José de Jesús Martínez Vega
Expediente 918/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José de Jesús Martínez Vega
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Naucalpan, Estado de México, por medio del cual solicita le sea remitida copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, en virtud de que se requieren como dato de prueba para la defensa de ***. Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, expídanse las copias solicitadas.
- Principal
Vista las certificaciones secretariales que anteceden y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se destaca que en términos de la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, se determinó concluir la suspensión de los plazos y términos judiciales decretada con motivo de las diversas CAP/2/2020 y CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, siendo aplicable, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Además, se comunica a las partes que de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, del precitado Acuerdo General 21/2020, para lo cual se considerará como nueva fecha limite el quince de marzo de dos mil veintiuno. Por otra parte, vista última certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa impugnara a través del recurso de queja el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, por el que se DESECHÓ DE PLANO su demanda de amparo, sin que haya promovido el referido medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de su ordinal 2, se declara FIRME dicho proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese como asunto terminado.
- Principal
Visto el contenido de la razón que antecede, se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito para notificar a la parte quejosa el proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, por los motivos que expone; en consecuencia, se ordena notificar dicho auto, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, por medio de la lista electrónica de acuerdos que se publica en internet, así como en el espacio de fácil acceso que para ello designe la administración de este edificio, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El citado acuerdo, emitido el tres de diciembre de dos mil veinte, es del tenor siguiente: "Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ******, por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese el escrito de demanda en el libro de gobierno de este juzgado relativo a los juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 918/2020-IV. DESECHAMIENTO Así, el numeral 113 de la ley de la materia, establece que este juzgador examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, tomo VII (mayo de 1998), página 890, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que el acto reclamado al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la ley de la materia, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De esta transcripción se puede concluir que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio que se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando lo reclamado no sea de los actos considerados como tales, el juicio biinstancial será improcedente. Ahora, respecto del tema, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalecía la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no definía el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, estos es, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Al caso se invoca la tesis IV.2o.C. J/2, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6 (mayo de 2014), tomo III, página 1539, de la décima época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En ese contexto, la resolución interlocutoria de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en los autos del juicio ordinario civil 756/2018, que confirmó el acuerdo de cuatro de marzo del presente año, por el cual se determinó no tener por objetado el dictamen pericial rendido por el perito tercero en discordia, es una violación intraprocesal, que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el estado mexicano forma parte, sino que en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pudiera ser reparada si el afectado obtiene sentencia favorable y, de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal impugnable en los términos de los artículos 171 y 172 de la ley de la materia, a través del amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J.24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), página 11, de la octava época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En este sentido, dicho acto no constituye acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues con tal decisión, no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; ya que es violación procesal que no es de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuya consecuencia es susceptible de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, la resolución dictada por la autoridad responsable, no constituye acto de imposible reparación, pues la misma no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales, pues de tal decisión, no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, por el contrario, lo que se pretende con su dictado, es continuar con el procedimiento en el juicio de origen; por tanto, resultan violaciones procesales cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una sentencia favorable; es decir, el perjuicio formal que hubiera podido originar el acto reclamado desaparecerá de obtener una sentencia favorable en la acción principal que intenta en el juicio natural, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad. Inclusive, en caso de obtener una sentencia desfavorable, podría hace valer dicha violación procesal en amparo directo, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1539 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, (mayo 2014), de la décima época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por José de Jesús Martínez Vega, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala, en términos del ordinal 27, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, en términos del artículo 12, de la lay en cita, se tienen por autorizada a la personas que indica, siempre y cuando cuente con el registro de la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito; caso contrario se le tendrá facultada únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el párrafo segundo, del numeral 24, de la legislación en cita. EXHORTO PARA ACTUAR EN LÍNEA En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa a fin de que transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá proporcionar un nombre de usuario que le permita promover, consultar el expediente electrónico y que se practiquen las notificaciones por la misma vía. De igual forma, se le requiere a fin de que proporcione un número telefónico, debiéndose entender que únicamente será un medio alterno de comunicación, ya que la notificación que se realice a través de la lista electrónica, es la que servirá como base para computar los términos y plazos procesales del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. INFORMACIÓN PÚBLICA En términos de los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo, constituye información pública, y considerando que la misma puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al secretario supervise que el Analista Jurídico Especializado capture el ingreso de la demanda y demás promociones o actuaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma *****, Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en términos del oficio CCJ/ST/1259/2020, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de ******, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.-".
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso *******, por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese el escrito de demanda en el libro de gobierno de este juzgado relativo a los juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 918/2020-IV. Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por José de Jesús Martínez Vega, por notoriamente improcedente. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala, en términos del ordinal 27, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, en términos del artículo 12, de la lay en cita, se tienen por autorizada a la personas que indica, siempre y cuando cuente con el registro de la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito; caso contrario se le tendrá facultada únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el párrafo segundo, del numeral 24, de la legislación en cita.
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