José de Jesús Mendez Hernández

Expediente 2486/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2486/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús Mendez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria, y por consiguiente se ordenó requerir a la autoridad responsable a efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el párrafo que precede. Luego, mediante proveídos de trece y treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios suscritos por el Presidente de la Décima Octava Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante los cuales, remitió la resolución del incidente de competencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral de origen, y sus respectivas constancias de notificación; constancias a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de ser conservable transcurridos tres años, en términos de lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Incidental

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que por acuerdo de nueve de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el dieciséis de octubre pasado. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así las cosas, en la sentencia dictada por este juzgado de Distrito el siete de julio de dos mil veinitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, en lo que interesa, para los efectos siguientes: "(.) En consecuencia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto a la norma reclamada, esto es, la fracción I, inciso h), del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, el amparo y la protección de la justicia federal se otorga para el efecto de que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, en lo presente y lo futuro, la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés y, en consecuencia, 2. Deberá devolvérsele la cantidad que, por concepto del registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, pagó mediante el recibo oficial A 2958035, y que, para una mayor comprensión, se precisa que la quejosa erogó, la cantidad de $5,914.00 (cinco mil novecientos catorce pesos 00/100 moneda nacional). Ello resulta así, al tener presente que en dicho recibo la aquí quejosa ya pagó un diverso importe por lo que respecta al derecho de registro, mismo que asciende a $474.00 (cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional) y, por tanto, ya enteró la cuota mínima correspondiente a dicho derecho. Lo anterior de conformidad a lo establecido en la jurisprudencia PC.III.A. J/98 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, página 1230, Materias(s): Común, Administrativa, Registro digital: 2022718, que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y ambos otorgaron la protección constitucional solicitada, aunque con efectos diferentes, pues mientras uno determinó que el artículo reclamado se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, sin aplicarle la cuota mínima del pago de derechos, el otro estimó que no se le aplicaran las porciones normativas reclamadas en el presente y en lo futuro, mientras subsistiera el vicio de inconstitucionalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito establece que los efectos del fallo protector en ese supuesto, no tienen el alcance de relevar a la parte quejosa de contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sino únicamente para que se le desaplique la norma declarada inconstitucional, pero con el cobro de la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable. Justificación: Las normas generales en análisis, declaradas inconstitucionales, encuadran dentro de un sistema tributario complejo, en donde se adicionan elementos variables distintos a los esenciales y que son de considerarse al momento de realizarse su cálculo, como es el pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas. Bajo ese contexto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del otorgamiento de la protección constitucional no pueden relevar a la parte quejosa de su carga ineludible de contribuir al gasto público, ya que tal aspecto es un deber solidario y de interés para la sociedad; de ahí que, si la fracción I, inciso h, de la norma estudiada resulta inconstitucional y, por ende, la obligada consecuencia es desincorporarla de su esfera jurídica, pero sin relevarla de la carga de contribuir al gasto público, entonces la tarifa que deberá pagar deberá ser la diversa cuota mínima contenida en la fracción I, inciso a), del artículo 16 del ordenamiento aplicable, lo que se traduce en que todas las personas que pretenden registrar documentos provenientes tanto del Estado de Jalisco, como de otras entidades de la República, se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago de derechos en cuestión. Consecuentemente, con el objetivo de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, los efectos del fallo protector deberán ser para que la autoridad responsable: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del inciso h) de tales artículo y fracción; 2. Respecto de los derechos por servicios a pagar, se deberá aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, en el entendido de que si ya se enteró esa cuota mínima, ya no se deberá hacer el cobro por tratarse del mismo derecho; y 3. Devolver la diferencia que resulte entre la cantidad que ampare el recibo de pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas, y la que corresponde a la cuota fija mínima; lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco." 3. Cabe precisar que, al reintegrar la cantidad apuntada, se deberá entregar las actualizaciones correspondientes como si se tratara de un pago de lo indebido. 4. En el entendido de que, para el debido cumplimiento de la presente sentencia de amparo, la autoridad responsable deberá acreditar que devolvió la contribución a través de un cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no haya sido señalada como autoridad responsable, en razón de que con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia que define: "Época: Quinta Época Registro: 1003229 Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia(s): Común Tesis: 1350, Página: 1516 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo. (.)" Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria, y por consiguiente se ordenó requerir a la autoridad responsable a efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el párrafo que precede. Luego, mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio suscrito por la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del Titular de la citada Secretaría, mediante el cual remite copia certificada de la orden de pago número 2230415, valiosa por la cantidad $5,935.29 (Cinco mil novecientos treinta y cinco pesos 29/100 moneda nacional), y recibo de pago, del que se desprende que el veintiséis de septiembre pasado, el autorizado en amplios términos del quejoso recibió dicha cantidad; constancias a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de ser conservable transcurridos tres años, en términos de lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. CONSEJO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, en obvio de mayores dilaciones procesales y con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta al Actuario Judicial de este juzgado de Distrito, para que practique de manera inmediata la notificación personal a la parte quejosa, respecto del auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

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