Jose de Jesus Ramos Mendoza

Expediente 593/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
593/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Ramos Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de junio de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, ocho de junio de dos mil veintidós. I. Recepción de escrito aclaratorio. Téngase por recibido el escrito aclaratorio signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención decretada en autos; en consecuencia, se provee: II. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". IV. Acto reclamado. La resolución del toca civil ........, de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro mediante el cual confirmó el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós dictado dentro del expediente ......... del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de Querétaro. V. Antecedentes del acto reclamado. Enseguida, conviene reiterar los antecedentes del acto reclamado, y que fueron expuestos en ulterior acuerdo, los cuales son los siguientes: 1. .......... por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, demandó en la vía ordinaria civil ejerciendo la acción reivindicatoria de .........., dicha demanda fue turnada al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, donde se registró con número de expediente .......... 2. El cuatro de julio de dos mil diecinueve, el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dictó sentencia de primer grado, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO. Se decretó la existencia de litisconsorcio pasivo necesario, por ende, se ordena REPONER el procedimiento a fin de que sea emplazado el litisconsorte .......... SEGUNDO. Una vez que la presente resolución cause firmeza se requiera a ...........para que amplíe los hechos de su demanda en contra de .......... con las copias de traslado respectivas, a efecto de que se ordene el emplazamiento al litisconsorte aludido y una vez transcurrido el plazo para que de contestación o acusada la rebeldía en que incurra, se le concederá el plazo legal para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas que considere pertinentes, con posterioridad a ello sus alegatos, quedando intocadas en (sic) resto de las actuaciones del presente. Hecho lo cual se dictará una resolución válida y eficaz para todos los involucrados. Notifíquese." 3. Inconforme con dicha resolución, el aquí quejoso ......... mediante escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, interpuso recurso de apelación que correspondió conocer a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, quien lo radicó con el número de toca civil ........; medio de impugnación que fue resuelto a través de la sentencia de dos de octubre de dos mil diecinueve, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Esta Primera Sala resultó competente para conocer y resolver de manera colegiada el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Los agravios que expresó el actor ........... resultaron operantes; en consecuencia: TERCERO. Se revoca la sentencia definitiva de 4 cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, dictada por la Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del distrito judicial de Querétaro, dentro del expediente .........., relativo al juicio ordinario civil que sobre reivindicación promueve ........... contra .........., para quedar en los términos establecidos en el considerando cuarto de la presente resolución. CUARTO. Se condena a ........... al pago de gastos y costas generadas en segunda instancia a favor de ........... Notifíquese.." 4. En desacuerdo con dicha resolución mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la parte demandada .......... promovió demanda de amparo directo, que por turno le toco conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, bajo el número de amparo directo ............, que en sesión ordinaria virtual del día trece de agosto de dos mil veinte resolvió lo siguiente: "Por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo para los siguientes efectos: 1. Que la Sala Civil responsable deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar, emita una nueva, en la cual al abordar los agravios propuestos en el recurso de apelación, prescinda de considerar que la demandada no declinó responsabilidad alguna del juicio en un tercero, y al analizar de manera íntegra el escrito de contestación de demanda, atienda las manifestaciones vertidas por la reo, mismas que se ubican en el supuesto previsto en el artículo 5º del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. 3. Hecho lo anterior, de manera fundada y motivada concluya que procedía reponer el procedimiento para los efectos legales correspondientes, a fin de requerir al accionante para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda contra dicho tercero." 5. Por lo que, en resolución dictada el nueve de septiembre de esa anualidad, dentro del toca civil ..........., en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Esta Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, es competente para resolver de manera colegiada el presente recurso de apelación. SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en la ejecutoria de 13 trece de agosto de 2020 dos mil veinte así como en el acuerdo del 26 veintiséis de mismo mes y año dictados en los autos del juicio de amparo directo civil .......... relacionado con el diverso amparo directo civil .........., tramitado por .........., se deja insubsistente la resolución emitida por este Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro el 2 dos de octubre de 2019 dos mil diecinueve y en su lugar se emite la presente ejecutoria al tenor de los lineamientos dados por la citada autoridad federal. TERCERO. Los agravios que expreso el actor, devinieron CUARTO. Se confirma la sentencia definitiva del 4 cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, dictada por la Juez Cuarto de Primera instancia Civil del distrito judicial de Querétaro, dentro del expediente .........., relativo al juicio ordinario civil sobre reivindicación promueve ......... contra ............ QUINTO. En este momento no es procedente hacer condena en gastos y costas. SEXTO. Con copia certificada de la presente resolución, hágase saber al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito con residencia en esta ciudad, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo del 13 trece de agosto de 2020 dos mil veinte, así como del acuerdo del 26 veintiséis de mismo mes y año dictados en autos de los juicios de amparo directo civil ........... relacionado con el diverso amparo directo civil .........." 6. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones en relación a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. 7. Mediante auto de cuatro de marzo del presente año, el Juez de origen dio contestación a dicha promoción, y en el que determinó, en esencia, que era improcedente llevar a cabo las gestiones para la ejecución de la sentencia, porque no se había dictado sentencia definitiva en el referido juicio. 8. Inconforme con tal determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación en contra del auto antes referido. 9. Mediante resolución de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del toca civil ........... la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro confirmó el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós. IV. Desechamiento. Precisado lo anterior, a juicio de quien resuelve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Ahora, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer el contenido de la fracción V del artículo 107. Que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el alto tribunal, ahora, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario, impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2) Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última que se opone con la de "formal o adjetiva". Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Como se ve, a partir de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, el legislador, precisó qué debe entenderse por acto de imposible reparación, lo cual no se regulaba en la ley anterior, lo que permitió que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los Tribunales Colegiados, fueran desarrollando tal concepto a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo, lo que en la actualidad no puede ser así, por lo que el acto que se reclame debe afectar de manera material algún derecho sustantivo; esto es, ya no basta que se considere que el acto produce una afectación exorbitante o superior a los derechos de los gobernados para estimar la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan de manera material alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que en ese caso no pueden repararse las violaciones cometidas a través del amparo directo, lo que no ocurre tratándose de las determinaciones reclamadas. En el caso, del análisis integral de la demanda, así como de las constancias que anexó la parte quejosa, se advierte medularmente reclama por esta vía constitucional la resolución del toca civil ........... de veintiséis de abril de dos mil veintidós dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro mediante el cual confirmó el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós dictado dentro del expediente ........... del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de Querétaro, en el que se determinó improcedente llevar a cabo las gestiones para la ejecución de la sentencia, porque no se había dictado sentencia definitiva en el referido juicio. En ese orden de ideas, en la determinación reclamada, no existe una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, al no existir ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación no originan afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, en virtud de que, el hecho de que la Sala responsable haya confirmado el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juez responsable en el que dio contestación a la petición elevada por la parte quejosa, y le hizo de su conocimiento que no se podía llevar a cabo la ejecución de una sentencia, toda vez que dentro del mismo no se ha dictado sentencia definitiva, sólo constituye una violación procesal que debe reclamarse hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que este le sea desfavorable mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Ello, en virtud de que no se le está impidiendo a la quejosa, el ejercicio de algún derecho actual porque como se asentó de los antecedentes aquí plasmados, y como el propio quejoso lo indicó, el juicio de origen se encuentra en trámite y en su etapa de emplazamiento de litisconsorte, de modo que ello implica que no se haya emitido sentencia definitiva en ese expediente, en virtud de que se ordenó la reposición de ese procedimiento, ello con motivo de lo ordenado en el juicio de amparo directo ........., de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, lo cual implicó dejar insubsistente cualquier resolución emitida en el procedimiento natural, y en esa medida, su posible ejecución, de modo que no es procedente el amparo indirecto promovido. Ello es así, porque conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el caso fue la resolución de dos de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil .........., por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en la cual se había determinado revocar la sentencia definitiva de cuatro de julio de dos mil diecinueve, emitida en el procedimiento de origen ..........., por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, los efectos de la concesión del amparo consisten en restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y en esa medida, es que aquellas resoluciones quedaron insubsistentes por lo que sus efectos ya no rigieron en lo decidido en ese procedimiento, sino aquella en que se ordenó reponer el procedimiento, y lo que originó que en el juicio de origen no haya sentencia definitiva tendente a ejecutarse. En esa tesitura, el acto reclamado, no importa una imposible reparación, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que no afecta de manera material algún derecho sustantivo de la parte recurrente. Además, no basta con señalar que el acto que se reclama podría atentar contra los derechos que refiere la parte quejosa, para que el acto reclamado revista un carácter de imposible reparación, ya que no es factible anticipar el resultado del fallo y para el caso de obtener una resolución favorable a los intereses de la quejosa ahora recurrente, la violación que alega desaparecerá, sin trascender a su esfera jurídica. Al respecto resultan aplicables, por las razones que contienen, los siguientes criterios: Jurisprudencia P./J. 6/1991, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VIII, Agosto de 1991, octava época, registro 205765, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad o la que, en su caso, confirme tal desechamiento al resolver el recurso de apelación correspondiente no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través de dicha excepción sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el desechamiento de la referida excepción no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del afectado. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes citados, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad, o la resolución de alzada que confirme tal desechamiento de ser indebida, constituiría una violación procesal reclamable hasta que se dictara una sentencia desfavorable de fondo, a través del amparo directo, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegara a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos. Debe añadirse que si bien las resoluciones que desechan la excepción de falta de personalidad no se encuentran previstas expresamente en ninguna de las primeras diez fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo, ello se debe a que se trata de una enumeración meramente ejemplificativa, como lo corrobora la fracción XI que se refiere a "... los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda". Además, congruente con ello la Constitución Federal, en su artículo 107, fracción III, inciso a), sólo exige, para la procedencia del amparo contra sentencias definitivas o laudos respecto de violaciones cometidas durante el procedimiento, que dicha violación afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, requisitos que sí se cumplen en la hipótesis a estudio. Por otra parte si la sentencia definitiva del juicio ordinario, por ser favorable al demandado fuese reclamada por el actor en amparo y éste se concediera, la cuestión de falta de personalidad podría plantearse por el demandado como cuestión exclusiva en un nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión de personalidad, fundándose esta conclusión en la interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Jurisprudencia P./J. 1/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En esa tesitura, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues está plenamente demostrada toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y anexos, ya que, está plenamente probado que el acto reclamado consiste la resolución del toca civil ......... de veintiséis de abril de dos mil veintidós dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro mediante el cual confirma el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós dictado dentro del expediente ......... del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de Querétaro, no afecta directamente los derechos sustantivos de la parte recurrente, pues no se impide el ejercicio de algún derecho actual, de modo que no es procedente el amparo indirecto promovido por la inconforme, pues solo constituye una violación procesal que debe reclamarse, hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que este le sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Corolario de lo expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Sin que, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. otifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, primero de junio de dos mil veintidós. I. Se remite boleta de turno. Agréguese a los autos la boleta de turno con folio electrónico ..........., de la que se advierte que el recurso de queja interpuesto en autos, fue turnado al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, de lo que se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. Atento a ello, una vez que el citado Tribunal Colegiado provea lo conducente y lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, se acordara lo relativo al acceso al expediente electrónico. Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por .............., contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, y otra autoridad. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo .............., procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Prevención. Previo a proveer lo que en derecho corresponda respecto a la procedencia de la demanda, de conformidad con el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, cumpla con lo siguiente: Primero. Deberá aclarar el acto que en esta vía reclama, toda vez que de una lectura de la demanda de amparo, específicamente de los conceptos de violación refiere que en el juicio de origen se han dictado diversas resoluciones en su perjuicio, asimismo, expone que se ha omitido en pronunciarse respecto de lo peticionado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, sin embargo, en el capítulo respectivo al acto reclamado, expone que reclama la resolución emitida en el toca civil ............, y su ejecución, por lo que se tiene incertidumbre jurídica respecto de los actos reclamados. Segundo. De manera legible deberá abundar sobre los hechos que constituyen los antecedentes de cada uno de los actos reclamados y que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; esto es, 1. Quiénes son las partes dentro del juicio de origen de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, qué número de expediente se formó, así como la acción y las prestaciones reclamadas. 2. Cuál fue el sentido de la sentencia definitiva en el caso de que ya se hubiera emitido. 3. Señale el estado procesal en que se encuentra el expediente de origen. 4. Refiera el contenido del auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado por la autoridad responsable, toda vez que no se pone de manifiesto con claridad, ya que expone que el Juez natural no acordó de conformidad a lo peticionado. Tercero. Por último, deberá exhibir copias necesarias para correr traslado a las partes de su escrito aclaratorio. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la parte quejosa y no los autorizados ni siquiera en términos amplios de ésta, debido a que aquélla entraña expresiones inherentes a la litis del juicio de amparo, que sólo puede cumplir el quejoso. Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo I, Agosto de 2014, Décima Época, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, hágasele notar a la parte quejosa que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió y que la Ley de Amparo, el cual prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. IV. Apercibimiento Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de Amparo. V. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VI. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 08:00 a 15:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 15:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. VIII. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ............; asimismo, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en la demanda de amparo, por así haberlo solicitado. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. IX. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. X. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XI. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. XII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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