José de Jesús Rodríguez Gómez
Expediente 7/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José de Jesús Rodríguez Gómez
- Mariana Hervert Espinoza apoderada juridica del quejoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del duplicado 02386/2014/JE1-2, de su índice. Por otra parte, y toda vez que de autos se advierte que no existe trámite pendiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 inciso b) del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN de acuerdo a lo que ordena el artículo 7.1.1.1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de conforme al penúltimo párrafo del precepto legal antes invocado, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, en que se ordena su archivo como asunto concluido; y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá ser depurado, conforme lo ordena el artículo 7.6 del Manual en cita. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que el quejoso y tercero interesado promovieran el recurso de inconformidad en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho acuerdo en el que este juzgado federal tuvo por cumplido al fallo protector, ha quedado firme para todos los efectos legales. En razón de los anterior, devuélvase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado, consistentes en el duplicado del juicio laboral número 02386/2014/JE1-2, de su índice, con las cuales se formó el anexo uno de prueba; solicitando el acuse respectivo. En el entendido de que una vez que esté integrado el presente sumario constitucional, se proveerá el destino legal que corresponda al citado expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, por ausencia temporal del Titular derivado del segundo periodo vacacional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la autorización aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil veinte, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/3083/2020, de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial de dicho Consejo, asistida de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este juzgado dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su derecho correspondiera, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que hayan desahogado la vista, en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado federal, con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitió sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 41 a 59). Inconforme con dicha sentencia la tercera interesada Asociación de Pequeños Propietarios Cañeros del Ingenio Plan de San Luis CNPP, CNOP, Asociación Civil, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, radicándolo con el número de revisión 46/2019, y, en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictó la ejecutoria respectiva, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José de Jesús Rodríguez Gómez, en contra del acto reclamado de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, consistente en la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 2386/2014/JE1-2, para los efectos que se precisan en el último considerando de la precitada resolución." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve se concedió para el efecto siguiente: "En el particular, incorrectamente la Junta responsable tomó como base para la cuantificación del aludido interés el plazo de trescientos cincuenta días (foja tres de la resolución reclamada, engrosa al anexo uno de pruebas), contabilizándolo desde el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis -día siguiente al dictado del laudo de veinte de septiembre de ese mismo año-. Pues como se determinó en párrafos que anteceden, la fecha en que se tiene derecho a exigir dicho tópico operó cumplidos los doce meses de salarios vencidos (diecinueve de julio de dos mil quince), los que deben contar a partir del despido injustificado y no de manera posterior como la Junta responsable lo afirma (veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis), surgiendo la obligación de pagarlos hasta el diez de octubre de dos mil diecisiete, en que la parte quejosa tuvo a su disposición la cantidad de ciento treinta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos con ochenta y un centavos, como pago correspondiente. (.) En el caso concreto, la Junta responsable al dictar la resolución reclamada de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del multicitado juicio natural 2386/2014/JE1-2, se constriñó bajo los parámetros siguientes: '.AGUINALDO.- Esta prestación comprende el periodo correspondiente del 14 de julio del 2014 al 10 de octubre del 2017, día en que se materializó la Reinstalación, por lo que se computan en dicho periodo 48.6 días de salario, que multiplicado por el salario diario de $481.63 arroja la cantidad de $23,407.21, lo anterior de conformidad con el numeral 87 de la Ley Federal del Trabajo.' De lo anterior, como se adelantó, se advierte que la Junta responsable no motivo su determinación exponiendo las razones por las cuales llegó a la cantidad ahí determinada, así como tampoco realizó alguna manifestación entorno al encuadre del tópico con el precepto legal que cita. (.) Así pues, el otorgamiento de la protección constitucional en el presente asunto, es para el sólo efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, efectúe lo siguiente: Deje insubsistente jurídicamente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en los autos del juicio laboral 2386/2014/JE1-2, de su índice; y, Emita una nueva determinación con libertad de jurisdicción, debidamente fundada y motivada con base en los lineamentos plantados en la presente resolución." En acatamiento a lo anterior, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copia autógrafa de la resolución de once de marzo de dos mil veinte (fojas 168 y 169), en la que dejó insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho; de manera fundada y motivada emitió una nueva determinación, en la que: Cuantificó intereses, a favor del actor aquí quejoso, por el lapso del diecinueve de julio de dos mil quince al diez de octubre de dos mi diecisiete, a razón del 2% mensual sobre el importe de quince meses de salario, lo que previas las operaciones aritméticas correspondientes arrojó un monto total ciento diecisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos, ello con fundamento en lo previsto en el artículo 48, párrafo tercero de la Ley Federal del Trabajo. En relación con el aguinaldo generado en el lapso comprendido del catorce de julio de dos mil catorce al diez de octubre de dos mil diecisiete, a razón de treinta días anuales, detalló las operaciones aritméticas realizadas para obtener la suma total de cuarenta y seis mil setecientos ocho pesos y cuarenta y siete centavos. En razón de lo anterior, este órgano de control constitucional considera que se colman los efectos de la ejecutoria de amparo descritos con antelación, pues la responsable, cuantificó los intereses y aguinaldo, detallando las operaciones aritméticas con las que obtuvo los montos totales, precisó por cuanto hace a la primera de ellas el periodo de pago, e invocó los motivos y fundamentos de su resolución, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de conocerlos. Aunado a lo anterior, de acuerdo con el segundo párrafo, del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia; toda vez que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, sin modificarlos o cambiarlos. Conforme a lo anterior, es claro que se cumplieron los efectos de la concesión del amparo, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, ha lugar a tener por cumplimentada la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, con número de registro 2005227, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL TERCERO INTERESADO QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este juzgado dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su derecho correspondiera, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que hayan desahogado la vista, en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado federal, con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitió sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 41 a 59). Inconforme con dicha sentencia la tercera interesada Asociación de Pequeños Propietarios Cañeros del Ingenio Plan de San Luis CNPP, CNOP, Asociación Civil, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, radicándolo con el número de revisión 46/2019, y, en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictó la ejecutoria respectiva, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José de Jesús Rodríguez Gómez, en contra del acto reclamado de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, consistente en la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 2386/2014/JE1-2, para los efectos que se precisan en el último considerando de la precitada resolución." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve se concedió para el efecto siguiente: "En el particular, incorrectamente la Junta responsable tomó como base para la cuantificación del aludido interés el plazo de trescientos cincuenta días (foja tres de la resolución reclamada, engrosa al anexo uno de pruebas), contabilizándolo desde el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis -día siguiente al dictado del laudo de veinte de septiembre de ese mismo año-. Pues como se determinó en párrafos que anteceden, la fecha en que se tiene derecho a exigir dicho tópico operó cumplidos los doce meses de salarios vencidos (diecinueve de julio de dos mil quince), los que deben contar a partir del despido injustificado y no de manera posterior como la Junta responsable lo afirma (veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis), surgiendo la obligación de pagarlos hasta el diez de octubre de dos mil diecisiete, en que la parte quejosa tuvo a su disposición la cantidad de ciento treinta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos con ochenta y un centavos, como pago correspondiente. (.) En el caso concreto, la Junta responsable al dictar la resolución reclamada de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del multicitado juicio natural 2386/2014/JE1-2, se constriñó bajo los parámetros siguientes: '.AGUINALDO.- Esta prestación comprende el periodo correspondiente del 14 de julio del 2014 al 10 de octubre del 2017, día en que se materializó la Reinstalación, por lo que se computan en dicho periodo 48.6 días de salario, que multiplicado por el salario diario de $481.63 arroja la cantidad de $23,407.21, lo anterior de conformidad con el numeral 87 de la Ley Federal del Trabajo.' De lo anterior, como se adelantó, se advierte que la Junta responsable no motivo su determinación exponiendo las razones por las cuales llegó a la cantidad ahí determinada, así como tampoco realizó alguna manifestación entorno al encuadre del tópico con el precepto legal que cita. (.) Así pues, el otorgamiento de la protección constitucional en el presente asunto, es para el sólo efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, efectúe lo siguiente: Deje insubsistente jurídicamente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en los autos del juicio laboral 2386/2014/JE1-2, de su índice; y, Emita una nueva determinación con libertad de jurisdicción, debidamente fundada y motivada con base en los lineamentos plantados en la presente resolución." En acatamiento a lo anterior, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copia autógrafa de la resolución de once de marzo de dos mil veinte (fojas 168 y 169), en la que dejó insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho; de manera fundada y motivada emitió una nueva determinación, en la que: Cuantificó intereses, a favor del actor aquí quejoso, por el lapso del diecinueve de julio de dos mil quince al diez de octubre de dos mi diecisiete, a razón del 2% mensual sobre el importe de quince meses de salario, lo que previas las operaciones aritméticas correspondientes arrojó un monto total ciento diecisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos, ello con fundamento en lo previsto en el artículo 48, párrafo tercero de la Ley Federal del Trabajo. En relación con el aguinaldo generado en el lapso comprendido del catorce de julio de dos mil catorce al diez de octubre de dos mil diecisiete, a razón de treinta días anuales, detalló las operaciones aritméticas realizadas para obtener la suma total de cuarenta y seis mil setecientos ocho pesos y cuarenta y siete centavos. En razón de lo anterior, este órgano de control constitucional considera que se colman los efectos de la ejecutoria de amparo descritos con antelación, pues la responsable, cuantificó los intereses y aguinaldo, detallando las operaciones aritméticas con las que obtuvo los montos totales, precisó por cuanto hace a la primera de ellas el periodo de pago, e invocó los motivos y fundamentos de su resolución, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de conocerlos. Aunado a lo anterior, de acuerdo con el segundo párrafo, del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia; toda vez que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, sin modificarlos o cambiarlos. Conforme a lo anterior, es claro que se cumplieron los efectos de la concesión del amparo, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, ha lugar a tener por cumplimentada la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, con número de registro 2005227, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
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