José de Jesús Jiménez García
Expediente 107/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José de Jesús Jiménez García
- Congreso del Estado de Veracruz, Con Sede En Xalapa, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta.... se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. ...archívese el presente asunto como concluido...
- Principal
...Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso e), para interponer recurso de queja en contra de la resolución dictada el... se declara que dicha resolución ha causado estado...Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO...
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del incidente innominado relativo al juicio de amparo 107/2018, promovido por JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ GARCÍA, por propio derecho, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Manifestaciones de imposibilidad de cumplimiento. Mediante telegrama recibido el nueve de agosto de dos mil dieciocho, el Jefe del Departamento de Amparos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz informó a este órgano jurisdiccional de la imposibilidad de dicho órgano legislativo para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió la protección federal solicitada por la parte quejosa (fojas 94 y 95). SEGUNDO. Trámite del incidente. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó tramitar el incidente innominado derivado de la imposibilidad jurídica planteada por la responsable para cumplir con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo107/2018, se dispuso dar vista al quejoso, señalándose día y hora para la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el ocho de octubre siguiente, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente innominado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 66 y 67 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Estudio de fondo. Resulta fundado el incidente innominado que se resuelve, de acuerdo con las razones que enseguida se exponen. En relación con el cumplimiento de las sentencias de amparo, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". Del precepto transcrito se colige, que el sistema previsto en la ley de la materia y que rige en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, tiende a su cumplimiento total, pues sólo permite declarar cumplido el fallo protector cuando ha sido acatado sin excesos, ni defectos. Entonces, para determinar si el fallo protector está o no cumplido, es necesario un estudio comparativo entre las medidas que se impusieron a la autoridad para su debido acatamiento y la conducta desplegada por la autoridad en orden a satisfacerlas. Encuentra sustento lo razonado en la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010987 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/2016 (10a.) Página: 832 SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Ahora, en relación con la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, el artículo 78 de la Ley de Amparo establece, respecto a sus efectos, lo siguiente: "Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado". De acuerdo con el precepto citado, cuando se reclama una norma general la concesión de amparo se traduce primeramente en su inaplicación sólo respecto del quejoso, como manifestación específica del principio de relatividad. Lo cual implica un impedimento para que la norma declarada inconstitucional se le aplique a la parte quejosa en lo presente y lo futuro, en tanto no exista alguna reforma al texto legal. Afirmación que se apoya, en términos del artículo sexto transitorio de la legislación vigente, en la jurisprudencia P./J. 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192846 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 112/99 Página: 19 AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". No consiste, desde luego, en que las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo que le dio origen a la norma reclamada la priven de validez jurídica, derogándola o abrogándola, pues así no lo establece la Ley de Amparo, la que solamente se refiere como efecto principal a su inaplicación -salvo los supuestos de declaración general de inconstitucionalidad que la propia ley en mención regula-. Sobre este punto, resulta ilustrativa, en lo conducente, la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes: "Época: Sexta Época Registro: 902309 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Apéndice 2000 Tomo I, Const., P.R. SCJN Materia(s): Constitucional Tesis: 1636 Página: 1145 LEY INCONSTITUCIONAL, EFECTO DEL AMPARO CONTRA LA.-Cuando la Justicia de la Unión concede el amparo contra una ley, el cumplimiento de la ejecutoria respectiva consiste en que la autoridad responsable se abstenga de aplicar la ley inconstitucional, en relación exclusivamente con quienes obtuvieron la protección. Tal es la característica esencial de nuestro juicio de garantías, consignada en el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución: "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare". En consecuencia, el cumplimiento de la ejecutoria respectiva no estriba en que el órgano legislativo esté obligado a derogar o a modificar, por virtud de dicha ejecutoria, la ley inconstitucional, pues si por tal se entendiera su obligación, resultaría que la sentencia de amparo asumiría alcances de declaración general respecto de la ley, que es precisamente lo vedado por el precepto antes transcrito". Aunado a la exclusión presente y futura de la norma declarada inconstitucional de la esfera jurídica del quejoso, el juez de amparo está en aptitud de especificar qué medidas adicionales deben llevar a cabo las autoridades responsables para restituir plenamente al quejoso en el goce del derecho violado. En otras palabras, los efectos de la sentencia protectora contra una norma general declarada inconstitucional consisten primeramente en desincorporarla de la esfera jurídica del quejoso, y adicionalmente, en dejar insubsistente el acto concreto de aplicación cuando se hubiere combatido con motivo del mismo, y todos aquellos ocurridos durante el trámite del juicio de amparo. Así, para su debido cumplimiento, deben imponerse como medidas restitutorias a cargo de las autoridades responsables, las consistentes en dejar insubsistentes todos los actos fundados en la misma, e impedir jurídicamente que en lo subsecuente se le aplique a la parte quejosa. Por consiguiente, es indudable que para resolver sobre su adecuado acatamiento, el órgano jurisdiccional de amparo debe precisar los efectos adicionales a la inaplicación de la norma en el último considerando de la sentencia de amparo. Dicho en forma resumida, los términos de comparación o parámetros que se tomarán como base para el cumplimiento de la ejecutoria, tratándose de un juicio de amparo contra normas generales, estarán constituidos por las medidas adicionales a su inaplicación que, como efectos del fallo, se hubieren impuesto a las autoridades responsables, pues, como antes se dijo, el cumplimiento no implica que las autoridades que participaron en el proceso legislativo abroguen o deroguen la norma o porción normativa declarada inconstitucional. En la especie, mediante sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para los siguientes efectos: "Con base en lo anterior, debe concluirse que deviene inconstitucional el artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, por contener una distinción que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio, al permitir que sólo lo contraigan las parejas heterosexuales. Consecuentemente con lo hasta ahora expuesto, lo procedente es declarar la inconstitucionalidad de dicho artículo y evitar que se le aplique al quejoso en el presente o futuro. Las autoridades del presente amparo vinculan a todas las autoridades del Estado de Veracruz a tomar en consideración la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por el precepto impugnado, por lo cual no podrán utilizarlo como base para negar al quejoso los beneficios o establecer las caras relacionados con el acceso a la institución matrimonial, lo que es un efecto propio de la concesión de un amparo contra leyes que es la inaplicación de la ley. En este orden de ideas, el quejoso no debe ser expuesta al mensaje discriminador de la norma, tanto en el presente como en el futuro". Atendiendo a los efectos que tiene una sentencia de amparo contra normas generales y a los que en la especie se fijaron en la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz, no tiene a su cargo alguna conducta adicional a su inaplicación qué deba realizar para dar cumplimiento a la misma. En efecto, la autoridad que plantea la imposibilidad de cumplir con la ejecutoria, no emitió algún acto concreto de aplicación del artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, que le fue reclamado, ni se le impuso alguna medida adicional para restituir a la parte quejosa en el derecho humano transgredido. De ahí que no puede obligársele a realizar algún acto positivo, porque sólo participó en el proceso de creación de la ley impugnada, siendo evidente que no puede incurrir en contumacia respecto de su cumplimiento. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 177942 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Julio de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a. LXIII/2005 Página: 437 INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO LA AUTORIDAD ÚNICAMENTE PARTICIPA EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA NORMA AUTOAPLICATIVA IMPUGNADA. Cuando se concede el amparo contra una ley autoaplicativa impugnada con motivo de su entrada en vigor, sus efectos consisten exclusivamente en sustraer al quejoso del ámbito de su aplicación, al no existir en tales casos acto alguno que anular. En ese tenor, como la ejecutoria de amparo no puede obligar a las autoridades que sólo participaron en el proceso de creación de la ley impugnada a realizar un acto positivo, es evidente que dichas autoridades tampoco pueden incurrir en contumacia respecto a su cumplimiento y, por ende, el incidente de inejecución respectivo resulta infundado". Por consiguiente, al no estar vinculada la responsable a realizar alguna medida adicional a su inaplicación, resulta fundada la imposibilidad jurídica que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz aduce para darle cumplimiento a la sentencia protectora, más allá de la inaplicación propia de todos los fallos que declaran inconstitucional una norma general. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara FUNDADO el incidente innominado sobre imposibilidad de cumplimiento planteado por el Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz. SEGUNDO. Procédase a emitir la resolución correspondiente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio, con base en las constancias de autos, los datos aportados por la autoridad responsable y lo resuelto en la presente interlocutoria. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa como está ordenado en siete de marzo de dos mil dieciocho y por oficio a la autoridad responsable. Así, lo resolvió y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta hoy catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de Esmeralda Bandala Martínez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada en proveído de once de los actuales, por tanto, de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Amparo, dentro de los tres días hábiles a partir de que se notifique el presente proveído se fija fecha para el desahogo de la audiencia en la que se recibirán y desahogaran pruebas y se oirán los alegatos ofrecidos por las partes y en su caso se dictará la resolución atinente, la cual se señala para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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