José de Jesús Martín Ortiz Vargas
Expediente 1056/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José de Jesús Martín Ortiz Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veintinueve de septiembre pasado, se admitió la demanda de amparo presentada por ********************, en la que reclamó los actos de molestia emitidos en su contra en el domicilio ubicado en ********************, número ********************, fraccionamiento ******************** de esta ciudad. Por su parte, de las constancias que anexó como apoyo a su informe justificado el juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la ley de la materia. Estas disposiciones establecen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; por su parte, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando al legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Por su parte, el numeral 107 de la ley invocada, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, cuyo rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley citada. Tomando en cuenta lo anterior, se advierte que la mencionada causal de improcedencia se actualiza en este caso, debido a que los actos reclamados se hicieron consistir en los actos de molestia emitidos en contra del quejoso en su domicilio ubicado en ********************, número ********************, fraccionamiento ******************** de esta ciudad; empero, de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado el juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, consistente en copias certificadas del juicio ordinario civil********************se desprende que mediante proveído de doce de septiembre del año en curso, se admitió la demanda promovida por ********************en contra del aquí quejoso y otro, en ejercicio de la acción de terminación de la copropiedad y división de la cosa común, ordenándose su emplazamiento, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo haya sido emplazado al mismo. Por lo tanto, es dable afirmar que lo reclamado ante esta instancia constitucional únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales, que inciden en la integración de la relación jurídico-procesal. De ahí que no se afecten los derechos sustantivos constitucionales del accionante del amparo, como la vida, la propiedad, la familia o la libertad, que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable. Conforme a ello, es dable afirmar que tal actuación emitida por el juez responsable es un acto reparable que afecta derechos adjetivos o procesales y solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, por lo que una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Para demostrar lo anterior, y que quede plenamente evidenciado que dentro del procedimiento de origen no se ordenó afectar ningún derecho sustantivo, debe destacarse por qué se determinó lo anterior. Al efecto, se tiene que los actos reclamados se hacen consistir en los actos de molestia emitidos en contra del quejoso en su domicilio ubicado en ********************, número ********************, fraccionamiento ******************** de esta ciudad. Empero, de las constancias remitidas por el juez responsable, se obtiene que en auto de doce de septiembre del año en curso, admitió la demanda promovida por ********************en contra del aquí quejoso y otro, en ejercicio de la acción de terminación de la copropiedad y división de la cosa común, registrándola bajo el número de juicio ordinario civil********************derivado de lo cual ordenó su llamamiento a juicio. En ese orden, la circunstancia de que el juzgador responsable haya ordenado el emplazamiento del aquí quejoso al procedimiento de origen, pone de manifiesto que los aspectos en que incide el acto reclamado son única y exclusivamente de índole procesal o formal, es decir, como se indicó, los derechos sustantivos de la parte quejosa quedan exentos de su alcance, pues con tal actuación no se afectó su derecho a la vida, a la propiedad, a la familia o a la libertad, por mencionar algunos. Ello es así, toda vez que la orden de emplazamiento del aquí quejoso, emitida dentro del juicio ordinario civil********************no genera condiciones que hagan de difícil reparación los derechos procesales del impetrante o más aún imposible. Asimismo, tampoco se advierte que el aludido emplazamiento pudiera afectar algún derecho sustantivo, al tratarse de un acto meramente procesal. Bajo esa óptica, se estima que el hecho de que se haya ordenado el emplazamiento del quejoso al juicio natural, no implica afectación alguna a derechos sustantivos, puesto que la orden de emplazamiento implica que el quejoso tendrá la oportunidad de producir contestación a la demanda, oponer defensas, ofrecer las pruebas que a su interés convenga, y que una vez agotado el procedimiento, se dicte la sentencia que en derecho corresponda. Se cita al respecto por analogía la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, que enuncia lo siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Máxime, que existe la posibilidad de que la sentencia definitiva que posteriormente se dicte en el proceso de origen sea favorable a los intereses de la parte quejosa; en caso contrario, estará en condiciones de hacer valer los recursos y/o medios de defensa que correspondan. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las once horas con once minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que puso fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Se difiere audiencia constitucional. Visto el estado de autos, del que se advierte que no han transcurrido los ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable, y el día de hoy señalado para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, a fin de dar lugar a lo anterior, se difiere la referida audiencia y se fijan como nueva hora y fecha para su verificativo las once horas con once minutos del veintinueve de noviembre del año en curso.
- Principal
Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado que remite la autoridad responsable juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, con su contenido dese vista a las partes, por un término de ocho días previos a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la documental que anexa, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional; en tal virtud, dada su voluminosidad, por separado, fórmese cuaderno de prueba en un tomo, respetando su folio y sello; lo anterior, para los efectos legales correspondientes, de lo que se ordena dejar debida constancia: Del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a disposición de las partes en el expediente impreso, las cuales no se agregan en su versión electrónica dada su voluminosidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3º.C.104 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 162800, visible en la página 2342, del Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO. En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas."
- Principal
Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios en Materia Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- José de Jesús Magaña Domínguez76/2017
- José de Jesús Magaña Domínguez564/2017
- José de Jesús Magaña Domínguez756/2017
- Jose de Jesus Manrique Alvarez1086/2014
- José de Jesús Márquez Gutiérrez1098/2022
- José de Jesús Marrujo Meza1005/2016
- José de Jesús Martínez Davalos1089/2022
- José de Jesús Martínez Dávalos926/2019
- José de Jesús Martínez Lara262/2016
- Jose de Jesus Martinez Lara1376/2015
- JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ MONREAL y Otros.320/2017
- José de Jesús Martínez Rojas629/2021