuera de plazo. Por esas razones, no resulta conveniente iniciar la tramitación del juicio de amparo, si desde el primer auto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues de esta manera el quejoso, si lo estima conveniente, aún se encuentra en posibilidad de presentar los medios ordinarios de defensa susceptibles de modificar, anular o revocar los actos reclamados. Conclusión. Al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de este ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José de Jesús Silva Guerrero. Consulta de expediente electrónico y notificación vía electrónica. Vista la certificación secretarial en la que se asentó que de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que la revisión efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para efectos de autorizar la consulta del expediente electrónico, el nombre de usuario: "anabetsilva", pertenece a Ana Beatriz Silva Cervantes. En virtud de lo expuesto, se autoriza la consulta del expediente electrónico a Ana Beatriz Silva Cervantes, así como que se realicen las notificaciones electrónicas al referido usuario "anabetsilva". Por ello, notifíquese el presente auto por vía electrónica, así como las subsecuentes notificaciones que deban ser personales, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, del ordenamiento citado. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ténganse por autorizados en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en estrecha relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia a María Antonina Cervantes Porcayo y Ana Beatriz Silva Cervantes, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a las demás personas que señala. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio CCJ/ST/0107/2021 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico de la referida Comisión; quien actúa asistido de Mónica Montero Uscanga, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. El Secretario de Juzgado en La Secretaria funciones de Juez de Distrito mrm

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