Jose de Jesus Sanchez Lemus

Expediente 119/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
119/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Sanchez Lemus

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de referencia QUEDA FIRME. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archivar el expediente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 21, inciso (d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto que no tiene trascendencia jurídica y carece de relevancia documental; por consiguiente, se ordena su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de TRES AÑOS, esto es, a partir del diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el escrito signado por el quejoso ********************, por el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintitrés de febrero del presente año. Al respecto, aclara los actos reclamados y autoridades responsables, por lo que se provee lo siguiente. ESTUDIO DE LA DEMANDA Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda para que, en caso que se encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. De ahí que se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º. A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de 1998, página 899, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." La jurisprudencia en cuestión explica que manifiesto es cuando de la lectura de la demanda, escrito aclaratorio y anexos se advierta de forma patente y absolutamente clara la causa de improcedencia; e indudable, que se tenga certidumbre y plena convicción que es operante. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Conforme al precepto trascrito, el juicio de amparo es improcedente si: Se reclama un acto emitido por una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; El acto reclamado debe ser revisado de oficio, o bien cuando en contra de éste proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; Los efectos del acto impugnado son susceptibles de suspenderse de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal ordinario procedente, de conformidad con las leyes que rigen su tramitación; y siempre que la suspensión del acto en sede ordinaria: a) se prevea con los mismos alcances que los que señala la ley de amparo para proveer sobre la suspensión definitiva y b) se provea en un plazo que no sea mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además de los requisitos positivos apuntados, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es necesario que no concurra alguna de las excepciones que prevé la Constitución, la Ley de Amparo o la jurisprudencia como eximentes de cumplir con el principio de definitividad, mismas que se estudian a detalle más adelante. El principio en cuestión supone el agotamiento de todos los recursos previstos en la ley que rige el acto reclamado para impugnarlo, pues responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados. De tal suerte que, de existir dicho medio ordinario de defensa legalmente reconocido sin que se haga valer, el juicio de amparo resulta improcedente, en los términos antes referidos. El reconocimiento constitucional del principio en comento responde a la necesidad de evitar el ejercicio de la acción de forma indiscriminada, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación solo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva, según la ley que la rija. Dicho lo anterior, cabe señalar los actos de autoridad derivados de la relación administrativa (asimilada a la laboral) que la Ciudad de México tiene con los agentes de policía de la entidad, son materia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Lo anterior, en tanto que tales actos, se emitan fuera o dentro de algún procedimiento administrativo, son de competencia del citado tribunal, en términos del artículo 3°, fracciones I y XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que dicen: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; (.) XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; (.)" Robustece lo expuesto lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 82/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 382, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 43, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", se estableció que los miembros de tales corporaciones, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno del Estado o del Municipio, que está regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, con lo cual se excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como a los militares, marinos y al personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Por otro lado, los artículos 5o., fracción II, 6o. y 9o. de la Ley de Seguridad Pública y 13 del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal establecen que la Policía Bancaria e Industrial es un cuerpo de seguridad pública que forma parte de la Policía del Distrito Federal y está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, nombre que adoptó dicha dependencia por la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, según el artículo 9o. transitorio del decreto que la promulgó, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Sin embargo, los preceptos citados, no señalan qué órgano debe conocer de una demanda promovida por uno de los miembros de ese cuerpo de seguridad en contra del propio ente, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios, sólo la fracción I del artículo 23 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, determina que las Salas de dicho tribunal son competentes para conocer de los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la administración pública del Distrito Federal emitan; por tanto, ante la falta de disposición legal en el Distrito Federal que otorgue a alguna autoridad facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, la competencia para conocer de las mismas debe recaer en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa." En este contexto, si en el juicio de amparo se reclaman actos derivados de la relación administrativa entre la Ciudad de México y los agentes o ex agentes de policía; entonces, el sumario constitucional será improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: Se trata de actos emitidos por una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Contra el acto en cuestión procede el juicio contencioso administrativo, previsto en la legislación referida, por el cual los actos de autoridad pueden ser anulados o revocados, pues tales son los efectos propios de las sentencias del juicio de nulidad, conforme al artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; y, Además, los efectos del acto impugnado son susceptibles de suspenderse en sede contencioso administrativa, con los mismos alcances que en el juicio de amparo y sin que para ello se establezcan mayores requisitos o plazo al previsto en la Ley de Amparo. Lo dicho en el último rubro encuentra fundamentación y motivación en la jurisprudencia PC.I.A. J/160 A (10a.), obligatoria para este juzgado, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, agosto de 2020, Tomo VI, página 5405, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO, NI ESTABLECE MENORES ALCANCES QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. El artículo 130 de la Ley de Amparo establece que podrá pedirse la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; en tanto que el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dispone que la suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia; lo anterior no constituye un requisito de procedibilidad mayor al previsto en la Ley de la Amparo, pues sólo precisa el límite de tiempo en que se puede ejercer tal derecho, el cual es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional; de modo que la etapa procesal en que se puede solicitar y otorgar la medida, no se vincula con cuestiones de procedencia y efectividad de ésta. Tampoco se limitan los alcances de la suspensión con efectos restitutorios, pues si bien el artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé que se podrá acordar la suspensión con tales efectos en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de la sentencia respectiva, lo cierto es que tal acotación es concordante con lo previsto en el diverso artículo 72 de la misma legislación, en cuanto a la etapa procesal en que la medida puede solicitarse y otorgarse, pero no limita los efectos restitutorios hasta antes del dictado de la sentencia, sino que los prolonga hasta la conclusión definitiva del juicio, como se advierte del diverso precepto 78 de la legislación en análisis. Así, derivado de que en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México la suspensión del acto impugnado podrá tener los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria, además de que no exige mayores requisitos que los que consigna para la concesión de la suspensión definitiva, ni se prevé un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, es inconcuso que no se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, es necesario agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes de promover el juicio de amparo". Ahora bien, en el caso, el solicitante de amparo reclama: La resolución de veintinueve de julio de dos mil diez, emitida en el procedimiento administrativo ********************, que dio lugar a decretar su baja como elemento de policía de la actualmente denominada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Actos que atribuye a la Comisión de Honor y Justicia de tal Secretaría; y, El oficio ********************, de catorce de diciembre de dos mil veinte, por virtud del cual se determinó que resultaba improcedente la solicitud de reincorporar al quejoso al cuerpo de policía en el que prestaba sus servicios, al haberse decretado previamente su baja en el procedimiento administrativo ********************. Acto que se reclama del Director de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Es claro que el presente juicio es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa reclama actos derivados de la relación administrativa (asimilada a la laboral) que guarda con el Estado, en su carácter de ex agente de policía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, los cuales, según se dijo, deben ser impugnados previamente en sede contencioso administrativa. Una vez justificado que se cumplen los requisitos positivos previstos para actualizar la causa de improcedencia del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toca señalar que no se actualiza ninguna excepción para el cumplimiento del deber de agotar el medio de defensa ordinario referencia, pues: La parte quejosa no se ostenta como tercera extraña al procedimiento administrativo de origen, pues no reclama el haber sido llamado ilegalmente al procedimiento que decretó su baja de la policía auxiliar de la Ciudad de México, sino que le atribuye vicios sustantivos a la resolución final del procedimiento. Como se adelantó, el medio de defensa referido se establece en una ley formal y material y no en algún reglamento u otra norma infra legal. Los actos reclamados constituyen resoluciones por las cuales, por un lado, se decretó la baja del quejoso a la corporación policiaca a la cual pertenecía y, por otro, se determinó, que no era procedente su reinstalación al haberse decretado su baja previamente. Así, es evidente que no se reclama un acto que importe una violación a los derechos humanos previstos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal y, tampoco, un acto que importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se alegan, únicamente, violaciones directas a la Constitución Federal, pues la parte quejosa, entre otros argumentos, señala que: - Fue indebido que se le diera de baja, porque el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito lo declaró inocente de los hechos que se tuvieron en cuenta al momento de ser dado de baja a loa corporación policiaca a la cual pertenecía. -Debe ser reincorporado a sus funciones, máxime que nunca recibió finiquito alguno. -Se violaron en su perjuicio los artículos 29, 33, 52 y 56 de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en relación con el monto "CON EL QUE SE ME DEBA LIQUIDAR EN SU CASO SE ME REINTEGRE A MI FUENTE LABORAL EN LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIDUAD DE MÉXICO". -Se vulneraron diversos artículos de la Constitución Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Distrito Federal, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Ley Federal del Trabajo. -Al momento en que se decretó su bajo, no se dio el debido valor probatorio a sus manifestaciones. Así, es evidente que la parte quejosa expone diversas violaciones de legalidad: relacionadas con el debido análisis de diversas pruebas y con la aplicación de leyes de la Ciudad de México. Luego no expone únicamente violaciones a la Constitución Federal. Además, los actos reclamados no carecen de total fundamentación. Ello, en tanto que la parte quejosa, como se advierte, no les atribuye ese vicio, sino que señala que tales actos carecen de una indebida fundamentación y motivación por los motivos aludidos en el apartado que antecede. Finalmente, cabe señalar que la parte quejosa no reclamó alguna ley, disposición reglamentaria o norma general de alguna otra índole. En este contexto, es evidente que no se actualiza ninguna excepción de cumplir el principio de definitividad. De ahí que resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente la instancia constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ******************** Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. De conformidad con lo establecido en Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, adoptó como medida, entre otras, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales durante el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, con excepción de aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia, los tramitados como juicio en línea y los casos urgentes señalados. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del presente juicio. Asimismo, mediante Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ordenó el levantamiento de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en las precitadas Circulares, por lo que la reanudación se haría de manera escalonada atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional. Por lo anterior, en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no obran la totalidad de las constancias de notificación de las autoridades responsables del auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, a fin de no que tales autoridades puedan imponerse del auto de mérito, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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