José de Jesús Flores Segura
Expediente 200/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José de Jesús Flores Segura
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, seis de abril de dos mil diecisiete. Agregar sin mayor pronunciamiento. Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio 956/2017-III-A, enviado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, se acordó lo conducente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Martha Rosa Hernández Barboza, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Acepta competencia. Téngase por recibidos los oficios 956/2017-III-A, enviados por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 9839/2017, por el cual se remitieron los autos del juicio de amparo 200/2017, promovido por José de Jesús Flores Segura; asimismo, remite copia del auto de quince de marzo del año en curso, por el cual informa que acepta la competencia del mismo, el cual quedó registrado bajo el juicio de amparo 229/2017-III-A, de su índice administrativo. Orden de archivo. En atención a lo anterior, agréguense a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el presente expediente una vez transcurridos seis meses de la presente determinación, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo del capítulo de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado Acuerdo General conjunto, por carecer de valor institucional, jurídico o histórico, que deba integrar la memoria documental del Poder Judicial de la Federación; en virtud de haberse declinado la competencia en el juicio de amparo 200/2017. Recepción vía correo electrónico. En el entendido que por lo que refiere a la recepción vía correo electrónico del oficio de cuenta, tiene aplicación la tesis I.3o.P.41 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2049, del Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro siguiente: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO." Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Radicación. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por José de Jesús Flores Segura. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 200/2017. III. Decisión sobre la instancia constitucional. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de la disposición transcrita se advierten los supuestos siguientes: En caso de que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el juez de distrito jurisdicción en el lugar de ejecución. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Y en los supuestos donde el acto reclamado no requiera ejecución material el juez de distrito competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".La ilegalidad cometida en la reforma al Articulo76 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que contiene el Procedimiento Administrativo para la Elección del C. Fiscal General del Estado, y como consecuencia le reclamo el Procedimiento para que esta Autoridad Responsable designe al citado Fiscal, en base al Procedimiento citado, ya que este es consecuencia de una Omisión Legislativa, al no aplicar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que es de observancia obligatoria y de orden público y de interés social... .El ilegal Procedimiento Administrativo para la designación de Fiscal General del Estado de Sinaloa, por la inobservancia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, al no prever la evaluación del ingreso de quien sea designado al Sistema Nacional de Seguridad Pública y para lo que se requiere la Certificación del Centro de Certificación y Acreditación, lo que constituye una causa de interés social, en razón de que la sociedad sinaloense está interesado que quien ocupe dicho cargo sea una persona con los conocimientos necesarios y de amplia solvencia moral, violación a la legalidad que ha cometido en la CONVOCATORIA De fecha 15 de febrero del presente año (2017), publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en el Oficio número CESP/CG/01472017, de fecha 28 de Febrero del presente año (2017), que contiene la comunicación de la quinteta de aspirantes a Fiscal General del Estado que realizan al C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en razón de que si bien es cierto, señalan que se realizó una evaluación que consistió en tres directrices, como lo son trayectoria personal y profesional, propuesta de plan de trabajo y comparecencia, pero en ningún momento se le dio cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, concerniente al ingreso a las Instituciones de Seguridad Pública, como lo es someterse a los Certificación, lo que denota falta de legalidad. .La ilegalidad cometida al no ejercer su derecho al veto o sanción de la reforma al artículo 76 bis de la Constitución Local, que propuso el H. Congreso Local, en los términos del artículo 65 fracción I del citado ordenamiento legal, para que se corrigiera la omisión legislativa de no prever la aplicación obligatoria de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública por ser Reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Federal y como consecuencia de estos actos le reclamo el ilegal procedimiento administrativo para la designación de Fiscal General del Estado, en razón de que en el mismo es omiso en la Certificación obligatoria y necesaria de quien se pretenda ocupe el cargo en mención." De lo anterior se colige que en el caso, el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 76 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, relativo al procedimiento administrativo para elección de Fiscal General del Estado. Asimismo, se duele del procedimiento administrativo seguido ante las autoridades responsables, realizado conforme al artículo que tilda de inconstitucional. En ese contexto, el acto de aplicación del artículo 76 Bis, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, ocurrió con el trámite del procedimiento administrativo para elección de Fiscal General del Estado, que a decir del quejoso, se está tramitando ante las autoridades responsables, cuyo domicilio está en Culiacán, Sinaloa. En razón de lo anterior, resulta preponderante tomar como referente para determinar el lugar donde se materializan los efectos de la norma reclamada, esto es, donde tuvo ejecución el acto reclamado. Así, debe tomarse en cuenta el lugar donde se está tramitando el procedimiento administrativo para la designación del Fiscal General del Estado, cuyo domicilio, se insiste, es en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Orienta sobre el particular, por las razones que la informan, la tesis siguiente: "Novena Época Registro: 175360 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 47/2006 Página: 201 COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ EL LUGAR EN QUE SE HAYA REALIZADO DICHA APLICACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa contra el primer acto de aplicación del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, con motivo de la prestación del servicio público de despacho o trámite aduanero realizado por operaciones reguladas en la Ley Aduanera, es aquel bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se hayan realizado los actos de las autoridades aduaneras, consistentes en: a) la recepción del pedimento de importación donde consta el pago del derecho de trámite aduanero; b) la revisión del pedimento y del pago respectivo; y, c) la práctica del reconocimiento aduanero." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto, sin proveer sobre su admisión, ni sustanciar incidente de suspensión, dado que el acto reclamado no está comprendido por el artículo 15 del citado ordenamiento legal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo con todas sus copias y anexos al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con residencia en Culiacán, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Ramo, para el efecto de que resuelva si acepta o no la competencia declinada a su favor e informe lo anterior a este Juzgado Federal, para proveer lo que en derecho corresponda. Fórmese cuaderno de antecedentes. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio procesal de la parte promovente, el que para tal efecto indicó en la demanda de amparo; como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángel Scott López, quien está inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese y Cúmplase.
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