José de Jesús Frausto Herrera
Expediente 2872/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2872/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2019
Partes del expediente
- José de Jesús Frausto Herrera
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, a once de enero de dos mil diecinueve. I. Oficio de cuenta. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 2872/2018 y copia certificada de la resolución de siete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de queja 221/2018 de su índice, de la que se advierte que dentro del aludido recurso se resolvió: "ÚNICO.- Es improcedente el recurso de queja. II. Providencias. Agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes relativo y acúsese recibo. III. Causa estado. Lo anterior permite concluir que el auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. IV. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. V. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Toda vez que hay documentos originales de la parte promovente, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Remisión de copias. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, mediante el cual, en atención al requerimiento contenido en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, solicita copia de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, relativa al amparo en revisión 359/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; al respecto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase a la oficiante la copia que solicita. Agréguese. Por otra parte, visto el contenido del oficio que suscribe la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, y por ende, conminar al Director General del Centro Estatal de Evaluación Control y Confianza en el Estado de Jalisco, al cumplimiento del fallo protector, por las razones que expone; al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 44 a 58), en la cual, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por la otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. I. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: ".a) De no existir impedimento legal, acredite que practicó el emplazamiento a la parte demandada en el juicio de origen, levantando razón en autos debidamente circunstanciada de la que se desprendan los elementos de convicción de que se valió al momento de practicarla, y en caso de no poder llevar a cabo el mismo, deberá proceder conforme a las prevenciones del numeral 743 del ordenamiento legal antes citado; a efecto de respetar y hacer cumplir lo que el derecho fundamental en cuestión exige y, por ende, resarcir a la parte quejosa en el goce de la misma, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo.". Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. III. Requerimiento a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. V. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. VI. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, el siguiente criterio: "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.".
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