José de Jesús Landeros Paredes
Expediente 1512/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1512/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- José de Jesús Landeros Paredes
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Se hace constar que no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(III)
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente. (III)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso...proveído de catorce de noviembre del dos mil diecisiete...Ahora bien, de los autos originales del diverso juicio de amparo 1148/2017-III del índice de este Juzgado, se advierte que el quejoso José de Jesús Landeros Paredes, promovió dicho juicio contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados que se han destacado con antelación en la demanda de amparo de cuenta, dado que en ese sumario constitucional precisó como tales: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la ordenadora, reclamo: a) La orden de desalojo de la casa habitación de mi propiedad que se ubica en la calle Laguna Honda número 124 en el Fraccionamiento de la Escalera en la cabecera Municipal de Jesús María, derivada del juicio único civil de numero 0745/2015 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Jesús María, b) El emplazamiento realizado en dicho procedimiento judicial civil y, por consiguiente, c) Todo el procedimiento judicial llevado a cabo en dicho procedimiento. De dichos actos reclamo, todas las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de dicho acto." En ese sentido, destaca también que tanto en la demanda de amparo que dio origen al juicio constitucional previamente citado, como con la que aquí se da cuenta, el solicitante de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio de origen por equiparación, refiriendo mutatis mutandi en ambos ocursos de demanda, que se pretende desalojarlo del domicilio indicado, sin haber sido emplazado debidamente al procedimiento natural. Luego, al ocuparse del análisis de la improcedencia del citado juicio de amparo 1148/2017-III, al momento de dictar la sentencia definitiva, se determinó esencialmente, lo siguiente: a) Respecto de los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad dentro del juicio único civil 745/2014, del índice del juez mixto responsable, operaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, dado que de las constancias de dicho sumario, se advertía con claridad que contrariamente a lo aducido por el impetrante fue emplazado de manera personal al controvertido génesis, contestó la demanda, ofreció pruebas y tuvo la oportunidad de alegar, de tal suerte que no le correspondía el carácter de tercero extraño por equiparación, con el que acudió a la vía constitucional, sobreseyendo por ese motivo; y, b) Respecto de la orden de desalojo reclamada y su ejecución, se actualizaba el diverso motivo de improcedencia previsto en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el quejoso la consintió expresamente, al haber alcanzado un convenio con su contraparte en el juicio natural, por el que se comprometió a entregarle el inmueble objeto del juicio, lo que determinó igualmente el sobreseimiento del juicio. De esta suerte, dadas las particularidades del motivo de improcedencia en análisis, resulta necesario acotar que, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto. No obstante, existen casos de excepción a lo antes expuesto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues esta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que no permitan ejercer la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado. Esta última situación ocurre, entre otros ejemplos, como acontece en el presente juicio de amparo, donde se reclaman actos sobre los que con antelación se sobreseyó en diverso sumario, porque respecto de la falta de emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad, se determinó que al quejoso no le asiste el carácter de persona extraña en el juicio; mientras que sobre la orden de desalojo, se arribó a la conclusión de que tal acto fue consentido ante el convenio judicial alcanzado por el impetrante, cuenta habida que esas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Cobra aplicación la jurisprudencia de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Tercera Parte, página 91, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Por idénticas razones, también encuentra aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, observable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, Julio de 1993, página 225, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Finalmente, ilustro lo anterior la tesis I.7o.A.132 K, consultable en la página 2717 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Abril de 2010, que dice: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." Sin que con lo así resuelto se afecte la seguridad jurídica del impetrante, dado que el motivo de improcedencia actualizado es consecuente con dicho principio, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Ilustra lo así expuesto, la tesis de la Primera Sala 1a. XCV/2016 (10a.), observable con el registro 2011383, en la página 1107 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, del siguiente tenor literal: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza.(III)
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