Jose de Jesus Jimenez Torres

Expediente 735/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
735/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Jimenez Torres
  • Jueces de Control Y Tribunal de Enjuiciamiento Region 02, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 2 ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLE Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 201 , fracción IIl del Acuerdo General de referencia, el incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes deberá destruirse el original del incidente de suspensión, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA 1 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) III. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y Sentencia Constitucional En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, siendo las once horas con veinte minutos del nueve de agosto de dos mil veintitrés, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Mario Francisco García Cancino, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 735/2023, promovido por José de Jesús Jiménez Torres, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento, Región Dos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, sin la comparecencia de las partes, ni representante legítimo de ellas. A continuación la Secretaria da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO. 4-6 2 AUTO ADMISORIO. 9-13 5 EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. 16 6 EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. 16 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 JUEZ DE CONTROL, REGIÓN DOS. NIEGA 17 2 FISCAL DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA NIEGA 18, 20 3 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL NIEGA 24 Al respecto La Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: La secretaria hace constar que, la parte quejosa ofreció el siguiente medio de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 QUEJOSO. DOCUMENTAL 7 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada la referida probanza por su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre el de ALEGATOS, El secretario hace constar que los formuló: NO PARTE MANIFESTACIONES FOJA 1 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. ALEGATOS 36-38 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos del quejoso. Posteriormente se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 735/2023; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. José de Jesús Jiménez Torres, mediante escrito recibido el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, turnado en la misma fecha, a este órgano jurisdiccional, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos que más adelante serán precisados. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se radicó el asunto bajo el número de juicio de amparo 735/2023, y se admitió a trámite la demanda de trato, dando la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitando informe justificado a las autoridades responsables, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridades inexistentes. En proveído de catorce de julio del año en curso, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que la parte quejosa denominó como Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Familia 04 y Comandante Regional Fronterizo Costa de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, ambos con sede en esta ciudad (foja 31). Finalmente, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte, respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman en amparo indirecto, actos atribuibles a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La orden de detención, presentación y/o aprehensión. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados precisados. El Juez de Control Región Dos, el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa y el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, al momento de rendir sus informes justificados negaron los actos que se les reclama. Ahora bien, cabe destacar que si bien, la negativa de las responsables de mérito, por sí sola, no es determinante para tener por acreditada la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que su certeza puede ser demostrada por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o incluso apreciada directamente de las constancias de autos; en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia de los actos reclamados en comento. En ese tenor, aun cuando la simple negativa de las autoridades responsables no produce la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que la sola manifestación de la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada por el peticionario de amparo, sí constituye elemento suficiente para declarar la improcedencia del juicio constitucional. En efecto, la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto, por el contrario, si la autoridad niega el mismo, la carga de la prueba que recae en la parte quejosa versará sobre la existencia del acto reclamado, esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo; por ende, si la parte quejosa es omisa en desacreditar la negativa de la autoridad, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen. La ley de la materia, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos reclamados, de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 210769, que dice: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Ilustra al caso, la tesis número VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro digital 187728, que expone: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. De ahí que sea evidente la inexistencia de los actos reclamados precisados, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo, respecto a los actos reclamados y autoridades responsables mencionados con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, registro digital 394266, Sexta Época, del Apéndice 1995, de rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por José de Jesús Jiménez Torres, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el considerando último del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes el pedimento ministerial signado por el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas las alegaciones vertidas en el citado ocurso, para los efectos legales procedentes, las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a las partes, en auto de veintisiete de junio del año en curso, en el cual se dio vista con el informe justificado emitido por la autoridad responsable, mismo que obra en el presente sumario. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tal virtud, para dar oportunidad a las potestades responsables, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está fijada para hoy, y se señalan las once horas con veinte minutos del nueve de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo ese acto procesal.

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