José de Jesús González López
Expediente 1013/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José de Jesús González López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
El doce de enero de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario de juzgado, Certifico: Que el término de diez que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, transcurrió del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete al once de enero del año en curso. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Sí se tramitó incidente de suspensión, sin que las partes hayan exhibido billete de depósito, como tampoco existe recurso pendiente de resolver. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, doce de enero de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte devuélvase a la autoridad responsable, juez Segundo de Primera Instancia de Río Grande, Zacatecas, las constancias que rindió en apoyo a su informe justificado. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.
- Principal
El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción con registro 16751. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la promoción de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la referida autoridad las documentales que acompaña a su informe, las cuales, dado su volumen, se ordena sean guardadas por separado. Ahora bien, toda vez que de las constancias que se reciben se advierte el doce de diciembre de dos mil diecisiete, el juez responsable dictó la resolución por la que resolvió la situación jurídica del promovente del amparo José de Jesús González López, decretando en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO cometido en agravio de Eréndida Rodríguez Ramírez. Atendiendo a lo anterior, el que resuelve advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De la demanda de amparo se advierte que el quejoso José de Jesús González López reclama la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra, así como su ejecución, señalando como autoridades responsables a los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar; Juez Municipal y de Paz; Agentes del Ministerio Público número Uno y Dos, adscritos a la Agencia de Unidad de Investigaciones Mixtas; Comandante General de la Policía Ministerial del estado, todos con sede en Río Grande, Zacatecas y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado. Luego, previo acuerdo aclaratorio, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de garantías. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, específicamente de las copias certificadas del proceso penal 11/2016, que el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, remitió como justificación de sus actos, se obtiene que el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, giró orden de aprehensión en contra del quejoso José de Jesús González López, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FRAUDE, cometido en perjuicio de Eréndida Rodríguez Ramírez. El Juez responsable, al rendir su respectivo informe justificado, convino expresamente en la existencia de los actos que se le reclaman. Ahora bien, de las copias fotostáticas certificadas que el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, remite con el oficio de cuenta, se obtiene que dicha autoridad en resolución pronunciada el doce de diciembre del año en curso, resolvió la situación jurídica del quejoso José de Jesús González López, habiendo decretado en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito anotado. Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario del amparo, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa, auto de término constitucional que resolvió la situación jurídica del quejoso de mérito, inconcuso resulta que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar el actual status legal del quejoso. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en una orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se dictó auto de término constitucional, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el agraviado, por virtud de la orden de aprehensión combatida en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicho mandamiento de captura, sin afectar su vigente situación legal; lo anterior, se fortalece si se toma en consideración que el auto de término constitucional es autónomo e independiente de aquél mandato aprehensorio; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión del auto de formal prisión pronunciado en contra del promovente del amparo en la causa penal de origen, lógicamente que su actual situación legal ahora es consecuencia de esa resolución y no de la orden de aprehensión que reclamó en esta instancia constitucional. Tiene puntual aplicación a lo anterior, la tesis 1ª/J.17/2008, con número de registro 169410, visible en la página 270, Tomo XXVII, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2008, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Esto último encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, cuyo texto se lee: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase dicha circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución que se reclaman al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado y Comandante General de la Policía Ministerial del estado, con sede en Río Grande, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción con registro 16751. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la promoción de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la referida autoridad las documentales que acompaña a su informe, las cuales, dado su volumen, se ordena sean guardadas por separado. Ahora bien, toda vez que de las constancias que se reciben se advierte el doce de diciembre de dos mil diecisiete, el juez responsable dictó la resolución por la que resolvió la situación jurídica del promovente del amparo José de Jesús González López, decretando en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO cometido en agravio de Eréndida Rodríguez Ramírez. Atendiendo a lo anterior, el que resuelve advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De la demanda de amparo se advierte que el quejoso José de Jesús González López reclama la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra, así como su ejecución, señalando como autoridades responsables a los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar; Juez Municipal y de Paz; Agentes del Ministerio Público número Uno y Dos, adscritos a la Agencia de Unidad de Investigaciones Mixtas; Comandante General de la Policía Ministerial del estado, todos con sede en Río Grande, Zacatecas y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado. Luego, previo acuerdo aclaratorio, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de garantías. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, específicamente de las copias certificadas del proceso penal 11/2016, que el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, remitió como justificación de sus actos, se obtiene que el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, giró orden de aprehensión en contra del quejoso José de Jesús González López, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FRAUDE, cometido en perjuicio de Eréndida Rodríguez Ramírez. El Juez responsable, al rendir su respectivo informe justificado, convino expresamente en la existencia de los actos que se le reclaman. Ahora bien, de las copias fotostáticas certificadas que el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, remite con el oficio de cuenta, se obtiene que dicha autoridad en resolución pronunciada el doce de diciembre del año en curso, resolvió la situación jurídica del quejoso José de Jesús González López, habiendo decretado en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito anotado. Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario del amparo, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa, auto de término constitucional que resolvió la situación jurídica del quejoso de mérito, inconcuso resulta que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar el actual status legal del quejoso. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en una orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se dictó auto de término constitucional, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el agraviado, por virtud de la orden de aprehensión combatida en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicho mandamiento de captura, sin afectar su vigente situación legal; lo anterior, se fortalece si se toma en consideración que el auto de término constitucional es autónomo e independiente de aquél mandato aprehensorio; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión del auto de formal prisión pronunciado en contra del promovente del amparo en la causa penal de origen, lógicamente que su actual situación legal ahora es consecuencia de esa resolución y no de la orden de aprehensión que reclamó en esta instancia constitucional. Tiene puntual aplicación a lo anterior, la tesis 1ª/J.17/2008, con número de registro 169410, visible en la página 270, Tomo XXVII, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2008, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Esto último encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, cuyo texto se lee: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase dicha circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución que se reclaman al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado y Comandante General de la Policía Ministerial del estado, con sede en Río Grande, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci"
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 1013/2017, Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, quien actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el secretario procede a hacer relación de las constancias que integran el presente cuaderno incidental, entre las que destacan: copia de la demanda de amparo; auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada; interlocutoria de siete del mes y año en curso, por la que se concedió la suspensión definitiva solicitada respecto al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado y se difirió por cuanto hace a las diversas responsables (fojas 24-29); asimismo, se da cuenta con los informes previos que rindieron las autoridades responsables Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar; Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación Mixta Número Uno y Dos y Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, todos del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; asimismo con el hecho de que la autoridad responsable Juez Municipal o de Paz, de Río Grande, Zacatecas, no rindió su informe previo, no obstante obra en autos el acuse de recibo del oficio por el cual se le solicitó. A lo anterior el juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias y por omisa en rendir el informe previo que a su parte corresponde al Juez Municipal o de Paz, de Río Grande, Zacatecas. En el periodo de pruebas y de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció ni los formuló. No existiendo más actuaciones y constancias que relacionar y sin pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se procede a dictar la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1013/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. José de Jesús González López, por su propio derecho promovió juicio de amparo y solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a los Agentes del Ministerio Público número Uno y Dos, adscritos a la Agencia de Unidad de Investigaciones Mixtas con residencia en Río Grande, Zacatecas; Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; Juez Municipal y de Paz, con sede en Río Grande, Zacatecas; Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado y Comandante General de la Policía Ministerial del estado, con sede en Río Grande, Zacatecas, que esencialmente hizo consistir en la orden de aprehensión y/o detención y su ejecución. SEGUNDO. Por auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se dio trámite al presente incidente, en que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; se requirió a las autoridades responsables su informe previo; se notificó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes a la audiencia incidental; la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. TERCERO. Mediante resolución interlocutoria de siete de diciembre de la presente anualidad, se concedió la suspensión definitiva solicitada respecto a la autoridad responsable Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado y se difirió por las diversas Agentes del Ministerio Público número Uno y Dos, adscritos a la Agencia de Unidad de Investigaciones Mixtas con residencia en Río Grande, Zacatecas; Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; Juez Municipal y de Paz, con sede en Río Grande, Zacatecas y Comandante General de la Policía Ministerial del estado, con sede en Río Grande, Zacatecas (fojas 24-29). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de amparo del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 y 138 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, el cual señala que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, los actos reclamados esencialmente consisten en la orden de aprehensión y/o detención girada en su contra y su ejecución. TERCERO. Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia y Agentes del Ministerio Público número Uno y Dos, adscritos a la Agencia de Unidad de Investigaciones Mixtas todos del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, al rendir su informe previo negaron expresamente la existencia de los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por otra parte, el Juez Municipal o de Paz de Río Grande, Zacatecas, fue omisa en rendir su correspondiente informe previo, no obstante de haber sido legalmente notificada del oficio 27658/2017 de treinta de noviembre del año en curso, por el que se le solicitó, como se advierte del acuse de recibo que obra agregado en el presente incidente (foja 45); sin embargo, no opera la presunción de certeza, toda vez que el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, al rendir su informe previo aceptó la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, debe negarse la suspensión definitiva que se solicita. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 286, visible a fojas 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, del contenido siguiente: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". CUARTO. Las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar (foja 35) y Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos con sede en Río Grande, Zacatecas (foja 40) al rendir su informe previo, reconocen la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Concesión de la suspensión definitiva. En el caso, el quejoso reclama: Los orden de aprehensión y/o detención girada en su contra y su ejecución. Se estima que los requisitos de procedencia de la suspensión se encuentran satisfechos en razón de que: 1. Existe la solicitud respectiva formulada por el peticionario de amparo. 2. La existencia de los actos reclamados está comprobada, toda vez que así lo manifestaron las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar (foja 35) y Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos con sede en Río Grande, Zacatecas (foja 40) al rendir su informe previo, sin embargo, el juez responsable agregó que el seis de diciembre de dos mil diecisiete, el quejoso se acogió al procedimiento, rindiendo su declaración preparatoria, solicitando la duplicidad del término constitucional, el que venció a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del doce de diciembre de dos mil diecisiete. 3. La naturaleza de los actos reclamados permite la paralización de sus efectos, a saber: la privación de la libertad personal del quejoso con motivo de la cumplimentación de la orden de aprehensión y/o detención y girada en su contra y su ejecución. 4. El peticionario de amparo resiente un perjuicio en su esfera jurídica ya que, de ser ejecutadas las órdenes reclamadas, se le causaría un agravio irreparable, en razón de que sería privado de su libertad, lo que no podría retrotraerse en el tiempo. 5. Hasta el presente momento, no existe presunción de que las órdenes reclamadas afecten al interés social o el orden público, puesto que, contrario a ello, las órdenes de aprehensión, presentación y detención reclamadas, así como el auto de formal prisión, sólo generan perjuicio sobre la libertad personal del quejoso. En ese sentido, por cuanto hace a la ORDEN DE APREHENSIÓN reclamada, considerando que se actualizan las condiciones que establece el artículo 128, con apoyo en los artículos 162 y 166, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que quede a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal se refiere y del juez de la causa para la continuación del procedimiento penal, hasta en tanto exista resolución firme que ponga fin al juicio principal del que deriva esta incidencia. La medida cautelar no surtirá efecto alguno, si la orden de captura es dictada por autoridad distinta a las aquí señaladas como responsables, si se trata de actos posteriores a la concesión de esta medida o si se sorprende al quejoso en la comisión de flagrante delito y casos de urgencia previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que en el caso sea exigible al quejoso la exhibición de garantía alguna -para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva que se concede- toda vez que en interlocutoria de siete de diciembre de dos mil diecisiete, al concederle al peticionario del amparo la suspensión definitiva, se le requirió por la exhibición de la garantía correspondiente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA A José de Jesús González López la suspensión definitiva contra los actos que reclama a la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE A José de Jesús González López la suspensión definitiva contra los actos que reclama a la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
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