José de Jesús Huerta León
Expediente 1514/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1514/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/03/2021
Partes del expediente
- José de Jesús Huerta León
- Juez Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copias certificadas del acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, derivado del expediente laboral 2963/2010-E, informando que recibió el oficio 115/2021, signado por el Juez de Primera Instancia del Vigésimo Partido Judicial de Unión de Tula, en el que se señaló las trece horas del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de ; por lo que se tiene a la autoridad informando las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la fecha señalada, es decir, las trece horas del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, realice lo siguiente: Remita copias certificadas de las notificaciones a las partes del auto de dieciocho de marzo pasado, dictado en el juicio laboral de origen. Asimismo, una vez que se llegue la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial, esto es, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, a cargo de Ismael Haro Bustos, informe lo acontecido y lo acredite con documento fehaciente. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedores a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó el juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no se considera de relevancia documental, ni susceptible de conservación.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por , por los actos que fueron precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena restituir al quejoso en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello, es así, porque la sentencia de amparo, que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector." En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Congreso y Gobernador ambos del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97 que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tesorero Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite a este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se le apercibe que de no cumplir en el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional); publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte; así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, cabe precisar que no es óbice a lo anterior, la eventual circunstancia de que la autoridad requerida Tesorero Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, no hubiese figurado con el carácter de responsable en el presente juicio, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ella, y que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, en atención al numeral 197 de la Ley de Amparo.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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