Jose de Jesus Galaviz Santana

Expediente 1207/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1207/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Galaviz Santana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se acuerda: Teniendo en consideración que, conforme a las constancias de notificación del proveído de siete de febrero de dos mil dieciocho, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad; y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que fue revocada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, concediendo a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal , este expediente es susceptible de depuración una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Octavo del Ramo Penal en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de dieciséis de febrero del año en curso, dictado en autos el proceso penal 266/2017, del que se advierte que giró oficio al Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a fin de que inicie la averiguación previa correspondiente en relación a los actos de tortura señalados por Roberto Ruiz Vázquez. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 196, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, misma que fue revocada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante ejecutoria de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: 1. La autoridad responsable ordenadora dejara insubsistente la resolución reclamada; 2. Emitiera otra en la que con base en los lineamientos ahí expuestos, resolviera la situación jurídica de José de Jesús Galaviz Santana, en donde: a) Excluyera del material probatorio, las declaraciones rendidas por Roberto Ruiz Vázquez ante el Ministerio Público investigador, el diecisiete y dieciocho de febrero de dos mil dieciséis; la fe ministerial de los teléfonos celulares que llevaba consigo, y el oficio 385/PME/UI/2016, signado por J. Carmen Cerda Cisneros, Titular de la Unidad de Inteligencia de la Policía Ministerial del Estado. b) Estimara que las copias certificadas de las indagatorias AP/PGJE/SLP/UEDADO/018/II/2016 y AP/PGJE/SLP/UEDADO/027/III/2016, que la Representación Social anexó a la averiguación previa AP/PGJE/SLP/IE/081/I/2016 -de donde emana la causa penal que se analizó- únicamente tenían por efecto acreditar la existencia de una averiguación previa vinculada. c) En mérito de lo anterior, prescindiera de valorar el contenido material de la diligencia de inspección ocular y levantamiento de cadáver respecto de Juan de Dios Hernández Aguiñaga y Raúl Almanza Morales; de la inspección ocular y recolección de indicios, llevada a cabo en calles Plata y Antimonio de esta ciudad, así como de la respectiva declaración de Misael Noyola Castillo. d) Hecho lo anterior, con base en el restante material de prueba, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho corresponda, fundando y motivando su resolución. e) Asimismo, en atención a los hechos denunciados por Roberto Ruiz Vázquez, consistentes en que fue golpeado, deberá dar vista a la Representación Social de su adscripción a fin de que inicie la averiguación previa correspondiente y realice todas las diligencias que considere necesarias para que, en su caso, se comprueben los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con dichos actos -en su vertiente delictiva-. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, "La Pila", atendiendo al carácter de autoridad ejecutora con que fue designado y al no haberse impugnado aquellos por vicios propios. Por proveído de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la misma. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 3222/2017, el Juez Primero del Ramo Penal en esta ciudad, informó que no existía materia para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que en el proceso penal 52/2016/6, el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se dictó resolución en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el encausado, el cual se declaró fundado y se ordenó la inmediata libertad de José de Jesús Galaviz Santana (aquí quejoso). En consecuencia, se tramitó incidente innominado para resolver sobre la imposibilidad material que tenía la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mismo que se resolvió por interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el sentido de que existía imposibilidad material para cumplir la sentencia de amparo, ordenando remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno del Circuito. Así, mediante ejecutoria de cinco de enero del año en curso, la Superioridad determinó que, en efecto, existía imposibilidad material para cumplir la sentencia de amparo, pero solo en cuanto a los efectos precisados en los puntos 1 y 2, incisos a) al d), de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, mismos que se precisaron con antelación. Y, que respecto al punto 2, inciso e), no se encontraba cumplida, por lo que devolvió los autos del presente juicio de amparo a este órgano jurisdiccional, para requerir a la autoridad responsable que diera cumplimiento total al fallo amparador, y con base en la denuncia hecha por Roberto Ruiz Vázquez, en el sentido de que fue golpeado, diera vista a la Representación Social de su adscripción a fin de que iniciara la averiguación previa correspondiente y realizara todas las diligencias que considerará necesarias para que, en su caso, se comprobaran los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con dichos actos. En virtud de lo anterior, mediante proveído de dieciséis de enero del año en curso, se requirió a la autoridad responsable, quien mediante oficio 224/2018, remitió copia certificada del proveído de dieciocho de enero del año en curso, del que se advierte que en la misma fecha dio vista a la Agente del Ministerio Público Adscrita al Juzgado Octavo del Ramo Penal en esta ciudad, respecto a lo indicado en el párrafo que antecede. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase cumplida la ejecutoria, sin que se estime que se incurrió en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 196, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, misma que fue revocada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante ejecutoria de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: 1. La autoridad responsable ordenadora dejara insubsistente la resolución reclamada; 2. Emitiera otra en la que con base en los lineamientos ahí expuestos, resolviera la situación jurídica de José de Jesús Galaviz Santana, en donde: a) Excluyera del material probatorio, las declaraciones rendidas por Roberto Ruiz Vázquez ante el Ministerio Público investigador, el diecisiete y dieciocho de febrero de dos mil dieciséis; la fe ministerial de los teléfonos celulares que llevaba consigo, y el oficio 385/PME/UI/2016, signado por J. Carmen Cerda Cisneros, Titular de la Unidad de Inteligencia de la Policía Ministerial del Estado. b) Estimara que las copias certificadas de las indagatorias AP/PGJE/SLP/UEDADO/018/II/2016 y AP/PGJE/SLP/UEDADO/027/III/2016, que la Representación Social anexó a la averiguación previa AP/PGJE/SLP/IE/081/I/2016 -de donde emana la causa penal que se analizó- únicamente tenían por efecto acreditar la existencia de una averiguación previa vinculada. c) En mérito de lo anterior, prescindiera de valorar el contenido material de la diligencia de inspección ocular y levantamiento de cadáver respecto de Juan de Dios Hernández Aguiñaga y Raúl Almanza Morales; de la inspección ocular y recolección de indicios, llevada a cabo en calles Plata y Antimonio de esta ciudad, así como de la respectiva declaración de Misael Noyola Castillo. d) Hecho lo anterior, con base en el restante material de prueba, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho corresponda, fundando y motivando su resolución. e) Asimismo, en atención a los hechos denunciados por Roberto Ruiz Vázquez, consistentes en que fue golpeado, deberá dar vista a la Representación Social de su adscripción a fin de que inicie la averiguación previa correspondiente y realice todas las diligencias que considere necesarias para que, en su caso, se comprueben los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con dichos actos -en su vertiente delictiva-. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, "La Pila", atendiendo al carácter de autoridad ejecutora con que fue designado y al no haberse impugnado aquellos por vicios propios. Por proveído de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la misma. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 3222/2017, el Juez Primero del Ramo Penal en esta ciudad, informó que no existía materia para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que en el proceso penal 52/2016/6, el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se dictó resolución en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el encausado, el cual se declaró fundado y se ordenó la inmediata libertad de José de Jesús Galaviz Santana (aquí quejoso). En consecuencia, se tramitó incidente innominado para resolver sobre la imposibilidad material que tenía la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mismo que se resolvió por interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el sentido de que existía imposibilidad material para cumplir la sentencia de amparo, ordenando remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno del Circuito. Así, mediante ejecutoria de cinco de enero del año en curso, la Superioridad determinó que, en efecto, existía imposibilidad material para cumplir la sentencia de amparo, pero solo en cuanto a los efectos precisados en los puntos 1 y 2, incisos a) al d), de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, mismos que se precisaron con antelación. Y, que respecto al punto 2, inciso e), no se encontraba cumplida, por lo que devolvió los autos del presente juicio de amparo a este órgano jurisdiccional, para requerir a la autoridad responsable que diera cumplimiento total al fallo amparador, y con base en la denuncia hecha por Roberto Ruiz Vázquez, en el sentido de que fue golpeado, diera vista a la Representación Social de su adscripción a fin de que iniciara la averiguación previa correspondiente y realizara todas las diligencias que considerará necesarias para que, en su caso, se comprobaran los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con dichos actos. En virtud de lo anterior, mediante proveído de dieciséis de enero del año en curso, se requirió a la autoridad responsable, quien mediante oficio 224/2018, remitió copia certificada del proveído de dieciocho de enero del año en curso, del que se advierte que en la misma fecha dio vista a la Agente del Ministerio Público Adscrita al Juzgado Octavo del Ramo Penal en esta ciudad, respecto a lo indicado en el párrafo que antecede. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase cumplida la ejecutoria, sin que se estime que se incurrió en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Notifíquese personalmente."

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