José de Jesús García Olivares

Expediente 212/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
212/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • José de Jesús García Olivares

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de mayo de dos mil veintiuno. Se carece de acuse. Visto el estado de autos, de los que se advierte que se carece del acuse relativo al oficio 3702/2021, dirigido a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en el que se le requirió informe el tratamiento dado al exhorto remitido por la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante oficio 1700/1445/2020, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, en el que se le solicitó el desahogo de la prueba testimonial admitida a la parte demandada a cargo de los testigos Moisés Salamanca Blanco, * e * . Requiérase. En razón de lo anterior, requiérase a la autoridad en cita, para que dentro del plazo de tres días, que al efecto establece el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, informe la fecha en que recibió el aludido comunicado. Apercíbase. De no hacerlo se le impondrá una multa relativa a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), conforme al numeral 237, fracción I, correlacionado con el diverso artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. Requerimiento a la Junta responsable. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Informe las gestiones que ha realizado a fin de que se lleve a cabo la diligencia encomendada mediante oficio 1700/1445/2020, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dirigido a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, remitiendo constancia fehaciente de ello. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, el siguiente criterio: "Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, y en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Director General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual en atención al oficio 65-G informa que en dicha Dirección no se tiene por recibido el diverso 13698/2020, relativo a la propuesta de honorarios del perito en grafoscopía, mismo que fue enviado por conducto de la Administración Regional en Zapopan, Jalisco del Consejo de la Judicatura Federal, por los motivos que expone; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, tomando conocimiento de su contenido. Se solicita. Por tanto, solicítese a la Administración Regional en Zapopan, Jalisco del Consejo de la Judicatura Federal, para que a la brevedad, informe el tratamiento dado al oficio 13698/2020, mismo que contiene inserto el proveído de tres de septiembre de dos mil veinte, en el que -entre otras cuestiones-, se ordenó enviar, por su conducto, a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, junto con sus anexos, o en su caso, informe la imposibilidad que tenga para ello. Al efecto, se ordena remitir como anexo al oficio que para tal efecto se expida, copia fotostática simple del acuse de notificación del referido oficio, para los efectos conducentes. III. Requerimiento a perito oficial. Por otra parte, se requiere al diestro oficial, a fin de que dentro del plazo de tres días que establece el artículo 297, fracción II del Código supletorio adjetivo, informe a este juzgado federal, los requerimientos necesarios a fin de desahogar la pericial de mérito. IV. Apercíbase. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, este juzgado federal procederá a asignar un nuevo diestro en materia de grafoscopía. En su oportunidad intégrese. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Apertura de incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 275/2020, promovido por Beatriz Sepúlveda Portillo, por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y otra autoridad. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. En términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Requiérase a las partes informen sí asistirán a la audiencia incidental. Ahora bien, cabe precisar que la atención al público para la consulta de expedientes o comparecencias en general será por medios de citas, las cuales estarán disponibles en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales". Adicionalmente, estará el diverso "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En ese sentido, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En esas condiciones, requiérase a la partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que queden notificados, manifiesten sí es su deseo asistir a la audiencia incidental, a efecto de que en su caso, se agende la cita respectiva, apercibidos que de no manifestarse al respecto se celebrará la audiencia incidental en la fecha indicada, sin la presencia de las mismas, no obstante, en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, los alegatos pueden formularse por escrito y presentarse electrónicamente. Precisión de la autoridad responsable. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de la parte quejosa, entre otras, el señalar con precisión a la autoridad responsable (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que la autoridad responsable no existan con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, hasta antes de la audiencia incidental, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Consideraciones respecto de las notificaciones a la autoridad responsable. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia. "Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Contradicción de tesis 349/2012. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Solicitud de informe previo. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia de la demanda de derechos fundamentales, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se les requiere para que remitan el citado informe, ello en la vía electrónica al correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Cabe precisar que la remisión del oficio por el que se requiere el informe previo a la autoridad responsable, se realizara por la vía ordinaria sin perjuicio de que pueda realizarse por los medios electrónicos disponibles, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, en relación con el 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ello a consideración del suscrito Juzgador. Fijación del acto reclamado. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita, por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo y del escrito de prevención, se aprecia que la parte quejosa señala como tales, esencialmente: La orden de cambio de adscripción en el puesto que desempeña como Actuario adscrita al Juzgado Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado, a través del oficio SO.45/2019A164DPAFyP... 18000. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se ejecute el cambio de adscripción a diverso órgano jurisdiccional. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa es expresa al referir los efectos para los que se solicita la suspensión la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz de dicho planteamiento. Determinación sobre la suspensión provisional. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X, del artículo 107 Constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito únicamente se pronunciará por lo que hace a la solicitud plasmada en el capítulo de suspensión. Sirve de fundamento para ello, la jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro: 2019200 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 4/2019 (10a.) Página: 14 SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.". Por ende, si de conformidad con la fracción I, del artículo 128, en relación con el numeral 138, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente; debiendo fijar el órgano jurisdiccional la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, esto es, precisar, conforme a al prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, pero no por actos no reclamados en la demanda. El primer requisito se encuentra acreditado con la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que solicita la suspensión del acto reclamado, tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón de lo siguiente. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, deriva de lo ostensible que el legislador concede a los intereses sociales o colectivos y de orden público sobre los individuales, pues estos deben tutelarse sí y solo si no están en conflicto con la sociedad y el Estado. Al respecto, el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender, así la determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador, sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia como la que enseguida se invoca ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3o.A.J/16, que la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.". Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese cause, en el presente caso se estima, que la suspensión solicitada no se reúnen los parámetros establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo, pues, en ellos se establece que en los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Por tanto, en el caso se estima que sí se afecta el orden público e interés social con la concesión de la medida cautelar impetrada, es decir, de otorgarse tal medida para que la quejosa no sea reubicada del lugar en donde actualmente presta sus servicios al Juzgado que refiere, se afectaría a la colectividad porque está interesada en que en este momento se preste el servicio, con todos los elementos materiales y humanos que tengan las instituciones a su alcance. Por otro lado, no se desconoce que el cambio de adscripción implica una serie de molestias para el servidor público como la de cambiar el lugar de su residencia habitual; sin embargo, de las manifestaciones vertidas se advierte que dicho cambio de adscripción se da a un órgano jurisdiccional que tiene su residencia en el mismo lugar al que la quejosa se encontraba adscrita. Entonces, debe decirse que la solicitud de la peticionaria de amparo a efecto de que se le conceda la suspensión provisional solicitada contravendría el requisito establecido en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la función que desempeña tiene como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables. Además, de llegar a ejecutarse su reubicación a diverso lugar al de su residencia, con ello no se consumaría irreparablemente el acto reclamado al grado de que el juicio de amparo quedara sin materia, ni se ocasionaría a la aquí quejosa daños y perjuicios cuyo arreglo implique, difícil resarcimiento o que su remedio sea muy complicado; en principio porque la medida decretada por las autoridades responsables no van a afectar sus derechos laborales, toda vez que seguirá percibiendo su salario o cualquier otra prestación de índole laboral; además, porque en caso de obtener resolución favorable en el juicio constitucional, se le restituiría en el goce de sus derechos fundamentales violados a través de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrita; por lo tanto, no se satisface el requisito establecido por el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo por analogía, las siguientes jurisprudencias: "Registro 2022041 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.III.A. J/87 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5746 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE READSCRIPCIÓN DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. Del análisis sistemático y armónico de los artículos 17 y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que, por regla general, es improcedente conceder la suspensión provisional contra la determinación del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco que ordena la readscripción de Jueces de primera instancia por necesidades del servicio. En efecto, ese tipo de medida, cuyo procedimiento se encuentra previsto en los artículos 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 189 y 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la propia entidad, busca salvaguardar un bien de gran entidad, en el que se involucran disposiciones de orden público y el interés social, como es la impartición adecuada de justicia. Es por ello que el citado artículo 189 dota al Pleno del Consejo de la Judicatura Local de la facultad de readscribir a los juzgadores a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello. Consecuentemente, por regla general, es improcedente decretar la medida cautelar en el amparo promovido contra el cambio de adscripción de un Juez de primera instancia, debido a que, de concederse, se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, cuenta habida que como dichos juzgadores tienen la encomienda de impartir justicia de manera, pronta, completa, imparcial y gratuita en términos del artículo 17 Constitucional, es claro que su labor está dirigida a la sociedad y, por ende, es ésta a quien le interesa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de que excepcionalmente pueda concederse la suspensión atendiendo a las particularidades del caso, a la naturaleza de los derechos que se aducen violentados y a su irreparabilidad, así como al peligro en la demora, siempre y cuando los documentos y datos adjuntos a la demanda generen indicios suficientes al respecto. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.". "Décima Época Registro: 2012454 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común, Administrativa Tesis: III.5o.A. J/5 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV página 2372 Tipo: Jurisprudencia CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Contra el acto reclamado consistente en el cambio de adscripción de los Jueces del Poder Judicial del Estado de Jalisco, es improcedente conceder la medida cautelar, por no cumplirse los requisitos previstos en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues la función primordial del Estado de administrar justicia regularmente en beneficio de la sociedad, recae en los Jueces y, por ende, cualquier acto que tienda a suspender esa actividad en el lugar en el que se requiera, constituye un obstáculo al derecho de los gobernados a la impartición de justicia pronta, en los plazos y términos que fijen las leyes, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de las molestias que ese acto pueda generar a los juzgadores, ya que está por encima el interés de la sociedad en que esa función se realice con base en los requisitos legales que garanticen la debida tutela jurisdiccional, máxime que, por regla general, el cambio de adscripción no ocasiona al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, porque en caso de obtener resolución favorable se le restituiría en el goce del derecho violado, a través de su reincorporación al lugar en el que se encontraba asignado. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.". "Novena Época Registro: 170017 Instancia: Segunda Sala Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 33/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008 página 175 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero y al Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y de Paz de la citada entidad federativa, los secretarios de acuerdos de los juzgados de primera instancia son auxiliares de los órganos jurisdiccionales a los que están adscritos, y en el desempeño de sus funciones coadyuvan con sus titulares para que los procedimientos de los juicios que tramitan se ajusten a las leyes y se haga eficiente la administración de justicia, por lo que sus actividades están intrínsecamente relacionadas con la encomienda del Juez de impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a su vez refleja que el ejercicio de su cargo tiene como destinataria a la sociedad y, por ende, es a ésta a quien le importa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. En ese sentido, contra la orden de cambio de adscripción de los servidores públicos de referencia, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, al no colmarse los requisitos previstos por las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues cualquier acto que tienda a suspender su actividad en el lugar en el que se requiera su ayuda involucra un obstáculo a la garantía de tutela jurisdiccional que resentirá la sociedad al no poder gozar del derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla de manera pronta en los plazos y términos que fijen las leyes. Además, el cambio de adscripción no es un acto irreparable ni ocasiona al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, porque en caso de obtener resolución favorable se le restituiría en el goce de la garantía individual violada a través de su reincorporación al lugar en el que se encontraba adscrito. La conclusión anterior no varía para el supuesto de que el cambio de adscripción sea para una ciudad distinta, porque siendo de un juzgado a otro de la misma instancia, es en igualdad de funciones, términos y condiciones, y las molestias que pudiera sufrir por ello no están por encima de los intereses de la sociedad a quien le interesa que en el lugar que se requiera una mejor administración de justicia se destinen los recursos humanos para cumplir con esa función primordial del Estado.". En el entendido que en el presente incidente, no se prejuzga sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados que la aquí quejosa considera violatorios de sus derechos fundamentales, ya que dicho estudio se deberá hacer en el juicio principal de donde emana la presente incidencia. Aunado a ello, la aquí quejosa, no ofreció medio de convicción del que se desprenda que existe peligro en la demora, para los efectos de que se le concediera la suspensión solicitada. Por tanto, al considerar que no se satisfacen los requisitos previstos en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, relativo a que no se cumple con el requisito de que no se afecte el orden público ni el interés social, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional respecto el cambio de adscripción. Autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Emmanuel Sepúlveda Portillo, ello porque cuenta con cédula profesional de abogado registrada en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Medios electrónicos. De conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el presente incidente de suspensión, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, en el entendido, de que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos). Asimismo, dígasele al solicitante que si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada y además que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la siguiente tesis. "Novena Época Registro: 167640 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.725 C Página: 2847 REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". Para tal efecto, se le informa que podrá acudir al juzgado, previa cita que realice en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción I, inciso d), en relación al párrafo II, y último párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la expedición del respectivo Código QR, el cual le permitirá el ingreso al local del juzgado. Es importante destacar, que el acceso podrá restringirse si acude fuera del horario previsto y si no cumple los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Expídase copia. Con fundamento en los artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena expedir las copias solicitadas en formato digital, para ello deberá comparecer con un dispositivo en el que le puedan ser grabadas las mismas de manera electrónica, previa toma de razón y recibo que de ello se otorgue en autos, a satisfacción de este Juzgado. Sin perjuicio de lo anterior, también se le informa que de solicitar la consulta del expediente electrónico, podrá descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente; lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin que de momento sea factible autorizar la expedición de las copias en formato físico, en virtud de que conforme a lo que se estipulan los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020, 37/2020 y 1/2021, así como, los anexos de los mismos, de los que se desprende que este órgano jurisdiccional cuenta con un horario restringido para la presencia física del personal del Juzgado; asimismo, que se limita a catorce servidores públicos para la asistencia a efecto de atender a los litigantes que generan citas (verificando con antelación a su ingreso que los expedientes se encuentren debidamente integrados y, estando al pendiente de los mismos durante su estancia), costuren e integren expedientes, acuerden promociones, revisen el estado procesal de los asuntos, ordenen oficios y notificaciones, elaboren estadísticas (de sus respectivas áreas) y todo aquello para el buen funcionamiento del Juzgado; aunado a que, a los litigantes sólo se le permite su ingreso y permanencia en las instalaciones por el lapso de treinta minutos, lo que dificulta que en ese tiempo, sea trasladado el expediente al centro de copiado, esperar la atención, formar el cuaderno de las constancias que se requieren, realizar las formalidades y entregar las referidas copias, por ello, se ordena la expedición en formato digital. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Se hace del conocimiento a las partes que si bien el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad de recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Exhorto para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 mencionado, se invita a las partes transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; proporcionen formas de contacto, como correos electrónicos y servicio de mensajería instantánea, tanto de la parte promovente como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuáles se puedan establecer comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; en el entendido que dicho tipo de comunicación, no es equivalente al de una notificación personal, sino solo un medio de contacto para facilitar la comunicación entre las partes. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá los datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Suspensión de labores. Vista la certificación de cuenta, se advierte que con motivo de las Circulares SECNO/3/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó suspender en su totalidad las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en suma, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno y del diecinueve de enero al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichas circulares; por lo que, en dicho período no corrieron los plazos ni se realizaron actuaciones judiciales. II. Reanudación de los asuntos jurisdiccionales. Ahora, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, emitida el trece de febrero de dos mil veintiuno, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, para dar continuación al trámite del presente juicio de amparo bajo las condiciones y reglas establecidas en los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020, 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Se carece de notificación. Ahora, visto el estado procesal de autos, se advierte que se carece de la notificación a la parte promovente, relativa al auto de catorce de diciembre de dos mil veinte. Comisione al Actuario Judicial. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, para que realice la notificación correspondiente, y la haga llegar a esta secretaría. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos General expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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