José de Jesús González Mijes

Expediente 586/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
586/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • José de Jesús González Mijes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó su demanda de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO 29 DE JULIO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: ".. agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por José de Jesús González Mijes; atento a su contenido, se tiene cumplida la prevención formulada en proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, por lo que se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, el quejoso José de Jesús González Mijes acude al juicio de amparo señalando como actos y autoridades responsables los siguientes: La diligencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, a en la cual, la actuaria judicial adscrita a la Central de Actuarios de Salamanca, Guanajuato, ejecutó la orden de entrega de posesión real y material ordenada por el Juez Tercero Civil de Partido de esa ciudad, dentro del juicio ordinario civil C-525/2018; y La resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, a través de la cual aprueba la diligencia de posesión y entrega precisada en el párrafo anterior a favor de la parte actora. Desechamiento respecto del acto precisado en el inciso identificado como a). En relación al acto reclamado precisado en el inciso a), es decir, la diligencia de entrega de posesión real y material de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, llevada a cabo por la actuarial judicial de la Oficina Central de Actuarios de Salamanca, Guanajuato, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El supuesto que contempla el numeral se actualiza de dos maneras: (a) Por revocación, y (b) Por sustitución. El primer supuesto se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato, de manera que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. En el caso se actualiza la segunda hipótesis, pues el veintiocho de junio de este año, el Juez Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, aprobó la diligencia que reclama el quejoso, en la que el actuario judicial ejecutó la entrega real y material de los bienes que reclama el quejoso, en favor de la parte actora. Luego, el acto precisado en el inciso a), esto es, la diligencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, ejecutada por la actuaria adscrita a la Central de Actuarios de Salamanca, Guanajuato, quedó substituida procesalmente por el auto de veintiocho siguiente que aprobó su actuación; por tanto, la diligencia reclamada no es ya la actuación que de manera actual incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues lo resuelto el veintiocho de junio de dos mil veintiuno dictado por el Juez Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil C-525/2018, trajo como consecuencia que, por sustitución procesal, cesaran los efectos de la diligencia referida, razón por la que subsiste procesalmente esta última determinación. Por tanto, existe un impedimento técnico para que en esta instancia constitucional se verifique de forma directa la regularidad de lo reclamado en el inciso a), pues su situación jurídica actualmente se rige por la decisión asumida por el juez en la determinación relativa a la aprobación de dicha diligencia. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso José de Jesús González Mijes y sobre el acto reclamado y autoridad precisados en este bloque. Desechamiento respecto del acto precisado en el inciso identificado como b). Ahora bien, respecto del inciso identificado como b), en el cual, el quejoso reclama la resolución dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual aprobó la diligencia de posesión y entrega a favor de la actora que ejecutó la actuaria judicial el veinticinco de junio de este año, dentro del juicio ordinario civil C-525/2018 de su índice, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Tal numeral se refiere al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el carácter extraordinario de la defensa constitucional; por lo cual, el quejoso debe acudir a las instancias legales que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previamente a la promoción del amparo. De esta manera, el juicio de amparo será improcedente cuando el quejoso inobserve el principio de definitividad; esto es, el juzgador se encontrará impedido para analizar el fondo del asunto si la ley que regula al acto reclamado establece un recurso o medio ordinario de defensa dentro del procedimiento, a través del cual las partes del juicio natural puedan obtener la revocación, modificación o nulificación de los actos reclamados, previamente a la promoción del juicio de amparo; debiendo entenderse por la expresión "procedimiento" a la pluralidad de tipos de procedimiento que se suscitan en uno o más procesos judiciales, y por "ley" a los ordenamientos legales que guardan relación con los actos reclamados, por haber establecido su nacimiento o instrucción, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales las resoluciones o actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico o tribunal de segunda instancia. El derecho procesal ha creado los medios de impugnación y los recursos con la finalidad de enmendar los errores cometidos en determinados autos dictados dentro del proceso o una vez concluido éste. Sentado lo anterior, los artículos 68, 69, 236, 243, 244 y 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establecen: "Artículo 68. En los partidos judiciales donde sólo exista un Juzgado del ramo, la cumplimentación de las resoluciones judiciales que deba tener lugar fuera del local del Juzgado, estará a cargo de un actuario que el juez designe. [.] Los actuarios tendrán fe pública en todo lo relativo de su cargo, debiendo observar las disposiciones legales aplicables, absteniéndose de resolver toda cuestión de fondo, pero haciendo constar las oposiciones y promociones de los interesados relativos a la diligencia. Artículo 69. La cumplimentación de que trata el artículo anterior, será revisada, de oficio, por el juez. La revisión tendrá por objeto ordenar que se subsanen los errores cometidos en la cumplimentación. La resolución que pronuncie será apelable. Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. (.) Artículo 243. Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los Jueces de Partido como por los Menores. Artículo 244. Las sentencias que fueran apelables conforme al artículo anterior lo será en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." (Énfasis añadido) De lo anterior se colige que contra el acto que reclama la quejosa procede el recurso de apelación. En efecto, el acto reclamado puede ser impugnado a través del recurso de apelación, pues a través de dicho auto se aprobó la diligencia de posesión y entrega a favor de la actora que llevó a cabo la fedataria judicial adscrita a la Oficina Central de Actuarios de Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato, el veinticinco de junio de este año, dentro del juicio ordinario civil C-525/2018 del índice del Tercero de Partido Civil de esa ciudad. Por tanto, si la legislación que rige el acto reclamado prevé un medio ordinario de defensa por el cual puede ser confirmado, revocado o modificado, y éste no fue agotado previo a acudir a la instancia constitucional, entonces resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Además, en el caso que nos ocupa no se actualiza alguno de los supuestos de excepción como son: que el promovente sea tercero extraño al procedimiento, ya que tiene el carácter de parte demandada en el juicio de origen. Tampoco se trata de algún acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, el acto reclamado no afecta la libertad personal de la quejosa ni se reclama un auto de vinculación a proceso. Y la procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinar su procedencia. Por lo que José de Jesús González Mijes no se encontraba exento de interponer el medio de defensa que le confiere la ley para dejar insubsistente el acto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por José de Jesús González Mijes....."

  3. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por José de Jesús González Mijes; atento a su contenido, se tiene cumplida la prevención formulada en proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, por lo que se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, el quejoso José de Jesús González Mijes acude al juicio de amparo señalando como actos y autoridades responsables los siguientes: La diligencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, a en la cual, la actuaria judicial adscrita a la Central de Actuarios de Salamanca, Guanajuato, ejecutó la orden de entrega de posesión real y material ordenada por el Juez Tercero Civil de Partido de esa ciudad, dentro del juicio ordinario civil C-525/2018; y La resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, a través de la cual aprueba la diligencia de posesión y entrega precisada en el párrafo anterior a favor de la parte actora. Desechamiento respecto del acto precisado en el inciso identificado como a). En relación al acto reclamado precisado en el inciso a), es decir, la diligencia de entrega de posesión real y material de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, llevada a cabo por la actuarial judicial de la Oficina Central de Actuarios de Salamanca, Guanajuato, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El supuesto que contempla el numeral se actualiza de dos maneras: (a) Por revocación, y (b) Por sustitución. El primer supuesto se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato, de manera que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. En el caso se actualiza la segunda hipótesis, pues el veintiocho de junio de este año, el Juez Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, aprobó la diligencia que reclama el quejoso, en la que el actuario judicial ejecutó la entrega real y material de los bienes que reclama el quejoso, en favor de la parte actora. Luego, el acto precisado en el inciso a), esto es, la diligencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, ejecutada por la actuaria adscrita a la Central de Actuarios de Salamanca, Guanajuato, quedó substituida procesalmente por el auto de veintiocho siguiente que aprobó su actuación; por tanto, la diligencia reclamada no es ya la actuación que de manera actual incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues lo resuelto el veintiocho de junio de dos mil veintiuno dictado por el Juez Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil C-525/2018, trajo como consecuencia que, por sustitución procesal, cesaran los efectos de la diligencia referida, razón por la que subsiste procesalmente esta última determinación. Por tanto, existe un impedimento técnico para que en esta instancia constitucional se verifique de forma directa la regularidad de lo reclamado en el inciso a), pues su situación jurídica actualmente se rige por la decisión asumida por el juez en la determinación relativa a la aprobación de dicha diligencia. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso José de Jesús González Mijes y sobre el acto reclamado y autoridad precisados en este bloque. Desechamiento respecto del acto precisado en el inciso identificado como b). Ahora bien, respecto del inciso identificado como b), en el cual, el quejoso reclama la resolución dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual aprobó la diligencia de posesión y entrega a favor de la actora que ejecutó la actuaria judicial el veinticinco de junio de este año, dentro del juicio ordinario civil C-525/2018 de su índice, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Tal numeral se refiere al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el carácter extraordinario de la defensa constitucional; por lo cual, el quejoso debe acudir a las instancias legales que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previamente a la promoción del amparo. De esta manera, el juicio de amparo será improcedente cuando el quejoso inobserve el principio de definitividad; esto es, el juzgador se encontrará impedido para analizar el fondo del asunto si la ley que regula al acto reclamado establece un recurso o medio ordinario de defensa dentro del procedimiento, a través del cual las partes del juicio natural puedan obtener la revocación, modificación o nulificación de los actos reclamados, previamente a la promoción del juicio de amparo; debiendo entenderse por la expresión "procedimiento" a la pluralidad de tipos de procedimiento que se suscitan en uno o más procesos judiciales, y por "ley" a los ordenamientos legales que guardan relación con los actos reclamados, por haber establecido su nacimiento o instrucción, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales las resoluciones o actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico o tribunal de segunda instancia. El derecho procesal ha creado los medios de impugnación y los recursos con la finalidad de enmendar los errores cometidos en determinados autos dictados dentro del proceso o una vez concluido éste. Sentado lo anterior, los artículos 68, 69, 236, 243, 244 y 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establecen: "Artículo 68. En los partidos judiciales donde sólo exista un Juzgado del ramo, la cumplimentación de las resoluciones judiciales que deba tener lugar fuera del local del Juzgado, estará a cargo de un actuario que el juez designe. [.] Los actuarios tendrán fe pública en todo lo relativo de su cargo, debiendo observar las disposiciones legales aplicables, absteniéndose de resolver toda cuestión de fondo, pero haciendo constar las oposiciones y promociones de los interesados relativos a la diligencia. Artículo 69. La cumplimentación de que trata el artículo anterior, será revisada, de oficio, por el juez. La revisión tendrá por objeto ordenar que se subsanen los errores cometidos en la cumplimentación. La resolución que pronuncie será apelable. Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. (.) Artículo 243. Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los Jueces de Partido como por los Menores. Artículo 244. Las sentencias que fueran apelables conforme al artículo anterior lo será en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." (Énfasis añadido) De lo anterior se colige que contra el acto que reclama la quejosa procede el recurso de apelación. En efecto, el acto reclamado puede ser impugnado a través del recurso de apelación, pues a través de dicho auto se aprobó la diligencia de posesión y entrega a favor de la actora que llevó a cabo la fedataria judicial adscrita a la Oficina Central de Actuarios de Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato, el veinticinco de junio de este año, dentro del juicio ordinario civil C-525/2018 del índice del Tercero de Partido Civil de esa ciudad. Por tanto, si la legislación que rige el acto reclamado prevé un medio ordinario de defensa por el cual puede ser confirmado, revocado o modificado, y éste no fue agotado previo a acudir a la instancia constitucional, entonces resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Además, en el caso que nos ocupa no se actualiza alguno de los supuestos de excepción como son: que el promovente sea tercero extraño al procedimiento, ya que tiene el carácter de parte demandada en el juicio de origen. Tampoco se trata de algún acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, el acto reclamado no afecta la libertad personal de la quejosa ni se reclama un auto de vinculación a proceso. Y la procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinar su procedencia. Por lo que José de Jesús González Mijes no se encontraba exento de interponer el medio de defensa que le confiere la ley para dejar insubsistente el acto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por José de Jesús González Mijes.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 586/2021-VI. Antes de proveer respecto de la citada demanda, requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 261 del citado ordenamiento jurídico, por escrito y con copia para cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Narre de manera clara y detallada los hechos del acto reclamado; en el entendido que deberá precisar sólo los actos que derivan del procedimiento seguido en forma de juicio el cual considera le causa agravio. SEGUNDO. Precise si además de aprobar la diligencia de entrega de posesión, con el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se tuvo cumplida la sentencia dictada en el juicio C-525/2018 del índice de la responsable. Lo anterior, resulta necesario para este órgano jurisdiccional para calificar la procedencia del presente juicio de amparo. Se apercibe al promovente de que de no cumplir con esta prevención dentro del plazo indicado, se tendrá no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones.- Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica en su escrito, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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