José De Jesus Garcia Ruiz
Expediente 1182/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/09/2016
Partes del expediente
- José De Jesus Garcia Ruiz
Actuaciones
- Principal
II. Con fundamento en el artículo 221del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese el escrito signado por el quejoso José de Jesús García Ruiz, por medio del cual realiza diversas manifestaciones; atento a lo anterior, dígase que se esté a lo acordado en el proveído de once de agosto del año en curso. Vista de la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de once de agosto de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, tomando en consideración que en esta fecha causó estado el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo general Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
(aviso parte quejosa) VII. Visto el estado procesal que guardan las actuaciones del sumario en que se actúa, la certificación secretarial que antecede, las manifestaciones vertidas por los terceros interesados, así como por la parte quejosa y dado que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada en sus términos. En principio conviene acotar que mediante proveído de catorce de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de dicho proveído, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector realizado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Rezago de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Autoridad que si bien no fue señalada formalmente como responsable en el presente juicio, quedó estrictamente vinculada a acatar el fallo protector, con motivo de sus atribuciones en la integración de la indagatoria que originó el acto reclamado, así como por instrucciones directas de la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado de México, en su carácter de superior jerárquico, tal como se aprecia del oficio 21312000/A-185/2016, de ocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 1231 a 1239). De ahí que no asista razón a la parte quejosa para afirmar que está en pleno estado de indefensión, debido a que el Procurador General de Justicia no dio respuesta al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, pues dicha situación estará atendida en la medida que la autoridad que instruyó para tal efecto y que legalmente está facultada para conocer de la averiguación previa, haya ajustado su actuar a los lineamientos que se establecieron en la ejecutoria de amparo. Destacando que si bien en proveído de diez de junio del presente año (foja 1240), en atención al oficio por el cual el Procurador General de Justicia del Estado de México comunicó las instrucciones que había dado para acatar el fallo protector, este órgano jurisdiccional le hizo saber que él era el responsable de informar las gestiones relativas al cumplimiento, dicha situación no implica que se le pretenda obligar a actuar conforme a atribuciones que no le corresponden, sino únicamente a que esté pendiente de vigilar el trámite que sus subordinados den al fallo protector al que está vinculado, pues evidentemente cualquier situación de responsabilidad a partir de su incumplimiento, recae directamente en la autoridad que formalmente está señalada como responsable, con lo cual no se genera estado de indefensión alguna para los quejosos. Precisado lo anterior y a fin de determinar si se ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, conviene destacar los datos relevantes del trámite del presente juicio, a saber: Los quejosos José Guadalupe Baltasar Pablo, Rogelio de los Ángeles Herrera, Félix Cristóbal González, Felipe Hernández de Jesús, Carlos Hernández Reyes, Ofelio Lucas Pérez, Federico Mendoza Longinos, Raúl Ordónez Moreno, Hipólito Ortiz Santiago, Idelfonso Pablo Gutiérrez, Lucio Ramírez Álvarez, Bonifacio Manuel Reyes Pérez, Emilio Santiago Balderas, Domingo Santiago Hernández, Clemente Teherán González y Jorge Urbina Cortes, en su carácter de ejidatarios del Ejido de la Magdalena Chichicaspa y Accionistas de la Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, sociedad anónima de capital variable, reclamaron en el presente juicio la resolución de veinticinco de marzo de dos mil catorce que confirmó el no ejercicio de la acción penal. Mediante sentencia dictada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce (fojas 587 a 599), este órgano jurisdiccional resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Guadalupe Baltasar Pablo, Rogelio de los Ángeles Herrera, Félix Cristóbal González, Felipe Hernández de Jesús, Carlos Hernández Reyes, Ofelio Lucas Pérez, Federico Mendoza Longinos, Raúl Ordónez Moreno, Hipólito Ortiz Santiago, Idelfonso Pablo Gutiérrez, Lucio Ramírez Álvarez, Bonifacio Manuel Reyes Pérez, Emilio Santiago Balderas, Domingo Santiago Hernández, Clemente Teherán González y Jorge Urbina Cortes, contra el acto, autoridad responsable, por los motivos y para los efectos aducidos en el último considerando de este fallo." Inconforme con dicha determinación, la tercero interesada Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su administrador único, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró como amparo en revisión 212/2014 y en ejecutoria de doce de febrero de dos mil quince (fojas 639 a 658), resolvió: "PRIMERO. Con la salvedad precisada, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José Baltasar Pablo, Rogelio de los Ángeles Herrera, Félix Cristóbal González, Felipe Hernández de Jesús, Carlos Hernández Reyes, Ofelio Lucas Pérez, Federico Mendoza Longinos, Raúl Ordoñez Moreno, Hipólito Ortiz Santiago, Idelfonso Pablo Gutiérrez, Lucio Ramírez Álvarez, Bonifacio Manuel Reyes Pérez, Emilio Santiago Balderas, Domingo Santiago Hernández, Clemente Teherán González, Jorge Urbina Cortes, en su carácter de ejidatarios del Ejido de la Magdalena Chichicaspa y Accionistas de la Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos precisados en esta sentencia. TERCERO. Se declara sin materia, el recurso de revisión que en vía adhesiva formuló el representante común de los quejosos". Es oportuno destacar que con la salvedad precisada por el Tribunal Colegiado, la concesión del amparo fue para los efectos de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de veinticinco de marzo de dos mil catorce, y en su lugar dictara otra en la que negara la autorización de la determinación de no ejercicio de la acción penal y efectuara el análisis de las probanzas ofrecidas, a fin de que realizara el correspondiente pronunciamiento fundado y motivado sobre su conducencia y procedencia; hecho lo anterior, actuara en cuanto a su desahogo; posteriormente realizar el análisis relativo a la prescripción. Mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil quince, se requirió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el cumplimiento del fallo protector (foja 659). Por oficio recibido en este juzgado el seis de marzo de dos mil quince (foja 668), la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remitió copia certificada de la resolución de cuatro de marzo de dos mil quince, dictada dentro de la averiguación previa MRZ/HUIX/05/2013, de su índice (fojas 669 a 680), con lo cual se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados para que manifestaran lo que a su derecho conviniese (foja 683 a 684). En auto de treinta y uno de marzo siguiente, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y se requirió a la autoridad responsable, debido a que no se advertía que el Fiscal Regional de Tlalnepantla instruido y superior jerárquico del Agente del Ministerio Público que conoció del trámite de la averiguación previa de origen, a su vez remitiera a éste la indagatoria, para que mediante su supervisión y vigilancia, ordenara la admisión y desahogo de los medios de prueba descritos en la ejecutoria (fojas 693 a 696). En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este juzgado el nueve de abril de dos mil quince (foja 708), la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remitió copia certificada de constancias que obraban en los archivos de esa institución (fojas 709 a 713), con lo cual se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados para que manifestarán lo que a su derecho conviniese (foja 714). En auto de veintitrés de abril de dos mil quince, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, al advertir que el Agente del Ministerio público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en representación del Procurador General, remitió copia certificada de diversos oficios dirigidos al Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México, así como por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla, de los que se apreciaba la citación de los denunciantes y de los probables responsables ante dicha institución a efecto de notificarles personalmente la recepción de la indagatoria de origen y la orden de recabar las pruebas solicitadas por los denunciantes (f. 719-720). Inconforme con tal determinación Federico Mendoza Longinos, representante común de los quejosos Ejidatarios del Ejido de las Magdalena Chichicaspa y Accionistas de la Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, sociedad anónima de capital variable, interpuso recurso de inconformidad (foja 727), del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró con el ordinal 16/2015 y en sesión de dos de julio de dos mil quince (fojas 733 a 745), resolvió: "UNICO.- Se declara fundado el recurso de inconformidad interpuesto". Lo anterior, porque de las constancias remitidas no se advertía que la autoridad responsable efectivamente efectuara el análisis de las pruebas ofrecidas, en el que de manera fundada y motivada se pronunciara sobre su conducencia y procedencia; que hubiese actuado en cuanto a su desahogo; y realizado el estudio relativo a la prescripción. En consecuencia ordenó devolver los autos a este órgano jurisdiccional para que requiriera nuevamente a la autoridad responsable su debida ejecución, conforme a los lineamientos precisados y hecho lo anterior, se emitiera el pronunciamiento sobre la observancia del fallo constitucional y, mediante auto de quince de julio de dos mil quince, este órgano jurisdiccional requirió nuevamente el cumplimiento al fallo protector (f. 746-747). Y, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de julio siguiente (foja 753), la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, remitiendo copia certificada de constancias que obran en los archivos de esa institución (fojas 754 a 773), con lo cual se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados para que manifestarán lo que a su derecho conviniese (foja 774). En auto de veintinueve de julio de dos mil quince, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, dado que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de veinticinco de marzo de dos mil catorce, negó la autorización de la determinación de no ejercicio de la acción penal y realizó el estudio de la prescripción, pero no acompañó la indagatoria al Ministerio Público del conocimiento y que éste ordenara la admisión y desahogo de los medios de prueba. Por tanto, se requirió nuevamente al Procurador General de Justicia del Estado de México, el cumplimiento del fallo protector (fojas792 a 795). Mediante oficio recibido en este juzgado el seis de agosto de dos mil quince (foja 804), la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remitió copia certificada de constancias que obraran en los archivos de esa institución (fojas 805 a 816), con lo cual se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados para que manifestarán lo que a su derecho conviniese (foja 817). En proveído de trece de agosto del año dos mil quince, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, sustancialmente porque con las constancias remitidas no se evidenció algún acto tendente al cumplimiento del fallo protector, específicamente que se admitieran o desahogaran las pruebas descritas en la ejecutoria; por tanto, se requirió al Procurador General de Justicia del Estado de México, así como del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Huixquilucan, Estado de México, el cumplimiento del fallo protector (fojas 834 a 838). Mediante oficios recibidos en este juzgado el veinte de agosto y nueve de septiembre de dos mil quince (fojas 852 a 855 y 858 a 862, respectivamente), las autoridades requeridas informaron sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remitieron copia certificada de diversas constancias, con las cuales en auto de diez de septiembre de dos mil quince, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados para que manifestaran lo que a su derecho conviniese (fojas 863 y 864). Mediante determinación de veintinueve de octubre de dos mil quince (fojas 900 a 911), se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. 11. Inconforme con tal determinación Federico Mendoza Longinos, representante común de los quejosos Ejidatarios del Ejido de las Magdalena Chichicaspa y Accionistas de la Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, sociedad anónima de capital variable, interpuso recurso de inconformidad (foja 928), del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró con el ordinal 38/2015 y en sesión de cuatro de febrero de dos mil dieciséis (fojas 983 a 1011), resolvió: "UNICO.- Se declara fundado el recurso de inconformidad interpuesto por Federico Mendoza Longinos, representante común de los quejosos, en su carácter de ejidatarios del Ejido de las Magdalena Chichicaspa y Accionistas de la Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, sociedad anónima de capital variable, en contra del acuerdo dictado el veintinueve de octubre de dos mil quince, en el juicio de amparo indirecto 577/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.". Lo anterior porque dicho órgano colegiado sustancialmente consideró que en autos de la indagatoria no se exhibió el original del contrato de prestación de servicios profesionales que celebraron el Ejido de las Magdalena Chichicaspa y Grupo Más, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, Sociedad Anónima de Capital Variable, con todos sus anexos, pues así fue requerido y admitido por la autoridad ministerial, razón por la cual existía la obligación por parte de la autoridad responsable de exhibirlos en original o bien, de manifestar los motivos por los que no era posible su obtención. Además que no se advertía dato alguno, pronunciamiento o informe de la responsable donde se explicara la forma en que cumplió con la investigación, ratificación o confronta, relativas al avalúo efectuado por la institución bancaria Banco Bajío, quién contrató sus servicios, así como en los términos o condiciones y la justificación de dichos contenidos. Destacando que con motivo de la concesión, la responsable estaba igualmente constreñida a recabar las documentales y elementos de convicción en los términos en que éstos fueron ofrecidos y luego admitidos por la propia autoridad ministerial. En consecuencia ordenó devolver los autos a este órgano jurisdiccional para que requiriera nuevamente a la autoridad responsable su debida ejecución, conforme a los lineamientos precisados y hecho lo anterior, se emitiera el pronunciamiento sobre la observancia del fallo constitucional (fojas 1006 a 1011). 12. Mediante auto de veinticuatro de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional requirió nuevamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 1012 a 1013); y, con motivo de ello, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México, así como la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Rezago de Naucalpan, Estado de México, autoridad ministerial facultada y directamente instruida por su superior jerárquico para acatar el fallo constitucional, remitieron diversos oficios presentados en la Oficialía de Partes de este juzgado el dos, siete, ocho, once, catorce, dieciocho y treinta de marzo, así como cinco, once, veinte y veintiocho de abril del año en curso, (fojas 1019 a 1038, 1045 a 1053, 1059 a 1066, 1071 a1078, 1085 y 1086, 1090 a 1102, 1116 a 1126, 1131 a 1135, 1145 a 1166, 1172 a 1178, 1183 a 1185 y anexo, respectivamente), a los cuales acompañaron copia certificada de las diligencias efectuadas en autos de la averiguación previa MRZ/HUIX/05/2013, a fin de obtener el original del contrato de prestaciones de servicios profesionales, celebrado entre el Ejido de la "Magdalena Chichicaspa" y Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, y sus anexos; así como para llevar a cabo la investigación relativa al avalúo emitido por la institución bancaria denominada Banco Bajío; y, de la ponencia de no ejercicio de la acción penal, emitida el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Rezago de Naucalpan de Juárez, Estado de México (anexo). 13. En proveído de veintinueve de abril del año en curso, se dio vista a las partes con el último de los oficios remitidos por la autoridad responsable, a fin de dar cumplimiento al fallo protector (foja 1186); y, en auto de uno de junio de dos mil dieciséis (fojas 1207 a 1219), este órgano jurisdiccional consideró que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida en su totalidad, sustancialmente porque la responsable no cumplió a cabalidad los lineamientos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, contenidos en la inconformidad 38/2015, relativos a obtener el original del multicitado contrato de prestación de servicios profesionales con sus anexos, e investigar la manera en que fue contratado el Banco del Bajío para emitir el avalúo referido en la indagatoria. Destacando que la responsable pasó por alto que al rendir su declaración ministerial el dieciocho de agosto de dos mil quince, Edgar Moreno Gutiérrez exhibió ante el Agente del Ministerio Público, el aludido contrato en original para que fuera cotejado con la copia certificada que obraba en autos de la averiguación previa y en diversa declaración de nueve de marzo de dos mil dieciséis, adujó que nunca tuvo en su poder dicha constancia; sin que el órgano investigador proveyera algo al respecto a fin de obtener la aludida constancia en original. Y, atinente al avalúo, se consideró que la responsable incumplió con la investigación, ratificación o confronta relativas, porque las diligencias que desahogó no justificaron la forma en que fue contratado el Banco del Bajío para emitir dicho avalúo, así como el monto pagado a ésta para hacerlo. Razón por la cual, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, nuevamente se requirió al Procurador General de Justicia del Estado de México, para que dentro del plazo señalado en el numeral en cita diera el debido cumplimiento al fallo protector y acompañara copia certificada de las constancias que así lo acreditaran o bien manifestara la imposibilidad que tuviese para realizarlo, ajustándose a los lineamientos precisados en el testimonio en mención. 14. Con motivo de lo anterior, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México, el Fiscal Regional de Tlalnepantla, así como la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Rezago de Naucalpan, Estado de México, autoridad ministerial facultada y directamente instruida por su superior jerárquico para acatar el fallo constitucional, remitieron diversos oficios presentados en la Oficialía de Partes de este juzgado el ocho, diez, dieciséis, veintidós y treinta de junio, así como seis y trece de julio del año en curso, (fojas 1231 a 1239, 1243 y 1244, 1246 a 1260, 1268 a 1275, 1280 a 1296, 1301 a 1305, 1313 a 1331 y 1339 a 1342 y anexo, respectivamente), a los cuales acompañaron copia certificada de las diligencias efectuadas en autos de la averiguación previa MRZ/HUIX/05/2013, a fin de obtener el original del contrato de prestaciones de servicios profesionales, celebrado entre el Ejido de la "Magdalena Chichicaspa" y Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, y sus anexos; así como para llevar a cabo la investigación relativa al avalúo emitido por la institución bancaria denominada Banco Bajío; y, de la ponencia de no ejercicio de la acción penal, emitida el once de julio de dos mil dieciséis, por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Rezago de Naucalpan de Juárez, Estado de México (anexo). Ahora, del análisis de las constancias de autos, así como de las demás que obran en los tomos de pruebas que constan por separado y se tienen a la vista al emitir la presente determinación, y que al igual que lo actuado en autos, gozan de valor probatorio en términos de los dispuesto por en 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, porque se trata de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de su encargo, se estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida en su totalidad, por las consideraciones que a continuación se exponen. Mediante resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, el Subprocurador Jurídico, por acuerdo y en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México, en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio: Primero, dejó insubsistentes las resoluciones de veinticinco de marzo de dos mil catorce y la subsecuente de cuatro de marzo de dos mil quince, por no cumplir con las exigencias legales en términos de la resolución emitida en la inconformidad 16/2015, ambas emitidas en la averiguación previa MRZ/HUI/05/2013, con motivo de la solicitud de revisión en contra de la resolución que autorizó el no ejercicio de la acción penal (foja 757, penúltimo párrafo del Tomo I y anexo similar). Segundo, negó la autorización de la determinación de no ejercicio de la acción penal (foja 757, último párrafo ídem). Tercero, en cuanto al análisis de las pruebas ofrecidas, precisó que se trataba de las que fueron solicitadas por los denunciantes a través de su escrito de ampliación presentado el once de julio de dos mil doce, que al efecto citó (fojas 758 a 765 ídem), consistentes en: A) Requerir al comisariado ejidal del ejido de la "Magdalena Chichicaspa" en el momento de la firma del contrato invocado o a los denunciados Salomón Gutiérrez Reyes y Erasto Gilberto Pérez Martínez, Presidente y Tesorero del Comisariado en funciones en la época, de la desincorporación de las tierras de uso común, el original con firmas autógrafas del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebran por una parte el ejido de la "Magdalena Chichicaspa" y la consultoría "Grupo MAS", Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales S. A. de C. V. B) Requerir al Registro Agrario Nacional en el Estado de México, remita en copia certificada del avalúo (refiriéndose básicamente al avalúo emitido por el banco del Bajío institución de banca múltiple, de veintiocho de febrero de dos mil ocho). C) Requerir a Salvador Alejandro Mora García, Apoderado Legal del "Grupo MAS", Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos, S.A de C.V, a fin de que entregue dicho documento con los soportes documentales enunciados y explique los alcances del contrato, además que proporcione el Acta Constitutiva de su representada, que según consta en la escritura pública número 33,442 de nueve de junio del dos mil seis. D) Requerir la presencia del Administrador Único de la consultora "Grupo MAS", José Sánchez Couh, a fin de que hiciera las aclaraciones pertinentes en la averiguación iniciada, con posible domicilio de localización en avenida 12, número 127, colonia Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15000, en el Distrito federal. E) Requerir al "Grupo MAS", toda la documentación relativa al supuesto anteproyecto de desarrollo e inversión, y el cual contempla los aspectos económicos y financieros para que la Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa efectúe los supuestos negocios a realizar. F) Requerir tanto al Comisario Ejidal de la época de suscripción del contrato, como al Comisariado Ejidal que convocó a la asamblea ejidal de veintinueve de febrero de dos mil ocho y al apoderado legal y Administrador Único del Grupo MAS, presenten el Contrato de Servicios Profesionales suscrito con todos los anexos que se enuncian en él, a saber: Anexo 1.- Acta de asamblea ejidal de veintisiete de noviembre de dos mil cuatro; Anexo 2.- Acta constitutiva del Grupo MAS; Anexo 3.- Acta de asamblea ejidal de treinta y uno de mayo de dos mi seis y; Anexo 4.- Denominado "Programa Operativo" enunciado en las clausulas segunda, tercera y cuarta, y el cual se encuentra firmado por las partes, tal y como se señala en el último párrafo de la formalización del multicitado Contrato de Prestación de Servicios Profesionales; en virtud que a la fecha de la realización de la asamblea ejidal de treinta y uno de mayo de dos mil seis, todavía no existía jurídicamente la persona moral Grupo MAS, ya que ésta se constituye el seis de junio del mismo año. G) Investigar la manera en que fue contratado el Banco del Bajío para emitir dicho avalúo, el monto pagado por él y la persona moral o física que contrató sus servicios para realizar el avalúo en comento. H) Requerir a los Servicios Periciales de la Procuraduría para determinar el valor comercial de las tierras, ya que dicho avalúo determina un valor inferior al promedio de venta de terrenos de la zona, los cuales oscilan entre los seiscientos a mil doscientos pesos el metro cuadrado, cantidades que contrastan con el valor de 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100, M.N.), por hectárea, lo que arroja la cantidad de apenas $200.00 (doscientos pesos, 00/100, M.N.) por metro cuadrado. Monto que resulta muy inferior a los $460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) pagados por metro cuadrado por parte del "SAASCAEM", organismo dependiente de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, para construir parte de la carretera estatal Toluca-Naucalpan. I) Recabar las documentales que tengan en su poder tanto las personas denunciadas como los documentos que estén en poder de autoridades administrativas y notarios públicos, en íntima relación con los hechos narrados. J) Requerir al SAASCAEM Organismo Descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, copia certificada de los convenios que fueron firmados con fecha cuatro de septiembre de dos mil ocho, consistentes en: 1. Convenio para Comprometer la Construcción de un Acceso Controlado a la Autopista "Toluca-Naucalpan"; 2. Convenio de Afectación, Ocupación Previa y Pago Anticipado de Indemnización y; 3. Convenio Complementario de Afectación, Ocupación Previa y Pago Anticipado de Indemnización. K) Requerir al Consejo de Administración de la Inmobiliaria presente los documentos originales tanto de las actas de asamblea que tenga como fin afectar, vender o gravar sus tierras con el Grupo MAS o con cualquier persona moral o física. En particular las Actas de Asamblea de ocho de julio y veintisiete de agosto, ambas de dos mil diez (fojas 765 y 766). Cabe destacar que en torno a dichos medios de convicción, además precisó que al estar estrechamente relacionadas con los hechos denunciados, resultaba conducente y pertinente recabarlas a fin de realizar la investigación a cabalidad y así poder llegar a la verdad histórica de los hechos, precisando el fundamento legal y constitucional de sus consideraciones (foja 766 y 767), además de estimarlas procedentes en términos de lo establecido en el artículo 20, apartado C, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 162 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, abrogado pero aplicable conforme a la fecha en que acontecieron los hechos denunciados, los cuales citó exponiendo posteriormente las razones por las cuales sustentó su determinación en ellos, e instruyó al Agente del Ministerio Público del conocimiento y averiguación previa para que realizara las diligencias tendientes y necesarias a fin de llevar a cabo el desahogo de todas las probanzas ofrecidas por los denunciantes y señaladas con antelación; así como al Fiscal Regional de Tlalnepantla, por resultar superior jerárquico del citado Agente, para que supervisara y vigilara la actuación del representante social, lo que debería ser en estricto apego a su función (fojas 767 y 768). Y, cuarto, realizó el estudio relativo a la prescripción, concluyendo sustancialmente en que la acción penal en la averiguación previa citada no ha prescrito (fojas 768 a 770). Aunado a lo anterior, es preciso destacar que en atención a los requerimientos de este órgano jurisdiccional, así como a las instrucciones dadas por la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado de México, mediante oficio recibido en este juzgado de Distrito el nueve de septiembre del año en curso (fojas 858 a 862), el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno en Huixquilucan, Estado de México, comunicó las diligencias y citaciones correspondientes a fin de lograr el desahogo de las pruebas ofertadas por los querellantes, precisando sustancialmente que el veinticinco de junio del año en curso, se recabaron las declaraciones de Salvador Alejandro Mora Magaña y José Sánchez Couho, en su carácter de Apoderado Legal y Administrador, respectivamente, de la Empresa denominada Grupo Mas, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 9 a 12 del anexo certificado), quienes presentaron los siguientes documentos: a) Copia certificada del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebra por una parte el Ejido de la Magdalena Chichicaspa y Consultoría "Grupo MAS" Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales Sociedad Anónima de Capital Variable, de treinta de junio del año dos mil seis (fojas 33 a 42, ídem). b) Copia certificada del Anexo al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebra por una parte el Ejido de la Magdalena Chichicaspa y Consultoría "Grupo MAS", Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales Sociedad Anónima de Capital Variable, de treinta de junio del año dos mil seis, consistente en el Programa Operativo (fojas 43 a 47 ídem). El veintiocho de junio siguiente, recabó la declaración de Pedro de la Rosa Vázquez (fojas 48 y 49, ídem), quien presentó los siguientes documentos: a) Original del Acta de Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Mercantil denominada Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa S.A. DE C.V., celebrada el ocho de julio del año dos mil diez (fojas 341 a 343, ídem). b) Copia certificada de la Protocolización de Acta de Asamblea, con número de instrumento notarial 40,705 perteneciente al volumen 1124, de tres de septiembre de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público número Cuarenta del Estado de México, Licenciando José Antonio Francos Garante (fojas 344 a 350, ídem). c) Original del Acta de Asamblea General Ordinaria de accionistas de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa S.A. de C.V., celebrada el veintisiete de agosto del año dos mil diez, en la que se contiene convocatoria, orden del día, listas de pase de asistencia, lista de firma de acuerdos, y acta con sus respectivos anexos (fojas 76 a 118, ídem). d) Copia certificada del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa S.A. de C.V., celebrada el once de octubre del año dos mil diez, en la que se contiene convocatoria, orden del día, listas de pase de asistencia, lista de firma de acuerdos, y acta con sus respectivos anexos (fojas 229 a 257, ídem). e) Copia certificada del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa S.A. de C.V., celebrada el diez de noviembre del año dos mil diez, en la que se contiene convocatoria, orden del día, listas de pase de asistencia, lista de firma de acuerdos, y acta con sus respectivos anexos (fojas 131 a 157, ídem). f) Original del Convenio de Afectación Ocupación Previa y Pago Anticipado de Indemnización que celebran el Gobierno del Estado de México por conducto del Organismo Descentralizado "Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México y la empresa Inmobiliaria la Magdalena Chichicaspa S.A. de C.V., de cuatro de septiembre de dos mil ocho (fojas 211 a 218, ídem). g) Original de Convenio Complementario de Afectación Ocupación Previa y Pago Anticipado de Indemnización que celebran el Gobierno del Estado de México por conducto del Organismo Descentralizado "Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México" y la empresa Inmobiliaria la Magdalena Chichicaspa S.A. de C.V., constante de diez fojas útiles suscritas por una sola de sus caras, fechado el día diecisiete de febrero del año dos mil nueve (fojas 219 a 228, ídem) Con motivo de las instrucciones del Procurador General de Justicia del Estado de México, contenidas en la resolución de diecisiete de julio de dos mis quince, emitida en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la inconformidad 16/2015, el seis de agosto siguiente, recabó la entrevista de Pedro de la Rosa Vázquez (foja 525, ídem), en la que exhibió: a) Original de plano del ejido de la Magdalena Chichicaspa, en el que se anexa copia de la Gaceta del Gobierno de diecisiete de octubre de dos mil once, que contiene el Plan Parcial de Incorporación Territorial de la Magdalena Chichicaspa, municipio de Huixquilucan, Estado de México, anexándose el título de propiedad de las trescientas hectáreas a nombre de Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa Sociedad Anónima de Capital Variable, expedido por el licenciado Jesús María Silva Muñoz, Delegado del Registro Agrario Nacional de fecha veintidós de diciembre del año dos mil ocho, el cual quedó debidamente inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, bajo la partida doscientos quince, volumen 1857, libro primero, sección uno; y, plano del polígono en comento que contiene los usos de suelo signados al mismo (fojas 527 a 566, ídem). El dieciocho de agosto del año en curso, recabó la entrevista de Pedro de la Rosa Vázquez y Edgar Moreno Gutiérrez, quienes sustancialmente expresaron que las documentales que les fueron requeridas ya constaban en autos debido a que fueron exhibidas en su declaración de veintiocho de junio anterior (fojas 567 y 568, ídem). En la citada fecha, también recabó la entrevista de Salvador Alejandro Mora Magaña (foja 569), quien además de señalar que ya había presentado los documentos solicitados, en ese acto exhibió: a) Copia simple del acta de asamblea ejidal de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil cuatro (fojas 586 a 589, ídem). b) Copia simple del acta de asamblea ejidal de treinta y uno de mayo del año dos mil seis (fojas 572 a 585, ídem). c) Original del Proyecto de Desarrollo Ex Hacienda de los Leones (fojas 591 a 725, ídem). Posteriormente, el veinticinco de agosto de dos mil quince (foja 734, ídem), recibió dictamen en materia de Topografía y/o Ingeniería Civil, emitido por el perito Licenciado en Geografía David Bocanegra Guadarrama, adscrito a la Subdirección de Servicios Periciales, respecto al avalúo de las tierras de los denunciantes (fojas 735 a 750, ídem). El tres de septiembre siguiente, recibió los informes solicitados al Delegado del Registro Agrario Nacional, así como al Apoderado Legal del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Autopistas, Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (foja 791), a través de los cuales remitieron; el primero, copia certificada del Avalúo emitido por la Institución Bancaria "Banco del Bajío", que sirviera como base para emitir las acciones Serie B2, dentro del poblado en cuestión (fojas 793 a 801, ídem); y, el segundo, copia certificadas del Convenio para Comprometer la Construcción de un Acceso Controlado a la Autopista "Toluca-Naucalpan", del Convenio de Afectación, Ocupación Previa y Pago Anticipado de Indemnización, así como del Convenio Complementario de Afectación, Ocupación Previa y Pago Anticipado de Indemnización. Posteriormente, en acatamiento a los lineamientos contenidos en el recurso de inconformidad 38/2015, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (relativas a obtener el original del contrato de prestación de servicios e investigar la manera en que fue contratado el Banco Bajío para emitir un avalúo), la autoridad responsable, efectuó las siguientes diligencias: Declaración de Salvador Alejandro Mora Magaña, de siete de marzo de dos mil dieciséis, en la que manifestó su imposibilidad para exhibir el original del contrato de prestación de servicios profesionales, con motivo de su extravío e informó la existencia de una denuncia de hechos presentada por José Sánchez Couoh, relativa al extravío de dicho documento; y, en relación al avalúo, expresó que se solicitó a petición del Ejido, que fue Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, quien por conducto de Juan Carlos Amaya Trejo, socio de dicha empresa, solicitó sus servicios a la empresa Construcción, Avalúos y Topografía en México, sociedad anónima de capital variable, y que ésta lo realizó a través del Banco del Bajío, precisando los montos pagados por dicho avalúo, así como las fechas respectivas de esos pagos y exhibiendo las facturas correspondientes a fin de realizar su cotejo para que constaran en autos (fojas 1062 y 1063). Comparecencia voluntaria de Juan Carlos Amaya Trejo, de siete de marzo de este año, en la que corroboró lo expresado en la declaración de Salvador Alejandro Mora Magaña, agregando que el pago del avalúo se efectuó con soporte legal del Banco Bajío (foja 1064). Inspección ministerial de documentos, en la que se recibieron tres facturas por concepto de pago de avalúo expedidas por Construcción, Avalúos y Topografía en México, sociedad anónima de capital variable a favor de Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable (foja 1065). Ampliaciones de declaración de nueve de marzo de dos mil dieciséis, en las que Delfino de la Cruz Pérez, Dagoberto Pérez Cristobal, Gil Hernández Zeferino, Urbano Reyes Ramírez y Juan Anastacio Balderas, manifestaron reconocer la firma que calza la copia certificada del contrato de prestación de servicios profesionales y su anexo, celebrado por el Ejido de la "Magdalena Chichicaspa" y Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, el treinta de junio de dos mil seis; además de reconocer su contenido y el del programa operativo, destacando el carácter con el que cada uno firmó dicho documento, es decir, como presidente y tesorero del Comisariado Ejidal, los dos primeros, y los restantes como presidente, primero y segundo secretarios del Consejo de Vigilancia del citado ejido, respectivamente, siendo coincidentes en señalar que a la fecha, la persona que en esa temporalidad fungió como secretario del Comisariado Ejidal, había fallecido (fojas 1096 a 1100). Ampliación de declaración de Edgar Moreno Gutiérrez (foja 1101), de nueve de marzo de dos mil dieciséis, en la que manifestó su imposibilidad para exhibir el contrato original de prestación de servicios, dado que nunca lo tuvo en su poder pues al iniciar su cargo como presidente del Comisariado Ejidal no obraba en los archivos del ejido que representa, razón por la cual exhibió la copia certificada que de dicho documento y de su anexo, le facilitó la empresa Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable. Oficio dirigido al Notario Público Número Cuarenta, del Estado de México, a fin de que manifestara si en su Notaria se certificaron el contrato de prestación de servicios y anexo respectivo (foja 1110). Declaración de Ricardo Jorge Cuevas Pachuca, de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, quien manifestó que el avalúo realizado el veintiocho de febrero de dos mil ocho, fue solicitado por el Ejido de las Magdalena Chichicaspa, a través de Juan Carlos Amaya Trejo quien es socio de la empresa Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, quien a su vez se lo solicitó a su empresa Construcción, Avalúos y Topografía en México, sociedad anónima de capital variable, siendo ésta la encargada de pagar los honorarios debido a que en ese momento el citado ejido no estaba en condiciones económicas para sufragar el pago de honorarios, lo cual expresó en forma verbal Juan Carlos Amaya Trejo, aunado a que el propósito del avalúo de desincorporación del régimen ejidal, no es para garantía de crédito, únicamente informativo y para determinar el valor comercial del inmueble, destacando que lo realizó como perito valuador con registro BAJ-DF0101, ante el Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple, exhibiendo copia simple de la carta de notificación de quince de junio de dos mil uno, que le fue dirigida por el Gerente de la Unidad de Avalúos de la Institución Financiera, solicitando que fuera agregada a los autos y precisando que dicho registro no le ha sido revocado, por lo que está facultado legalmente para realizar avalúos comerciales como perito adscrito a Banco del Bajío, por lo que su empresa denominada Construcción, Avalúos y Topografía en México, sociedad anónima de capital variable, recibió los honorarios devengados por dicho avalúo y a su vez esta moral, cubrió los honorarios correspondientes a la citada institución bancaria, ratificando en ese acto en todas y cada una de sus partes, el multicitado avalúo en mención (fojas 1122 a 1124). Fe ministerial de documentos en la que se recibió copia simple de un oficio expedido por el Gerente de Avalúos del Banco del Bajío, en la cual hace del conocimiento al Ingeniero Ricardo Jorge Cuevas Pachuca, su incorporación al padrón de peritos de dicha institución bancaria (foja 1125). Constancia de recepción del informe suscrito por el Notario Público Número Cuarenta, del Estado de México, a través del cual remite copias certificadas del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado por el Ejido de la "Magdalena Chichicaspa" y Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, de treinta de junio de dos mil seis, así como de su anexo denominado Programa Operativo, los cuales fueron certificados en su Notaría, con número de asiento 14,851 del volumen siete del libro de cotejos del protocolo a su cargo (fojas 1149 a 1166). Ampliación de declaración de Edgar Moreno Gutiérrez, de ocho de abril de dos mil dieciséis, en la que exhibió Acta de Asamblea General de Ejidatarios que autorizó la suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales con Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, para que el ejido aportara tierras de uso común a una sociedad de inmobiliaria ejidal, que hoy se denomina Inmobiliaria Magdalena Chichicaspa, sociedad anónima de capital variable, así como la respectiva inspección ministerial de documentos de esa fecha (fojas 1176 y 1177). Finalmente, para dar cumplimiento al auto de uno de junio de dos mil dieciséis, emitido por este órgano jurisdiccional, en el que como ya se dijo, se precisó que la responsable pasó por alto que al rendir su declaración ministerial el dieciocho de agosto de dos mil quince, Edgar Moreno Gutiérrez exhibió ante el Agente del Ministerio Público, el aludido contrato en original para que fuera cotejado con la copia certificada que obraba en autos de la averiguación previa y en diversa declaración de nueve de marzo de dos mil dieciséis, adujó que nunca tuvo en su poder dicha constancia; sin que el órgano investigador proveyera algo al respecto a fin de obtener la aludida constancia en original. Y, atinente al avalúo, que incumplió con la investigación, ratificación o confronta relativas, porque las diligencias que desahogó no justificaron la forma en que fue contratado el Banco del Bajío para emitir dicho avalúo, así como el monto pagado a ésta para hacerlo. El tres de junio del año en curso, la autoridad ministerial instruida y facultada para integrar la indagatoria MRZ/HUIX/05/2013, ordenó la reapertura de las diligencias de dicha averiguación previa para su prosecución y perfeccionamiento legal, ordenando dejar sin efectos la determinación no ejercicio de la acción penal de veinticinco de abril de este año (foja 1253), y recabó los siguientes medios de convicción: 1. Ampliación de declaración de Edgar Moreno Gutiérrez, de seis de junio del año en curso, en la que sustancialmente negó lo asentado en la comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil quince, en relación a que hubiese exhibido ante la representación social el original del multicitado contrato de prestación de servicios profesionales, reiterando que lo único que exhibió en su comparecencia de cuatro de julio de dos mil quince, fue una copia certificada del mencionado contrato que le facilitó el apoderado legal de la empresa Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, por lo cual, en su comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil quince reiteró que únicamente exhibió copia certificada de ese contrato, al igual que lo hizo en la diversa de nueve de marzo de año en curso, pues cuando accedió al cargo de presidente del Comisariado del mencionado ejido, en sus archivos sólo obraba copia simple del citado contrato, destacando que de haberlo tenido bajo su responsabilidad en original, lo hubiese exhibido desde su primera comparecencia de fecha cuatro de julio de dos mil quince (foja 1255). 2. El informe remitido por el Gerente Ejecutivo Cumplimiento Normativo del Banco del Bajío, a través del cual comunicó que en los archivos de esa institución se encontraban registrados los datos del avalúo identificado con el folio DF-0001-I000-08-0506 de veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, solicitado por Ejido de la "Magdalena Chichicaspa", elaborado por el Ingeniero Ricardo Jorge Cuevas Pachuca, destacando que el citado perito valuador dio de alta el servicio en el sistema de avalúos de esa institución, en la modalidad Promoción Perito, así como el Ingeniero Ricardo Jorge Cuevas Pachuca pertenece al Padrón de Peritos Valuadores del Banco desde el quince de junio de dos mil uno, con el registro BAJ-DF0101, en las especialidades de inmuebles y maquinaria y equipo, encontrándose vigente a la fecha (foja 1258). 3. Ampliación de declaración de Edgar Moreno Gutiérrez, de dieciséis de junio del año en curso, en la que sustancialmente refirió que como ya lo había expresado, el veintisiete de noviembre de dos mil trece, a través de Asamblea General de Ejidatarios, fue electo como presidente del Comisariado Ejidal de la "Magdalena Chichicaspa", del Municipio de Huixquilucan, Estado de México, haciendo mención que por usos y costumbres no hubo entrega formal por parte de la administración saliente; que no ha tenido a la vista el contrato original de prestación de servicios profesionales, y que el cuatro de julio de dos mil quince, por primera vez fue requerido por la representación social, revisó el archivo con el que cuenta el Comisariado Ejidal, encontrando únicamente copia fotostática del citado contrato; destacando que antes de recibir el cargo, le precedieron tres administraciones, por lo que ignora qué sucedió con el contrato original; además, respecto a la comparecencia de dieciocho de agosto de dos mil quince, en la que manifestó que exhibía el contrato en original, bajo protesta de decir verdad aclaró que por un error de no leer minuciosamente el contenido de ésta, no se percató del error de transcripción, pero que lo único que exhibió fue la copia certificada que le facilitó el apoderado legal de la empresa Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable (foja 1274). 4. Informe remitido por el Gerente Ejecutivo Cumplimiento Normativo del Banco del Bajío, a través del cual comunicó que el Ingeniero Ricardo Jorge Cuevas Pachuca, dio de alta el servicio en el sistema de avalúos de esa institución, en la modalidad Promoción Perito, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de cuatro de octubre de dos mil doce, documento que anexó y donde se determinan los términos y condiciones del servicio a prestar por el citado ingeniero, cuya cláusula octava permite la elaboración de trabajos a terceros (fojas 1287 a 1296). 5. Copia certificada de doce impresiones del sistema de averiguaciones previas, correspondiente a la FMH/MH-5/T1/630/15-10, iniciada el uno de octubre de dos mil quince, como denuncia de hechos, por José Sánchez Couoh, apoderado legal de la empresa Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, mediante escrito de doce de agosto de dos mil quince, mediante la cual refiere el extravío de ciertos documentos de su representada, consistentes en el contrato de prestación de servicios profesionales de treinta de junio de dos mil seis y su anexo (fojas 1316 a 1331). De las anteriores diligencias se advierte que el órgano investigador, ha cumplido a cabalidad los lineamientos expresado por el Tribunal de alzada en la inconformidad 38/2015, pues si bien no fue posible recabar en los términos que fue ofrecido el multicitado contrato de prestación de servicios profesionales, es decir, en original, lo cierto es que el once de julio de dos mil dieciséis, en la ponencia de no ejercicio de la acción penal que emitió en la averiguación previa MRZ/HUIX/05/2013, manifestó los motivos por los que no era posible su obtención, a saber, debido a su extravío, lo que además está demostrado con los medios de convicción que recabó para tal efecto y que fueron reseñados con antelación. Máxime que a fin de dar seguridad jurídica a los denunciantes, incluso recabó la ratificación de contenido y firmas de dicho documento en copia certificada, por parte de los integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia que aún viven e intervinieron en ese acto jurídico, además de pedir al Notario que llevó a cabo la certificación de dicho documento el informe y copia certificada respectiva, en relación a dicho cotejo. De ahí que no asista razón a la parte quejosa para afirmar lo contrario, sobre todo si se considera que en los lineamientos de la inconformidad 38/2015, se estableció que existía la obligación por parte de la autoridad responsable de exhibirlos en original o bien, de manifestar los motivos por los que no era posible su obtención. Sin que pase inadvertido lo manifestado por los quejosos en el sentido de que a las copias certificadas de la denuncia de hechos FMH/MH-5/T1/630/15-10, iniciada el uno de octubre de dos mil quince, no se acompañó copia del escrito de denuncia respectiva; pues dicha situación resulta irrelevante, si se considera que de tales documentales se aprecia que en lo sustancial, se dio noticia a la representación social del extravío del documento que nos interesa, a saber el multicitado contrato de prestación de servicios profesionales y su anexo, que además se exhibieron en copia certificada en dicha indagatoria (foja 1324). Aunado a lo anterior y siguiendo los lineamientos de la inconformidad 38/2015, a juicio de este juzgador se considera que en el caso particular la representación social recabó datos suficientes para estimar satisfecha la investigación, ratificación y confronta, del avalúo efectuado por la institución bancaria Banco Bajío, quién contrato sus servicios, así como en qué términos o condiciones y la justificación de dichos contenidos. Particularmente con la Declaración de Salvador Alejandro Mora Magaña, de siete de marzo de dos mil dieciséis, en la que en relación al avalúo, expresó que se solicitó a petición del Ejido, que fue Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, quien por conducto de Juan Carlos Amaya Trejo, socio de dicha empresa, solicitó sus servicios a la empresa Construcción, Avalúos y Topografía en México, sociedad anónima de capital variable, y que ésta lo realizó a través del Banco del Bajío, precisando los montos pagados por dicho avalúo, así como las fechas respectivas de esos pago y exhibiendo las facturas correspondientes, a fin de realizar su cotejo para que constaran en autos (fojas 1062 y 1063). Así como con la comparecencia voluntaria de Juan Carlos Amaya Trejo, de siete de marzo de este año, en la que corroboró lo expresado en la declaración de Salvador Alejandro Mora Magaña, agregando que el pago del avalúo se efectuó con soporte legal del Banco Bajío (foja 1064); y, con la inspección ministerial de documentos, en la que se recibieron tres facturas por concepto de pago de avalúo expedidas por Construcción, Avalúos y Topografía en México, sociedad anónima de capital variable a favor de Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable (foja 1065). Aunado a la declaración de Ricardo Jorge Cuevas Pachuca, de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en la que manifestó que el avalúo realizado el veintiocho de febrero de dos mil ocho, fue solicitado por el Ejido de las Magdalena Chichicaspa, a través de Juan Carlos Amaya Trejo, quien es socio de la empresa Grupo MAS, Servicios Especializados en Desincorporación de Terrenos Ejidales, sociedad anónima de capital variable, quien a su vez se lo solicitó a su empresa Construcción, Avalúos y Topografía en México, sociedad anónima de capital variable, siendo ésta la encargada de pagar los honorarios debido a que en ese momento el citado ejido no estaba en condiciones económicas para sufragar el pago de honorarios, lo cual expresó en forma verbal Juan Carlos Amaya Trejo, aunado a que el propósito del avalúo desincorporación del régimen ejidal, no es para garantía de crédito, únicamente informativo y para determinar el valor comercial del inmueble, destacando que lo realizó como perito valuador con registro BAJ-DF0101, ante el Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple, exhibiendo copia simple de la carta de notificación de quince de junio de dos mil uno, que le fue dirigida por el Gerente de la Unidad de Avalúos de la Institución Financiera, solicitando que fuera agregada a los autos y precisando que dicho registro no le ha sido revocado, por lo que está facultado legalmente para realizar avalúos comerciales como perito adscrito a Banco del Bajío, por lo que su empresa denominada Construcción, Avalúos y Topografía en México, sociedad anónima de capital variable, recibió los honorarios devengados por dicho avalúo y a su vez esta moral, cubrió los honorarios correspondientes a la citada institución bancaria, ratificando en ese acto en todas y cada una de sus partes, el multicitado avalúo en mención (fojas 1122 a 1124). Además de la fe ministerial de documentos en la que se recibió copia simple de un oficio expedido por el Gerente de Avalúos del Banco del Bajío, en la cual hace del conocimiento al Ingeniero Ricardo Jorge Cuevas Pachuca, su incorporación al padrón de peritos de dicha institución bancaria (foja 1125). Investigación que con posterioridad al auto en el que se tuvo por no cumplida la ejecutoria, robusteció con el informe remitido por el Gerente Ejecutivo Cumplimiento Normativo del Banco del Bajío, a través del cual comunicó que en los archivos de esa institución se encontraban registrados los datos del avalúo identificado con el folio DF-0001-I000-08-0506 de veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, solicitado por Ejido de la "Magdalena Chichicaspa", elaborado por el Ingeniero Ricardo Jorge Cuevas Pachuca, destacando que el citado perito valuador dio de alta el servicio en el sistema de avalúos de esa institución, en la modalidad Promoción Perito, así como que el Ingeniero Ricardo Jorge Cuevas Pachuca pertenece al Padrón de Peritos Valuadores del Banco desde el quince de junio de dos mil uno, con el registro BAJ-DF0101, en las especialidades de inmuebles y maquinaria y equipo, encontrándose vigente a la fecha (foja 1258). Datos que a juicio del suscrito justifican que la responsable cumplió con tal aspecto, pues de ellos se puede advertir quién contrato el avalúo, en qué términos o condiciones, así como la justificación de dichos contenidos. Sin que pase inadvertido que si bien en el segundo informe remitido por el Gerente Ejecutivo Cumplimiento Normativo del Banco del Bajío, se comunicó que el Ingeniero Ricardo Jorge Cuevas Pachuca, dio de alta el servicio en el sistema de avalúos de esa institución, en la modalidad Promoción Perito, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de cuatro de octubre de dos mil doce, el cual si bien efectivamente es de fecha posterior a la elaboración del citado avalúo; dicha situación, en consideración de la responsable, no anula los demás datos referidos con antelación, entre los que destaca que el citado perito valuador dio de alta el servicio en el sistema de avalúos de esa institución, en la modalidad Promoción Perito, y que pertenece al Padrón de Peritos Valuadores del Banco desde el quince de junio de dos mil uno, con el registro BAJ-DF0101, en las especialidades de inmuebles y maquinaria y equipo, encontrándose vigente a la fecha celebración del multicitado avalúo; así como la declaración de la persona que contrató sus servicios y la forma en que se realizó el pago e incluso la ratificación del propio perito, respecto del citado avalúo, y el reconocimiento de la institución bancaria vinculada a él. De ahí que no asista razón a los quejosos para señalar lo contrario y tampoco para afirmar que a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo era necesario que la responsable estableciera el nexo causal y directo que refieren, dado que ese punto no fue materia de la concesión de amparo y tampoco de los lineamientos establecidos en la inconformidad 38/2015. Lo que también acontece con las aseveraciones relativas a la acreditación del dolo que refieren. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, aplicable al caso en términos de su artículo tercero transitorio, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Sin que haya lugar a sancionar a la autoridad responsable, dado que no se aprecia la actualización de algún supuesto legal para ello; y, respecto de la petición formulada por la parte quejosa en el sentido de dar vista al Ministerio Público Federal adscrito, no ha lugar a acordar de conformidad, dado que de las actuaciones que obran en el presente juicio, no se advierte la realización de alguna de las conductas constitutivas de delito indicadas en el numeral 261 de la Ley de Amparo, que justifiquen lo peticionado, quedando expeditos sus derechos, para que los haga valer en la vía y ante la autoridad que estime competente, por las conductas que a su criterio constituyan un posible delito. Finalmente, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México, a través del cual informa que los quejosos promovieron nuevo juicio de amparo en el que señalaron como acto reclamado, el no ejercicio de la acción penal emitida dentro de la averiguación previa MRZ/HUIX/05/2013, el cual fue radicado en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por lo que aduce se debe tener como cumplida la ejecutoria de amparo, y adjunta copia certificada de las constancias que así lo acreditan. Lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, dado el sentido de la presente determinación.
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II. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que devuelve el original del juicio de amparo indirecto 1856/2015-II, del índice de este juzgado y testimonio de la ejecutoria dictada el treinta de junio del presente año por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Cetro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el amparo en revisión 125/2016; cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Queda firme por falta de impugnación el resolutivo único en la parte que lo rige los aspectos indicados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa Elena Cassis Armino, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de esta ejecutoria." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, agréguense a los autos los oficios y testimonio de mérito, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Ahora, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de veintidós de enero de dos mil dieciséis (fojas 79 a la 87), se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI); y 2. Por lo que hace al cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
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