José de Jesus Medrano Díaz

Expediente 878/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
878/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • José de Jesus Medrano Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José de Jesús Medrano Díaz, por su propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) como juicio de amparo indirecto 878/2023-I, fórmese expediente impreso y electrónico. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que el peticionario del amparo José de Jesús Medrano Díaz, reclama la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente laboral 288/2008. Precisado lo anterior, este titular advierte que el juicio de amparo que ahora se intenta, deviene improcedente respecto del acto reclamado precisado, al actualizarse la causal prevista en la fracción XIV segundo párrafo del artículo 61 en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución de veinticuatro de mayo del año que transcurre, le fue notificada el treinta y uno de mayo de este año, por lo que dicha demanda debió efectuarse, dentro de los quince días siguientes al en que le surtió efectos la notificación del acto que tilda de inconstitucional. En efecto, el precitado numeral 61, de la Ley de Amparo, en su fracción XIV, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Asimismo, el normativo 18 de la misma Ley especial establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes; luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto que afecta sus derechos fundamentales, deja transcurrir el plazo que para ejercer la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En este contexto, tenemos que el promovente del amparo señala en su escrito de demanda que la resolución de veinticuatro de mayo de este año, dictada en el expediente laboral 288/2008 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, le fue notificada el treinta y uno de mayo del presente año, por lo que al realizarse el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al de la fecha en que surtió efectos la notificación, es inconcuso que el término de quince días para instar esta vía constitucional transcurrió del dos al veintidós de junio de dos mil veintitrés, descontados de dicho computo los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho del año que transcurre, por ser inhábiles; y su demanda de amparo fue recibida en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el tres de julio de este año, es decir, fuera del término legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Al respecto, resulta aplicable, la Tesis P./J. 12/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, página 38, del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Así como la diversa tesis PC.XXIX. J/3 P (10a.), sustentada por los Plenos de Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Materia(s): Común, página 904, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PLAZO PARA PROMOVERLO CONTRA ACTOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL, DICTADOS A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. La resolución de la autoridad judicial que afecta la libertad personal del quejoso emitida a partir del 3 de abril de 2013, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que otorgó la protección constitucional conforme a la Ley de Amparo abrogada, por falta o indebida fundamentación y motivación, constituye un acto nuevo desvinculado de la anterior decisión, que al pronunciarse durante la Ley de Amparo vigente e impugnado mediante un nuevo juicio de amparo, está sujeto al plazo de 15 días previsto por el artículo 17 de esta última legislación." En mérito de lo expuesto es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, y lo procedente es DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de cuenta y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Cristina Herrera Mendoza, ********************y********************, quienes están acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, no así, Fernando Nájera Romero, por lo que se le tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, así como a Adeline Santos Ángel, a quien la parte quejosa autorizó para ese único efecto. Adicionalmente, como lo solicita el promovente, y con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se le autoriza consultar el presente expediente electrónicamente, ello, en términos del Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de contar con firma electrónica, siendo los usuarios ******************** y ********************, que corresponden a ********************y********************, respectivamente; lo anterior se verificó, en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". Por tanto, se comisiona al oficial judicial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", a fin de que realice los movimientos necesarios en dicho sistema, para el caso de que resultara alguna cuestión no prevista hasta este momento que impidiera lo anterior, se proveerá lo conducente. Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO ENCARGADO DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.).

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