José de Jesús Ramírez Sánchez
Expediente 1180/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 07/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José de Jesús Ramírez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********; atento a su contenido, se ordena devolver el billete de depósito número N788262 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, valioso por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), en atención a las siguientes consideraciones: La garantía cuya devolución se solicita fue exhibida con la finalidad de que surtiera efectos la suspensión provisional que fue concedida el veinte de diciembre de dos mil dieciséis. El catorce de febrero del año en curso, quedó firme el proveído por el cual se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia y se ordenó remitir el expediente al archivo como asunto concluido. El gestionante aparece como depositante de dicho billete. No existe tercero interesado en el presente asunto que pueda hacer efectiva la responsabilidad a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, proveniente de la garantía que se otorgó con motivo de la medida cautelar concedida. Por tanto, previo recibo que se deje en autos devuélvase el mencionado billete de depósito, el cual se entregará exclusivamente al quejoso, en razón de que al tratarse de un valor debe ser manejado con la seguridad debida, a fin de tener la certeza de que fue entregado a quien aparece como beneficiario. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente que por razones de seguridad, el aludido billete de depósito, le será devuelto únicamente los días jueves de las nueve a las doce horas en este Juzgado Sexto de Distrito, ubicado en avenida Quetzalli 901, colonia Álamos de esta ciudad.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la providencia de veinte de enero pasado, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese al expediente el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, expídase a su costa copia certificada de la constancia que indica, previo recibo que deje en autos de su entrega.
- Principal
Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, se advierte que no le fue posible notificar el proveído de veinte de los actuales al quejoso, por los motivos que ahí se exponen; en consecuencia, practíquesele la citada notificación así como las subsecuentes aún las de carácter personal, por lista que se fije en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al presente juicio, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando: El citatorio con número de oficio 4311-11-2016 de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la agente del Ministerio Público Investigador II del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Cortázar, Guanajuato, dentro de la carpeta de investigación ********** de su estadística. Lo anterior, pese a que el quejoso en su demanda expresó que señalaba esencialmente como acto reclamado la orden de aprehensión, presentación, búsqueda o detención libradas en su contra, así como su ejecución; sin embargo, del anexo que adjuntó la parte quejosa al escrito recibido en este Juzgado el tres de enero del año en curso, se desprendió la citación antes aludida; por tanto, se tiene en este juicio constitucional, como acto reclamado el mismo. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente en el presente juicio, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el impetrante es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del numeral 62 de la ley de la materia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se desprenden de autos, de conformidad con el mencionado dispositivo 62 de la ley en cita, y en la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo ese contexto, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En principio, para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido y la jurisprudencia del más alto tribunal del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque el derecho que se vio afectado por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, en el caso particular, es advertible que la parte quejosa promovió el juicio constitucional respecto del acto reclamado consistente en el citatorio con número de oficio 4311-11-2016 de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la agente del Ministerio Público Investigador II del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Cortázar, Guanajuato, dentro de la carpeta de investigación ********** de su estadística, en el que solicitó al quejoso para que compareciera ante esa representación social a las diez horas del día quince de diciembre de dos mil dieciséis con el objeto de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial. Por tanto, se advierte que en el citatorio reclamado, se solicitó al quejoso compareciera ante el aludido representante social a las diez horas del día quince de diciembre de dos mil dieciséis, por ende, es evidente que dicho acto ya no puede surtir efecto material, por haber dejado de existir el objeto de referencia, de tal manera que el perjuicio que le ocasionaría comparecer en esa fecha ya no sucederá, por lo que se torna legalmente imposible analizar la constitucionalidad del mencionado citatorio, pues la demanda de amparo se presentó el diecinueve del mismo mes y año, a las nueve horas con trece minutos ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, y en este juzgado se recibió en el mismo día (a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos), por lo que la fecha para la cual fue requerida su comparecencia ya había fenecido, y, por ende, se reitera, había dejado de existir el objeto de ese citatorio. Ante tal panorama, es incuestionable que al no existir la obligación de comparecer en la fecha señalada, dado que ésta ya pasó, el accionante del juicio constitucional quedó en igual situación que en la que se encontraba antes de la emisión del citatorio reclamado, ya que los efectos de dicho acto no se concretaron en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en atención a las razones anteriormente expuestas; motivo por el cual no es dable estimar que exista un agravio actual que afecte al promovente del amparo, o que por estar pronto a suceder seguramente se le causará, para justificar la acción de amparo. En resumen, dado que como se dijo, al haber ya pasado la fecha señalada por la responsable en la citación mencionada, la sentencia que se llegara a dictar en el presente juicio de garantías concediendo el amparo solicitado, ningún efecto jurídico podría tener, ya que el acto reclamado no puede surtir consecuencia material alguna en la esfera jurídica del quejoso, ello en razón de que al quedar insubsistente el citatorio con número de oficio 4311-11-2016 de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por el simple transcurso del tiempo, han dejado de existir el objeto o materia del mismo y sus efectos no pueden concretarse, en virtud de la modificación del entorno en donde tuvieron su origen. Sin que pase inadvertido para este juzgado la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 33/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DE UN TESTIGO DE CARGO. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SI DURANTE LA INSTRUCCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE ACTUALIZA EL DÍA SEÑALADO PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE INTERROGATORIOS." Empero, tal criterio no se estima aplicable en la especie, ya que el mismo se refiere al supuesto específico en que el requerimiento se encuentre dirigido a un testigo de cargo, caso en cual, de estimarse que deja de surtir efectos el objeto del mandamiento respectivo al actualizarse la fecha señalada para tal diligencia, se atentaría contra el derecho de defensa del inculpado dado que, con ello, se tendría por extinguida la facultad del oferente de la prueba para obtener el desahogo de la misma, lo cual no es jurídicamente correcto, en la medida de que el verdadero objeto de tal orden, consistente en lograr la comparecencia de una persona para que desahogue el interrogatorio formulado por el inculpado, finalidad que no desaparece con la llegada de la fecha señalada para tal efecto. Sin embargo, como se dijo, el criterio dilucidado, no es aplicable en el presente asunto, dado que se trata de un citatorio que tiene por objeto obtener la declaración ministerial del promovente del amparo, a través de la entrevista, la cual no es esencial para la integración de la indagatoria, como se desprende del diverso criterio jurisprudencial del mismo cuerpo colegiado del Más Alto Tribunal del País, identificado con el número 1a./J. 154/2005, publicado en la página 49 del tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
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