José de Jesús Porras Hernández

Expediente 562/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
562/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • José de Jesús Porras Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.

  2. Principal

    León, Guanajuato, once de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por José de Jesús Porras Hernández, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de esta localidad y otras autoridades, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 562/2019-II y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo en vigor, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de derechos fundamentales, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Pues bien, quien esto resuelve estima actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. El referido numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" Con la disposición en análisis se persigue evitar que se pronuncien sentencias que puedan ser contradictorias y evitar una repetición inútil de la actividad pública. La citada causa de improcedencia no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es decir, que el juicio anterior cuente con sentencia firme, con calidad de cosa juzgada. Ahora bien, en términos de la tesis XXII. J/12, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, Materia Común, página 295, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN", se invoca como hecho notorio, que de las constancias que integran el juicio de amparo 942/2018-I, del índice de este juzgado, se aprecia que se formó con motivo de la demanda promovida por el propio quejoso, contra las autoridades responsables Jueces Primero al Décimo Cuarto Civiles de Partido, Jueces Primero al Décimo Tercero Menores Civiles, el Juez de Oralidad Mercantil y la Oficina Central de Actuarios de este partido judicial, todas residentes en esta ciudad, de quienes señaló como actos reclamados: La orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento con autorización de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en el domicilio ubicado en calle Jardín de los Agaves número 101, colonia Lomas de Gran Jardín de esta ciudad. También se pone del conocimiento, que en dicho juicio de amparo con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve se pronunció sentencia, en la cual determino, en el punto resolutivo: "[.] ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José de Jesús Porras Hernández, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. [.]" Sentencia que al no haber sido recurrida causó ejecutoria el once de marzo de dos mil diecinueve, ordenado el archivo del expediente como asunto concluido. Las constancias aludidas cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por así establecerlo su numeral 2°, pues se trata de documentos públicos. El análisis de la demanda de amparo pone de manifiesto que en el juicio de amparo 942/2018-I del índice de este juzgado, el promovente del amparo resulta ser el propio quejoso; que se reclamó el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dictado en su contra dentro del juicio ejecutivo mercantil 90/2018-M y, su ejecución consistente en la autorización de la fuerza pública; y que en sentencia definitiva se determinó que el quejoso no agotó el recurso de revocación en contra de la resolución dictada en un juicio ejecutivo mercantil, a través del cual era factible lograr su modificación, revocación o anulación. Así, está plenamente demostrado que los actos reclamados que en este procedimiento se tildan de inconstitucionales, fueron materia del juicio de amparo 942/2018-I, del índice de este juzgado, que culminó con una sentencia ejecutoria en la que se sobreseyó en el juicio de amparo porque se estimó que el quejoso no agotó el recurso de revocación en contra de la resolución reclamada, por lo que tiene autoridad de cosa juzgada; que dicho juicio de amparo fue promovido por el aquí inconforme, en contra de las mismas autoridades que señaló como responsables en este procedimiento constitucional y respecto del mismo acto reclamado. En efecto, debe considerarse que el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo 942/2018-I, del índice de este juzgado, constituye cosa juzgada en virtud de que, si bien es cierto, por regla general, el sobreseimiento no constituye cosa juzgada, también lo es que existen excepciones al respecto porque la improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, entre ellas, cuando se ha determinado la inatacabilidad del acto reclamado a través de un diverso juicio constitucional, por ejemplo cuando se ha determinado que el acto reclamado no fue recurrido por la parte quejosa, a través del medio legal que tenía para ello, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones que hagan inejercitable la acción de amparo. En el caso, este juzgador al resolver el juicio de amparo 942/2018-I, en el sentido de que respecto del acto reclamado por el quejoso, debió agotar el recurso de revocación en contra de la resolución reclamada, constituye el reconocimiento de la inatacabilidad del acto a través del juicio intentado. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Tercera Parte, Materia Común, página 91, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Asimismo, es aplicable la tesis 1ª.CCLXXVIII/2012 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 524, de rubro y texto: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Las tesis y jurisprudencias invocadas son aplicables, pues su contenido no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, según lo establece su artículo sexto transitorio. En atención a ello, como se dijo, cobra vigencia la causal de improcedencia contemplada en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José de Jesús Porras Hernández. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Fuego número 316-A, colonia Jardines del Moral de esta ciudad. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martín Ortiz Álvarez del Castillo y Gustavo Daniel González de Silva, quienes tienen registradas su cédula 09303717 y 7426152, respectivamente ante el Sistema Computarizado para el Registro Público de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos a Laura Montserrat Padilla Fonseca, Edgar Adrián Bernal Romero y Joel Maximiliano Martínez Osuna, la primera por no contar con dicho registro y los restantes por así solicitarlo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto y de los subsecuentes proveídos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante el secretario Bernardo Pérez Martínez, que autoriza. mmam

  3. Principal

    Notificación por medio de lista a la parte quejosa.- Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 562/2019-II y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José de Jesús Porras Hernández. Se le tiene señalando domicilio y autorizados.

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