Jose de Jesus Lopez Moreno

Expediente 1087/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1087/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Lopez Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio II-5194/2019 signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la Directora General de la Defensoría Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual quedó registrado como queja Q-151/2019.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio 3009 signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 376/2019 orden 728/2019 de este juzgado de Distrito, a través del cual se solicitó que en auxilio de las labores de este juzgado se sirviera notificar el proveído de trece de noviembre pasado al quejoso. Dese de baja la comunicación oficial devuelta en el libro de gobierno y en el expediente electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio 750/DGDP/2019 signado por la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaria de Gobernación. Mediante el cual manifiesta su imposibilidad para cumplir con el requerimiento que le fue hecho en auto de trece de noviembre pasado, y señala que el Instituto Federal de Defensoría Pública es el competente para designar defensor público al impetrante de amparo, para lo cual señala que de acuerdo a lo establecido en los artículos 24, fracción IV y 24 Bis fracción XV de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, los defensores públicos del Estado, no pueden intervenir como representantes de personas sujetas a procedimiento penal que hayan promovido juicio de amparo por derecho propio. Asimismo, destaca que el Instituto Federal de Defensoría Pública es quien cuenta con las atribuciones necesarias para nombrar defensor público de manera oficiosa, fundamentando su dicho en lo establecido por el numeral 5 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la Directora General de Defensoría Pública del Estado, debe decirse que los institutos de defensoría pública federal o local fueron creados para otorgar una representación a los individuos que no cuentan con los recursos necesarios y económicos dentro de los procedimientos judiciales, ya que con ello se garantiza una adecuada defensa, tal y como lo establece el artículo 20 constitucional. Por tanto, se considera que la institución requerida está obligada a hacer la designación de asesores, representantes o cualquier otra figura que garantice los derechos de los justiciables, quienes estarán facultados para intervenir en los procedimientos del orden local o federal, puesto que como quedó precisado en proveído de trece de noviembre pasado, de la lectura de la demanda, se advierte que el quejoso actualmente está sujeto a proceso penal a disposición de jueces del orden común, y recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; es por ello, que la asignación de un asesor resulta primordial para que esté debidamente asesorado y representado el quejoso en el juicio de amparo en que se actúa, y no propiamente para intervenir en el juicio de origen. Tiene aplicación al caso, las consideraciones contenidas en la Contradicción de Tesis 1a./J.43/2019 (10ª.), resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 27 de marzo de 2019, publicada el 23 de agosto de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO Por ello, contrario a las manifestaciones de la oficiante, donde señala su imposibilidad para intervenir en asuntos que no fueron interpuestos por el propio defensor de la institución a su cargo, es necesario mencionar que el juicio de amparo es, por antonomasia, la garantía jurisdiccional para la protección de los derechos fundamentales de las personas; por ello, a fin de no invadir esferas de competencia y con ello privilegiar la administración de justicia la cual debe ser pronta y expedita, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución General de la República, se requiere a la oficiante para que dentro del término de tres días, a través de la Directora de Asuntos Penales de la Secretaría de Gobernación, de forma inmediata, le nombre defensor público al quejoso, a fin de asistirlo en el presente asunto y garantizar de esta forma un efectivo acceso a la justicia, remitiéndole copia de la demanda de amparo y copia autorizada del presente proveído. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero pasado, vigente a partir del uno de febrero siguiente. Hecho lo anterior, haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional el nombre del experto designado. En la inteligencia que de insistir injustificadamente con la negativa que ahora se acuerda se entenderá que desacata las determinaciones de este juzgado, con las consecuencias legales que ello conlleve. Sin que pase desapercibido para este juzgador la jurisprudencia citada por la oficiante PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD PERSONAL RECLUIDA EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SI PROMOVIÓ AMPARO INDIRECTO POR PROPIO DERECHO Y SOLICITA QUE SE LE TENGA DESIGNADO COMO SU AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DEFENSOR DE OFICIO ADSCRITO AL JUZGADO, EL JUEZ DE DISTRITO, EN ARAS DE TUTELAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA, DEBE ACORDAR FAVORABLEMENTE ESA PETICIÓN; sin embargo, de acuerdo a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 217 de la Ley de amparo, la misma no resulta vinculante para éste órgano de control constitucional al haber sido emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, por ello no resulta obligatoria. En otro orden de ideas, es de decir que este juzgador es el rector del procedimiento en el asunto que se actúa, por lo que es al suscrito a quien corresponde determinar quién tiene la facultad u obligación de representar al aquí quejoso, y no así a la autoridad oficiante; así como que si se estimó competente a esa Dirección General para nombrar a un defensor, ello deriva de la Jurisprudencia 1a./J.43/2019 (10ª.), antes citada, que de conformidad con el artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, resulta obligatoria su observancia y aplicación a este juzgador, y por ende, también está obligado a hacerla cumplir, pues la desatención por parte de la citada Directora General, puede derivar en responsabilidad administrativa o incluso en un hecho que la ley señala como delito; Jurisprudencia, en cuya ejecutoria, en la parte conducente, se estableció: . el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-, con base en la interpretación conforme de las disposiciones relevantes, y esta institución no podrá negarse a prestar el servicio. Al margen de lo anterior, tomando en consideración que en repetidas ocasiones la oficiante ha sido renuente y contumaz en acatar las determinaciones de este órgano jurisdiccional, retrasando con ello de modo injustificado el trámite, no sólo de este juicio de amparo sino de diversos que se tramitan en este juzgado de Distrito, con copia de este auto dése vista al Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico, a efecto de que actúe de acuerdo a sus facultades y atribuciones, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los fines a que haya lugar.

  4. Principal

    [...] Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada, toda vez que el acto reclamado es materia de estudio en un diverso juicio de amparo de este juzgado. Toda vez que el quejoso manifiesta estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho vía correo acelerado al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido de este proveído al quejoso José de Jesús López Moreno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, entregándole para tal efecto copia autorizada del presente auto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 310, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; debiendo el juez de lo penal remitir a este juzgado Federal dentro de los cinco días siguientes la correspondiente constancia de notificación, incluso podrá remitirlo al correo electrónico institucional aaron.luis.zarate@correo.cjf.gob.mx. Por ello, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial respectivo a efecto de que lleve a cabo la diligencia encomendada, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, máxime que el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, y por ende, se deben privilegiar los principios de justicia pronta y expedita. Asimismo, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, ello de conformidad con el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, dada la naturaleza del asunto, y en razón que el quejoso está recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con el fin de potencializar la efectividad real del juicio de amparo y en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, y únicamente para los efectos del presente juicio; con fundamento en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8, apartado 2, incisos d), y e), así como 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 3, incisos b), y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se solicita a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días, nombre defensor público al quejoso José de Jesús López Moreno, a fin de asistirlo en el presente asunto y garantizar de esta forma un efectivo acceso a la justicia, corriéndole traslado con copia de la demanda y copia autorizada de presente proveído. Hecho lo anterior, haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional el nombre del experto designado. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero pasado, vigente a partir del uno de febrero siguiente. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 1a./J.43/2019 (10ª.), resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 27 de marzo de 2019, publicada el 23 de agosto de dos mil 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Página 1301, de rubro: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. Así como la Jurisprudencia XXIV.2º. J/2 (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época; Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 41, Tomo II, Abril de 2017, página 1616, de rubro: PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. Se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículo 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

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