José de Jesús Reyes Vázquez

Expediente 834/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
834/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • José de Jesús Reyes Vázquez
  • Juez de Partido Civil Especializado En Materia Familiar En León, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    Tribunal Colegiado informa. Agréguese el oficio de cuenta que remite el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada en autos, el cual quedó registrado bajo el número 235/2021; lo anterior, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ****** mandatario judicial de ********, en el cual manifiesta que interpone recurso de revisión en contra del proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, remítase a la superioridad de amparo los autos del juicio en que se actúa, así como original y copia del escrito de cuenta, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Lo anterior, sin que resulte necesario atender el plazo establecido por el artículo 89 de la Ley de Amparo, pues al tratarse de una demanda que se tuvo por desechada, resulta innecesario notificar a persona alguna la interposición del recurso, pues no existe parte diversa al quejoso integrada a la relación procesal. En el entendido de que no existe base legal para sostener que cuando el recurso interpuesto no fuera el indicado deba reencauzarse la vía y admitirse el que resulte procedente, porque la Ley de Amparo establece con claridad la procedencia y el trámite que debe darse a los recursos de revisión y de queja. Lo antepuesto, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª/J 60/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA."

  3. Principal

    León, Guanajuato; veinte de octubre de dos mil veintiuno. Parte quejosa. José de Jesús Reyes Vázquez, por conducto de su mandatario judicial de José Gabriel Salinas Escobosa, personalidad que acredita con la copia certificada de la ratificación del mandato judicial de cinco de marzo de dos mil veintiuno, que obra en los autos del juicio familiar F-6502/2020; la que se le reconoce en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo. II. Autoridad responsable. Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad de esta ciudad. III. Registro en libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 834/2021-IV, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. fijación de la litis. Ahora bien, vista la demanda de amparo presentada se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución del recurso de revocación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente F-6502/2020, por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad de esta ciudad, mediante la cual confirmó el acuerdo que declaró desierta la prueba testimonial a cargo de los atestes Ramón Marqués Orozco y Roberto Tovar García. V. Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En efecto, el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio de amparo no solo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es criterio reiterado de los Tribunales Federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" deberá atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, el quejoso reclama la resolución del recurso de revocación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente F-6502/2020, por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad de esta ciudad, mediante la cual confirmó el acuerdo que declaró desierta la prueba testimonial a cargo de los atestes Ramón Marqués Orozco y Roberto Tovar García. Lo anterior, se advierte no es de imposible reparación, en virtud de que con tal decisión únicamente se tuvo por desierta la prueba testimonial a cargo de los referidos atestes, lo cual no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la constitución federal, sino que únicamente se afectan derechos procesales. En concordancia con lo apuntado, resulta válido concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son capaces de afectar directamente alguno de los aludidos derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y que por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En efecto, la naturaleza del acto reclamado, que como se ha destacado, lo constituye una resolución judicial que implicó declarar desierta la prueba testimonial a cargo de dos de los atestes propuestos, no vulnera derechos sustantivos; razón por la cual, resultan intrascendentes los motivos de ilegalidad que señala el recurrente, al ser un acto que solo genera efectos intraprocesales. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclama una resolución de las características citadas es improcedente. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia V.2o. J/68, de la Octava Época, Materia Común, visible en la página cuarenta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 66, Junio de mil novecientos noventa y tres, de consulta rápida en el ius o registro electrónico número 216131, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." En ese sentido, resulta evidente que el acto reclamado no participa del carácter de imposible reparación, dado que la resolución del recurso de revocación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente F-6502/2020, por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad de esta ciudad, mediante la cual confirmó el acuerdo que declaró desierta la prueba testimonial a cargo de los atestes Ramón Marqués Orozco y Roberto Tovar García; mismo que constituye el acto reclamado en este juicio, no conlleva la afectación a un derecho sustantivo del promovente, es decir, se refiere a un acto de naturaleza procesal que solo afecta, en su caso, derechos adjetivos; supuesto en el cual no resulta procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. VI. Domicilio, autorizados y acceso electrónico. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Haíko Betzabé Nilo Morales, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral y su correlativo 24 ambos de la ley de la materia a Luis Gabriel Salinas Rodríguez, Luz Adriana Dávila Ayala y René Rojas Hernández, por no contar con dicho registro. Por otra parte, como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (Lic.Salinas) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se exhorta a la parte quejosa. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Instrucción para notificaciones personales. En el entendido que en términos del artículo 23 del referido Acuerdo General 21/2020, toda notificación que se ordene de manera personal deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. X. Acuerdos generales. En otro orden de ideas y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de octubre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 9/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 20 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; veinte de octubre de dos mil veintiuno. Parte quejosa. José de Jesús Reyes Vázquez, por conducto de su mandatario judicial de José Gabriel Salinas Escobosa, personalidad que acredita con la copia certificada de la ratificación del mandato judicial de cinco de marzo de dos mil veintiuno, que obra en los autos del juicio familiar F-6502/2020; la que se le reconoce en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo. II. Autoridad responsable. Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad de esta ciudad. III. Registro en libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 834/2021-IV, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. fijación de la litis. Ahora bien, vista la demanda de amparo presentada se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución del recurso de revocación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente F-6502/2020, por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad de esta ciudad, mediante la cual confirmó el acuerdo que declaró desierta la prueba testimonial a cargo de los atestes Ramón Marqués Orozco y Roberto Tovar García. V. Improcedencia de la demanda de amparo. En ese sentido, resulta evidente que el acto reclamado no participa del carácter de imposible reparación, dado que la resolución del recurso de revocación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente F-6502/2020, por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad de esta ciudad, mediante la cual confirmó el acuerdo que declaró desierta la prueba testimonial a cargo de los atestes Ramón Marqués Orozco y Roberto Tovar García; mismo que constituye el acto reclamado en este juicio, no conlleva la afectación a un derecho sustantivo del promovente, es decir, se refiere a un acto de naturaleza procesal que solo afecta, en su caso, derechos adjetivos; supuesto en el cual no resulta procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo.

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