José de Jesús Paredes García

Expediente 1262/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1262/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • José de Jesús Paredes García
  • Francisco Cervantes Matamoros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José de Jesús Paredes García; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, expídase las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que obre en autos, teniéndose por autorizados para recibirlas a las personas que indica.

  2. Principal

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del contenido del auto dictado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o al no obrar éstos en autos. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Por otro lado, devuélvanse previo desglose el Toca Penal 449/2015-2, remitido por la Presidenta de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado; asimismo, el original de la causa penal 83/2015 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, los cuales fueron remitidos en apoyo a sus informes justificados.

  3. Incidental

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del contenido del auto dictado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o al no obrar éstos en autos. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Por otro lado, devuélvanse previo desglose el Toca Penal 449/2015-2, remitido por la Presidenta de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado; asimismo, el original de la causa penal 83/2015 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, los cuales fueron remitidos en apoyo a sus informes justificados.

  4. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, que en la parte que interesa dice: Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, mediante el cual remite copia certificada del auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley decretado en contra de los quejosos José de Jesús Paredes García, Gustavo Parada Matamoros y Gastón Lima Luna, en la causa penal 83/2015 de su índice; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con lo anterior, debe destacarse que del análisis de la documental aportada por la autoridad responsable, se desprende que mediante resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 83/2015 de su índice, se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley decretado en contra de los quejosos José de Jesús Paredes García, Gustavo Parada Matamoros y Gastón Lima Luna, como probables responsables de los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y robo, cometidos en agravio de la sociedad y de Francisco Cervantes Matamoros, respectivamente. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues al dictar la resolución de referencia operó un cambio de situación jurídica; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Es aplicable al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que respecto de la orden de búsqueda, aprehensión y detención librada en contra de los quejosos José de Jesús Paredes García, Gustavo Parada Matamoros y Gastón Lima Luna, en el toca penal 449/2015-2 del índice de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolverse el recurso de apelación derivado de la causa penal 83/2015, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" De acuerdo con la interpretación que al respecto ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal causa de improcedencia se actualiza cuando concurren cuatro circunstancias, a saber: 1) que el acto emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, 2) que posteriormente a la presentación de la demanda se dicte una resolución que modifique la situación en la que se encontraba el inculpado, 3) que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto sin afectar la nueva situación y, 4) que exista independencia jurídica y procesal entre la resolución reclamada y la que la sustituyó, de modo que la última pueda subsistir con independencia de la constitucionalidad o no del acto reclamado. Por ende, si el acto cuya constitucionalidad se cuestiona se modifica por virtud de un nuevo acto que, además, es autónomo del anterior, entonces el juicio de amparo resultará improcedente, en tanto las violaciones que se hubieren cometido en el acto reclamado ya no podrían ser reparadas sin afectar la nueva situación jurídica que se encuentra definida por un acto procesal que substituyó al anterior; esto es, se tratará de violaciones que, dado el cambio de situación jurídica, estarán consumadas de manera irreparable. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si se reclama en amparo una orden de aprehensión y durante la secuela del juicio se advierte que ésta se sustituyó procesalmente por un auto de libertad por falta de elementos para procesar, no podrá decidirse sobre la constitucionalidad de aquella sin afectar la nueva situación jurídica, como se corrobora con las consideraciones vertidas al fallar, en sesión del nueve de mayo de dos mil siete, la contradicción de tesis 143/2006-PS, donde sostuvo: "(.) Como quedó expuesto en el considerando que antecede, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si cuando en el juicio de amparo se reclama la orden de aprehensión y con posterioridad se dicta auto de libertad por falta de elementos o de méritos para procesar, qué causa de improcedencia de las previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo se actualiza, la contenida en la fracción X (cambio de situación jurídica), o bien, la establecida en la fracción XVI (cesación de los efectos del acto reclamado). Los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: (Se transcriben). De conformidad con dichos preceptos, una vez que el Agente del Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de un delito, a través de la denuncia o querella, inicia la averiguación previa, en donde lleva a cabo diligencias con la finalidad de acreditar el cuerpo del delito del ilícito o ilícitos respectivos y la probable responsabilidad del sujeto o sujetos activos. La averiguación previa, puede culminar, entre otras, con la determinación de ejercicio de la acción penal, que puede ser con detenido, o bien, sin detenido. Cuando el ejercicio de la acción penal es sin detenido, el Agente del Ministerio Público solicita al órgano jurisdiccional correspondiente, de ser el caso, el libramiento de la orden de aprehensión con fundamento en el artículo 16 de la Constitución General de la República, el cual, en la parte que interesa, dice lo siguiente: (lo transcribe). Cumplidos los requisitos previstos en el dispositivo reproducido y los que establecen los ordenamientos legales correspondientes, el órgano jurisdiccional está en condiciones de librar la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público, en contra de la cual el inculpado puede promover el juicio de amparo indirecto, reclamando, precisamente, el libramiento de la orden de aprehensión de mérito. Ahora bien, durante la tramitación del juicio de amparo, puede suceder, como aconteció en los asuntos que fueron sometidos a consideración de los Tribunales Colegiados, que el órgano jurisdiccional emita auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar. En relación al auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, por ejemplo, el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece: (Lo transcribe). De esta manera, puede establecerse que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, no pone fin al proceso penal, en virtud de que el Ministerio Público puede allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así, el proceso penal. La consideración anterior, se encuentra plasmada en la jurisprudencia emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice lo siguiente: "AUTO DE LIBERTAD BAJO RESERVA DE LEY POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. NO ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL, POR LO QUE NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA." (Lo transcribe). Ante este panorama, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituye la orden de aprehensión y, posteriormente, se dicta auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica. Así es, el texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, disponía: (Lo transcribe). La fracción de mérito, fue modificada mediante Decreto de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro y que entró en vigor a partir del dieciocho de marzo del mismo año, para quedar como sigue: (Lo transcribe). Asimismo, se adicionó un segundo párrafo a esa fracción, a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor el primero de febrero siguiente. El párrafo aludido, dice lo siguiente: (Lo transcribe). La diferencia entre las dos primeras redacciones, según se advierte, radica en que originalmente se aludía a actos emanados de un procedimiento judicial y, posteriormente, se hizo extensiva tal hipótesis a procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. En el segundo párrafo que fue adicionado, se establecieron excepciones para la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, siendo los casos cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, limitándose la aplicación de la causa de improcedencia, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se consideran irreparablemente consumadas las violaciones planteadas. Los cambios que experimentó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, permitieron distinguir entre una regla general y una excepción, para efectos de la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. De esta manera, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los requisitos a que alude la tesis que es del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." (Lo transcribe). En cuanto a la excepción a la causa de improcedencia de que se trata, como quedó expuesto anteriormente, se circunscribió a los casos en que por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 ó 20 constitucionales, limitándose la aplicación de la causa de improcedencia, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se consideran irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas. Por otra parte, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se reformó el segundo párrafo de referencia, reforma que entró en vigor el día siguiente de su publicación, para quedar como sigue: (Lo transcribe). Como puede advertirse, en este segundo párrafo se eliminó lo relativo a cuando en vía de amparo indirecto se reclamen violaciones al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como caso de excepción, para la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se establecía en la redacción anterior. En la exposición de motivos que dio origen a la reforma en comento, se dijo lo siguiente: (Lo transcribe). No obstante que en la exposición de motivos anterior, se proponía derogar el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, como quedó apuntado con antelación, ello no sucedió así, entre otras cosas, porque las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera Sección, de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, emitió el dictamen correspondiente, en el que propuso modificaciones y adecuaciones, que en el caso específico, son las siguientes: (Lo transcribe). Así las cosas, debe destacarse que si bien la finalidad de la reforma de mérito era de que en el juicio de amparo, en el que se señalaba como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dictaba el auto de formal prisión, no rigiera la excepción a la regla consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, que se alegaran en el juicio de garantías, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. De acuerdo a lo relatado, el cambio de situación jurídica puede verificarse en procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio (regla general), con las salvedades establecidas en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Federal (excepción). Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. En el caso concreto, tomando en cuenta la última reforma mencionada, es de considerarse que cuando en un juicio de amparo se señala como acto reclamado la orden de aprehensión librada por el Juez de la causa y, con posterioridad, se dicta auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualizará la causa de improcedencia del juicio por cambio de situación jurídica, de conformidad con la regla general que establece la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. La orden de aprehensión, tiene por objeto privar de la libertad, preventivamente, al inculpado, para el efecto de someterlo a la jurisdicción del Juez y para que no evada la acción de la justicia, por lo que en el supuesto de que el órgano jurisdiccional dicte auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se produce un cambio de situación jurídica, en razón de que la detención del inculpado motivada por dicha orden, fue substituida por el auto de referencia, quedando el inculpado en su nueva situación jurídica así como el asunto, supeditados a las facultades que constitucionalmente le han sido conferidas al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa y no a las facultades que le corresponden al órgano jurisdiccional. El cambio de situación jurídica aludida, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la orden de aprehensión, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el dictado del auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar. En estas condiciones, si en el juicio de amparo en que se impugna la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, esto hace que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, en virtud de que su detención motivada por dicha orden, fue sustituida jurídica y procesalmente por el auto de mérito, quedando su nueva situación jurídica así como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa y no a las facultades que le corresponden al órgano jurisdiccional. Es por lo anterior, que no puede analizarse la constitucionalidad de la orden de aprehensión, sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, en razón de que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de la primera, afectaría al referido auto, atendiendo a la circunstancia de que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos la orden de aprehensión de referencia, soslayando que la situación jurídica del quejoso ya no obedece a ello, sino al auto de libertad que deja expeditas las facultades del Agente del Ministerio Público para poder allegarse nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así, el proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que es del tenor siguiente: "LIBERTAD POR FALTA DE MÉRITOS, EFECTOS DE LA." (La transcribe). Recapitulando, cuando en el juicio de amparo se impugna la orden de aprehensión y con posterioridad a su promoción se dicta auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por haberse presentado un cambio de situación jurídica. No debe soslayarse, que en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, ya que como quedó precisado en su oportunidad, el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, no pone fin al proceso penal, puesto que el Ministerio Público puede allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así, el proceso penal, siendo de esta manera que los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, requisito necesario para que pueda operar la causa de improcedencia de mérito por cesación de efectos; aspecto que corrobora que en el caso se presenta un cambio de situación jurídica." De la ejecutoria de mérito, emanó la jurisprudencia 95/2007, visible en la página 50 del tomo XXVI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2007, que para mayor claridad se vuelve a citar: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Precisado lo anterior, conviene reiterar que los quejosos José de Jesús Paredes García, Gustavo Parada Matamoros y Gastón Lima Luna, reclaman la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada el diecinueve de octubre del año en curso, emitida en el Toca Penal 449/2015-2, por la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto en los autos de la causa penal 83/2015, del índice del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedra, en la que se ordenó librar dicha orden. No obstante, del estudio de las constancias remitidas por el juez responsable se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, al tenor del punto resolutivo siguiente: "RESUELVE. PRIMERO.-Este Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con residencia en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, es Constitucional y Legalmente competente y fallar este proceso de conformidad con los artículos 460 y 461 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, 8 fracción II, 46 y 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, pues los hechos en cuestión se perpetraron en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, el que pertenece a esta jurisdicción, del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. SEGUNDO.- Con esta fecha y siendo las once horas con treinta minutos, se dicta AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY a favor de JOSÉ DE JESÚS PAREDES GARCÍA, GUSTAVO PARADA MATAMOROS Y GASTÓN LIMA LUNA, como probables responsables de los delitos de EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES PÚBLICAS Y ROBO, cometido el primero de los ilícitos en agravio de LA SOCIEDAD, y el segundo de FRANCISCO CERVANTES MATAMOROS, previstos y sancionados por los artículos 177, 179, 285 y 288 fracción IV del Código Penal aplicable. TERCERO: Remítase copia debidamente certificada de esta resolución al Juez Tercero de Distrito en el Estado, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar en el juicio de amparo número 1262/2016-VII, CUARTO: Notifíquese a la parte agraviada en el domicilio que tiene señalado en actuaciones." Lo anterior pone de manifiesto que la situación jurídica de los quejosos ha variado, pues la orden de busca, aprehensión y detención girada en su contra se vio procesalmente sustituida con el dictado del auto de libertad por falta de elementos y ese cambio de estatus jurídico hace que las violaciones que hubieren sido cometidas en la citada orden -si es que las hubo-, se han consumado de modo irreparable, pues su situación jurídica ya no se rige por esa actuación, sino por el auto de término constitucional dictado con posterioridad, que se trata de un acto jurídico y procesalmente autónomo, sin que sea posible analizar la constitucionalidad de la orden de búsqueda, aprehensión y detención reclamada sin afectar la nueva situación jurídica creada a raíz del auto de libertad por falta de elementos. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270 del tomo XXVII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 2008, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Con base en las premisas expuestas, resulta indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo respecto de la orden de busca, aprehensión y detención dictada por la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado reclamada por José de Jesús Paredes García, Gustavo Parada Matamoros y Gastón Lima Luna, pues se insiste, la situación jurídica de los referidos quejosos ha sido modificada. En tales condiciones, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos que se atribuyen a las diversas autoridades Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, Procuradora General de Justicia y Director Encargado de la Policía de Investigación en el Estado, en virtud de que no se impugnan por vicios propios, sino en vía de consecuencia. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

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