José de Jesús González Lozano

Expediente 2214/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2214/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús González Lozano
  • Juzgado Primero de Primera Instancia del Sistema Penal, Acusatorio Y Oral, Y Órdenes de Protección En Materia Familiar, Con Sede En Tepic, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio signado por la Jueza de Primera Instancia del sistema Penal Acusatorio y Oral, Ordenes de Protección en Materia Familiar, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través de cual da cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado de Distrito mediante oficio 5598-IV de veintitrés de noviembre del presente año, pues remite las constancias ahí solicitadas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida las pruebas documentales que la citada autoridad adjunta a su oficio de cuenta; sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento de celebrar la audiencia constitucional. De igual forma, con el contenido de las documentales de referencia dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta, firmado por la quejosa MARÍA MERCEDES JIMÉNEZ; luego, en atención a su contenido, se le tiene desahogando la vista contenida mediante proveído de diecisiete de noviembre de la presente anualidad. Luego, dado el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MARÍA MERCEDES JIMÉNEZ, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Director y Responsable de la Farmacia, ambos del Hospital "Dr. Aquiles Calles" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Tepic, Nayarit, y de la Directora y del Responsable de Farmacia, ambos del Hospital Regional "Valentín Gómez Farías" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Zapopan, Jalisco, a efecto de que: ".provean lo necesario con la finalidad de que se le siga suministrando a dicha amparista el medicamento denominado Clorambucilo tabletas, 2 miligramos, necesario para su padecimiento de leucemia linfocítica crónica. En la inteligencia que de ninguna manera se restringe el ejercicio de la libertad y autonomía prescriptiva de las autoridades médicas involucradas, lo que puede implicar suspender el tratamiento de darse el caso de que, bajo una valoración objetiva, los efectos del suministro del medicamento pongan en peligro la vida del impetrante, o bien, lejos de mejorar su calidad de vida la disminuya, ya que el suministro del fármaco será bajo la más estricta responsabilidad y supervisión médica, con el puntual y debido seguimiento clínico de los resultados del tratamiento de mérito por parte de la institución de salud. Es particularmente relevante puntualizar que los efectos de la protección constitucional que ahora se otorga, no únicamente se circunscriben a la omisión reclamada, sino que, a fin de salvaguardar el derecho a la salud a la parte quejosa, le sea proporcionado de manera integral el tratamiento y atención médica necesaria para su padecimiento a fin de consolidar ese derecho a su favor por parte del estado tal y como lo establece nuestra Carta Magna". En cumplimiento a ello, el Director y el Encargado de la Farmacia, ambos del Hospital "Dr. Aquiles Calles" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Tepic, Nayarit, mediante oficio sin número recibido el cinco de marzo de dos mil veintiuno, hizo del conocimiento que se brindó atención médica a la quejosa y con fecha 09 de agosto de 2019, le fue surtida la receta médica expedida por ese nosocomio, e informó que en ese Hospital no se contaba con especialidad de Hematología, por tal motivo con fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, dicha paciente fue referida al tercer nivel de atención médica, esto es, al Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías" con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para darle seguimiento a la patología que padece. Por su parte, la Directora del Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Zapopan, Jalisco, mediante oficio 533/2021 recibido el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en acatamiento al fallo protector informó que la amparista necesitaba nueva valoración con el médico especialista, dada la naturaleza de su padecimiento, a efecto de que se determinara si era necesario la continuación del tratamiento bajo dicho medicamento o con uno diverso de acuerdo a su padecimiento actual, con un puntual y debido seguimiento clínico, motivo por el cual se le generó una fecha para ello con el médico especialista. Para ello, este órgano jurisdiccional el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, requirió a la parte quejosa para que acudiera en la fecha y hora señalada para su valoración médica correspondiente ante el Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Zapopan, Jalisco, sin que la misma haya acudido a su valoración. En atención a ello, la quejosa MARÍA MERCEDES JIMÉNEZ, mediante ocurso recibido el siete de abril de dos mil veintiuno, manifestó la imposibilidad que tuvo para acudir a valoración ante el Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Zapopan, Jalisco, toda vez que con fecha seis de abril del citado año, le fue aplicada la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS COV2, lo cual acreditó con la copia del comprobante de vacunación que acompaña para tal efecto. Además, la referida quejosa manifestó que en el Hospital General "Dr Aquiles Calles" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Tepic, Nayarit, ya se cuenta con un especialista en hematología, que según es sabido es el doctor Fernando Pérez de Alba; y que por ende ya no subsistía la razón que propicio que ante la falta de esa especialidad médica, en el mes de julio de dos mil diecinueve, el Director de dicho nosocomio como autoridad responsable ordenara su traslado al Hospital Regional "Valentín Gómez Farías", ubicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco". Por su parte, el Director del Hospital "Dr. Aquiles Calles" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Tepic, Nayarit, mediante oficio sin número recibido el quince de abril de dos mil veintiuno, hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que en esa fecha el nosocomio ya cuenta con médico especialista en Hematología; sin embargo, para que dicha institución retomara su expediente, resultaba necesario que la paciente realizara el trámite ante su médico tratante del Hospital Regional "Valentín Gómez Farías", ubicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, para que, sea éste, quien previa valoración médica y siguiendo los protocolos médico-administrativos, determinara si era viable contraferirla a este Hospital para el manejo y seguimiento de su padecimiento. Mediante oficio con folio CAJ 485/2021 el Delegado y Coordinador de Asuntos Jurídicos del Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Zapopan, Jalisco, informó que le fue agendada a la multicitada quejosa cita para valoración médica con el especialista en Hematología para las diez horas del dos de diciembre de dos mil veintiuno, lo cual se hizo del conocimiento a la parte quejosa a efecto de que la autoridad en comento se encontrara en condiciones de proceder al acatamiento del fallo protector, con los apercibimientos de ley. Sin embargo, el Coordinador de Apoyo Médico, Servicio Jurídico del Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en Zapopan, a través del oficio recibido por este Juzgado de Distrito en data catorce de diciembre de dos mil veintiuno comunicó que la quejosa que la quejosa no acudió a su cita médica. Luego, el Director del Hospital General "Dr. Aquiles Calles Ramírez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, mediante comunicado recepcionado por este Juzgado Federal el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno informó que la quejosa contaba con cita para el seis de enero de dos mil veintidós en el Servicio de Hematología del Hospital "Gómez Farías" de ese Instituto en la ciudad de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se requirió a la amparista para que acudiera a la misma; sin embargo, mediante escrito de cuatro de enero del año en curso la quejosa solicitó que se hicieran las gestiones necesarias a efecto de que su expediente clínico sea remitido al primero de esos nosocomios derivado de que ya contaba con un especialista en hematología. En atención a ello, se le informó a la parte quejosa mediante auto de cinco de enero del año en curso que no era posible proveer a su petición derivado de que se encuentra referida al citado Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado que era necesario acudir a su cita médica en esa institución para que fuera contrarreferida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 19 del Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores derivado del protocolo que dicha institución debe seguir. Además, mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós se requirió al Director del Hospital General "Dr. Aquiles Calles Ramírez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que manifestara si en ese nosocomio existía un médico responsable en hematología como lo refirió la parte quejosa, lo cual fue atendido mediante oficio recibido el doce de abril del año en curso en el sentido de que sí cuenta con un especialista, pero para que éste tratara a la quejosa era necesario que acudiera al Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en Zapopan, para efectos de ser contrarreferida; requiriendo a éste último para que con la anticipación debida programara cita médica para la citada quejosa; en acatamiento a ello, la institución en comento con fecha diez de junio de dos mil veintidós informó que se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de ese mes y año para la cita médica de la amparista con el especialista en hematología. No obstante de encontrarse notificada de lo anterior la parte quejosa, no acudió a la cita médica pese a que fue notificada con la debida anticipación y se realizaron los trámites correspondientes a los viáticos para ello, pues mediante escrito recibido el veintisiete de junio del año próximo pasado insistió nuevamente en indicar que en esta ciudad ya existe un médico especializado e hizo del conocimiento además que cuenta con el servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad para el tratamiento de su padecimiento de leucemia linfocítica crónica. En mérito de lo antes expuesto, por auto de doce de julio de dos mil veintidós se consideró que existía imposibilidad jurídica para cumplir en sus términos la sentencia dictada en autos, y ordenó remitir los autos originales al Tribunal de alzada a efecto de que calificara dicha imposibilidad jurídica. Mediante oficio recibido el dieciséis de junio de dos mil veintitrés el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia 32/2022 de su índice, y por tanto se dejó insubsistente el auto de doce de julio de dos mil veintidós. Luego, atendiendo los motivos y razonamientos jurídicos expuestos por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit en el incidente de inejecución de sentencia 32/2022, en el sentido de que se debe respetar el derecho fundamental a la salud, a través del suministro del medicamento denominado Clorambucil tabletas, 2 miligramos, así como otorgar el tratamiento y atención médica necesarios para el padecimiento de leucemia linfocítica crónica de la aquí peticionaria de amparo MARÍA MERCEDES JIMÉNEZ, se requirió a la autoridad responsable denominada Director del Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Zapopan, Jalisco, a efecto de que realizara las gestiones necesarias y pertinentes a fin de que el expediente clínico de la citada quejosa ?expediente clínico físico y/o expediente clínico electrónico? le fuera remitido del Hospital Regional "Doctor Valentín Gómez Farías" con sede en Zapopan, Jalisco, al Hospital "Doctor Aquiles Calles" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Tepic, Nayarit, con la finalidad de que sea un médico especialista en hematología de este último nosocomio, quien le diera el manejo y seguimiento de su padecimiento y procediera a otorgarle el tratamiento y atención médica necesarios, así como la elaboración de la receta para suministro del referido medicamento, tal como lo precisó el citado Tribunal de alzada en su ejecutoria 32/2022. A quien se le hizo saber que el envío del expediente clínico de su paciente MARÍA MERCEDES JIMÉNEZ aquí quejosa debería realizarse sin la presencia de ésta en el citado nosocomio de Zapopan, Jalisco, ello en estricto cumplimiento a los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en el manejo, propiedad, titularidad y confidencialidad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 Del Expediente Clínico ?de observancia obligatoria para el personal del área de la salud y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado?, debiendo la Directora de dicho hospital ?en cuanto autoridad responsable? verificar que el expediente clínico esté debidamente integrado, el cual deberá contar con lo siguiente: datos generales de la usuaria, historia clínica, interrogatorio, exploración física, resultados de estudios de laboratorio, gabinete y otros, diagnósticos o problemas clínicos, pronóstico, indicación terapéutica, medicamentos prescritos, señalando como mínimo la dosis, vía de administración y periodicidad. En caso de no contar con alguno de los relatados requisitos, ello no será motivo para retrasar, obstaculizar o negar la remisión del expediente clínico al Hospital "Doctor Aquiles Calles", con sede en Tepic, Nayarit. En el entendido de que la Directora del Hospital Regional "Valentín Gómez Farías", en Zapopan, Jalisco, y el Director del Hospital "Doctor Aquiles Calles", con sede en Tepic, Nayarit, deberían realizar las gestiones necesarias para facilitar el envío-recepción del expediente clínico de MARÍA MERCEDES JIMÉNEZ, en forma impresa y/o utilizando medios electrónicos, así como para que se realice el procedimiento médico?administrativo entre ambos hospitales para la contrarreferencia como paciente en la especialista de hematología de la quejosa, para que sea en el Hospital "Doctor Aquiles Calles", con sede en Tepic, Nayarit, donde reciba medicamento, tratamiento y atención médica oportuna, integral y de calidad. Ello, con la finalidad de agilizar el cumplimiento de la sentencia amparadora ?atendiendo que la fecha de su emisión fue el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno? las autoridades responsables deberían priorizar el envío del expediente clínico electrónico, de contar con el Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud; para lo cual deberán seguir los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, que permita garantizar la confidencialidad de la identidad de la aquí peticionaria de amparo, así como la integridad y confiabilidad de la información clínica. En cumplimiento a ello, el Director del Hospital "Dr. Aquiles Calles" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Tepic, Nayarit, mediante oficio recibido el catorce de julio del presente año, hizo del conocimiento que con fecha veintisiete de junio de dos mil veintitrés, recibió el expediente clínico de la aquí quejosa MARÍA MERCEDES JIMÉNEZ a través del oficio ISS/018.200.204/1128/2023 de veintidós de junio último; además, se le programó cita médica con el Doctor Luis Fernando Pérez de Alba (hematólogo) para el tres de agosto de la presente anualidad, lo cual le fue notificado vía telefónica a la citada peticionaria de amparo, para lo cual adjuntó copias certificadas con las que se acredita la remisión del citado expediente. Por su parte el el Coordinador de Apoyo Médico para Asuntos Jurídicos del Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Zapopan, Jalisco, mediante oficio vía electrónica recibido el dieciséis del mes y año que transcurre hizo del conocimiento que el expediente clínico digitalizado de la paciente MARÍA MERCEDES JIMÉNEZ ?número de cédula OOJJ740116/60?, para que se le brinde atención por un médico especialista el hematología, adjuntando para ello copia que acredita dicha circunstancia. En mérito de lo antes narrado, este juzgador federal estima que se restituyó a la peticionaria de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales, lo cual se corrobora con las manifestaciones vertidas por la propia quejosa en su ocurso de cuenta, en el que refiere que el Hospital "Dr. Aquiles Calles" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Tepic, Nayarit, retomó su expediente clínico por a través del Doctor Luis Fernando Pérez de Alba, para continuar con la supervisión y atención médica de su padecimiento de Leucemia Linfocítica Crónica, quien ordenó estudios para su valoración médica, resultado que el especialista consideró por el momento no es necesario suministrarle medicamentos, por el momento. Por tanto, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto tanto la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral y Ordenes de Protección en Materia Familiar, con sede en esta Ciudad, al rendir su informe justificado remitió las constancias del juicio 90/2023.O.P.F. de su índice; sin embargo de una revisión que se practicó a las mismas, las relativas a la resolución de dieciocho de julio de dos mil veintitrés (acto reclamado) no se encuentran ordenadas o están incompletas, pues de la lectura de dicha resolución no se advierte coherencia entre el fin de una foja y el inicio de otra. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable de referencia, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada completa de la resolución de dieciocho de julio de dos mil veintitrés emitida dentro del expediente de origen, las cuales deberán estar debidamente foliadas, rubricadas, selladas para que adquieran valor probatorio dentro del presente juicio; toda vez que las mismas resultan necesarias para resolver la presente litis constitucional, apercibida la autoridad que de no hacerlo en su oportunidad se le aplicará multa de CIEN Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, EN ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN:TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, remite inserta la resolución pronunciada en el amparo en revisión administrativo 197/2023 de su índice, relacionado con el juicio de amparo indirecto 2040/2022, de la estadística de este Juzgado; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida." "SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Angélica Romero Mora, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación. En virtud de que las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes derivado del presente juicio de amparo resultan innecesarias, procédase a su destrucción y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. Luego, toda vez que en la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Alzada, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Angélica Romero Mora, para los efectos siguientes: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo, y 46, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, las indicadas normas jurídicas, mientras no se modifiquen, lo cual implica que no se deberá restar o retener monto alguno de su pensión quincenal, que deba destinarse al fondo de pensiones; y, 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, el Director General, y el Presidente del Comité de Vigilancia, estos dos últimos, del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, o la autoridad que legalmente corresponda, devuelva a la parte quejosa todas y cada una de las cantidades que le han sido descontadas en los talones de cheques por concepto '504 fondo de pensiones', con base en las normas declaradas inconstitucionales, a saber, los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. En el entendido de que dichas cantidades habrán de ser debidamente actualizadas, hasta el momento en que le sean reintegradas en su totalidad. 3. La devolución las cantidades de referencia, deberá efectuarse a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que, de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia; documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad, al Juzgado del conocimiento, debiendo certificarlas para acreditar el cumplimiento del fallo protector." Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase única y exclusivamente a las autoridades Director General, Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia; apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general

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