José de Jesús González Silva
Expediente 223/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José de Jesús González Silva
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico, por ende destruible.
- Principal
Vista, la demanda de amparo promovida por *********** y *********, contra actos del Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Capital y Agente del Ministerio Público Especial número tres de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Titular de la Unidad de Secuestro del Estado, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República, fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. ..." En el caso, los quejosos hacen consistir el acto reclamado en: ". El acuerdo mediante el cual se da cumplimiento a sentencia de amparo y se ordena la notificación de fecha veintidós del mes de febrero del año de dos mil diecisiete, concretamente en el punto tercero." Y, del contenido íntegro de los antecedentes de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Ante la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, se está integrando la carpeta de investigación *********, contra quien resulte responsable. 2. El veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, ******** y *************, comparecieron ante el del Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Capital y Agente del Ministerio Público Especial número tres de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Titular de la Unidad de Secuestro del Estado, a solicitar les expidiera copia certificada de la carpeta de investigación. 3. En veintidós de febrero de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Capital y Agente del Ministerio Público Especial número tres de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Titular de la Unidad de Secuestro del Estado, emite un acuerdo en el cual señala que no es procedente su petición, en atención a que hasta el momento no se ha realizado ningún acto tendente a relacionar a ******** y ***********, en la carpeta de investigación, al no haberse realizado aún la individualización de la misma; lo que constituye los actos reclamados. De lo anterior se desprende que en el caso concreto, el acto reclamado deriva de la carpeta de investigación ************ que se encuentra integrando el Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Capital y Agente del Ministerio Público Especial número tres de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Titular de la Unidad de Secuestro del Estado, respecto a la investigación de hechos que probablemente se han cometido y que probablemente constituyan un delito. Y por tanto, que el auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, pronunciado por el Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Capital y Agente del Ministerio Público Especial número tres de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Titular de la Unidad de Secuestro del Estado, en la carpeta de investigación **************, que niega a los aquí quejosos *************, la expedición de la copia certificada de la referida carpeta, que el quejoso reclama; no es un acto que pueda tener como sustento el juicio de garantías, en atención a que éstos carecen de interés legítimo y jurídico para combatir dicho acto ante esta instancia constitucional, pues esa actuación no causa alguna afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Ello en atención a que sería en todo caso, hasta que el Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Capital y Agente del Ministerio Público Especial número tres de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Titular de la Unidad de Secuestro del Estado, realice la individualización de las conductas o bien el juez competente ante quien se realice la gestión correspondiente, resuelva en su caso sobre el pedimento del representante social, cuando se afectaría la esfera jurídica de los quejosos y, cuando en su caso procedería el juicio de amparo indirecto; mientras tanto, contra actos relativos a la integración de la carpeta de investigación; es improcedente el juicio de amparo. Además que, de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Pues como antes se señaló, ante el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, los quejosos carecen de interés jurídico y legitimo para instar la acción constitucional, ya que ello no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que las investigaciones o tramites que ahí se realicen son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Al respecto, cabe señalar que el interés legítimo para la promoción del amparo requiere que el acto reclamado viole los derechos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo, para que con ello se produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del peticionario de garantías, de ahí que se arriba a la evidente conclusión, en el sentido de que los peticionarios de la copia ahora quejosos, no tiene interés legítimo para reclamar en amparo, la determinación del Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Capital y Agente del Ministerio Público Especial número tres de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Titular de la Unidad de Secuestro del Estado. En esta lógica, deviene incuestionable que, en la especie, no se satisface el presupuesto procesal, consistente en que los quejosos y probables indiciados tenga un interés jurídico o interés legítimo, lo que resulta evidente, notorio, manifiesto y de inicio en el juicio de amparo, habida cuenta que la pretensión de los peticionarios de amparo es absolutamente inviable. A mayor abundamiento, cabe añadir que a nada práctico conduciría admitir la demanda de amparo y darle oportunidad a los quejosos de ofrecer pruebas, toda vez que no se trata de una cuestión de hecho, sino de una interpretación de derecho y, por ello, en la sentencia tendría que decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico o interés legítimo. Sirve de apoyo a la anterior determinación en lo conducente, la tesis (X Región)2o.1 P (10a.), con registro 2012423, visible en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por José de Jesús González Silva y José Manuel de la Cruz Reyes, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Como lo solicitan los quejosos, ténganse por autorizados a los licenciados Roberto Jiménez Estrada, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Vicente García Rentería y Julio Octavio Hernández Mercado, únicamente para oír y recibir notificaciones, más no así para promover toda vez que no acreditan ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Del Niño número doscientos treinta y cuatro letra "A", en la ciudad de Zacatecas.
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