José de Jesús Hernández Morales

Expediente 28/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
28/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • José de Jesús Hernández Morales
  • José de Jesús Hernández Morales y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en este juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no obre en autos la constancia de notificación del acuerdo de mérito, respecto del tercero interesado Ayuntamiento de Halachó, Yucatán, toda vez que considerando el sentido en que se resolvió este asunto, con el dictado de este auto no se les vulnera derecho alguno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con el que informa de una causa de improcedencia o sobreseimiento, el cual se agrega a estos autos sin mayores efectos, toda vez que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto, por cesación de efectos del acto reclamado, Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, por sí y en representación de dicho Tribunal, autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, los cuales se agregan a estos autos para que obren como legalmente correspondan. Ahora bien, de la lectura de los informes justificados rendidos por las responsables y constancias anexas a los mismos, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión por parte de las autoridades responsables de dar contestación a su escrito de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual solicita la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 390/2015, que promovió en contra del Ayuntamiento de Halachó, Yucatán. Asimismo, de los informes justificados y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en autos del juicio de origen 390/2015, mediante acuerdo de quince de enero de dos mil diecinueve, se proveyó lo relativo al escrito de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual la parte quejosa solicitó la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 390/2015, que promovió en contra del Ayuntamiento de Halachó, Yucatán; determinación que le fue notificada, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el ocho de enero de dos mil diecinueve. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de las responsables de dar contestación al escrito de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, es incuestionable que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que las responsables, dieron contestación a dicho memorial, y lo hicieron del conocimiento del peticionario del amparo; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve. Sin que sea obstáculo a lo anterior que no obre en autos el acuse de recibo del oficio 4047-II, con el que se emplaza a juicio al tercero interesado Ayuntamiento de Halachó, Yucatán, toda vez que por el sentido en que se resuelve este asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO...Mérida, Yucatán, nueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José de Jesús Hernández Morales y Víctor Manuel Tut Cauich, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, la cual fue exhibida con siete copias y sin anexos. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo en vigor, se designa como representante común de la parte quejosa a José de Jesús Hernández Morales, toda vez que omitieron designar un representante entre los quejosos; lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser substituido con posterioridad. Ahora bien, por lo que hace a la autoridad señalada como responsable denominada Ayuntamiento del Municipio de Halacho, Yucatán, se desecha la demanda de amparo; en virtud de que, este no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. En efecto, respecto de dicha autoridad se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, en sentido contrario, ya que el Ayuntamiento del Municipio de Halacho, Yucatán, no tiene el carácter de autoridad responsable. Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo de mérito, particularmente en el apartado referente a actos reclamados y sus antecedentes se advierte que la parte quejosa interpuso demanda laboral en contra del Ayuntamiento de Halacho, Yucatán, la cual se radicó con el número de expediente 390/2015 del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán; razón por la cual se encuentra en un plano de coordinación con la quejosa. En tal virtud, lo procedente es desechar la demanda de amparo únicamente por lo que respecta al acto y autoridad responsable denominada Ayuntamiento de Halacho, Yucatán; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 5, fracción III, inciso b), de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya al anterior criterio, la jurisprudencia 2ª./j. 79/2014, de la Décima Época, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, visible en la página: 699, registro 2007066 del rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. Así pues, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos respecto de las demás autoridades responsables Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y del Magistrado de dicho Tribunal; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 28/2019-II. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa y no encontrarse en los supuestos que prevé el artículo 127 de la ley de amparo, para su apertura de oficio. De conformidad en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con senda copia de la demanda de amparo, pídanse los informes justificados a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita; asimismo, en el término señalado, deberán acompañar la totalidad de las constancias que estimen pertinentes, para apoyar sus informes, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se señalan las diez horas con cincuenta minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en los artículos 5, 26, fracción II, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercera interesada al Ayuntamiento de Halacho, Yucatán, quien deberá ser emplazado por medio oficio que al efecto se gire. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados a las personas que menciona en su escrito de cuenta, con las facultades que les otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior, en razón de ser la parte actora en el juicio laboral de origen, quien promueve el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se previene a las partes de este juicio de amparo, a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este órgano de control constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental pública de actuaciones, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. Con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo. Como lo manifiesta la parte quejosa en su escrito de demanda, se tiene a la misma por anuente y de acuerdo en que se publique sin supresión de datos, incluyendo los personales, la sentencia y resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe. Hago Constar: Que el presente juicio de amparo quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número 28/2019-II. Conste.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano