José de Jesús Guatemala Trigotenco

Expediente 1178/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1178/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • José de Jesús Guatemala Trigotenco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009. Dado que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por encontrarse privado de su libertad en ese lugar, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, gírese despacho al JUEZ DE LO PENAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído a *** en el interior del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, entregándole para tal efecto copia autorizada de dicho acuerdo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 310, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; debiendo el juez de lo penal remitir a este Juzgado Federal dentro de los tres días siguientes la correspondiente constancia de notificación. Se solicita al aludido juez penal que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la notificación que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles. Apercibido el juez penal que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ DE JESÚS GUATEMALA TRIGOTENCO, fórmese el amparo correspondiente, registrándose con el número 1178/2019. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del JUEZ DE LO PENAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, y otras autoridades, el acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el que se le negó la expedición de copias certificadas del proceso 426/2006 instruido en su contra. Sin embargo, respecto de tal acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Lo que torna notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, lo que conduce a desecharla de plano, en conformidad con lo previsto en el artículo antes citado. En efecto, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, los artículos 267 y 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establecen: "Artículo 267. El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación". "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario:. I.- Las sentencias de primera instancia;. II.- Los autos de falta de elementos para procesar;. III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución;. IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos;. V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado;. VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria;. VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional;. VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y. IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." De las transcripciones que anteceden, se conocen cuáles son las resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación, en el caso concreto, el acto reclamado lo constituye el acuerdo dictado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el proceso 426/2006 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual se negó al quejoso la expedición de copias certificadas del citado proceso, mismo que no encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; por tanto, en contra de dicho acto procede el recurso de revocación, ya que en el diverso artículo 267 del ordenamiento legal en cita se establece que cuando el código en mención no conceda el de apelación procederá el recurso de revocación, lo que lleva a concluir que si la resolución o acuerdo materia de estudio no es apelable de conformidad con el artículo 273 anteriormente referido es indudable que en contra de dicha resolución PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. En el contexto que antecede, resulta indudable que la demanda de amparo que se provee, resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación, se puede obtener la confirmación, modificación o revocación del auto que se reclama a través del presente juicio de amparo. Así, el inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie lo hace ver el promovente del amparo. Conforme a lo expuesto, es indudable que en la especie el quejoso debió cumplir con el principio de definitividad previo a ocurrir al juicio del amparo, impugnando a través del RECURSO DE REVOCACIÓN que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, el acuerdo dictado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el proceso 426/2006 del índice del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual se negó al quejoso la expedición de copias certificadas del citado proceso, el cual está obligado a agotar dado que en la especie no se actualizan los supuestos de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado se trata de un acuerdo mediante el cual se le niega al quejoso la expedición de copias certificadas del proceso instruido en su contra. En consecuencia, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 267 y 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS QUE SE PROVEE. Así mismo, es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Dado que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por encontrarse privado de su libertad en ese lugar, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, gírese despacho al JUEZ DE LO PENAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído a JOSÉ DE JESÚS GUATEMALA TRIGOTENCO en el interior del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, así como los subsecuentes autos, entregándole para tal efecto copia autorizada de los acuerdos y resoluciones correspondientes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 310, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; debiendo el juez de lo penal remitir a este Juzgado Federal dentro de los tres días siguientes la correspondiente constancia de notificación. Se solicita al aludido juez penal que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la notificación que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles. Apercibido el juez penal que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. NO HA LUGAR DE DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO No ha lugar a designar en favor del quejoso defensor público o asesor jurídico para que lo represente en este expediente, ello en razón del sentido del presente acuerdo por el que se desechó de plano la demanda de amparo que le dio origen, pues a nada práctico conduciría dicha designación. No obstante, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, se hace de su conocimiento que de no estar conforme con el sentido del acuerdo, podrá interponer el recurso correspondiente, lo que incluso podrá manifestar al momento de la notificación del presente proveído; ello en términos de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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