José de Jesús Mauricio Vargas Gámez
Expediente 282/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/11/2022
Partes del expediente
- José de Jesús Mauricio Vargas Gámez
- Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
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Se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA,. Archívese el presente asunto como definitivamente concluido.. El presente asunto es susceptible de destrucción. El órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido...
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Zapopan, Jalisco, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la constancia levantada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, manifiesta su imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa de la sentencia de doce de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicar la notificación correspondiente por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. COMO LO ORDENA EL PRESENTE PROVEÍDO POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SÍNTESIS DICE:"...SENTENCIA. VISTOS PARA RESOLVER. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio..."
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Zapopan, Jalisco, doce de noviembre de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el catorce de febrero del dos mil veinte, José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14 y 17 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de diecisiete de febrero del dos mil veinte (fojas 9 a 13), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló el alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Las autoridades responsables y los actos que se les reclaman son: 1. Al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco, por conducto de Raúl Bermúdez Camarena, titular de dicho órgano. 2. Titular del órgano interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco, representado por Raúl Bermúdez Camarena. 3. Contraloría del Estado de Jalisco, por conducto de María Teresa Brito Serrano. 4. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez. 6. Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco. 7. Jefe de Investigación del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco. * La suspensión de un año como servidor público, por no haber realizado una declaración final ante el Congreso del Estado, dentro de las actuaciones del expediente OIC/SUBSTANCIACIÓN/012/2019, del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos. No son ciertos los actos reclamados a la Contraloría del Estado de Jalisco y Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que al momento de rendir su informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, así lo manifestaron. Es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. Ante la negativa categórica de todas las autoridades responsables, de la existencia del acto reclamado, los quejosos deben rendir elemento de convicción o prueba en contrario para demostrar que los actos reclamados son ciertos, pues de no hacerlo, el sobreseimiento es imperativo." Asimismo, es aplicable el contenido de la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No se desconoce que cuando las autoridades niegan los actos que se les atribuyen, la parte quejosa aún tiene la posibilidad de acreditar su existencia a través de los medios reconocidos por la ley. Sin embargo, del análisis del juicio no se advierte que la parte quejosa haya ofrecido medio de prueba idóneo para desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, que estuviera encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que a ella corresponde acreditar tal cuestión, de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En esa medida, toda vez que la parte quejosa no acreditó que exista el acto reclamado a la Contraloría del Estado de Jalisco y Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a través de la exhibición de algún medio de prueba idóneo para desvirtuar la negativa externada por la citada autoridad responsable; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que establece. "ARTÍCULO 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en el audiencia constitucional". En cambio, son ciertos los actos reclamados al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco, al Titular de dicho Órgano de Control, al Secretario General del Congreso del Estado y al Jefe de Investigación del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco, pues así se desprende del informe justificado que rindieron, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; lo cual se corrobora con las documentales que fueron remitidas por la autoridad responsable; documentos que también cuentan con pleno valor, con apoyo en el arábigo 202 de la propia legislación adjetiva. En relación con lo expresado se invoca la jurisprudencia 278 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que previene: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia publicada con el número 226 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en razón de que tal como lo aduce la autoridad responsable Titular del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco, la parte quejosa mediante escrito de dos de marzo del dos mil veinte, presentó recurso de revocación contra la sentencia recaída en el procedimiento OIC/SUBSTANCIACIÓN/012/2019. En efecto, tocante al acto reclamado consistente en la suspensión de un año como servidor público, por no haber realizado una declaración final ante el Congreso del Estado, dentro de las actuaciones del expediente OIC/SUBSTANCIACIÓN/012/2019, del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco, se actualiza la causal de inviabilidad de la acción de derechos fundamentales prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que la persona jurídica solicitante de la tutela federal optó por promover el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a fin de combatir la decisión cuestionada en sede constitucional. La fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, estatuye la improcedencia del juicio de garantías, cuando esté pendiente de resolverse el recurso ordinario que el gobernado haya interpuesto contra el actuar que estima lesivo de sus derechos, en virtud de que ese medio de impugnación hecho valer puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Tal supuesto trata de evitar la coexistencia de un medio ordinario de defensa con la instancia constitucional, en contra de un mismo acto, que traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto del mismo planteamiento legal, que inclusive, podrían ser contradictorias. En ese orden de ideas, a fin de demostrar la actualización de la causal de inejercitabilidad de la acción de amparo, es importante tener en cuenta los antecedentes del acto reclamado que se advierten de las copias certificadas del expediente de origen, a las que se confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, de las cuales se advierten los siguientes hechos: 1. El veintiocho de enero del dos mil veinte, el Titular del órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, dictó resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa OIC/SUBSTANCIACIÓN/012/2019, seguido en contra del servidor público -aquí quejoso- José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, adscrito a la entonces Dirección de Control Presupuestal actualmente Coordinación de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Jalisco, por la comisión de la falta administrativa calificada como no grave consistente en no haber presentado su declaración patrimonial de conclusión de encargo, prevista en el artículo 49, fracción IV en relación al incumplimiento de las disposiciones jurídicas previstas en el artículo 33, fracción III, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que se le impuso la sanción prevista en el artículo 75, fracción IV de la mencionada legislación, consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por el término de un año. 2. El diez de febrero del dos mil veinte, se le notificó la resolución a José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, en términos del artículo 208, fracción XI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, haciéndole saber que podría interponer el recurso de revocación contra dicha resolución en los términos de los numerales 210, 211 y 212 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 3. El dos de marzo del dos mil veinte, fue presentado el recurso de revocación previsto por el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, interpuesto por el aquí quejoso José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. 4. El dos de marzo del dos mil veinte, se negó al aquí quejoso la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida. 5. El cinco de marzo del dos mil veinte, se admitió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, contra la resolución reclamada OIC/SUBSTANCIACIÓN/012/2019. Hasta aquí la relación de antecedentes necesaria para resolver el asunto. Precisado lo anterior, este juzgador estima que en la especie se actualiza la citada causal de improcedencia respecto de la determinación que se combate en amparo, consistente en la suspensión de un año como servidor público, por no haber realizado una declaración final ante el Congreso del Estado, dentro de las actuaciones del expediente OIC/SUBSTANCIACIÓN/012/2019, del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco, atento a que, contra esa decisión, como se dijo, el quejoso mediante escrito de dos de marzo del dos mil veinte, interpuso ante el Titular del órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, un recurso de revocación en términos de los artículos 210, 211 y 212 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuyos puntos petitorios solicitó: "Primero. Tener por presentado en tiempo y forma el recurso de revocación en contra de la resolución del procedimiento, solicitando la excusa de quien resuelve para conocer del presente asunto, por el conflicto de interés ya descrito, así como el reconocer la personalidad con que me ostento. Segundo. Se me tenga SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN hasta en tanto no cause estado el presente procedimiento conforme a lo dispuesto el artículo 212 y demás aplicables a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tercero. Que la presente resolución se declare infundada y se dicte una nueva en la que sobresea el presente procedimiento hasta en tanto no se resuelva en definitiva el procedimiento laboral incoado bajo número de expediente 874/2018-B3, que se tramita ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y resolución que definirá si sigo siendo Servidor Público como Jefe de Unidad Centralizada de Compras adscrito a la Dirección de Control Presupuestal del Congreso del Estado de Jalisco, o no. Se declaren fundados mis agravios y se revoque la resolución impugnada y se emita una nueva que me favorezca." Tal recurso fue admitido el cinco de marzo del dos mil veinte, según se aprecia de las copias certificadas remitidas por la responsable; recurso que la promovente de la acción de amparo estimó conveniente agotar simultáneamente a la interposición de la acción de derechos fundamentales, de ahí que se encuentra obligada a observar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Incluso promovió juicio de amparo en contra de la negativa de otorgarle la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida, el cual tocó conocer a este órgano de control constitucional bajo el número de juicio de amparo 480/2020, el cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el recurso de revocación se encuentra previsto en los artículos 210, 211 y 212 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece la procedencia del recurso de revocación contra las resoluciones que resuelvan un procedimiento de responsabilidad administrativa de algún servidor público. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que en el particular, tal y como se vio de la relatoría de antecedentes efectuada líneas atrás, se surten los presupuestos necesarios que al efecto ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para estimar actualizada la causal de improcedencia de que se ha venido hablando, en razón de que el medio ordinario de defensa fue interpuesto precisamente por la parte quejosa, además el instrumento de defensa ya ha sido admitido por la autoridad que conoce del negocio y, precisamente este, puede tener por efecto revocar, modificar o confirmar la determinación de que se duele la aquí impetrante de garantías, de ahí que resulta improcedente el juicio de garantías al estarse tramitando paralelamente al juicio de control constitucional, el recurso o medio de defensa legal que tiene por objeto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Por lo que con apoyo en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con base en lo dispuesto en el 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al actualizarse la hipótesis de improcedencia en estudio. Es de invocarse en apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXVIII, página 1946, con registro rápido de localización 324232, que establece: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ESTAR PENDIENTE DE RESOLVERSE UN RECURSO ORDINARIO. Es improcedente el juicio de garantías que se interponga contra actos que han sido objeto de un recurso ordinario, que está pendiente de resolverse; porque existe la posibilidad de que el agraviado obtenga ante la potestad ordinaria, el remedio contra el acto lesivo de sus intereses, siendo evidente que carece de objeto práctico el juicio de amparo, pues habiéndose admitido jurisprudencialmente, que el juicio de garantías es el medio adecuado para realizar el control del principio de legalidad que debe informar toda actividad estatal, la lógica exige que la jurisdicción constitucional sólo entre en juego cuando el acto lesivo haya quedado perfectamente definido, ante la potestad ordinaria y la voluntad del Estado que en tal acto se exterioriza, haya quedado perfectamente definida, ya que de otra manera no podría justificadamente afirmarse que se había quebrantado ese principio de legalidad". Resulta igualmente aplicable, la tesis publicada en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXI, página 4186, con registro rápido de localización 352903, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS PENDIENTES. La causa de improcedencia especificada en la fracción XIV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, un recurso que pueda traer consigo la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, no desaparece ni queda purgada por el hecho de que dicho recurso haya sido resuelto desfavorablemente al quejoso, mientras estuvo en tramitación el juicio de garantías". También es útil en este tema, la tesis publicada en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, con registro digital 334873, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS. La circunstancia de estar pendientes de resolución los interpuestos contra un acto recurrido en amparo, hace improcedente éste". Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, de la ley de la materia, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por JOSÉ DE JESÚS MAURICIO VARGAS GÁMEZ. Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hasta el día de hoy, doce de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado; quien actúa y firma con la licenciada Ileana Cruz López, secretaria que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, remite copia certificada de todo lo actuado en el juicio laboral 874/2018; se tienen por admitidas y desahogadas. Fórmese cuaderno de pruebas. Dese vista a las partes...
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