José de Jesús López Vargas
Expediente 702/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/03/2021
Partes del expediente
- José de Jesús López Vargas
- Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el tres de marzo del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Toda vez que en el presente juicio se ordenó formar incidente de suspensión, el cual a la fecha se encuentra en trámite, de conformidad con el artículo 147 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y tomando en consideración que el objeto de la medida cautelar es conservar la materia del amparo hasta su terminación, se declara sin materia el incidente de suspensión, ya que como se apuntó en líneas anteriores, en esta data queda firme la determinación señalada en el párrafo que antecede. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintinueve de marzo de dos mil veintiséis. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el veintinueve de marzo de dos mil veintiséis, debiéndose conservar únicamente la determinación por la cual se concedió la suspensión provisional. En lo tocante al duplicado del incidente de suspensión, en cumplimiento también del referido acuerdo general, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede, por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Se establece como fecha para la transferencia de este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el veintinueve de marzo de dos mil veinticuatro. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 702/2020, promovido por José de Jesús López Vargas, de propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, José de Jesús López Vargas, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de lo Civil, de esta ciudad, y de otras autoridades, que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- Del C. Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California reclamo todo lo actuado dentro de cualquier expediente que tenga a su cargo, a partir de e incluyendo el emplazamiento, donde el suscrito haya sido parte. Lo anterior en virtud de que nunca he sido llamado a juicio alguno y por tanto se ha llevado a mis espaldas. Así mismo reclamo toda orden de desposeimiento o lanzamiento, dictada respecto del inmueble identificado como Unidad 6 de la Privada Carmes construido sobre el lote 7 de la manzana 151 del Fraccionamiento Urbi quinta Marsella. Inmueble que se encuentra en Calle Vernon 2431-6, Colonia Urbi quinta Marsella de esta ciudad de Tijuana, Baja California, inmueble que cuenta con clave catastral MP-151-206, el cual es propiedad del suscrito y del cual tengo la posesión. Esto, como consecuencia de juicio alguno que se haya llevado a mis espaldas. [.] Del C. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, reclamo la falta de emplazamiento a juicio, así como la ejecución de toda orden o mandamiento judicial, así como el desposeimiento o lanzamiento respecto del inmueble [.]. [.] Del C. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad de Tijuana, Baja California, reclamo la ejecución de toda orden o mandamiento judicial, respecto del bien inmueble [.]. Así mismo, le reclamo toda inscripción que pudiera haberse realizado y/o realizada ante la oficina registradora a su cargo en favor del de nombre RICARDO ZAMORANO ZÚÑIGA respecto del inmueble precisado con antelación. Además, toda modificación, movimiento o acto registral realizado en favor de RICARDO ZAMORANO ZÚÑIGA respecto del bien inmueble [.]." SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, registrándose con el número 702/2020; mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Posteriormente, mediante proveído de dieciocho de enero del año actual, se tuvo al quejoso desistiéndose en su perjuicio por cuanto hace a las autoridades responsables señaladas en su demanda, con excepción del juez y actuario adscritos al Juzgado Primero de lo Civil de Tijuana, y el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con misma sede. Así, seguido que fue el trámite del juicio, y previa suspensión y reanudación del procedimiento debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que lo reclamado guarda consecuencias materiales en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, así como de las constancias obrantes en autos, se precisa que los actos de reclamo destacados son: La afectación del derecho de propiedad que aduce tener el quejoso respecto del inmueble identificado como lote 7, manzana 151, sito en calle Vernon 2431-6, fraccionamiento Urbi Quinta Marsella, en esta ciudad, derivada de la tramitación de algún juicio llevado ante el Juzgado Primero de lo Civil de Tijuana, sin haber tenido audiencia previa, así como sus consecuencias legales. La inscripción de la partida 6106824 de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, relativa al contrato privado de compraventa ratificado ante el registrador responsable, en favor de Ricardo Zamorano Zúñiga, respecto del bien inmueble identificado como lote 7, manzana 151, fraccionamiento Urbi Quinta Marsella, en esta municipalidad. TERCERO. En relación con los actos reclamados a las autoridades responsables, con excepción del juez y actuario adscritos al Juzgado Primero de lo Civil de Tijuana, y el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con misma sede, opera la hipótesis de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que debe seguirse únicamente por voluntad de la parte quejosa. Así, se toma en consideración que por escrito recibido el uno de diciembre de dos mil veinte, José de Jesús López Vargas manifestó su voluntad de desistir parcialmente de la demanda de amparo, y tal expresión fue ratificada ante el fedatario judicial de este órgano jurisdiccional en data posterior. En consecuencia, al existir manifestación expresa de desistimiento, debidamente ratificada por el peticionario del amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos humanos, únicamente por cuanto hace a las autoridades responsables no comprendidas en la primera parte de este considerando. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J33/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, abril de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. CUARTO. No es cierta la materia de reproche atribuida a las autoridades responsables, identificada en el inciso a) del considerando anterior al precedente, pues así lo manifestaron el juez Primero de lo Civil de Tijuana (en su carácter de ordenador) y el registrador responsable (en su carácter de ejecutor) al rendir su informe justificado, sin que el quejoso ofreciera prueba alguna para desvirtuar dichas negativas; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No inadvierte este tribunal que el actuario responsable haya sido omiso en rendir su informe con justificación; sin embargo, no ha lugar a tenerle por presumiblemente cierto el acto que se le reprocha, en virtud que por su carácter de ejecutor, no es dable asumir que pueda cumplimentar un mandato judicial inexistente, tras la negativa depuesta por el titular del juzgado de su adscripción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Debe tenerse por cierta la materia de reclamo que se relaciona en el inciso b) del segundo considerando de este fallo, pues así se desprende del contenido del informe justificado rendido por el registrador responsable; lo que además se corrobora con las constancias que fueron allegadas a juicio. Documentales que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. SEXTO. Las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor de ideas, en el presente juicio se encuentra actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquéllos respecto de los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo; además, que los plazos para la promoción del juicio de amparo, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de que se trate de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el particular, el término para promover el juicio de amparo es el genérico de quince días al que se refiere el citado precepto, dada la naturaleza de lo reclamado por el quejoso; asimismo, cabe precisar que en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción que prevé el numeral 17 de la ley de la materia. Ahora bien, ha sido materia de pronunciamiento del máximo tribunal del país la forma en que ha de interpretarse lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en el sentido de cuál es la manera correcta en que debe computarse el término a que hace referencia el primero de los artículos en comento. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 18 de la Ley de Amparo, prevé que el cómputo a que hace referencia el diverso 17 de la misma legislación, deberá realizarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. En el caso, de las constancias remitidas por el Registrador Público de la Propiedad y Comercio de Tijuana, previamente valoradas, se desprende que el trece de julio de dos mil dieciocho, el aquí impetrante, José de Jesús López Vargas, promovió juicio de prescripción positiva en contra de Ricardo Zamorano Zúñiga, radicado bajo partida 1339/2018 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil, con sede en esta ciudad, a través del cual demandó, entre otras cosas, la cancelación parcial de la partida 6106824 de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, inscrita al margen del bien inmueble en cuestión. De ahí que se considere que al menos desde el trece de julio de esa anualidad, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, en contraste con la data que para tal efecto señaló en su demanda de amparo. Así, es palmario que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de derechos fundamentales ha transcurrido en exceso, pues a la fecha de presentación de la demanda habían transcurrido más de dos años desde que se ostentó sabedor del acto reclamado, toda vez que la misma demanda fue presentada hasta el trece de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, resulta evidente que la acción de amparo fue desplegada por el quejoso de forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días previsto en el precepto legal antes citado, y por ende, las violaciones alegadas en el presente juicio se encuentran consentidas tácitamente en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Motivos los anteriores que dan lugar a sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V del numeral 63 del ordenamiento legal en cita. SÉPTIMO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 18, 61, fracción XIV, 63, fracciones I, IV y V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 702/2020, promovido por José de Jesús López Vargas, contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Civil, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y atendiendo a lo establecido en el Acuerdo General Plenario 37/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena reanudar el procedimiento en este juicio, en consecuencia, se señalan las once horas con cuarenta minutos del tres de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro tenor, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, y anexos; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la diligencia secretarial que antecede, se advierte que el quejoso ratificó el escrito y firma del ocurso recibido el uno de diciembre del año próximo pasado. En consecuencia, se le tiene por desistido de las autoridades responsables que señaló en el escrito de que se trata, sin perjuicio de proveer lo conducente al momento de dictar sentencia en este controvertido constitucional. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Juez Noveno de lo Civil, con sede en esta ciudad, virtud de lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente.
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