Jose de Jesus Morales Plascencia
Expediente 3720/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3720/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/01/2018
Partes del expediente
- Jose de Jesus Morales Plascencia
Actuaciones
- Principal
Visto el telegrama de cuenta remitido por el Juez Segundo de lo Civil en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual informa que ya se envió el despacho 113/2017-140 del índice de este Juzgado, por medio de oficio 24/2018; agréguese a los autos y estese a la espera de dicha comunicación.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 22/12/2017; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se transcribe: Vista la demanda de amparo electrónica promovida aparentemente por el quejoso, contra actos de autoridad; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, que estatuyen lo siguiente: De las citadas disposiciones legales, se advierte que quienes solicitan la protección de la justicia federal, se ostentan titulares de un derecho que alegan ha sido infringido por las autoridades responsables, causándoles un perjuicio. Así, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido un violación a sus derechos fundamentales; y sólo quien resiente dicho agravio, puede incoar la acción constitucional. Abundando a lo anterior, quien promueve el juicio de amparo debe ser titular del derecho que alega, y que derivado de su transgresión resultó afectado en su interés jurídico, patrimonio o persona. Entonces, sólo aquél que demuestra ser titular del derecho que se pretende valer en juicio, está legitimado para promoverlo. Por ello, la demanda de amparo que carece de firma, denota falta de voluntad por parte de quien presuntivamente ha sido afectado en sus intereses jurídicos ya que este juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, el artículo 3 de la Ley de Amparo establece que las promociones deberán hacerse por escrito, siendo optativo para el quejoso el presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; además, señala que los que se presenten en esta última vía, deberán utilizar la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual es el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la autógrafa, con la única excepción de que se traten de alguno de los actos previstos por el diverso numeral 15 de la Ley de la Materia. Con motivo a lo anterior, se emitió el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; el cual tuvo por objeto regular las bases para la creación, otorgamiento y uso de la citada Firma. Esta última, consistente en un instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar demandas, promociones, documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias. Asimismo, en términos del artículo 4 y 10 del citado Acuerdo General Conjunto, se estableció que toda persona física que pretenda tener acceso a la FIREL, deberá obtener el certificado digital respectivo; el cual, consiste en un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación, mismo que será intransferible, irrepetible, personal y único. De manera reciente, se emitió el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; mismo que señala que el Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es el documento electrónico que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo identificar quién es el autor o emisor del documento electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. También, en su artículo 76 prevé que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. Ahora, tanto de la demanda impresa como de aquélla que obra en archivo digital se advierte la omisión de encontrarse suscrita con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); toda vez que carece en su parte final de la evidencia criptográfica que muestre el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente. Por tanto, se concluye que quien aparece en la demanda como promovente, aún y cuando el acto reclamado afecte su esfera jurídica, si aquél no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional al estampar su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto por los artículos 5 y 6 de la Ley de la Materia. Por ello, conduce a su inminente desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la citada "firma" una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos; es decir, propiamente no existe agraviado ya que no consta una manifestación expresa de legitimar la acción constitucional que se intenta. Lo anterior con fundamento por las razones que informa la jurisprudencia: Máxime si se toma en consideración que en la presente demanda de garantías electrónica, no se reclamó como acto alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, en el particular no se actualiza el supuesto de excepción previsto por el último párrafo del numeral 3 de la Ley de la Materia. Así las cosas, al haberse actualizado la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que haya lugar a tener como autorizados de la parte quejosa a las personas que menciona, toda vez que no existe certeza de la suscripción de la presente demanda. Sobre la autorización para la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona al Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Finalmente, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007), y del Acuerdo General del propio Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que sus datos personales se harán del conocimiento de terceros, pero podrán oponerse en los términos, plazos y condiciones establecidos en esos ordenamientos.
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