José de Jesús Lara López

Expediente 135/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
135/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • José de Jesús Lara López

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días, para que la parte quejosa, recurriera el auto de once de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hiciera.-En esa medida, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.-Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido.-Con fundamento en el artículo que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo Fórmese expediente y regístrese con el número 135/2021-I. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. En el caso, los autos reclamados fueron emitidos en la etapa de ejecución de sentencia; empero, tales actos no tienen la naturaleza de actos de imposible reparación. Por regla general la etapa de ejecución de sentencia no debe paralizarse y la procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en esa etapa, entendiéndose ésta como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En el caso, no se observa que la sala responsable reconociera el cumplimiento total de la sentencia dictada en el expediente de su índice, ni declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y tampoco que haya ordenado el archivo definitivo de dicho expediente. Por tanto, el quejoso debe esperar que se lleven a cabo todos los actos de ejecución y la autoridad natural se pronuncie sobre el cumplimiento del fallo definitivo, o bien, que ordene el archivo del expediente, para que esté en aptitud de promover el juicio de amparo en contra de las violaciones que estime ocurrieron en el procedimiento de ejecución. En ese sentido, dado el estado procesal en que se encuentra el procedimiento del cual emanan los actos reclamados será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando se esté ante última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución y pueda entablarse la acción constitucional en su contra. En la especie, el juicio del cual derivan los actos reclamados, se encuentra en etapa de ejecución, sin que se advierta de manera objetiva que las actuaciones reclamadas tiendan a paralizar su ejecución, sino que infringen únicamente derechos adjetivos del quejoso, pues, según lo refiere, en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se desechó su petición de no tener cumplida la sentencia en tiempo y forma, y se le dio vista con las documentales que las autoridades allegaron al juicio de origen para demostrar que están en vías de cumplimiento; mientras que por proveído de cuatro de marzo siguiente, se determinó que no ha lugar al cumplimiento sustituto solicitado. Así, se estima que, por el momento, los actos reclamados no infringen exclusiva y directamente derechos sustantivos del promovente ni ajenos a la ejecución de la sentencia, por lo que no se surte la excepción analizada. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causas de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida.- Se tiene como autorizados en términos amplios de la parte quejosa, a Rubén Ayala Padilla y Juan Ignacio Ayala Padilla, toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, asimismo, en términos restringidos del citado numeral, a las diversas personas que menciona, dadas las facultades conferidas. Otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que la parte quejosa, pueda promover, consultar el expediente de manera electrónica y recibir notificaciones por la misma vía.- Hágase del conocimiento de las partes que por regla general, las constancias que aporten las partes como pruebas, no se agregarán al expediente impreso ni a su versión electrónica, por lo que deberá formarse cuaderno auxiliar de tomo de prueba por separado, el cual quedará a disposición de las partes para su consulta en la secretaría del juzgado. Lo anterior, en virtud de la carga de trabajo con que cuenta este órgano jurisdiccional. Se hace constar que en la publicación del presente auto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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