José de Jesús Jaime Flores
Expediente 1088/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- José de Jesús Jaime Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es conservable, en virtud de que se concedió la suspensión de plano. Asimismo, como se hizo constar, no obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental. I
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.(I)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveído de diecisiete de octubre dos mil dieciocho...Visto el estado procesal de autos y del oficio de cuenta que remite el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social para Varones Aguascalientes, en el que informa la causa de libertad del quejoso; en un análisis oficioso, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1o., fracción I y 77, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, en sentido contrario, como enseguida se demostrará. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)." De lo anterior se puede obtener: El juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ello en atención de la existencia de un determinado acto de autoridad, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Por otro lado, el efecto de la sentencia amparadora será de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando subsistiendo el acto reclamado sea jurídica y materialmente posible, por lo que, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que el quejoso estima violada en su perjuicio, en razón de la naturaleza del reclamo del quejoso. Conviene explicar el contexto en el que se emitió el acto reclamado atendiendo a los antecedentes del acto que reclamó el quejoso y los datos aportados en informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como la información complementaria obtenida por requerimiento de este órgano jurisdiccional: a) El doce de septiembre del año en curso, José de Jesús Jaime Flores, presentó demanda de amparo en contra del Director del Centro de Reinserción Social para Varones del Estado de Aguascalientes, en el que reclamó la orden de traslado del quejoso a un centro de reinserción social diverso dentro del estado mexicano. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1088/2018-I, se admitió en auto de doce de septiembre del año en curso, se decretó la suspensión de plano, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe de la suspensión de plano y justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El tres de octubre del año en curso se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el informe justificado de la autoridad responsable, en la que señaló que la facultad de ordenar el traslado de reos le correspondía a la Dirección General de Reinserción Social del Estado de Aguascalientes, con lo cual se dio vista a la quejosa por proveído de cuatro de octubre del dos mil dieciocho por el término de quince días para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable a dicha Dirección. d) En razón actuarial de ocho de octubre de dos mil dieciocho, el actuario de la adscripción asentó la imposibilidad de notificar al quejoso el auto señalado en líneas que anteceden al quejoso José de Jesús Jaime Flores, en el Centro de Reinserción Social para Varones en el Estado de Aguascalientes, en razón de que el mismo salió libre de dicho centro el veintisiete de septiembre del año en curso. e) Por auto de nueve de octubre del año que transcurre, ante la imposibilidad asentada por el actuario de la adscripción, se requirió a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social para Varones del Estado de Aguascalientes, por el término de tres días, a efecto de que informara a este Juzgado, las razones por las cuales el quejoso José de Jesús Jaime Flores, fue puesto en libertad, en qué fecha egresó del centro penitenciario a su cargo, así como si dentro de sus archivos contaba con registro de algún domicilio donde pudiera ser localizado el quejoso. f) Por oficio recibido el dieciséis de octubre del año en curso, el Director del Centro de Reinserción Social para Varones del Estado de Aguascalientes, informó que el quejoso José de Jesús Jaime Flores, fue puesto en libertad como consecuencia de la resolución de un incidente de Reconocimiento de Inocencia, mismo que se declaró fundado, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, lo anterior dentro de la causa penal 102/2011 de dicho órgano, de igual manera, informó la fecha en la que fue puesto en libertad el quejoso y el domicilio en dónde puede ser localizado dicho quejoso. Así, lo que pretende el impetrante de amparo, al instar la vía constitucional y en concordancia con las constancias que allegó la responsable a sus informes, es detener el posible traslado de su persona a un diverso centro de reinserción social dentro del estado mexicano. En consecuencia, atendiendo a la finalidad del juicio constitucional y aun cuando se concluyera que el acto de autoridad, aquí reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, en la medida que sus efectos de realizarse, ya que la finalidad de la sentencia definitiva, que en su caso se pronuncie en el juicio constitucional, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, es que se pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), y se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En el caso en concreto, para poder llevar a cabo la materialización de la sentencia que se pudiese dictar en el presente asunto implicaría el reingreso del quejoso al Centro de Reinserción en el que se encontraba recluido para poder llevar a cabo la materialización de dicha sentencia, lo cual conllevaría a una violación directa a los derechos fundamentales del quejoso, pues el claro que la libertad obtenida posterior a la presentación de la demanda, impide material y jurídicamente, que se concreten los efectos de una eventual sentencia protectora. De ahí que se actualice como se dijo, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 77, fracciones I y II, del ordenamiento legal invocado, aplicados éstos últimos a contrario sensu, siendo procedente en consecuencia, sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, Novena Época, con número de registro 197245, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." Corolario a lo anterior, respecto al sobreseimiento en el juicio decretado, cabe indicar que el establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." En efecto, aunque es verdad que las recientes reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las diez horas con quince minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho. Igualmente, considerando que el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social para Varones Aguascalientes, proporcionó como domicilio del quejoso, la calle Mariano Chico número 120, colonia Miravalle, en Aguascalientes, Aguascalientes; se ordena que cualquiera de los actuarios adscritos a éste órgano, se constituya en el domicilio citado a efecto de notificar el presente acuerdo al citado quejoso.(I)
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, advirtiéndose que no obra constancia de notificación a la autoridad responsable del auto dictado el nueve de octubre del año en curso, por lo que no ha transcurrido el plazo concedido a dicha autoridad, para que cumpla con el requerimiento que se le formuló en ese acuerdo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con quince minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, para su celebración.(I)
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