José de Jesús Muro Martínez

Expediente 247/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
247/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • José de Jesús Muro Martínez
  • Secretario Relator del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en funciones de Secretario, actuando como Juez por Ministerio de Ley del Vigésimo Cuarto Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Encarnación de Díaz, Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta, del perito oficial ..., mediante el cual realiza manifestaciones y exhibe la factura por concepto de los honorarios a devengar por su intervención como perito dentro del presente juicio; agréguese a los autos para los efectos legales inherentes. Remisión de constancias. En esas condiciones, remítase la factura de cuenta y las constancias correspondientes al Administrador Regional en Zapopan, Jalisco, del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de iniciar con el procedimiento de pago de los honorarios del perito oficial. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Visto el oficio proveniente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado Jalisco, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de quince de marzo de dos mil veintidós; agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, sin que se pueda tener en vías de cumplimiento al no remitir lo solicitado en el referido proveído. Requiérase. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado Jalisco, para que en el plazo de tres días siguientes a que sean notificadas de este proveído, remita copias certificadas completas y legibles de la totalidad de las notificaciones ordenadas en proveído de uno de marzo de dos mil veintidós (incluidos los acuses de los oficios respectivos), ello dentro del juicio laboral 827/2017-G1. En el entendido de que, de continuar retrasando el cumplimiento al fallo protector por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte, se impondrá la multa correspondiente, aun cuando manifieste estar en vías de cumplimiento. Sustentan lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto, siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá al titular de dicha dependencia una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. VII. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, el siguiente criterio: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de marzo de dos mil veintidós. Vías de cumplimiento. Visto el contenido del oficio procedente del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veintidós de febrero del presente año, se informan las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; téngase a la autoridad en vías de cumplimiento. Ahora, analizadas las documentales remitidas, se advierte que la autoridad responsable, refiere que se encuentra pendiente que los integrantes de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal se impongan del dictamen relativo al procedimiento de suspensión de cargo del Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio laboral***, registrado bajo número ****, el cual se declaró no procedente, para determinar si de adhieren o emiten uno nuevo en diverso sentido. Requiérase a las autoridades. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Congreso del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del momento siguiente al en que reciban la comunicación respectiva, informe lo determinado por los integrantes de esa comisión, en relación al dictamen relativo al procedimiento de suspensión de cargo del Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio laboral *****, registrado bajo número ****, el cual se declaró no procedente. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular de la Junta una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Visto el primer oficio de cuenta, signado por el Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, y en atención al mismo, téngasele en su carácter de superior jerárquico informando que requirió al Secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, para que efectuara las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Vías de cumplimiento. Por otra parte, visto el segundo oficio de cuenta, signado por el Secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, de lo que se advierten las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector; al respecto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad en vías de cumplimiento. No ha lugar a dar vista. Ahora bien, respecto a su petición de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo dígasele a la autoridad oficiante que por disposición de la ley de la materia, no se está en condiciones de acordar de conformidad a lo que solicita, en cuanto a que este juzgado notifique a la parte quejosa el oficio STyPS/DJ/968/2022, cuenta habida que no se pueden invertir los roles procesales que en la etapa ejecutiva del juicio de amparo tienen, tanto el órgano jurisdiccional correspondiente, como la autoridad responsable vinculada con la concesión del amparo, dado que a la primera le compete velar por el exacto cumplimiento de la ejecutoria respectiva, en tanto que a la segunda, llevarlo a cabo material y jurídicamente, que en el caso se colmaría con la notificación del oficio respectivo a la parte quejosa, quien obtuvo una sentencia de amparo favorable, y así se vea restituida en el pleno goce del derecho fundamental que se estimó trasgredido. Aunado al hecho de que propia autoridad responsable no remite documento alguno que acredite la imposibilidad que le asiste para realizar tal notificación. Como consecuencia de lo anterior, en aras de velar por ese exacto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, así como por la celeridad y la economía procesal, dígasele a la autoridad responsable, que es ella quien deberá de notificar al accionante constitucional, para el efecto hacer del conocimiento la respuesta recaída a su escrito, y así este órgano jurisdiccional, podrá estar en aptitud de calificar si fue o no cumplido el fallo protector. Requiérase. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite que hizo del conocimiento de la parte quejosa el oficio STyPS/DJ/968/2022, por el que dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa. Pudiendo remitir constancia que acredite lo anterior, ello en la vía electrónica al correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad responsable, que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA) vigente, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que ordene a la referida Secretaría, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento. Notifíquese por lista física y electrónica.

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