José de Jesús Garnica Rivera
Expediente 943/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/05/2021
Partes del expediente
- José de Jesús Garnica Rivera
- Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
.-Toluca, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia por cambio de situación jurídica el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Se tiene por recibido el oficio remitido por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por medio del cual, solicita que se le informe el estado procesal que guarda el presente asunto; en esa tesitura, se ordena hacer de su conocimiento que se deberá estar conforme a lo indicado en párrafos que anteceden. Notifíquese.
- Principal
IV.- Toluca, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio con terminación 10471/2020 procedente del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por medio del cual, informa lo siguiente: Que en audiencia de veintidós de diciembre de dos mil veinte, compareció ante esa autoridad responsable el quejoso José de Jesús Garnica Rivera, motivo por el cual se decretó su detención judicial, por su probable participación en el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones, en agravio de las víctimas de identidad resguardada de iniciales P.G.E. y M.J.G.E., representados por sus madre Angélica Esnaurrizar Heredia; asimismo, solicitó que su situación jurídica se resolviera en el plazo de ciento cuarenta y ocho horas, señalando para tales efectos las trece horas del veintiséis de diciembre de dos mil veinte. Posteriormente, en auto de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso en comento, por el hecho delictuoso indicado en supralíneas. Se tuvo como plazo para cierre de investigación complementaria el de dos meses, el cual fenece el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. En esa tesitura, dicho informe tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Prueba Ahora, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la consistente en: 1) Un disco óptico relativo a la carpeta administrativa *****************, de la estadística de la autoridad responsable. La cual se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia En ese contexto, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.).". De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Ello es así, ya que el acto que inicialmente tildó de inconstitucional la parte quejosa fue la orden de aprehensión y su ejecución dictada por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; sin embargo el Juzgado responsable, informó el veintiséis de diciembre de dos mil veinte, dictó auto de vinculación a proceso contra José de Jesús Garnica Rivera -quejoso-, por su probable intervención en el hecho delictuoso hecho de incumplimiento de obligaciones, en agravio de las víctimas de identidad resguardada de iniciales P.G.E. y M.J.G.E., representados por sus madre Angélica Esnaurrizar Heredia;. Bajo esas circunstancias, se evidencia un cambio de situación jurídica, por lo que si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado en este asunto, primigeniamente, el cual dio origen al presente juicio, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la resolución emitida en la causa de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J.95/2007, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". Asimismo, orienta esta determinación la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con registro 2017544, tesis XVII.1º. P.A. J/18 (10ª.), visible en la página 2482, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada).". Además se precisa que el cambio de situación jurídica que se determina no contraviene el derecho del quejoso a contar con un recurso eficaz referido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que previene que el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer algún derecho fundamentar, sino establecer una causal de improcedencia. Tiene aplicación por identidad jurídica, la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de registro 2018570, tesis I.1 1º. C. 28 K (10ª.), visible en la página 1065, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia.". Atendiendo a lo señalado en líneas que preceden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.". Finalmente, se ordena dar cuenta con la presente determinación en el cuaderno incidental, a fin de proveer lo conducente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
IV.- Toluca, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Reactivación del juicio de amparo En términos de la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que a partir del dieciocho de febrero del año en curso, los órganos jurisdiccionales de los circuitos judiciales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto, Noveno, Decimoctavo, Vigesimosegundo, Vigesimocuarto, Vigesimonoveno y Trigesimosegundo, transitan a la operatividad establecida en los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, ello derivado de la suspensión de plazos y términos, a partir del diecinueve de diciembre de dos mil veinte, contenida en la circular CAP/2/2020, que estableció el regreso al esquema de trabajo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los órganos jurisdiccionales del segundo circuito; por tal motivo, es procedente la reanudación en el presente asunto. Estado procesal de autos En esa tesitura, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído emitido el veintidós de diciembre de dos mil veinte, se reservó señalar fecha para la celebración de la audiencia incidental; sin embargo, como se advierte del auto dictado en el juicio principal en esta misma data, se sobreseyó fuera de audiencia dicho asunto -por cambio de situación jurídica-; por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta última interpretada en sentido contrario, con relación al artículo 145, de la Ley de Amparo, se declara sin materia el presente incidente de suspensión. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
En cumplimiento al apercibimiento contenido en el aviso de veinte de febrero de dos mil veintiuno, se notifica a la parte quejosa, el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Toluca, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Reactivación del juicio de amparo En términos de la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que a partir del dieciocho de febrero del año en curso, los órganos jurisdiccionales de los circuitos judiciales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto, Noveno, Decimoctavo, Vigesimosegundo, Vigesimocuarto, Vigesimonoveno y Trigesimosegundo, transitan a la operatividad establecida en los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, ello derivado de la suspensión de plazos y términos, a partir del diecinueve de diciembre de dos mil veinte, contenida en la circular CAP/2/2020, que estableció el regreso al esquema de trabajo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los órganos jurisdiccionales del segundo circuito; por tal motivo, es procedente la reanudación en el presente asunto. Estado procesal de autos En esa tesitura, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído emitido el veintidós de diciembre de dos mil veinte, se reservó señalar fecha para la celebración de la audiencia incidental; sin embargo, como se advierte del auto dictado en el juicio principal en esta misma data, se sobreseyó fuera de audiencia dicho asunto -por cambio de situación jurídica-; por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta última interpretada en sentido contrario, con relación al artículo 145, de la Ley de Amparo, se declara sin materia el presente incidente de suspensión. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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