Jose de Jesus Padilla Uribe
Expediente 459/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose de Jesus Padilla Uribe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, por medio del cual acusa recibo del oficio 7855/2017 de este índice, al cual se adjuntó el expediente principal del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, el original y duplicado del incidente de suspensión condigno y un tomo de pruebas, e informa que el órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, la cual fue registrada con el número 816/2017-I de su índice; por tanto, agréguese para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que el presente asunto se remitió por incompetencia al Juzgado de Distrito en Turno en Irapuato, Guanajuato, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran seis meses de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el citatorio la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de ocho de junio actual, que en lo conducente dice: Visto el estado de autos, del que se desprende que en el presente amparo se admitió por las autoridades Juez Séptimo Penal de Partido, Jefe de Grupo Especializado en Mandamientos Judiciales, de la Agencia de Investigación Criminal, ambos con sede León, Guanajuato, así como del Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en Cortázar, Guanajuato. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo promovida, así como del informe justificado rendido por la Juez Séptimo Penal de Partido, se advierte que lo que concretamente se recama en esta vía constitucional es la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso ***, en fecha cinco de noviembre de dos mil quince dentro del proceso penal 436/2015, del índice del Juzgado Octavo Penal de Partido en León Guanajuato, y que con motivo de la fusión ahora conoce del dicha causa penal la Juez Séptimo Penal de Partido de aquella localidad, por su probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio, daños y lesiones, el primero en agravio de ***, el segundo en ofensa de *** y ***, y el último en perjuicio de ***, así como la ejecución de dicho mandato de captura. Apareciendo que las autoridades con sede en León, Guanajuato aceptaron la existencia del acto reclamado citado en el párrafo que antecede, mientras que aquella diversa ejecutora con residencia en Cortázar, Guanajuato, negó el acto de ejecución que le fue atribuido. Informe el último de los mencionados que fue acordado mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecisiete, y notificado a las partes mediante lista de once del mes y año antes referidos, sin que su contenido haya sido desvirtuado. No obstante lo anterior, ante tal negativa, mediante auto veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete se requirió a la parte quejosa para los efectos que se transcriben: REQUERIMIENTO A QUEJOSO Por otro lado, visto el estado de autos de los cuales se advierte que el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de Cortazar, Guanajuato, al rendir su informe de ley negó el acto reclamado (foja 17), requiérase al quejoso para que en un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efecto la notificación del presente proveído acredite fehacientemente con el documento respectivo su domicilio actual, asimismo manifieste bajo protesta de decir verdad el sitio y/o lugar donde lo han buscado elementos a la policía ministerial con la finalidad de ejecutar la orden de aprehensión combatida en esta vía constitucional. Requerimiento que fuese atendido por los autorizados de quejoso, indicando la imposibilidad que tenían para el desahogo de lo peticionado, añadiendo que no les fue posible comunicarse con su representado, dado que inclusive siempre fue a través del padre del impetrante que se establecía la comunicación con relación al presente juicio de amparo. Vertido antes expuesto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel al en que fue aprobado el veintitrés de enero de la citada anualidad, es de establecerse que este Juzgado Federal carece de competencia territorial, para conocer del presente amparo: luego entonces, es de estimarse que son los Juzgados de Distrito con sede en León, Guanajuato, quienes deben conocer del asunto y pronunciar lo que en derecho proceda. Ello es así, puesto que fue en aquella localidad de León, Guanajuato, donde se emitió la orden de aprehensión, además de que tal como consta de informes es allá donde habrá de tener ejecución el mandato de captura. Al respecto, cobran aplicación la tesis siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. - Lo destacada es propio del que resuelve- COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SI NO HAY INDICIOS DE QUE SE EJECUTARÁ O DE QUE YA TRATÓ DE EJECUTARSE EN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA EL JUEZ QUE LA ORDENÓ, SALVO EXCEPCIÓN EXPRESA. Cuando se reclama una orden de aprehensión, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material y, además, que no es un acto susceptible de ejecución parcial, pues conforme a su propia naturaleza, inicia en el momento en que la persona es detenida -donde se encuentre- y se prolonga por el tiempo procesalmente necesario, lo cual se materializará trasladándola, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar a disposición del Juez que emitió aquélla, sitio el cual, ordinariamente, deberá ser aquel en que se encuentre dicho Juez, atento al derecho fundamental del inculpado de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del Juez que lo procesa. Por ende, si no hay indicios de que el mandamiento de captura se ejecutará, o que ya trató de ejecutarse en determinado circuito judicial (por ejemplo, cuando no se advierten datos a partir de los cuales pueda inferirse que el destinatario de esa orden ya se encontraba localizado) y, frente a ello, la única probabilidad que se tiene es que al cumplimentarse el mandato de captura, se ejecute en el lugar donde reside el Juez que la ordenó o, incluso, como parte de los efectos del cumplimiento de esa orden, que se hubiera designado para su reclusión preventiva un centro carcelario localizado en diversa demarcación, por cuestión territorial, salvo excepción expresa, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica el Juez penal que ordenó la aprehensión. Supuesto el que se actualiza en el presente juicio de amparo, que es de símiles consideraciones a las sostenidas en el conflicto de competencia 19/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, quien decantó que será competente para conocer del juicio amparo, la autoridad que tenga jurisdicción en el lugar donde se emitió el mandato de captura. Por otro lado, toda vez el quince de mayo de dos mil diecisiete, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión condigno, se ordena remitir los cuadernillos original y respectivos junto con el cuaderno principal en que se actúa. Ahora bien, visto lo resuelto en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas del veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Finalmente, no se soslaya que están pendientes los emplazamientos de los terceros interesados, los cuales se encuentran encomendados al juez responsable, por lo que una vez que sean recibidos en este órgano jurisdiccional serán enviados al homólogo al que le toque conocer del presente asunto.
- Principal
Por recibido el escrito de cuenta signado por los licenciados ***, a través del cual realiza diversas manifestaciones, escrito que se ordena agregar para constancia legal, mismo que será tomado en consideración en su momento procesal oportuno.
- Principal
RECEPCIÓN DE PEDIMENTO. Visto lo de cuenta, glósense al sumario para que obren como corresponde y surtan los efectos legales a que haya lugar, los alegatos ministeriales signados por el Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción; en atención a su contenido, con fundamento con el artículo 124 de la Ley de Amparo, con las opiniones ministeriales que formula, dése nueva cuenta en el momento oportuno en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. Asimismo, como lo pide la representación social promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de este último ordenamiento legal, una vez que se emita el fallo correspondiente, a su costa, expídasele en un tanto copia de la constancia que indica, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos.
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