Jose de Jesus Orozco Gil

Expediente 548/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
548/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Orozco Gil

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el actuario judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual comunica que ese Tribunal Colegiado es competente para conocer de la demanda de amparo presentada por José de Jesús Orozco Gil. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto concluido. En ese sentido, acorde a lo establecido en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción, dado que este juzgado se declaró incompetente para conocer de juicio 548/2022-3B y, por auto de diez de octubre de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, aceptó la competencia planteada; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el cuaderno en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que en auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se ordenó su integración, con motivo de que este juzgado se declaró incompetente para conocer del asunto, por tanto, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio 12279/2022 de cuenta, suscrito por el actuario judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual acusa recibo del oficio 13035/2022 con el que este Juzgado de Distrito remitió a ese órgano colegiado los autos originales del juicio de amparo 548/2022 por considerarse el suscrito juzgador incompetente para conocer del mismo, asimismo, se advierte que previo a hacer algún pronunciamiento en cuanto a que si ese Tribunal Colegiado, acepta o no la competencia declinada, requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por los autos del expediente 1620/2018 de donde deriva del acto reclamado.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Auto. Los Mochis, Sinaloa, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, promovida por **********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 6, 8, 14, 16, 17 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 548/2022-3B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del citado Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, señalado como autoridad responsable, literalmente, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la Autoridad señalada como Responsable, JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, con domicilio el que ocupa el edificio denominado: unidad administrativa, primer piso, situado en, la esquina que forman las calles Allende y Marcial Ordóñez, Planta Baja, Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, de esta ciudad, le reclamo la sentencia de fecha 23 de agosto de 2022". De lo anterior y del resto de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama el quejoso se hace consistir en la sentencia que resolvió el juicio 1620/2018-3, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del cual pretendió se le otorgara la guardia y custodia de de la menor procreada por el matrimonio que formaron Yurley Guadalupe Zamora Gil (hermana del quejoso, según su relato) y José Ángel Soberanes Lerma, la cual no le fue favorable (al peticionario de amparo), respecto a esa pretensión; resolución que pone fin al procedimiento de origen; pues, resuelve en definitiva el expediente de donde emana el acto reclamado, de ahí que tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio natural, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo ese orden de ideas, este Juzgador, estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para su conocimiento, como se verá a continuación. Los artículos 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 34, primer párrafo, 47, primer párrafo y 170, fracción I, los tres últimos, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: --- I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: --- (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: --- I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. --- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. --- En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. --- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" En tanto que, de la interpretación gramatical del último de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo directo procede en contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que fuese cometida durante el procedimiento, siempre que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En esas condiciones, el análisis de la demanda de amparo, permite a este Juzgado de Distrito arribar a la conclusión de que el acto materia de reproche está comprendido dentro de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, al consistir, como se dijo, en la sentencia definitiva de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el expediente 1620/2018-3, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad; resolución que, se reitera, pone fin al procedimiento de origen, pues, resuelve en definitiva -aun cuando sea en primera instancia- el expediente de donde emana el acto reclamado, de ahí que tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio natural, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por aplicación analógica, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 287, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Octava Época, con número de registro 216290, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL, CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, PARA LA PROCEDENCIA DEL. En los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías ante los Tribunales Colegiados de Circuito, debe entenderse por sentencia definitiva la que decide una controversia en lo principal, estableciendo el derecho de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de las acciones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen; siempre que respecto de ese fallo ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinarios, por los cuales pudiera ser modificada o reformada." Además, sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia P./J. 6/2015, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil quince, Décima Época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones De igual manera, tiene aplicación la Jurisprudencia 3a./J. 30/90, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 188, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época de Registro 207118, que a la letra dice: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.." En conclusión, con base en lo expuesto, se considera que el acto reclamado debe ser impugnado mediante el juicio de amparo directo en términos de los artículos 34 y 170 de la ley de la materia, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito; de ahí que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Consecuentemente, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de la materia, remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, a efecto de que en caso de que exista concordancia con las consideraciones expuestas en el auto, provea lo conducente, solicitándole respetuosamente el acuse de recibo correspondiente y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este expediente. Reproducción electrónica de actuaciones Además, como lo solicita el promovente, con apoyo en los numerales 14 y 17 Constitucionales, se le permite el uso del lector óptico, fotográfico o scanner para copiar constancias o reproducir el contenido de las actuaciones que obran en el expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Autorizados En diverso orden, se tiene como autorizados de la quejosa únicamente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, *********************** y **************. Domicilio Así también, de conformidad en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio el ubicado en calle ****************** número ***********, colonia ******* de esta ciudad. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Protección de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente de amparo que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Exhortación a las partes Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020.

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