José de Jesús Sarabia Angulo

Expediente 853/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 35 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
853/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús Sarabia Angulo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se cuente con el acuse de recibo dirigido a las autoridades responsables mediante el cual se le remitió copia certificada de la sentencia dictada en el presente expediente, misma que sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, pues es obvio que dicho fallo no les causa algún agravio; ello, en término de lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. En atención a que obra en este expediente el documento original que la parte agraviada allegó con su demanda de amparo; por tanto, se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de noventa días legalmente computado para que acuda a recogerlo, apercibida que de no hacerlo dicho documento correrá la suerte del presente sumario constitucional, en términos de lo señalado en el punto décimo primero del referido acuerdo general conjunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas veinticuatro minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 853/2021, asistido del Secretario de Juzgado licenciado Roberto Escobedo Sánchez y sin la presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente.El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de admisión, notificación a las partes, informes justificados y escritos de ampliación de demanda. . El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no realizaron manifestaciones en vía de alegatos. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 853/2021. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, José de Jesús Sarabia Angulo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Fiscal General del Estado. SEGUNDO. Admisión. En proveído de ocho de julio siguiente, este Juzgado de Distrito admitió la demanda, ordenó solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó hora y día para la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliaciones de demanda. En proveído de veintidós de noviembre posterior, este Órgano Jurisdiccional admitió ampliación de la demanda de amparo contra el Secretario de Administración y Finanzas y Director de Recursos Humanos, ambos del Gobierno del Estado, y ordenó idénticas actuaciones como en la admisión de la demanda inicial (foja 145). En acuerdo veintidós de abril de este año, este Juzgado de Distrito admitió ampliación de demanda contra el oficio DRH/1692/2021, emitido por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y ordenó idénticas actuaciones como en la admisión de la demanda inicial (foja 318). En auto de veinticuatro de agosto siguiente, este Órgano Jurisdiccional admitió ampliación por conceptos de violación derivado del informe justificado de la autoridad responsable citada y ordenó idénticas actuaciones como en la admisión de la demanda inicial (foja 422). CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, virtud que se reclaman actos con ejecución en esta localidad. SEGUNDO. Autoridades responsables y actos reclamados. Para fijar los actos reclamados en forma correcta, la demanda de amparo debe interpretarse en forma integral, para con conocimiento de causa determinar lo que el quejoso quiso decir y no sólo lo que en apariencia dijo. Al respecto es aplicable la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810 que establece: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. La parte quejosa en su demanda de amparo manifestó que solicitó por escrito al Fiscal General del Estado que informara si se había realizado incremento en el sueldo a agentes de investigación activos a partir de septiembre de dos mil diecinueve y, en caso afirmativo, se le aplicara con efectos retroactivos por ser pensionado. La Fiscalía General del Estado en respuesta emitió el oficio 1231, de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que sustancialmente indicó: Orientar al quejosa para que presentara su solicitud ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa por ser la dependencia que continuaba administrando los recursos para pago de jubilados y pensionados. Con base en lo anterior, la parte quejosa amplió posteriormente la demanda de amparo contra la Secretaría de Administración y Finanzas y Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado por intervención en el acto reclamado y posteriormente reclamó de la segunda, el oficio DRH/1692/2021, de veintiocho de abril del año pasado, en el que se precisa que se otorgó el incremento solicitado. Por tanto, la parte quejosa reclama del Fiscal General de Justicia del Estado: Oficio 1231 de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que en relación a la petición de incrementos salarial de mil quinientos pesos quincenales a partir de septiembre de dos mil diecinueve, orientó al quejoso a presentar su solicitud ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Del Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado: Omisión de proveer sobre la solicitud de aplicar el incremento aludido a las pensiones de los quejosos. Del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado: Oficio DRH/1692/2021, de veintiocho de abril del año pasado, a través del cual se indica al quejoso que se otorgó el incremento de dos mil diecinueve como se advertía en el comprobante de pago de su pensión. TERCERO. Acto inexistente. Para determinar la existencia o no de los actos reclamados se debe examinar si la responsable se encuentra en aptitud legal de actuar en la forma reprochada por la parte quejosa, virtud que de no encontrarse en condiciones dará lugar a sobreseimiento por inexistencia, lo que no involucra análisis constitucional de los actos. Sirve de apoyo la tesis 2ª/J 99/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el libro 59, octubre de 2018, tomo I, página 926, registro 2018110, que establece: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, virtud que no se advierte escrito dirigido a la citada institución, ni tampoco se advierte oficio de la Fiscalía dirigido a dicha dependencia, por lo que no estaba en aptitud de proveer Por tanto, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del Actuario adscrito a la Junta Laboral de origen. CUARTO. Actos ciertos. Es cierto el acto reclamado consistente en el oficio 1231 de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, reclamado al Fiscal General del Estado, ya que al rendir informe justificado lo aceptó, aunado que remitió copia certificada del oficio citado (foja 25 a 30). Es cierto el acto reclamado consistente en el oficio DRH/1692/2021, de veintiocho de abril del año pasado, a través del cual se indica al quejoso que se otorgó el incremento de dos mil diecinueve como se advertía en el comprobante de pago de su pensión. QUINTO. Causa de improcedencia existente. I. Primer causa de improcedencia. En el caso, respecto del oficio 1231 de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, reclamado al Fiscal General del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la que en esencia dispone que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La parte quejosa reclama del Fiscal General del Estado el oficio en el que no se da respuesta de fondo a la petición de incrementos, pues la oriento a que la realizara a diversa institución. Al respecto, la Dirección de Recursos Humanos responsable al rendir su informe justificado indicó que se emitió el oficio DRH/1692/2021 de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en respuesta a la petición de incrementos en el que se indicó que se le otorgó el incremento solicitado como se advertía de los comprobantes de pago de su pensión (foja 256). Por tanto, la autoridad citada dio respuesta de fondo a la petición de la parte quejosa, pues indicó que había procedido el otorgamiento del incremento solicito y se advertía en los comprobantes de pago de su pensión. En ese sentido, la autoridad responsable citada emitió respuesta de fondo en relación a la petición de incrementos que solicitó, con lo cual cesaron los efectos del oficio reclamado al Fiscal General del Estado, es decir, se restablecieron las cosas al estado en que se encontraban, produciéndose con ello el resultado de una sentencia protectora en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto procede el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en consulta. II. Segunda causa de improcedencia. En relación al oficio DRH/1692/2021 de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que ese acto ya fue materia de otro juicio de amparo. A efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia que se anuncia, se precisa que los preceptos en cita establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; La causa de improcedencia invocada tiene por objeto impedir nuevo juicio de amparo que se promueva por el mismo quejoso, acto o norma general y contra las mismas autoridades cuando ya fue materia de sentencia ejecutoriada en la que se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma. Por regla general la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que el sobreseimiento no constituye cosa juzgada; sin embargo, existen excepciones cuando se ha determinado en juicio constitucional que haga inejercitable la acción de modo absoluto, pues dicha situación no puede desconocerse en nuevo juicio. Orienta lo anterior, la tesis 1ª CCLXXVIII/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XC, diciembre de 2012, tomo 1, página 524, registro 2002272 que establece: COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. En el caso, en el diverso juicio de amparo 1325/2021, el quejoso reclamó entre otros actos el oficio DRH/1692/2021 de veintiocho de abril de dos mil veintiuno y señaló como autoridad responsable al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. En ese juicio de amparo se dictó sentencia el veinte de mayo pasado, en el que respecto de dicho acto sobreseyó por haber cesado los efectos del acto reclamado, ya que se destacó que la autoridad responsable comunicó que ya se le habían efectuado los pagos, sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna (fojas 438 a 439). En auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, la sentencia aludida causó ejecutoria (foja 440). De lo anterior se observa lo siguiente: Juicios de amparo 1325/2021 853/2021 Quejoso José de Jesús Sarabia Angulo José de Jesús Sarabia Angulo Autoridad responsable en común que aceptó el acto reclamado Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado Acto reclamado Oficio DRH/1692/2021 de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se indica otorgamiento de incrementos. Oficio DRH/1692/2021 de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se indica otorgamiento de incrementos. Cabe aclarar que en el juicio de amparo 1325/2021, este Juzgado de Distrito admitió ampliación de la demanda de amparo contra el oficio DRH/1692/2021 en comento, el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en tanto que en el presente asunto, se admitió la ampliación de demanda contra el mismo oficio el veintidós de abril de este año, lo cual revela la cosa juzgada. En ese contexto, el presente asunto en relación con el juicio de amparo 1325/2021 guarda identidad en la parte quejosa, autoridad responsable y acto reclamado. Por tanto, el juicio de amparo 1325/2021 sobreseyó al establecer que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y ese proveído se declaró firme en acuerdo de veintisiete de junio pasado, al no haberse recurrido por la parte quejosa. Bajo ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, ya que los descuentos reclamados fueron materia del diverso juicio de amparo 1325/2021 promovido por el aquí quejoso, lo cual quedó firme y, por ende, no puede desconocerse esa causa de inejercitabilidad, pues su propósito es evitar que los mismos actos sean analizados en dos o más juicios de amparo, con el inminente riesgo de abuso del mismo, que es institución de buena fe y el de impedir que en momento dado se emitan resoluciones contradictorias. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer respecto de ese acto y autoridad conforme al numeral 63, fracción V de la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, cinco de octubre de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, se desprende que el veintitrés de septiembre del año en curso se agregó el informe justificado rendido por Vicefical General del Estado en representación del Fiscal General del Estado de Sinaloa, por lo que trascurre el plazo de ocho días para que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por el Vicefiscal General del Estado de Sinaloa, en el que señala no son ciertos los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y documento de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. Se tiene como delegados y domicilio procesal los que señala la autoridad en su informe; asimismo, se autoriza el uso de los medios que propone para la reproducción de constancias, las cuales deberán llevarse a cabo bajo supervisión del personal de este tribunal. Notifíquese.

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