Jose de Jesus Lopez Hernandez

Expediente 479/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
479/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
25/07/2018

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Lopez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que de la certificación que antecede asentada por la secretaria, se advierte que a la fecha ha concluido el término que la Ley concede a las partes para recurrir (sin que lo hayan hecho) el auto emitido en el presente juicio de amparo el cuatro de julio de la anualidad que corre, en el cual se decretó el sobreseimiento, en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Ahora bien, en relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. En virtud de lo anterior, devuélvase al Juez responsable, el DVD, que anexó a su informe justificado por ser innecesaria su retención.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Juez Primero de Partido Civil, con sede en Salvatierra, Guanajuato, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho número 71/2018, se ordena agregarlo únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que el cuatro de julio del año en curso, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo.

  3. Principal

    Por recibida la impresión de correo electrónico enviado por el Encargado de la Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en Salvatierra, Guanajuato, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que exhibe la autoridad responsable deducidas del Proceso Penal 1P2818-31. Ahora bien, de autos se advierte, que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el cinco de junio del año en curso y turnado a este Juzgado Federal el mismo día, ***, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control de Oralidad en Materia Penal Tercera Región del Estado de Guanajuato y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato; actos que hizo consistir en la orden de aprehensión de uno de junio de dos mil dieciocho, dictada en el Proceso Penal número 1P2818-31 del índice del Juzgado responsable. Lo cual consideró violatorio de los artículos 1°, 8, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal. En consecuencia de ello, mediante proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, solicitando informe justificado a las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, se advierte que en esencia el acto reclamado en el expediente que nos ocupa, lo es la orden de aprehensión girada en contra del peticionario de amparo, el uno de junio de dos mil dieciocho, dictada en el Proceso Penal número ** del índice del Juzgado responsable. En este orden, el juzgador responsable remite el oficio JOSLV/827/2018, del que se desprende en lo que interesa lo siguiente: atendiendo a lo establecido en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se cancela la orden de aprehensión girada en contra de *** por la suscrita Juez de Control en audiencia de fecha 01 de junio de 2018.". De lo anterior, se concluye que han cesado los efectos de la orden de aprehensión reclamada, puesto que el juzgador responsable mediante auto de veintinueve de junio del año en curso, ordenó su cancelación, lo cual se traduce en una inexistencia del acto reclamado. Por lo anterior, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento en que se canceló la orden de aprehensión, girada en contra del peticionario de amparo, el uno de junio de dos mil dieciocho en el Proceso Penal 1P2818-31, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del solicitante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98 y 2ª. XLVIII/98, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VIII y VII, del meses de abril de 1988 y 1998, visibles, respectivamente, en las páginas 242 y 241, que son del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. También resultan aplicables las tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98 y la aislada P. CL/97, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos VIII y VI, correspondientes, respectivamente, a los meses de Febrero de 1998 y Noviembre de 1997, consultables en las páginas 210 y 71, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado derivado del Proceso Penal 1P2818-31 del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en Salvatierra, Guanajuato, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. En dicha tesitura, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en apego a lo estatuido por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la que se estudia en el presente auto, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Corolario de lo anterior, resulta aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia en Materia Común, número I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, que reza: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asuntos son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de diecinueve de junio de la anualidad que corre, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas con dos minutos del dieciséis de julio de dos mil dieciocho. El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo respecto del Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Salvatierra, Guanajuato, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 479/2018-III.1 promovido por ***, por el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el ENCARGADO DE LA SALA DEL JUZGADO DE ORALIDAD EN MATERIA PENAL DE LA TERCERA REGIÓN DEL ESTADO, CON SEDE LA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, por medio del cual, allega las constancias del emplazamiento de los terceros interesados ***, así como licenciado ***, Agente del Ministerio Público que intervino en la integración de la Carpeta de Investigación de la cual derivó la Causa Penal ***.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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