José de Jesús García Hernández
Expediente 278/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José de Jesús García Hernández
- Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN"
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó y negó el amparo en el presente juicio de amparo, en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente cuaderno, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece artículo 18, inciso b), del acuerdo que nos ocupa. En el entendido de que el presente asunto es depurable. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veinte, ante el Secretario de Guardia del Juzgado séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Sergio Toledo Antonio presentó demanda de ampro a favor de José de Jesús García Hernández, contra actos del: En cuanto ordenadoras: 1.-Director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán., 2.- Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán. En cuanto ejecutora: 3.- Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán. A quienes reclama: La emisión del acta administrativa u orden por medio de la cual desde el uno de julio del año en curso, se le tiene al quejoso segregado e incomunicado, al privarlo de llamadas telefónicas con su familia, así como la privación de estímulos y derechos incluyendo la visita familiar e íntima el confinamiento del quejoso en un área especial (aislamiento permanente) con restricción especial de capacidad deambulatoria, malos tratos, humillaciones, incluso posibles actos de tortura física y psicológica, así como la privación de agua y alimentos, privación de venderle productos básicos de higiene y primera necesidad de la denominada "tienda" de dicho centro, lo que se traduce en actos crueles degradantes e inhumanos. La ejecución material del acto que se atribuye a las ordenadoras. SEGUNDO. El quejoso expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló que no hay tercero interesado y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO.- En auto de trece de julio de dos mil veinte, el Juzgado Séptimo de distrito en el Estado de Michoacán, recibió la demanda, la registró con el número 496/2020, concedió la suspensión de plano del acto reclamado, y determinó carecer de competencia por territorio para conocer de la demanda de amparo, remitiéndola a este juzgado que se encontraba de turno. CUARTO.- En auto de veinticuatro de julio de dos mil veinte, este juzgado se avocó al conocimiento de la demanda, se mandó ratificar, y el trece de agosto siguiente, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad señalada como responsable y donde tiene ejecución el acto reclamado (esta ciudad). SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de técnica del juicio de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. Para lograr ese propósito, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer los actos reclamados, como son: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; b) Prescindir de los calificativos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan de los actos reclamados. Con estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo se advierte que José de Jesús García Hernández Martínez, reclama de las siguientes autoridades: En cuanto ordenadoras: 1.-Director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán., 2.- Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán. En cuanto ejecutora: 3.- Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán. A quienes reclama: La emisión del acta administrativa u orden por medio de la cual desde el uno de julio del año en curso, se le tiene al quejoso segregado e incomunicado, al privarlo de llamadas telefónicas con su familia, así como la privación de estímulos y derechos incluyendo la visita familiar e íntima el confinamiento del quejoso en un área especial (aislamiento permanente) con restricción especial de capacidad deambulatoria, malos tratos, humillaciones, incluso posibles actos de tortura física y psicológica, así como la privación de agua y alimentos, privación de venderle productos básicos de higiene y primera necesidad de la denominada "tienda" de dicho centro, lo que se traduce en actos crueles degradantes e inhumanos. La ejecución material del acto que se atribuye a las ordenadoras. Apoya lo anterior las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO.- INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Precisado el acto reclamado, corresponde determinar su existencia o inexistencia, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad". No es cierto el acto reclamado respecto de la incomunicación y segregación derivada de: Privar al quejoso de llamadas telefónicas con su familia. Confinamiento en un área especial (aislamiento permanente) con restricción con capacidad deambulatoria. Malos tratos, humillaciones e incluso posibles actos de tortura física y psicológica. Privación de agua y alimentos En efecto, las autoridades responsables Director General, por sí, y en cuanto Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario y Director de Seguridad todos del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán, NEGRARON la existencia del acto reclamado. Asimismo, en su informe justificaron dieron a conocer que dese el día uno de dos mi veinte, en que el quejoso ingresó a ese centro penitenciario, ha tenido el uso y disfrute de las prerrogativas con que cuenta el resto de la población y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ha sufrido actos de incomunicación con el exterior, segregación, restricción de capacidad deambulatoria, malos tratos humillaciones, posibles actos de tortura físico o psicológica, o algún otro prohibido por el artículo 22 Constitucional y, agrararon: "Aunado a lo anterior, en esa unidad administrativa se respetan los derechos humanos fundamentales inherentes a las personas, mismos que están estipulados en nuestra Carta Magna, los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como, todos aquellos que emanan de los ordenamientos jurídicos vigentes, máxime que es una obligación del Director General de ese Centro federal y del personal adscrito a este Centro Federal, proveer, respetar, proteger y garantizar los derechos Humanos de conformidad con los principios de Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 y 18 de nuestra Carta Magna; 4 y 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 1,4, 9, 13 fracción IV y 56 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Por otro lado, esta autoridad no ha emitido acta administrativa u orden en la fecha que indica el quejoso ni en ninguna otra para mantenerlo segregado o incomunicado, ni se le está privando de llamadas telefónicas con de su visita, toda vez que el hoy amparista, desde su ingreso a esta Unidad Administrativa y a la fecha mantenido comunicación continua con el exterior tal y como se acredita con los formatos de control de comunicación y de papeleta de control de llamadas, signados de conformidad, de puño y letra por la persona privada de la libertad motivo del presente informe, por lo que es totalmente falso que el quejoso haya sido objeto de incomunicación o algún tipo de segregación. Es imperante puntualizar que, derivado de la contingencia sanitaria permanente en nuestro país, a fin de garantizar la salud de todas las personas privadas de la libertad albergadas en este Centro Federal, y a fin de disminuir el riesgo de contagio del virus SARS.CoV2 (Co.VID 19) y coadyuvar con la sana distancia, fue determinada colegiadamente, por el pleno del Comité Técnico de esta Unidad Administrativa, la suspensión temporal de la visita familiar e íntima, y para no afectar el contacto con el exterior o perjudicar sus vínculos afectivos, se otorga a cada enjuiciado la prerrogativa de realizar llamada telefónica, de acuerdo a la programación que para tal fin sea establecida, medida que resulta plenamente justificada y proporcional a fin de salvaguardar la salud de la población recluida en este Centro y del personal que en él labora, en términos de los numerales 4 Constitucional; 9, fracción II, 16, fracciones I, III, 74 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 11,13,49 y 56 del Reglamento de Ios Centros Federales de Readaptación Social, al Protocolo de Actuación para la atención de la Contingencia Sanitaria del COVID-19 al Interior de los Centros Penitenciarios y del plan de contingencia instaurado en los Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano, con motivo de la pandemia por la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19), declarada emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en nuestro país, el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, por el Consejo de Salubridad General. Circunstancia que, desde luego, no implica incomunicación ya que, se insiste, en armonía con las medidas sanitarias a favor de la población reclusa, de trabajadores, de visitas y del propio quejoso según los criterios emitidos por la OMS y atendiendo a las necesidades de seguir fortaleciendo lazos afectivos y los derechos humanos del enjuiciado, goza todo contacto exterior a través de llamadas telefónicas. Es importante mencionar que la programación de las llamadas telefónicas obedece a la infraestructura con que cuenta este Centro Federal, otorgando a la población penitenciaria en general la misma oportunidad de manera equitativa de realizar enlace telefónico con la persona que guste, por un tiempo determinado de 10 minutos. Asimismo, me permito manifestarle que, las personas privadas de la libertad que ingresan a este Centro Penitenciario, son atendidas a través del Modelo Integral de Reinserción Social, el cual se encuentra sujeto a lo que establece el numeral 104 de la ley Nacional de Ejecución Penal, máxime que dicho garante, se encuentra ubicado en un módulo que comparte con el resto de la población. Cabe señalar que, al día de su ingreso (01 de julio de 2020), esta institución realizó los trámites correspondientes a fin de que se informara a la familia y/o persona de confianza del ingreso del hoy quejoso a esta Unidad Administrativa, enlace telefónico que se llevó acabó al número 8681543396, siendo respondido por quien dijo llamarse NANCY BEATRIZ GALVÁN LÓPEZ, por lo que, el hoy amparista tuvo comunicación directa con quien manifestó ser su esposa, no obstante a ello, la oficina de Trabajo Social; realizó de nueva cuenta, llamada telefónica a fin de orientar a dicha persona referente a los requisitos necesarios para el trámite de visita, prohibiciones y ubicación de esta institución. Por otro lado, el hoy amparista, desde su ingreso a ésta Unidad Administrativa a la fecha ha mantenido comunicación continua con el exterior, tal y como se acredita con los formatos de control de comunicación y de papeleta de control de Ilamadas, signados de conformidad, de puño y letra por la persona privada de la libertad motivo del presente informe, por lo que es totalmente falso que el quejoso haya sido objeto de incomunicación o algún tipo de segregación. Por otro lado, puede realizar llamadas extraordinarias adicionales a la programación semanal con las cuales se puede entrevistar vía telefónica el ahora quejoso con sus abogados designados, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos para su autorización, por lo que sus abogados particulares pueden agendar comunicación con el quejoso, cuya duración puede ser de hasta 60 minutos, previa comunicación para agendar ante la oficina de trabajo social de este Centro Federal, al teléfono (453) 5348400, extensión 19644, garantizando con ello lo previsto en el artículo 60 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. No obstante, a lo anterior, el promovente, cuenta además de las prerrogativas citadas, con el servicio de CORRESPONDENCIA, mismo que se brinda de manera equitativa a todas las personas privadas de la libertad albergadas en esta Unidad Administrativa. Sin que sea óbice el citar que, la actividad de recepción y envío de la misma, se encuentra regulada por los ordinales 30, 31 y 32 Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social. En relación a los actos que hace consistir en: "...el confinamiento del ahora quejoso en área especial, (aislamiento permanente), con restricción especial de capacidad deambulatoria, malos tratos humillaciones e incluso posibles actos de tortura física y psicológica.. se está lesionando la integridad, tanto física y emocional de los quejosos, ya que estamos siendo segregados, incomunicados, lesionados y golpeados en nuestra persona por parte de las autoridades señaladas como responsables." (Sic), es preciso el citar que de los registros y bases de datos que se integran en esta Unidad Administrativa, formados desde el ingreso del quejoso, al día en que se actúa, no existe dato y/o reporte de nota informativa en el que se señale de alguna situación o circunstancia de la que se haya podido advertir de algún atentado o altercado contra de la integridad física del enjuiciado de referencia, de parte de algún servidor público adscrito a esta institución y/o por parte de sus compañeros de estancia o dormitorio, máxime que el grueso de la plantilla laboral que integra este Centro Federal, en todo momento, se conduce en el ejercicio de sus atribuciones, apegada a la normatividad vigente, respetuosos de los Derechos Humanos de la población penitenciaria albergad en este Centro Carcelario. Además, de que actualmente, se cuenta con protocolos de actuación acordes a la normatividad, tales como [.]. Por lo que existen a la data mecanismos adecuados en el Sistema Penitenciario Federal, idóneos para evitar y prevenir que los quejosos o cualquier otra persona privada de la libertad sean objeto de tortura o algún otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de Ios Estados Unidos Mexicanos. Supervisando y verificando con ello, el respeto y cumplimiento a los derechos humanos ininterrumpidamente 24 horas al día los siete días de la semana, con apoyo de medios electrónicos así como, por la vigilancia realizada por el personal de seguridad y administrativo adscrito a esta institución, reiterando que, al día de la fecha, no existe reporte de incidencia y/o acto que vulnere o atente contra la integridad y/o los derechos humanos inherentes a los impetrantes de garantías. Lo anterior, se corrobora con el estudio psicofísico practicado al quejoso de la Justicia federal, del que se desprende que se encontró anatómicamente íntegro, con un nivel de conciencia alerta, congruente y coherente, sin que haya presentado o algún tipo de maltrato en esta institución. Además, del estudio psicológico practicado al amparista, se desprende que se encuentra dentro de un parámetro dentro lo o normal. Por otro lado, le asevero que lo versado por el quejoso en su escrito inicial de demanda es totalmente falso, pues las personas privadas de la libertad que son albergadas en este Centro Federal, cuentan con actividades técnica y de terapia ocupacional a su disposición de acuerdo al plan realizado particularmente para éstos, sin que sea óbice el indicar, que el impetrante además de éstas, participa en numerosas actividades que son "realizadas fuera de las estancias, y que para su desarrollo existen áreas determinadas para poder llevarse a cabo, por mencionar algunas de ellas, se encuentran las que a continuación se enlista. [.] Actividades que se brindan conforme a las posibilidades institucionales y considerando las condiciones actuales de la pandemia COVID-19, asimismo se desarrolla no solo fuera de sus estancias, sino que muchas de éstas, se llevan a cabo en edificios diversos a los módulos de lo que se deriva, que lo manifestado por el garante es totalmente falso e inexistente descartando en todo momento existencia de aislamiento del que se duele. Por otro lado, en el módulo en el que actualmente se ubica el quejoso, habitan en distintas estancias diversos privados de la libertad. Con lo anteriormente vertido se demuestra de manera clara y fehaciente, que el hoy amparista cuenta con todas y cada una de las prerrogativas que la ley otorga dentro de este institución, que no ha sido víctima de incomunicación y/o segregación alguna, ejerciendo su derecho desde el primer instante en que pasó a formar parte de la población que se alberga en ese Centro Federal, teniendo contacto, no solo con la población con la que comparte dormitorio y/o estancia, sino con los servidores públicos que desempeñan su labor en este Unidad Administrativa, además de contacto con el exterior a través de la visita carcelaria, envío y recepción de correspondencia y enlace telefónicos, por otro lado, en el módulo donde actualmente se ubica el amparista, habitan diversas personas privadas de la libertad. En relación a la manifestación del quejoso que hace consistir en: privación de agua y alimentos, privación de venderle productos básicos de higiene y venderle productos básicos de higiene y primera necesidad de la denominada tienda de dicho centro, le participo a su Señoría que, dentro de las atribuciones conferidas al de la voz, en los artículos 19, 20, y 2l de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 17 y 18 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social no se encuentra el suministrar dichos servicios, ni mucho menos restringirlos. Con lo anterior, se denota que es evidente que, de MANERA DOLOSA EL AMPARISTA DIFAMA al suscrito y al personal de esta institución, por lo que es aquí, donde cobra total y primordial trascendencia el término "PROTESTA DE DECIR VERDAD", pues es éste en particular, en el que se funda la demanda de garantías y es el punto que parece que al quejoso le es indiferente y pasa por alto, puesto que no comprende la magnitud de asentar dicho concepto y requisito en un escrito de garantías, tan es así, que miente a su Usía plasmado que es objeto de diferentes actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional". Para apoyar sus manifestaciones, el Director General, por si, y en cuanto Presidente del Conejo Técnico Interdisciplinario, del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán, anexó como prueba de su parte: Formato de control de comunicación de personas privadas de la libertad, a nombre del quejoso, de fecha un de julio de dos mil veinte. Formato de propia visita de defensor, a nombre del quejoso, de fecha uno de julio de dos mil veinte. Formato de propuesta de visita familiar y/o amistades, a nombre del quejoso, de fecha uno de julio de dos mil veinte. Solicitud de registro de números telefónicos a nombre del quejoso de fecha uno de julio de dos mil veinte. Formato para llamadas realizadas a nombre del quejoso del dieciséis de julio al veinte de agosto de dos mil veinte. Papeleta de control llamadas a nombre del quejoso de fechas quince, veinte, veintidós y veintinueve de julio, cinco, doce y catorce de agosto de dos mil veinte. Formato para entrega de kit de higiene de uno y veintisiete de julio de dos mil veinte. Comprobante de compra a nombre del quejoso de veinte de agosto de dos mi veinte. Estado de cuenta a nombre del quejoso de siete de julio de dos mil veinte. Documentales que adquieren valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, por tratarse de certificaciones de documentos que obran en el archivo del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Michoacán, expedidas por el Director General de dicho centro de reclusión, quien cuenta con facultad para certificar documentos en términos del artículo 10, fracción VIII del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y 13, fracción XVI del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Es de invocarse la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, quinta época, del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena" De manera que, distinto a la perspectiva de la parte quejosa, las pruebas ofertadas por las autoridades responsables, desvirtúan, la existencia del acto reclamado, debido a la aducida: Privación de llamadas telefónicas con su familia. Confinamiento en un área especial (aislamiento permanente) con restricción con capacidad deambulatoria. Malos tratos, humillaciones e incluso posibles actos de tortura física y psicológica. Privación de agua y alimentos Esto es así, porque, el quejoso, no ha estado privado de efectuar llamadas telefónicas a su familia, por lo menos, desde su ingreso el uno de julio de dos mil veinte, al Centro Federal De Readaptación Social Número 17 "Cps-Michoacán" y previo a la presentación de la demanda en su favor que lo fue el trece de ese mes; al demostrarse que el uno de julio de dos mil veinte entabló comunicación con Nantzy Beatriz Galvan López esposa del quejoso, además, ha logrado realizar llamadas telefónicas a sus familiares desde el dieciséis de julio al veinte de agosto del año en curso, las cuales, respectivamente, tuvieron cada una, diez minutos de duración, y solo podían llevarse a cabo, si se comunicaba con su esposa e hijo por tratarse de las personas que él mismo dio a conocer a las autoridades responsables, como los familiares con los que deseaba comunicarse telefónicamente, durante su internamiento en dicho lugar. Por lo que se refiere a la incomunicación propiamente dicha, quien promovió la demanda, indicó que el nueve de julio de dos mil veinte, esto es, previo a la presentación de la demanda, tuvo audiencia ante el Juez de Ejecución en el Estado de Jalisco por diversas solicitudes de traslado, y al entrevistarse con dichas personas le hicieron latente la situación actual en la que se encontraban en esos momentos. Empero, contrario a ello, se tiene que el veintinueve de julio de dos mil veinte, el quejoso recibió visita carcelaria del actuario judicial adscrito a este juzgado, encomendado a llevar diligencias con el quejoso, concretamente, la ratificación de la demanda de amparo, así como la verificación de su estado físico, incluso, el actuario judicial adscrito a este juzgado, no asentó en su acta, algún obstáculo de parte de las autoridades responsables, para lograrlo. Por tanto, si bien la referida diligencia, se llevó a cabo, posterior a la presentación de la demanda de amparo, destaca el hecho de que el actuario para efectuarla no encontró resistencia u obstáculo de las autoridades responsables para realizarla, además, también destaca que, el quejoso acudió el nueve de julio de dos mil veinte, previo a la presentación de la demanda de amparo a su nombre, a una audiencia ante autoridad judicial, lo cual implica que las autoridades responsables no lo mantienen incomunicado, incluso logró conversar con su defensor. En ese mismo sentido, tampoco se acredita la existencia de la incomunicación, tocante a que no se le ha permitido al quejoso, comunicación con sus defensores; esto es así, porque, se advierte que el quejoso se ha comunicado, vía telefónica con sus familiares o por lo menos, las autoridades responsables, le brindan los medios necesarios para ello, oportunidad que le otorgan también, para lograr comunicarse con su defensor, en virtud de que en todas las papeletas de control de llamadas, existe un espacio para dar a conocer el nombre de su abogado y/o defensor particular, así como su número telefónico, sin que se advierta en los formatos donde aparecer la firma del quejoso que brindara esos datos a las autoridades responsables. Asimismo lo anterior se robustece, con el acta de ratificación realizada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado con lo que se demuestra que no se encontraba aislado o segregado, pues el fedatario de la adscripción, logró comunicarse con el aquí quejoso. Asimismo, por lo que ve al confinamiento en una área especial (aislamiento permanente) con restricción e capacidad deambulatoria, en un principio, ese acto justificó ubicarlo en la hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón a que pudo íntimamente relacionarse con el diverso acto de incomunicación; sin embargo, ante la inexistencia de la incomunicación y, que en la demanda de amparo se reclama que al quejoso no se le permite deambular, ya no representa en este juicio un acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución como sería la incomunicación, así, a consideración del suscrito juez, debe darse un tratamiento distinto en diverso considerando. Tampoco se acredita la existencia de los actos que a las autoridades responsables les reclaman relativas a malos tratos, humillaciones, posibles actos de tortura física y psicológica dado que, el veintinueve de julio del año en curso -dieciséis días posteriores a la presentación de la demanda de amparo-, el actuario adscrito a este juzgado, en cumplimiento al auto de veintidós de julio de este año, dio fe de que el quejoso no presentaba: Moretones, marcas o cicatrices, además advirtió que el quejoso pudo hablar y oír sin ningún problema, lo anterior a efecto de cerciorarse del estado físico exterior del quejoso. De tal manera, esa inspección, adquiere relevancia probatoria, toda vez que se verificó, precisamente, días posteriores a la presentación de la demanda de amparo, lográndose verificar a través del estado físico y de salud del quejoso, que no presentó alteraciones exteriores visibles. Respecto a los actos humillantes e inhumanos, distintos a los que se mencionaron, no se explicaron en que podían consistir éstos, es decir, de qué manera se ejecutan posterior a la suspensión de plano las humillaciones o tratos inhumanos; y, al no advertirse en el quejoso moretones, marcas o cicatrices, además advirtió que el quejoso pudo hablar y oír sin ningún problema, lo anterior a efecto de cerciorarse del estado físico exterior del quejoso, lo procedente es decretar la inexistencia de esos actos. Finalmente, en relación a los posibles actos de tortura física y psicológica, son inexistentes, en razón a que se tratan de actos futuros de realización incierta, máxime que en la demanda de amparo se expresó que los actos reclamados, ya los estaban ejecutado por las autoridades responsables. Ahora, por cuanto se refiere a la privación de agua y alimentos, adquiere nuevamente relevancia, el contenido de la inspección judicial, porque, que si bien en ésta se asentó que el quejoso no presentaba moretones, marcas o cicatrices, y que pudo hablar y oír sin ningún problema, se recuerda que la misma se ordenó, a efecto de cerciorarse por el actuario judicial, el estado físico exterior del quejoso, sin que en ella se expresara, alguna circunstancia que denotara, aspecto antigénico o de deshidratación y, que pudieran haber alertado al actuario, respecto a la privación de agua potable, por la muy alta probabilidad de ser notables en la humanidad del quejoso y, que efectivamente, denotaran la falta de agua que se indica. No obstante, al no señalarse en el acta de inspección algún dato que revelara, la existencia de ese acto, ni manifestación del quejoso en ese sentido, no se tiene por existente ese acto. Ahora, se tiene que, en la demanda de amparo, se reclamó la privación de alimentos, lo cual, en un principio, justificó ubicar a ese acto, en la hipótesis del artículo 22 Constitucional, en razón a que la falta de alimento en cualquier persona, provocaría colocar en riesgo su vida, sin embargo, en el escrito de demanda no se aprecia la absoluta privación de alimentos, sino que se refiere a la falta de comida suficiente, lo que provoca establecer la inexistencia del acto reclamado en la demanda de amparo relativo a la privación de alimentos. De manera que, la parte quejosa, teniendo la carga de la prueba, no aportó alguna para desvirtuar la referida negativa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que se atribuye a la citada autoridad. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, conviene citar la tesis jurisprudencial 18, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.- Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Respecto de los actos consistente: Privación de estímulos y derechos. Privación de venderle productos básicos de higiene y primera necesidad). Prohibición de visita íntima y familiar. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, no obstante que al rendir sus informes respectivos lo hubieran negado. Es así, pues respecto Luego, respecto a ".privación de agua y de alimentos, privación de venderle productos básico de higiene y primera necesidad de la denominada tiendita de dicho centro, lo que se traduce en actos degradantes e inhumanos...", el Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "Cps-Michoacán" precisó, dentro de las atribuciones conferidas a las autoridades responsables en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 17 y 18 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social no se encuentra el suministrar dichos servicios, menos restringirlos. En tanto, el Director General y Presidente del Comité Técnico del Centro Federal De Readaptación Social Número 17 "Cps-Michoacán" respecto al acto ".privación de agua y alimentos." de conformidad con lo establecido por el artículo 32 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los alimentos que se proporcionan al quejoso, al igual que al respecto de la población penitenciaria es nutritiva, suficiente y balanceada, por lo que la privación de agua, corresponde a la proveedora Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A. de C.V. (PC&B) dada la calidad de CPS de las responsables, esto es Contrato de Prestación de Servicios). Ahora, la realidad jurídica es que para los fines de este juicio, no se puede desestimar la existencia de ese acto, dado que la mera manifestación de las autoridades responsables, en el sentido que lo refirieron, de manera que resultaría de mayor beneficio para el quejoso analizar las constancias que soportan esos informes, para determinar conforme al estudio de fondo su constitucionalidad o no, siempre que no se actualice otra causa de improcedencia del juicio. Respecto de la prohibición de visita íntima y familiar, el Director del centro carcelario manifestó que derivado de la contingencia sanitaria permanente en nuestro país, a fin de garantizar la salud de todas las personas privadas de la libertad albergadas en este Centro Federal, y a fin de disminuir el riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID19), y coadyuvar en la sana distancia, fue terminada colegiadamente, por el pleno del Comité Técnico de esa unidad administrativa, la suspensión temporal de la visita familiar e íntima y para no afectar el contacto con el exterior o perjudicar sus vínculos afectivos, se otorga a cada enjuiciado la prerrogativa de realizar llamada telefónica, de acuerdo a la programación que para el fin sea establecida, debido a que resulta plenamente justificada y proporcional a fin de salvaguardar la salud de la población recluida en este Centro y del personal que en él labora, en términos de los numerales cuatro Constitucional; 9, fracción II, 16, fracciones I, III, 74 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Protocolo de Actuación para la atención de la Contingencia Sanitaria del COVID-19, al interior de los Centros Penitenciarios. Se tiene que, las autoridades responsables respecto a la aislamiento permanente indicaron que el quejoso a la fecha del informe comparte dormitorio con otras personas privadas de la libertad, asimismo, cuenta con actividades técnicas y de terapia ocupacional a su disposición de acuerdo al plan realizado particularmente para éstos, además, el quejoso participa en numerosas actividades que son realizadas fuera de las estancias, y que para su desarrollo existen áreas determinadas para poder llevarse a cabo. Resulta aplicable, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 211004, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Esto, acorde a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Con ello, resulta infundada la causa de sobreseimiento que dichas autoridades hicieron valer al rendir sus respectivos informes justificados, contenida en la fracción IV del artículo 64 de la Ley de Amparo. QUINTO.- PROCEDENCIA. Corresponde analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tal como lo impone la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este juzgado advierte de oficio, que el presente juicio de amparo es improcedente respecto de la alegada incomunicación y segregación derivada de: Privación de estímulos y derechos. Privación de venderle productos básicos de higiene y primera necesidad). En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo, prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Pag. 902 Jurisprudencia(Común) AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar, dado que contra el acto reclamado procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se considera así en razón a que ese sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 2. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: "1. Que la personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. La peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez que lleve su proceso (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa." De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como el agraviado) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo es en los temas que se señalan como actos reclamados; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el quejoso acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde esta interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en él, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de Ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados citados en el presente considerando. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: Tesis: PC.III.P. J/18 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2017822 1 de 1 Plenos de Circuito Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II Pag. 1701 Jurisprudencia(Común) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Así, conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad. Tesis: XVI.1o.P.14 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016103 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Pag. 2214 Tesis Aislada(Penal) PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La petición administrativa referida, cumple con todas las características de un recurso sencillo, rápido y efectivo, pues es un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Asimismo, admite una segunda instancia en la que los promoventes pueden denunciar tanto la falta de respuesta de la autoridad penitenciaria, como la resolución que resulte contraria a sus intereses, directamente ante el Juez de ejecución. También posee beneficios en cuanto a la asistencia continua al solicitante y contrapesos en su tramitación, en tanto que la autoridad administrativa del centro, está obligada a auxiliar a los internos en la presentación del escrito respectivo, el cual no exige formalismos; sin soslayar que dicha herramienta favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Por ello, es inconcuso que la "petición administrativa" es una creación accesible, novedosa e idónea para propiciar el nivel decoroso de vida en reclusión que pretende el modelo penitenciario actual y, por ende, es el medio idóneo para impugnar hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión. No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá. Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de Ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para sobreseer en este juicio, en los términos anotados. Finalmente, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. SEXTO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El quejoso expresó los conceptos de violación insertos en su escrito de demanda, cuya transcripción se hace innecesaria, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni en alguna otra disposición, bastando que se haga el estudio de los mismos como en derecho corresponda. Apoya lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO.- ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son infundados los conceptos de violación sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En relación la aleada incomunicación y segregación derivada de: Privación del derecho de recibir visitas de sus familiares y de visita íntima Es infundada aquella parte de los conceptos de violación donde se aduce que el acto reclamado vulnera el derecho fundamental contenido en el artículo 14 Constitución Federal, toda vez que la circunstancia de que el quejoso no puede recibir visitas ni tener visitas íntimas, como lo informan las responsables, es en atención a la pandemia mundial, y dado que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades, entre otras cosas, a proteger los derechos humanos, entre ellos la salud y la vida. Además, en la actualidad, en México existen más de noventa y seis mil defunciones ocasionadas por el virus denominado COVID-19, aunado a que el Estado de Michoacán se ubica en semáforo naranja. Es así, que a la luz del principio de ponderación, se entiende constitucional el acto reclamado, pues la orden de no recibir visitas familiares e íntimas, no elimina el derecho del quejoso si no que únicamente lo restringe; tiene una finalidad constitucionalmente válida del derecho de protección a la salud y la vida (tanto del propio quejoso, de los demás internos y del personal que labora en el Centro Penitenciario); además existe correspondencia entre el derecho protegido y el derecho que se limita, dado que la restricción tiene por objeto contener el contagio del virus que ahora propaga, pues la cercanía entre las personas es una de las formas más contundentes para su trasmisión y el guardar la sana distancia, resulta fundamental para prevenir el contagio. De ahí que la medida sanitaria que se ha adoptado por las responsables respecto de las visitas, encuentra sentido, dado el estado de emergencia sanitaria que el país atraviesa y debe considerarse que al ser una restricción pasajera, pues no está establecida fuera del periodo que dure la pandemia, debe considerarse que persigue un fin constitucionalmente válido porque es la preservación de la salud y la vida del mismo quejoso, tutelada por el artículo 4° Constitucional, así como tutelar los mismos derechos del resto de la población penitenciaria; lo anterior bajo la condición de que, al momento en que se empiecen a encontrar las medidas terapéuticas y de medicina necesarias para contrarrestar los peligros de la pandemia por el virus del Covid-19, deben de dejar de surtir efecto esas restricciones; sin embargo, como se analizó, el quejoso ha mantenido contacto telefónico con su esposa e hijo, lo que demuestra que no existe un aislamiento total ni un estado de incomunicación y menos que se esté estableciendo como forma de castigo contra el quejoso. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no existir alguna violación que deba destacarse en suplencia de la queja deficiente, lo procedente es NEGAR la protección constitucional al quejoso. OCTAVO.- PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José de Jesús García Hernández, contra los actos que reclama del Director General, Consejo Técnico Interdisciplinario y Director de Seguridad, todos del Centro Federación de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán, con residencia en Buena Vista Tomatáln, Michoacán, respecto de los actos indicados en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José de Jesús García Hernández, contra los actos que reclama del Director General, Consejo Técnico Interdisciplinario y Director de Seguridad, todos del Centro Federación de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán, con residencia en Buena Vista Tomatáln, Michoacán, respecto los actos precisados en el considerando séptimo . TERCERO.- Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE, y personalmente al quejoso en el Centro Federación de Readaptación Social No. 17 CPS Michoacán, con residencia en Buena Vista Tomatáln, Michoacán donde se encuentra interno y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
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