José de Jesús Jiménez Navia

Expediente 1482/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1482/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús Jiménez Navia

Actuaciones

  1. Principal

    (2) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés (fojas 19 a 23), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción IV, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, glósese a los autos el escrito signado por ********************, mediante el cual solicita se dé tramite a su demanda de amparo por las razones que indica, en atención a ello, dígasele que se esté a lo proveído en párrafos precedentes.

  2. Principal

    (2) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA, del proveído de TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no se presentó a notificarse ante este juzgado federal, del propio proveído, como se le comunicó en AVISO de TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo... AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DEL ACTUAL... I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por *******, por derecho propio, contra un acto del Juez Primero en Materia Familiar en el Distrito judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1482/2023-2. III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúnen las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En el caso se actualiza, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales se éste substanciado ante alguna autoridad un recurso o medio de defensa que pudiera tener como consecuencia la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, pues con esto se podría provocar el desvanecimiento de las afectaciones que el acto hubiera podido causar en la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior es así, porque al estarse tramitando simultáneamente con el juicio de amparo algún recurso en contra del mismo acto, existe la posibilidad que se dicten dos sentencias en relación con el mismo tópico e inclusive que estas sean en contradicción de sentido; de ahí que resulte improcedente el amparo, por la imposibilidad de éste de coexistir con un diverso medio de defensa o impugnación. Dicha causa de improcedencia deriva directamente del principio de definitividad, que prevé que el acto que se estudie en amparo ya no debe ser susceptible de ser revocado, modificado o anulado. De lo anterior, se infiere que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción de amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los medios de defensa, el ordinario y el constitucional, por vías separadas, podrían culminar con resoluciones contradictorias. Ahora, en el caso el impetrante reclama el auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el que se le negó la admisión de la reconvención planteada por el quejoso en el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas. Luego, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se desprende lo siguiente: Que en veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso promovió incidente de reducción de pensión alimenticia, incidente que no se admitió a trámite, motivo por el cual, el aquí impetrante interpuso recurso de apelación que fue resuelto el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Posteriormente, en diecinueve de junio de dos mil veintitrés, su contraparte en el juicio de origen *********, promovió incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas en contra del aquí quejoso. Ante tal determinación el impetrante interpuso reconvención, a lo que la autoridad responsable proveyó el cuatro de agosto del año en curso, que la ley de la materia no contempla la figura de la reconvención respecto de incidentes, motivo por el cual no acordó de conformidad su petición, resolución la anterior que constituye el acto reclamado. De lo anterior se desprende que el quejoso precisa bajo protesta de decir verdad que el veintiocho de agosto actual, interpuso recurso de apelación contra el auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el que se le negó la admisión de la reconvención planteada por el quejoso en el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas -acto reclamado en el presente juicio de amparo-, el cual a su dicho se encuentra en proceso de admisión. Manifestaciones a las que se les otorga valor pleno de confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: "Registro digital: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Diciembre de 1993, página 857 Tipo: Aislada DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Atento a lo anterior, es claro que el promovente, interpuso el medio ordinario de defensa que prevé la legislación procesal de la materia (apelación), de manera que en congruencia con lo anterior y en cumplimiento al principio fundamental de definitividad que rige el juicio de amparo, se concluye que debe agotarse dicho medio ordinario de defensa, antes de promover el juicio de amparo. En ese tenor, si el solicitante de la protección constitucional manifestó que se encuentra pendiente de resolver el recurso previsto en el código adjetivo de la materia, mediante el cual podía revocarse la determinación reclamada, estando legitimado para ello, es inconcuso que el amparo impetrado resulta improcedente, toda vez que previo a instar el juicio de constitucionalidad, se encuentra pendiente de resolver dicho medio de impugnación (revisión). Por tal motivo, resulta evidente que en la especie se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la ley de la materia, pues se hace patente que a través de dicho medio impugnatorio previsto en la legislación ordinaria que rige al acto reclamado, se puede revocar o modificar el acto reclamado en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "Registro digital: 196463 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/133 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 632 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." "Registro digital: 219749 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Abril de 1992, página 522 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR EXISTIR RECURSO PENDIENTE. INTERPRETACION DEL ARTICULO 73, FRACCION XIV, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece, que el juicio de garantías es improcedente: "cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". De la transcripción anterior se advierte, que los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) El acto reclamado debe provenir de un procedimiento tramitado ante los tribunales ordinarios; b) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o un medio de defensa legal en contra del acto reclamado; c) El recurso o medio de defensa, debe ser interpuesto por el propio quejoso, y d) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." En estas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo se cita también el siguiente precedente: "Época: Décima Época Registro: 2002598 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: III.2o.C.4 K (10a.) Página: 2113 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia." Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: *******. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a *******, y en los restringidos de dicho numeral a *******, hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. c. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa el contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a a publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.

  3. Principal

    (2) Notifíquese personalmente.

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