Jose de Jesus Gasque Apolinar
Expediente 2147/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2147/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose de Jesus Gasque Apolinar
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintitrés de noviembre del año en curso, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACIÓN.- Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso JOSE DE JESUS GASQUE APOLINAR, con el que cumple la prevención realizada en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de amparo de cuenta promovida por la citada parte quejosa, contra actos de la JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito y el escrito aclaratorio, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la suscrita estima que la demanda de amparo debe desecharse al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ésta última interpretada a contrario sensu, ambas de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que los actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan de manera directa derechos sustantivos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Jurisprudencia que es del tenor siguiente: EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Y por analogía la jurisprudencia siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la lectura integral a la demanda de amparo y el escrito aclaratorio con que se dio cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama la falta de notificación en el juicio laboral 789/2017, para la continuación del juicio, en virtud de que se llevó a cabo la audiencia de conciliación demanda y excepciones y la Junta responsable se reservó resolver una incidencia planteada, siendo precisamente la celebración de la audiencia en que se resolvió y la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, específicamente, de las que no fue enterado. Así, se estima que respecto de tal acto no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación en la medida en que no impacta en algún derecho sustantivo de la parte quejosa, y en cambio, se trata de una violación de naturaleza intraprocesal susceptible de ser analizada y reparada, en su caso, en el juicio de amparo directo contra un laudo dictado en la contienda laboral de origen. Esto es así, porque los efectos del acto que reclama consistente en esencia, en la falta de notificación para la continuación del juicio laboral, no trascienden del proceso y son reclamables como violaciones procesales en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo que hace indudable que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Impone destacar que el quejoso no acude a esta instancia constitucional como tercero extraño al procedimiento, por equiparación, pues de las manifestaciones vertidas en su escrito aclaratorio se desprende que lo que reclama no es la falta de llamamiento al juicio laboral, sino se insiste, la falta de notificación para la continuación de aquél, con posterioridad a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones la que se vio interrumpida en virtud de la incidencia que reservó la Junta resolver. De ahí que no sea dable admitir la demanda de amparo bajo ese supuesto de procedencia, esto es, como tercero extraño al juicio. Resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en la tesis II.T.145 L, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1209, que prevé: NOTIFICACIÓN ILEGAL AL ACTOR DE LA FECHA DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO, CUANDO AQUÉL CONOCE DE SU CELEBRACIÓN HASTA DESPUÉS DE DICTADO EL LAUDO. La indebida citación del actor a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, a grado tal que motive el desconocimiento de su celebración, enterándose de esa notificación hasta después de dictado el laudo, constituye una violación procesal encuadrable en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, pues dicha infracción causa un grave daño al demandante, por ser en esta audiencia donde debe ofrecer las evidencias pertinentes para acreditar la procedencia de la acción intentada, objetar las de de su contraparte y proponer aquellas que tengan que ver con esta objeción, de conformidad con el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo; de tal modo que su inasistencia genera la pérdida de la oportunidad para hacerlo, lo cual trae aparejada la no recepción de sus probanzas y, en su caso, la indebida admisión de pruebas de su contraparte. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que se inconformara con el proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, que declaró la imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la sentencia dictada este juicio de amparo; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, ténganse a dicha parte conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, hágase la anotación respectiva de archivo en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. Con apoyo en el artículo 18 la fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el mismo en uno de los resolutivos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión. Como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es depurable, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende, como hecho notorio, que en el incidente de suspensión que deriva de este expediente principal, por interlocutoria de veintiuno de septiembre anterior, se otorgó la suspensión definitiva a la menor quejosa M. D. K. C., a efecto de que las responsables, previa valoración médica, señalaran hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech a dicha menor, con sus dos dosis. En esa virtud, dado el tiempo transcurrido desde que dicha medida suspensional de carácter definitivo fue otorgada, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, indique si la menor impetrante ya ha sido inoculada con la vacuna de marras y, en caso afirmativo, precise el número de dosis que de la misma le han sido aplicadas. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa.
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