Jose de Jesus Gatica Uribe
Expediente 1208/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1208/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose de Jesus Gatica Uribe
Actuaciones
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1208/2023-III, promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por considerarlo violatorio del derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el día siguiente, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES ".Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos..." ACTOS RECLAMADOS ".ha sido omisa en notificar a los testigos de la parte demandada..." ".ha sido omisa en girar los oficios para la dependencia INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES..." ".ha sido omisa en girar los oficios a la H. Junta Local De Conciliación Y Arbitraje Del Estado de Morelos..." SEGUNDO. Admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado formó el expediente 1208/2023-III, y se admitió a trámite la demanda de amparo por cuanto a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a quien se le solicitó su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama una omisión de naturaleza laboral atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados y la autoridad a la que se le atribuyen son: I. De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de desahogar las siguientes pruebas: I.- Testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los testigos ********************; II.- Pericial en materia de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, ofrecida por la parte demandada; y, III.- Informes de autoridad ofrecidos por la parte actora y a cargo del ********************, dentro del juicio laboral ******************** TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Apoya la decisión adoptada, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias derivadas del juicio laboral ********************, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. La Presidenta de la Junta responsable al rendir su informe justificado omitió señalar alguna causal de improcedencia en el presente juicio; de ahí que este órgano de control constitucional está imposibilitado para realizar el análisis respectivo de los motivos de improcedencia, máxime que no es de obvia y de objetiva constatación. Por lo que, al no advertirse causal de improcedencia hecha valer por la autoridad, ni alguna que deba ser examinada de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues en suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, este juzgado advierte un evidente retardo en la impartición de justicia por parte de la Junta responsable, en el trámite del juicio laboral ********************; lo que, desde luego, vulneró en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El referido dispositivo constitucional dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". El derecho constitucional contemplado en dicho ordinal pertenece a la especie de los derechos de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicitados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, visible en la página 299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, alusivo al mes mayo de dos mil dos, del tenor literal siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se disipe la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral. También se destaca que en tratándose de términos y plazos existe una remisión de la Norma Fundamental a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Así, la violación al derecho fundamental de la debida impartición de justicia, se manifiesta a través de dos vertientes: La primera: Consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, La segunda: Implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, esa violación se patentiza a partir de omisiones de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales; es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es acto en sentido estricto o manifestación positiva de un hecho. Ahora bien, de las constancias del expediente laboral ********************, se desprende que mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en dicho juicio, entre ellas, las siguientes, materia del presente juicio de amparo: PRUEBAS ESTADO PARTE DEMANDADA Testimonial a cargo de ********************. Pendiente Pericial en Documentoscopía y Dactiloscopia PARTE ACTORA Informes de autoridad a cargo del ******************** Como se desprende de la tabla que antecede, quedan pendientes por desahogar dichas pruebas, ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen, y para el caso que nos ocupa, la junta ha sido omisa en desahogarlas, específicamente la testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los testigos de la parte demandada ********************; la pericial ofrecida por la parte demandada (en específico girar el oficio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que designe perito a favor del actor; y, los informes de autoridad a cargo del ********************, ofrecidos por la parte actora, dentro del juicio laboral ********************Ahora bien, el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días". Del artículo citado, se advierte que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, una vez dictado el acuerdo donde se admitieron las pruebas, debió señalar día y hora para su desahogo, el cual debió efectuarse dentro de los diez días siguientes, y en caso de que por la naturaleza de las pruebas considerara que no pudieran desahogarse en una sola audiencia, debió señalar día y hora para su desahogo, en un periodo que no podría exceder de treinta días. En el caso, las pruebas cuya falta de desahogo constituye el acto reclamado, fueron admitidas el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve; empero, a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo, esto es, el (siete de septiembre de dos mil veintitrés), la autoridad responsable no acreditó haberlas desahogado, pese a que a ese día, ya había concluido el plazo máximo en el que, conforme al artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, deben desahogarse las pruebas que se admitan en el procedimiento ordinario laboral, así como el diverso de cuarenta y cinco días naturales, establecido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar que se está ante una dilación excesiva. Por tanto, la falta de conclusión de las pruebas señaladas, denota que la autoridad responsable ha omitido tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, lo cual, a su vez, ha retardado el procedimiento e impedido que el juicio sea substanciado dentro de los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Además, cabe decir que a la emisión de esta sentencia, no se tiene noticia de la conclusión de las pruebas admitidas el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, lo cual, la autoridad responsable está en aptitud de informar, porque tiene a su cargo el trámite del procedimiento de origen. En tal orden de ideas, es inconcuso que la autoridad responsable violó el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción en perjuicio de la parte quejosa, ya que desde el auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, admitió las pruebas ofrecidas por las partes, sin embargo, su desahogo no ha concluido; máxime que a la fecha en que se dicta la presente sentencia (diez de noviembre de dos mil veintitrés), no se tiene noticia de que se hayan desahogado las pruebas mencionadas, mediando entre tales fechas, un lapso de más de tres años. Lo anterior, siguiendo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.33/2019 (10ª.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario de la Federación Libro 64, Marzo d3 2019, Tomo II, pagina 1643, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador" En esa tesitura, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa resulta, como se adelantó, fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que de las constancias que obran en autos y que fueron aportadas por la Junta responsable se advierta que mediante audiencia de nueve de octubre de dos mil veintitrés, la responsable hubiese ordenado "GIRAR ATENTO OFICIO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN AUXILIO DE LA LABORES DE ESTA JUNTA, TENGA DESIGNAR PERITO A FAVOR DE LA PARTE ACTORA EN LA MATERIA DE GRAFOSCOPÍA, DACTILOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA."; toda vez que no se advierte que materialmente se hubiese girado oficio de que se trata, pues no obra evidencia de la minuta o el acuse de recibo respectivo; tampoco la circunstancia de que en acuerdo de esa misma fecha la Junta responsables, hubiese ordenado que quedaba a cargo de la parte demandada y oferente de la prueba testimonial de los atestes de que se trata, toda vez que tal y como quedó expuesto en párrafos que anteceden, desde el de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, su desahogo no ha concluido, mediando como se dijo entre tales fechas, un lapso de más de tres años Por lo tanto, es evidente que la Junta responsable infringió el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción del quejoso, consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y para resarcir la violación, debe concluir el desahogo de las pruebas que admitió el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, o bien, declarar su deserción bajo su más estricta responsabilidad y, hecho esto dictar el acuerdo que en derecho proceda para que el juicio pase a su siguiente etapa procesal. No se opone a lo aquí considerado las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable que expresó al momento de rendir su informe justificado en que expone que el motivo que dio origen al acto reclamado (omisión de desahogar la totalidad de las pruebas en el juicio de origen), se atribuye a la excesiva carga de trabajo. Dicha expresión debe desestimarse dado que esa condición de ninguna manera justifica el actuar de la responsable en perjuicio de la parte quejosa, ya que la carga de trabajo no la exime de cumplir con eficacia la función que desempeña respetando en todo momento el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, con registro 177266, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época, material laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. OCTAVO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que la autoridad debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho humano que se consideró infringido en el considerando sexto. Así, se otorga el amparo al quejoso en contra de Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto de que desahogue las siguientes pruebas: I.- Testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los testigos ********************; II.- Pericial en materia de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, ofrecida por la parte demandada; y, III.- Informes de autoridad ofrecidos por la parte actora y a cargo del ********************, dentro del juicio laboral ******************** Cabe destacar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional se delimitan en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes determinado, lo establecido por la tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, Diciembre de 2013, Página 732, con registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************contra los actos reclamados y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando octavo de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se desprende que se señalaron las nueve horas con dieciocho minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo fueron declarados inhábiles los días dieciocho al veintinueve de octubre del año en curso, derivado del paro organizado por la base trabajadora que integran los órganos jurisdicciones Federales del estado de Morelos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y, se señalan para su celebración las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y, personalmente a las partes.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. En otro aspecto, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a su favor las pruebas documentales que adjunta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por otra parte, se le tiene dando cumplimiento, en relación con el requerimiento formulado en autos, ya que remite copias certificadas de las constancias con las que se reconoce la personalidad a Lucía Onofre Peña, como apoderada legal de la parte actora dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado, el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce la personalidad a Lucía Onofre Peña, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en autos, por lo que se provee: Admisión de la demanda..... Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. .... Notifíquese.
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