José de Jesús López García

Expediente 1217/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1217/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús López García

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veintitrés. I. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en que acusa recibo de los autos originales relativos al juicio de amparo del que deriva del presente cuaderno de antecedentes, el cual radicó bajo el número de expediente ***** de su índice; asimismo informa que el citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento al conocimiento del asunto. De lo que se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. II. Archivo. En consecuencia, visto el estado procesal que guarda el presente cuaderno de antecedentes y en virtud de que no existe trámite alguno pendiente de cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso a) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses, a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. I. Boleta de turno y oficio. Agréguese a los autos la boleta de turno con folio electrónico 5668190, así como el diverso oficio suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, de cuyo análisis se advierte que la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. II. Acceso a expediente electrónico. En consecuencia, comisiónese a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que otorgue disponibilidad del presente expediente al citado Juzgado de Distrito, a fin de ser posible la visualización electrónica del expediente citado.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ***********, contra actos los Jueces de Control del Estado de Querétaro y otra autoridad. II. Expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 1217/2023 III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Precisión del acto reclamado. Previo a acordar lo que en derecho corresponda respecto a la admisión o no de la demanda de amparo propuesta, es importante destacar que el acto reclamado por el promovente de amparo consiste en: [...] V. Se declara incompetencia. En esa virtud, se advierte que este juzgado federal carece de legal competencia para conocer del presente asunto por cuestión de materia, en razón a que el acto reclamado versa sobre el auto de vinculación a proceso y la ejecución de la posible orden de aprehensión, dictada en contra del quejoso, de lo cual corresponde conocer a un Juez de Distrito en Materia Penal, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen a continuación. En primer término, es pertinente atender lo dispuesto por el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente:[..] Además, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les presentarán servicio; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Del marco normativo antes expuesto, se advierte que, a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional conoce de la materia de amparo civil, administrativo y de trabajo, así como de juicios federales. En el caso, como ya se precisó, se señala como autoridades responsables a los Jueces de Control del Estado de Querétaro y Fiscalía General del Estado de Querétaro, de quienes se reclama el auto de vinculación a proceso y su ejecución. En ese sentido, se tiene que los actos realizados por la Fiscalía General del Estado, se rigen conforme a las normas sustantivas y adjetivas penales; de ahí que, el juicio de amparo que se promueva contra tales actos deben ser del conocimiento de un Juez de Distrito en Materia Penal. Por tanto, es claro que el acto reclamado se subsume en la hipótesis antes señalada, pues como ya se indicó, en el caso, se reclama el auto de vinculación a proceso y su ejecución, por lo que, con independencia de la carácter formal de las autoridades a las que se les atribuye, tal acto es de naturaleza esencialmente penal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les presentarán servicio; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado DECLARA carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la DECLINA a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, por lo que ordena enviarle los autos, solicitándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, así como informar la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina. Ahora bien, conforme al contenido del artículo 48 de la ley de la materia, debido a la notoria incompetencia decretada con antelación, no es el caso ordenar la apertura del cuaderno incidental, por tanto, remítase de plano la demanda, anexos y copias de la misma, al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno. Sin que, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones." VI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VII. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las demás personas que señala en su demanda, se les autoriza para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente. VIII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. IX. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. X. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. I. Desahogo diligencia de inspección. Agréguese a los autos la diligencia de inspección judicial llevada a cabo por el actuario adscrito a este juzgado, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, la cual fue ofertada por la parte quejosa, con la que se da vista a las partes, para los efectos legales conducentes

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