Jose de Jesus Gonzalez Pedroza
Expediente 1245/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1245/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose de Jesus Gonzalez Pedroza
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, en razón de que a foja nueve obra un documento que por sus características deben ser devuelto a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. Hágase constar en la carátula la valoración del expediente referido, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Directora de Administración Territorial y Desarrollo del Ayuntamiento de San Luis Potosí; con anexo que acompaña, mediante el cual de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo rinde su informe justificado. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como sus delegados a las personas que indica. Ahora bien, visto el contenido del informe y anexo de cuenta, en concepto de la suscrita, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí, la omisión de dar respuesta a la petición presentada el veintitrés de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, del anexo remitido por la responsable, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable por oficio de tres de octubre de dos mil veintidós dio contestación al escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil veintidós, el cual le fue notificado de manera personal al quejoso el doce del mes y año en curso, cuya omisión se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Se cita a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. " Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Es de aplicación, la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, informa las gestiones que se encuentra realizado a fin de dar cumplimiento al mismo, y al efecto acompaña diversas documentales, mismas con las que se ordena dar vista a las partes. No obstante lo anterior, y visto el contenido del anexo de cuenta, particularmente de las notas médicas y prescripción médica del aquí quejoso, por parte de la Unidad de Alta Especialidad número 34 de Monterrey, Nuevo León, de donde se advierte que el mismo se encuentra programado para cirugía, sin embargo, no se especifica la fecha de la misma. Ahora bien, es menester recordar a las autoridades responsables que los efectos para los cuales se dictó la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo fue para el efecto de que: ".Proporcionen y garanticen cabalmente al quejoso Alejandro Castillo García, el derecho a la salud al nivel más alto posible, para lo cual deberán tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al rango más elevado posible de salud del quejoso, considerando particularmente que padece germinoma de mediastino irresecable, etapa avanzada EC IIIC, por lo cual, dicho impetrante deberá recibir, además de la atención médica adecuada, el tratamiento médico oportuno y apropiado para su padecimiento, así como el medicamento o medicamentos que requiera y que le sean prescritos por el médico tratante. Por tanto, las autoridades responsables deberán realizar las gestiones necesarias, inclusive administrativas, con la debida oportunidad, para que la atención médica y los medicamentos que al momento requiera, se suministren al quejoso de mérito, de forma oportuna, permanente y constante, sin interrupciones y agotando para ello todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad; ello, para lograr el más alto nivel posible de salud del quejoso de mérito. Lo anterior, hasta en tanto, derivado de la valoración periódica a la que estuviese sujeto, conforme a su enfermedad, se disponga lo opuesto, es decir, que ya no persiste el estado de enfermedad que padece y que por ello, ya no requiera la entrega del citado medicamento." Sin embargo, como ya se precisó en párrafos que anteceden, de las notas médicas y prescripción médica del aquí quejoso, por parte de la Unidad de Alta Especialidad número 34 de Monterrey, Nuevo León, se advierte que el quejoso se encuentra programado para cirugía para combatir el tumor que padece, desde el doce de septiembre de dos mil veintidós, empero no se desprende que se haya fijado fecha para la misma, o bien, la orden del médico tratante, con relación al seguimiento del tratamiento que corresponda. En ese sentido, se vincula al Director de la Unidad de Alta Especialidad número 34 de Monterrey, Nuevo León como autoridad responsable para el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se le requiere, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente auto, realice el pronunciamiento respectivo con relación a lo anteriormente citado y, justifique con las pruebas documentales el debido acatamiento a las prescripciones médicas que se han efectuado al quejoso, la entrega de los medicamentos conducentes y lo relativo a la cirugía del tumor que refiere, debiendo acompañarles al efecto copia simple del oficio de cuenta, así como copia de la sentencia, comunicándole que las acciones derivadas de la atención médica del quejoso, son en cumplimiento a ese fallo que se encuentra firme. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a CIEN DÍAS del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Jose de Jesus Castillo Sanchez274/2022
- Jose de Jesus Corona Alvarado311/2018
- Jose de Jesus Enhorabuena Martinez72/2018
- Jose de Jesus Esquivel Barberena766/2020
- Jose de Jesus Galarza Almaguer1315/2017
- José de Jesús García Martínez64/2021
- Jose de Jesus Landeros Pulido864/2020
- Jose de Jesus Leyva Rivera706/2018
- Jose de Jesus Martinez Reynoso657/2020
- Jose de Jesus Mendoza Barcenas310/2019
- Jose de Jesus Moncada Robles344/2019
- Jose de Jesus Nario Saldaña1570/2022