José de Jesús Sánchez Pérez
Expediente 452/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José de Jesús Sánchez Pérez
- Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca Morelos cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 452/2021-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el ocho de marzo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió diversas constancias por lo que se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el veinticuatro de febrero pasado se creó un cuaderno de antecedentes toda vez que estaba celebrada la audiencia constitucional del presente asunto, asimismo, se ordenó agregar una vez emitida la sentencia; en virtud de que aconteció esto último, glósese a los presentes autos el referido cuadernillo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 452/2021-V, promovido por José de Jesús Sánchez Pérez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de mayo de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida el seis del mismo mes y año ante este Juzgado Federal, José de Jesús Sánchez Pérez por conducto de su apoderado legal, Javier Pérez Navarrete solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Presidente. SEGUNDO. Prevención y admisión de la demanda. Por auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, se previno la demanda y una vez subsanada, por auto de veinticinco del mismo mes y año se admitió a trámite; por lo cual se fijó fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se emplazó a la parte tercero interesada y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal donde se establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades a quienes se atribuye la ejecución del acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: El acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral 373/2019, por el cual ordena cancelar el embargo realizado en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; El acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno dictado por el Presidente de la citada Junta, en el juicio señalado, que niega ordenar a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, poner a disposición la cantidad embargada en la cuenta de la demandada; e igualmente, apercibe a la actora que de no recibir los cheques exhibidos como pago por la demandada, comenzará a computarse el plazo de la prescripción contemplado en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. El acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno dictado por la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, donde niega la solicitud de suspensión de la orden de cancelación del embargo de la cuenta bancaria de la demandada, pretendida con motivo del recurso de revisión interpuesto contra el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Tercero. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados en virtud de así haberlo señalado las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Tal certeza se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias del juicio indicado, allegadas por las responsables que ameritan pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, para contextualizar lo anterior, se citan los antecedentes de los actos reclamados: 1. El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve se dictó el laudo en el juicio 01/391/14, en el que se condenó y absolvió, respectivamente a la parte demandada, Corporativo Papelero del Sur Estrella, Sociedad Anónima de Capital Variable, del pago de ciertas prestaciones reclamadas por José de Jesús Sánchez Pérez. 2. El tres de noviembre se liquidó el laudo estableciéndose una condena a razón de $132,186.44 (ciento treinta y dos mil ciento ochenta y seis pesos 44/100 moneda nacional). 3. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno se embargó la cuenta bancaria 4615525 de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, cuya titular es la demandada del juicio de origen, hasta por el monto liquidado y por oficio de veinticinco del mismo mes y año, dicha institución informó al Presidente de la Junta responsable que se había asegurado la cuenta hasta por el monto ordenado. 4. Por escrito folio 541 presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la actora solicitó se computaran los intereses previstos en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y por tanto, se girara oficio a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, para asegurar y poner a disposición el monto de la condena y los intereses; petición reiterada por escrito folio 566 presentado al día siguiente. 6. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno a través de escrito folio 702 la demandada exhibió cheque por $132,186.44 (ciento treinta y dos mil ciento ochenta y seis pesos 44/100 moneda nacional). 7. Por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno el Presidente de la Junta responsable acordó lo siguiente: Tuvo por recibido el cheque exhibido por la demandada y otorgó tres días a la parte actora para comparecer a recibirlo, con apercibimiento que de no hacerlo empezaría a computarse el plazo de la prescripción. Por cuanto a las solicitudes de la actora, contenidas en los escritos folios 541 y 566 cuantificó los intereses a razón de $100,695.15 (cien mil seiscientos noventa y cinco pesos 15/100 moneda nacional). Tuvo por recibido el oficio de la institución bancaria informando del aseguramiento de la cuenta bancaria; sin embargo, determinó que al haber exhibido la demandada el monto de la condena, era procedente cancelar el embargo trabado en la cuenta indicada, ordenando girar el oficio respectivo. 8. Por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno la apoderada legal de la actora interpuso recurso de revisión contra los actos del Presidente de la Junta, particularmente respecto al acuerdo de veintinueve de marzo del mismo año alegando la improcedencia de la cancelación del embargo y del apercibimiento de la prescripción de no recoger el cheque exhibido por el demandado; además, solicitó la suspensión de la orden de cancelación del aseguramiento de la cuenta bancaria. 9. Por diverso escrito folio 061 presentado ante la responsable el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la actora volvió a solicitar se girara oficio a la institución bancaria para que asegurara las cantidades a que fue condenada la demandada; de igual manera, reiteró la solicitud de suspensión de la orden de cancelación del embargo. 10. El veinte de abril del mismo año la Junta responsable reiteró la negativa a suspender la orden de cancelación del embargo ordenada por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. 11. Por escrito presentado el trece de abril de dos mil veintiuno, el demandado del juicio natural exhibió un cheque por el concepto de intereses, con descuento de la retención del impuesto sobre la renta. 12. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, entre otras cosas, la responsable otorgó a la actora un plazo de tres días para recibir el cheque exhibido, apercibiendo que de no hacerlo comenzaría a computarse el término de la prescripción prevista en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. 13. Finalmente, por interlocutoria de nueve de junio de dos mil veintiuno, la Junta responsable resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte actora, declarándolo infundado. Dicho lo anterior, se expone enseguida la improcedencia del juicio por los actos combatidos: I. Por cuanto al acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno emitido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral 373/2019, por el cual ordena cancelar el embargo realizado en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..." Del anterior precepto legal se aprecia la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo inherente al cambio de situación jurídica, consistente en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, se advierta una situación jurídica diversa que torne improcedente el juicio de amparo, porque de conceder la protección constitucional se afectaría esa nueva situación y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Esto es, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente del derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, de modo tal que impida examinar las violaciones alegadas respecto al acto reclamado, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por un nuevo acto. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CXI/96, Novena Época, con número de registro: 199808, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Página: 219, de rubro siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." En el caso, Se actualiza dicha causal, porque el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se controvirtió por la parte actora del juicio laboral de origen, aquí quejosa, mediante el recurso de revisión contra actos de ejecución y fue declarado infundado por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante interlocutoria de nueve de junio de dos mil veintiuno, como se acredita con las fotocopias certificadas anexas al informe justificado de las responsables, que ameritan valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, operó un cambio en la situación jurídica dentro del procedimiento de ejecución en el juicio laboral, tornando improcedente el juicio de amparo, porque no puede analizarse la constitucionalidad del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la emisión de la interlocutoria que resolvió el recurso de revisión interpuesto en su contra, la cual no fue combatida a través del presente juicio de amparo. Igual consideración de improcedencia se surte respecto al acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno dictado por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por el cual negó la solicitud de la actora de suspender la orden de cancelación del embargo de la cuenta bancaria de la demandada, dictada a través del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Es así, porque dicha solicitud se realizó con motivo de la interposición del recurso de revisión contra actos de ejecución del Presidente, en concreto contra el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno (que ordenó la cancelación del embargo); luego, al sobrevenir el dictado de la interlocutoria por la cual se resolvió dicho medio de impugnación, por un lado, se consumaron procesalmente todos los efectos del recurso; por otro, hace imposible jurídicamente emprender el análisis sobre la constitucionalidad de la negativa de la suspensión de tal orden de cancelación, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la resolución recaída al citado medio de impugnación, la cual tampoco fue reclamada en el presente juicio. II. Respecto al acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno dictado por el Presidente de la Junta citada, en el juicio señalado, por el cual nuevamente negó la petición de la actora de ordenar a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, poner a disposición la cantidad embargada en la cuenta de la demandada; y la apercibió que de no recibir los cheques exhibidos como pago por la demandada, comenzaría a computarse el plazo de la prescripción contemplado en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo; se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, disposiciones del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". De la reproducida disposición legal se desprende que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que, si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, debe ser agotado, salvo los casos de excepción previstos. Por tanto, es suficiente estar contemplados en la ley del acto, para considerarlos a disposición del interesado y éste pueda ejercerlos, o en su defecto, le perjudique su omisión. El principio de definitividad implica agotar los recursos previstos en la ley que rige el acto y se justificación radica en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional; razón por la cual la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias para obtener la insubsistencia del acto de autoridad combatido, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia. Así, el juicio de amparo será procedente, en la medida que la parte quejosa, previamente, interponga el recurso, juicio o medio de defensa previsto en la ley, por virtud del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el precitado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicho esto, los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." En el precepto 849, el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados en ejecución de laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. A su vez, de los artículos 850 al 852 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje conocerá de la revisión cuando se trate de actos de su Presidente. Una vez precisado que el recurso de revisión procede contra acto dictados por el Presidente de la Junta, en etapa de ejecución, se concluye que el quejoso debió interponerlo previamente al juicio de amparo, contra el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Presidente de la Junta responsable, por el cual negó ordenar al Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, poner a disposición la cantidad embargada en la cuenta de la demandada; y la apercibió que de no acudir a recibir los cheques exhibidos como pago por la demandada, comenzaría a computarse el plazo de la prescripción contemplado en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. Ello, en virtud de que dicho proveído fue emitido por el Presidente de ese órgano laboral, dentro de la etapa de ejecución del laudo, y si bien las determinaciones asumidas en el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, no tienen como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, de todas maneras era procedente que interpusiera en su contra el recurso de revisión. Encuentra apoyo lo anterior, en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, donde definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para solicitar la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Al respecto, en lo conducente, se invoca la jurisprudencia 2a./J.95/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, agosto de 2002, página 374, rubro: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.), con registro digital 2017028, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Laboral, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1681, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO." Por tanto, el recurso de revisión constituye un medio de defensa idóneo que tiene como finalidad modificar revocar o nulificar el acto reclamado; de ahí la obligación de agotarlo por la quejosa, al tener el carácter de parte actora en el juicio natural, en estricta observancia al principio de definitividad imperante en el juicio de amparo, lo cual no satisfizo. En tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, al actualizarse las causales de improcedencia explicadas, procede el sobreseimiento de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José de Jesús Sánchez Pérez, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos señalados en la consideración cuarta de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy ocho de marzo de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada, el auto de ocho de marzo del dos mil veintidós, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 452/2021-V, promovido por José de Jesús Sánchez Pérez; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de mayo de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida el seis del mismo mes y año ante este Juzgado Federal, José de Jesús Sánchez Pérez por conducto de su apoderado legal, Javier Pérez Navarrete solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Presidente. SEGUNDO. Prevención y admisión de la demanda. Por auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, se previno la demanda y una vez subsanada, por auto de veinticinco del mismo mes y año se admitió a trámite; por lo cual se fijó fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se emplazó a la parte tercero interesada y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal donde se establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades a quienes se atribuye la ejecución del acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: El acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral 373/2019, por el cual ordena cancelar el embargo realizado en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno El acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno dictado por el Presidente de la citada Junta, en el juicio señalado, que niega ordenar a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, poner a disposición la cantidad embargada en la cuenta de la demandada; e igualmente, apercibe a la actora que de no recibir los cheques exhibidos como pago por la demandada, comenzará a computarse el plazo de la prescripción contemplado en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. El acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno dictado por la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, donde niega la solicitud de suspensión de la orden de cancelación del embargo de la cuenta bancaria de la demandada, pretendida con motivo del recurso de revisión interpuesto contra el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Tercero. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados en virtud de así haberlo señalado las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Tal certeza se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias del juicio indicado, allegadas por las responsables que ameritan pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, para contextualizar lo anterior, se citan los antecedentes de los actos reclamados: 1. El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve se dictó el laudo en el juicio 01/391/14, en el que se condenó y absolvió, respectivamente a la parte demandada, Corporativo Papelero del Sur Estrella, Sociedad Anónima de Capital Variable, del pago de ciertas prestaciones reclamadas por José de Jesús Sánchez Pérez. 2. El tres de noviembre se liquidó el laudo estableciéndose una condena a razón de $132,186.44 (ciento treinta y dos mil ciento ochenta y seis pesos 44/100 moneda nacional). 3. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno se embargó la cuenta bancaria 4615525 de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, cuya titular es la demandada del juicio de origen, hasta por el monto liquidado y por oficio de veinticinco del mismo mes y año, dicha institución informó al Presidente de la Junta responsable que se había asegurado la cuenta hasta por el monto ordenado. 4. Por escrito folio 541 presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la actora solicitó se computaran los intereses previstos en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y por tanto, se girara oficio a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, para asegurar y poner a disposición el monto de la condena y los intereses; petición reiterada por escrito folio 566 presentado al día siguiente. 6. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno a través de escrito folio 702 la demandada exhibió cheque por $132,186.44 (ciento treinta y dos mil ciento ochenta y seis pesos 44/100 moneda nacional). 7. Por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno el Presidente de la Junta responsable acordó lo siguiente: Tuvo por recibido el cheque exhibido por la demandada y otorgó tres días a la parte actora para comparecer a recibirlo, con apercibimiento que de no hacerlo empezaría a computarse el plazo de la prescripción. Por cuanto a las solicitudes de la actora, contenidas en los escritos folios 541 y 566 cuantificó los intereses a razón de $100,695.15 (cien mil seiscientos noventa y cinco pesos 15/100 moneda nacional). Tuvo por recibido el oficio de la institución bancaria informando del aseguramiento de la cuenta bancaria; sin embargo, determinó que al haber exhibido la demandada el monto de la condena, era procedente cancelar el embargo trabado en la cuenta indicada, ordenando girar el oficio respectivo. 8. Por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno la apoderada legal de la actora interpuso recurso de revisión contra los actos del Presidente de la Junta, particularmente respecto al acuerdo de veintinueve de marzo del mismo año alegando la improcedencia de la cancelación del embargo y del apercibimiento de la prescripción de no recoger el cheque exhibido por el demandado; además, solicitó la suspensión de la orden de cancelación del aseguramiento de la cuenta bancaria. 9. Por diverso escrito folio 061 presentado ante la responsable el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la actora volvió a solicitar se girara oficio a la institución bancaria para que asegurara las cantidades a que fue condenada la demandada; de igual manera, reiteró la solicitud de suspensión de la orden de cancelación del embargo. 10. El veinte de abril del mismo año la Junta responsable reiteró la negativa a suspender la orden de cancelación del embargo ordenada por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. 11. Por escrito presentado el trece de abril de dos mil veintiuno, el demandado del juicio natural exhibió un cheque por el concepto de intereses, con descuento de la retención del impuesto sobre la renta. 12. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, entre otras cosas, la responsable otorgó a la actora un plazo de tres días para recibir el cheque exhibido, apercibiendo que de no hacerlo comenzaría a computarse el término de la prescripción prevista en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. 13. Finalmente, por interlocutoria de nueve de junio de dos mil veintiuno, la Junta responsable resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte actora, declarándolo infundado. Dicho lo anterior, se expone enseguida la improcedencia del juicio por los actos combatidos: I. Por cuanto al acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno emitido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral 373/2019, por el cual ordena cancelar el embargo realizado en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..." Del anterior precepto legal se aprecia la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo inherente al cambio de situación jurídica, consistente en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, se advierta una situación jurídica diversa que torne improcedente el juicio de amparo, porque de conceder la protección constitucional se afectaría esa nueva situación y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Esto es, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente del derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, de modo tal que impida examinar las violaciones alegadas respecto al acto reclamado, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por un nuevo acto. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CXI/96, Novena Época, con número de registro: 199808, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Página: 219, de rubro siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." En el caso, Se actualiza dicha causal, porque el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se controvirtió por la parte actora del juicio laboral de origen, aquí quejosa, mediante el recurso de revisión contra actos de ejecución y fue declarado infundado por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante interlocutoria de nueve de junio de dos mil veintiuno, como se acredita con las fotocopias certificadas anexas al informe justificado de las responsables, que ameritan valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, operó un cambio en la situación jurídica dentro del procedimiento de ejecución en el juicio laboral, tornando improcedente el juicio de amparo, porque no puede analizarse la constitucionalidad del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la emisión de la interlocutoria que resolvió el recurso de revisión interpuesto en su contra, la cual no fue combatida a través del presente juicio de amparo. Igual consideración de improcedencia se surte respecto al acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno dictado por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por el cual negó la solicitud de la actora de suspender la orden de cancelación del embargo de la cuenta bancaria de la demandada, dictada a través del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Es así, porque dicha solicitud se realizó con motivo de la interposición del recurso de revisión contra actos de ejecución del Presidente, en concreto contra el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno (que ordenó la cancelación del embargo); luego, al sobrevenir el dictado de la interlocutoria por la cual se resolvió dicho medio de impugnación, por un lado, se consumaron procesalmente todos los efectos del recurso; por otro, hace imposible jurídicamente emprender el análisis sobre la constitucionalidad de la negativa de la suspensión de tal orden de cancelación, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la resolución recaída al citado medio de impugnación, la cual tampoco fue reclamada en el presente juicio. II. Respecto al acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno dictado por el Presidente de la Junta citada, en el juicio señalado, por el cual nuevamente negó la petición de la actora de ordenar a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, poner a disposición la cantidad embargada en la cuenta de la demandada; y la apercibió que de no recibir los cheques exhibidos como pago por la demandada, comenzaría a computarse el plazo de la prescripción contemplado en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo; se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, disposiciones del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". De la reproducida disposición legal se desprende que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que, si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, debe ser agotado, salvo los casos de excepción previstos. Por tanto, es suficiente estar contemplados en la ley del acto, para considerarlos a disposición del interesado y éste pueda ejercerlos, o en su defecto, le perjudique su omisión. El principio de definitividad implica agotar los recursos previstos en la ley que rige el acto y se justificación radica en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional; razón por la cual la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias para obtener la insubsistencia del acto de autoridad combatido, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia. Así, el juicio de amparo será procedente, en la medida que la parte quejosa, previamente, interponga el recurso, juicio o medio de defensa previsto en la ley, por virtud del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el precitado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicho esto, los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." En el precepto 849, el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados en ejecución de laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. A su vez, de los artículos 850 al 852 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje conocerá de la revisión cuando se trate de actos de su Presidente. Una vez precisado que el recurso de revisión procede contra acto dictados por el Presidente de la Junta, en etapa de ejecución, se concluye que el quejoso debió interponerlo previamente al juicio de amparo, contra el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Presidente de la Junta responsable, por el cual negó ordenar al Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, poner a disposición la cantidad embargada en la cuenta de la demandada; y la apercibió que de no acudir a recibir los cheques exhibidos como pago por la demandada, comenzaría a computarse el plazo de la prescripción contemplado en el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. Ello, en virtud de que dicho proveído fue emitido por el Presidente de ese órgano laboral, dentro de la etapa de ejecución del laudo, y si bien las determinaciones asumidas en el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, no tienen como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, de todas maneras era procedente que interpusiera en su contra el recurso de revisión. Encuentra apoyo lo anterior, en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, donde definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para solicitar la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Al respecto, en lo conducente, se invoca la jurisprudencia 2a./J.95/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, agosto de 2002, página 374, rubro: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.), con registro digital 2017028, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Laboral, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1681, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO." Por tanto, el recurso de revisión constituye un medio de defensa idóneo que tiene como finalidad modificar revocar o nulificar el acto reclamado; de ahí la obligación de agotarlo por la quejosa, al tener el carácter de parte actora en el juicio natural, en estricta observancia al principio de definitividad imperante en el juicio de amparo, lo cual no satisfizo. En tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, al actualizarse las causales de improcedencia explicadas, procede el sobreseimiento de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José de Jesús Sánchez Pérez, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos señalados en la consideración cuarta de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy ocho de marzo de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- José de Jesús Nucamendi Nieto1495/2013
- José de Jesús Ortíz Jasso294/2014
- José de Jesús Parada Rojas381/2016
- José de Jesús Parada Rojas884/2015
- José de Jesús Rojas Colín1483/2014
- José de Jesús Rosales Orihuela799/2021
- José del Carmen Pérez Izquierdo407/2015
- Jose del Transito Sedano Demesa1098/2017
- Jose Dolores Linares Salazar735/2022
- José Domingo Jiménez Mellín1586/2019
- José Domingo Jiménez Mellín800/2014
- Jose Dominguez Villareal2312/2015